Opinión

Por Dolores Arce Cuando faltan menos de 100 días para que termine el año, vale la pena hacer un alto y ver más allá de la densa humareda que fue la constante de los últimos meses. Un panorama desolador de incendios forestales que ya arrasaron más de 7 millones de hectáreas solamente en el departamento de Santa Cruz, hiriendo de muerte a nuestra fauna y flora.  Le tomó tres largos meses al Gobierno la declaratoria de “desastre nacional”, tal parece que la alianza con los agroindustriales ya cumplió su meta para la “ampliación de la frontera agrícola”.  Que no nos quepa la menor duda, los primeros interesados y responsables de este desastre son los agronegocios, los grandes soyeros dueños de miles de hectáreas que dicho sea de paso, lograron burlar una vez más la Función Económica Social postergada desde la promulgación de la CPE. Para muestra un botón:  Hace poco el país se enteró que luego de una reunión con ganaderos de Beni y Santa Cruz en fecha 18 de junio 2024, la Procuraduría General del Estado decidió suspender el Dictamen Procuradurial Nº 001/2024 de sanción e investigación a propiedades por iniciar incendios en la gestión 2023. El ex procurador y hoy flamante ministro de justicia Cesar Siles, tiene a bien informar que “conforme a lo coordinado y comprometido” queda al presente “suspendida su aplicación (de la Función Económica Social) en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA.  Así de fácil la tienen los gamonales. En áreas cercanas a las ciudades también los negocios inmobiliarios nacen de las cenizas de nuestros bosques (ejemplo el Urubó), y en menor medida, por supuesto que existen también los avasallamientos y la contratación de la mano de obra que ejecuta el crimen ambiental. La mala calidad del aire es consecuencia lógica del fuego voraz, la humareda como pocas veces, nos obligó a retomar clases virtuales, causando diferentes tipos de afecciones para nuestra salud. Pero este fenómeno del humo, también es aplicable a la realidad mediática de nuestro país:  los carteles de la mentira, ya sea por convicción propia de los dueños de los grandes medios de comunicación comerciales, ya sea chantajeados a cambio de su pauta publicitaria, se prestan a esparcir una densa cortina de humo, en un pacto de silencio para no incomodar con preguntas a ciertas autoridades o sectores aliados.  Estos mismos periodistas que se hacen de la vista gorda ante denuncias de corrupción o nepotismo, favorecimiento o enriquecimiento ilícito. Más al contrario, estos medios coordinan su agenda en consonancia con sus auspiciadores, de ahí que reproducen términos como la “marcha de la muerte”, “reelección indefinida”, “inhabilitación de Evo” más allá de argumentos racionales. Pese a que en Vila Vila se evidenció que se trató de una emboscada de parte de funcionarios públicos disfrazados de cooperativistas y civiles, los medios encubrieron esta noticia con un manto de silencio.  Somos víctimas de una intoxicación, un envenenamiento mediático que tiene por objetivo nublarnos la mente, machacando el subconsciente a través de las pantallas y las ondas sonoras o páginas impresas, todo ello viralizado a través de redes sociales para el público de diferentes edades y estratos sociales.  Desde el golpe de Jeanine Añez, en Bolivia ya no existe el Ministerio de Comunicación, que fue convertido en Viceministerio bajo el ala del Ministerio de la Presidencia.  En teoría, además del deplorable manejo de los medios estatales, existen dos líneas de trabajo: “Gestión comunicacional” y “Políticas comunicacionales”, que va mucho más allá de la mera asignación de pauta publicitaria.  Hay un enorme vacío y estancamiento de lo avanzado en anteriores gestiones, cuando el Ministerio de Comunicación era lugar de construcción de propuestas y los medios comunitarios, alternativos y populares eran bien acogidos. Basta echarle un vistazo a la página del Viceministerio, donde lo que más resalta es la foto y biografía de la viceministra, mientras que cuesta escudriñar para encontrar un organigrama, muchas de las pestañas están deshabilitadas.  Ni qué decir de la transparencia de la información:  si antes se podía conocer el listado con nombres y apellidos de quienes conformaban cada ministerio, ahora el formato es un elegante anónimo donde apenas figura una escala salarial genérica por tipo de cargo y número de personas que componen el Ministerio de la Presidencia, del cual forma parte el mencionado viceministerio.   Anonimato que por cierto resulta útil a la hora de camuflar contrataciones de exparejas, parejas sentimentales y demás categorías que rayan en el nepotismo o favoritismo. Pese a toda la cortina de humo y coincidiendo con Raúl Zaffaroni (ex miembro de la CIDH y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Argentina), concluimos que “la versión de que Evo Morales está inhabilitado, es una noticia falsa de proporciones astronómicas”.

Por: Carlos Tony Sánchez* Ana se levantó de su cama cuando todos ya estaban dormidos. Habían pasado 9 años desde que su marido le trajo – bajo su conminatoria “o me la traes o se acabó” – la cabeza del Cnel. rioplatense Ignacio Warnes, comandante del ejército libertador de la región cruceña, expuesta en una pica en la misma plaza de armas de la capital, por órdenes del Cmdte. Español quien luego de la batalla de El Pari, mandó a decapitar al insigne patriota. Ella, luego del robo ejecutado por su marido y otros, la recibió en su casa, la envolvió en un lienzo y enterró bajo su cama. Por nueve años. Ana, tanto como su esposo fueron parte del ejército libertador; ella como miembro del Cuerpo de Sanidad. Sus ojos claros (por eso el apodo de “Zarca”) ardían en fuego por ver la Patria liberada. Ana Barba recordó entonces la promesa póstuma que le hizo a Warnes: “descansa aquí mi querido padrino, mientras la patria se libere”. Y así lo hizo hasta que ese glorioso 1825, cuando se fundaba la República de Bolivia, reveló y entregó la cabeza de Ignacio Warnes a las autoridades. El mismo Libertador Mcal. Antonio José de Sucre, reconoció de forma oficial, el gesto heroico de Ana. Y posteriormente – mucho después – Ana Barba fue, por Ley N.º 1106, del 4 de octubre del año 2018, durante el gobierno de Evo Morales Ayma, el Estado Plurinacional de Bolivia la reconoció como «heroína nacional» y le otorgó el grado de coronela de sanidad y declarada como heroína de Bolivia”. Este 24 de septiembre, como todos los años anteriores… se juntarán las autoridades civiles y militares, alrededor del monumento a Ignacio Warnes, allí donde el ejército español clavó vilmente, la cabeza del patriota en una pica, para que se pudriese. Temprano y con una banda militar, entonarán sus loas y alabanzas a un bandolero invasor (Ñuflo de Chávez) y a un Imperio genocida (la “España grandiosa”) que dizque vino con un hado benigno, a hacer lo que hizo. Ana, su padrino y los patriotas observan desde los cielos – impotentes – la burla y menosprecio a su extremo sacrificio para liberar esta sagrada tierra. * Profesor universitario.

Por Peregrino Calle La Marcha para Defender Bolivia sigue generando efectos. Para el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, fue un fracaso. Pero lo real es que esa movilización fue una gran derrota para los usurpadores de la Casa Grande del Pueblo e inquilinos de Palacio Quemado. Pese al bombardeo de difamación, criminalización y desprestigio desde el régimen arcista -junto a sus tanques mediáticos alquilados con pauta publicitaria- la Marcha atravesó pueblos del altiplano paceño, llegó a El Alto y terminó en la ciudad de La Paz. Fracasaron y quedaron mentirosos, los analistas a sueldo del gobierno derechista de Arce-Choquehuanca que invadieron medios de comunicación para vociferar que la marcha era de salvajes, de violentos y golpistas que iban a cercar a los paceños y dejar sin comida, tomar el Palacio de Lucho, destruir ministerios y saquear las EMAPAS. Los mercenarios digitales y los medios estatales, no tuvieron éxito pese a gastar millones de bolivianos para echar mierda a la Marcha para Defender Bolivia. El alcalde paceño, ex ministro de la dictadora Añez, Iván Arias, aliado de Lucho Arce, no ocultó su racismo en la sangre al decir que no iba a permitir que los marchistas destruyan los pocos jardines que tiene esta ciudad. La derecha siempre habla de la estética y no de la ética del derecho a la protesta y justicia. Eva Copa, la alcaldesa aliada de EE.UU. a donde viajo disfrazada de chola, operadora del régimen arcista, amiga de la élite racista de Santa Cruz y entusiasta amiga de la derecha pitita de La Paz, fue derrotada porque sus amenazas contra Evo y los marchistas, porque los alteños no dieron bola, ignoraron sus convocatorias de odio. Evo y los marchistas caminaron casi 200 kilómetros y fueron recibidos con cariño, regalos, abrazos y gritos de fuerza para que sigan adelante en su lucha. Lucho y sus organizaciones sociales alquiladas, a las que les da -de diversa forma- millones de bolivianos como pago por sus servicios y falsa fidelidad, no pudo llenar ni siquiera la calle que está frente a Palacio Quemado. Tan jodida estuvo la cosa que Lucho suspendió su salida al balcón o a la tarima, al estilo de Carlos Mesa cuando renunciaba, una y otra vez, en junio del 2005. Ni siquiera los funcionarios públicos fueron a darle apoyo porque ya están emputados con las cuotas permanentes que deben dar de sus salarios para las acciones contra el partido que les llevó a la Presidencia y su único líder: Evo. Como expresión de bronca y venganza ante el triunfo de la Marcha para Defender Bolivia, los paramilitares, pititas y violentos de la Unión Juvenil Cruceñista -contratados por el arcismo a través de ministros y diputados- atacaron a los marchistas cuando ya se pretendían retornar a sus pueblos desde la terminal de buses de La Paz. Los paramilitares arcistas -que estaban con cascos y escudos de turriles en la Plaza Murillo protegidos por la policía del ministro Castillo- persiguieron patearon y apalearon a los marchistas, para luego, con la complicidad de sus medios de comunicación contratados con pauta publicitaria, construir la narrativa de que la “marcha evista” terminó en violencia y, justificar, así, el Estado de Sitio que ya estaba listo, con una orden de acuartelamiento en las FFAA. Los voceros a sueldo del arcismo -dirigentes truchos de organizaciones sociales, empleados del Órgano Ejecutivo disfrazados de analistas independientes y periodistas, comunicadores y presentadores militantes del odio a Evo y apologistas del gobierno de Lucho a cambio de jugosa pauta publicitaria- están en estos momentos ejecutando la operación de que la marcha fue un fracaso y fue violenta. Pero los aplausos espontáneos de la gente en toda la ruta de El Alto a La Paz, a Evo y la marcha, constituyen la mejor prueba de que gran parte del pueblo le dijo NO al Lucho y David, NO a Eva Copa; NO a los medios privados y estatales; y NO a los mercenarios digitales de la Casa Grande. Lo único “golpe” claro -admitido inclusive por analistas derechistas y odiadores de Evo- de la Marcha para Salvar Bolivia demostró que Evo es el único líder del MAS-IPSP, que el pueblo está con Evo y el MAS; que las verdaderas organizaciones sociales están con Evo; que la gente tiene certeza de con Evo de Presidente de Bolivia estuvimos mejor y por eso quieren que vuelva. También está claro que Lucho y David, no son líderes en el MAS-IPSP, que no tienen bases y pueblo; que sus organizaciones, entre ellas la COB, les son fieles por la plata que reciben de las arcas del Estdo pero que no arrastran militancia, pueblo y bases. Evo pudo caminar tranquilo y aclamado por casi 200 kilómetros. ¿Lucho y David podrán salir a las calles de La Paz? ¿Por qué todos los actos del gobierno arcista son cerrados y rodeados de centenares de policías y transmitidos en cadena nacional por medios públicos y privados? Tienen miedo al pueblo que les putee por su traición, por haber jodido la economía del país y por ser malvados con sus propios compañeros que votaron por ellos. La foto en la que se ve a Lucho Arce sentado, solo y con el rostro derrotado, expresa el estado en que se encuentra el gobierno actual cuyo mandato ya se acaba y que nunca más volverá a través de las urnas.

Por: Carlos Tony Sánchez Vaca * Sabido es, que en la historia, las fechas no solamente son un recordatorio específico de algo importante ocurrido en el tiempo para bien o para mal, sino que vienen a constituir, por los efectos de la educación impartida en el contexto social o en las aulas, una parte esencial y configurativa del alma de los pueblos. De modo tal, que cuando nos referimos al 24 de Septiembre, realzamos aquello impartido y apropiado en nuestras mentes según la historia oficial: Aniversario de la proclama independentista en Santa Cruz La historia del texto es puesta – entonces – en el contexto, con sendos discursos de las autoridades, desfiles cívicos de escolares y de cuanto ciudadano ejerza funciones laborales. Calles engalanadas y festejos enturbiados acompañarán la fecha para dotarle significancia. Y es así que, dentro de un calendario impuesto allende los mares (pues allá por el 1582, un señor llamado Gregorio que oficiaba de Papa, dictaminó que su calendario, por eso lo de Gregoriano, sería obligatorio para todo el mundo) tenemos un marco de “fechas conmemorativas” para oficialmente celebrar alegres aquello que debemos celebrar y/o recordar compungidos aquello que debemos recordar, también oficialmente. El día 24 de septiembre es señalado como efemérides departamental. En Santa Cruz, se recuerda y celebra la gesta – si así se la puede llamar – de un grupo de ciudadanos estantes y habitantes de la ciudad que, al calor e influjo del movimiento libertario e independentista generalizado en nuestra América morena, deciden declararse – con una Proclama – libres del yugo español. Tal proclama incorporó de manera oficial, a todos los habitantes de esta parte oriental, a las largas luchas sangrientas, conocidas como la Guerra de la Independencia. Sin embargo, la Proclama y la guerra de la independencia, venían precedidas por una larga y dolorosa guerra contra el invasor español…una lucha centenaria, una lucha de más de 300 años, iniciada aquel día en Guanahani, territorio de la nación Taíno, nombre del pueblo exterminado por las huestes de aventureros barbudos al servicio de los reinos de Castilla y Aragón, un oprobioso 12 de octubre de 1.492. Colón la re-bautizó como San Salvador (que ironía)… Se iniciaba la que, quizás, haya sido el más monstruoso genocidio que recuerde la humanidad. En ese contexto se desarrollaron las luchas épicas de los pueblos del Continente descubierto, las “Indias”, por la emancipación del cruel yugo ibérico. Las regiones cercanas nuestras, nunca fueron ajenas al espíritu libertario, aunque como sabemos, se concede mayor validez a las Proclamas escritas con tinta, que a las Proclamas escritas con sangre, sangre de nuestros mártires ancestrales transmitidas por el lenguaje oral de los pueblos originarios y por gente – aunque extranjera – de honor, tan escasa pero relevante, como Fray Bartolomé de las Casas, quien testifica de las crueldades innombrables, que tuvieron que sufrir los habitantes originarios de nuestra tierra. La memoria colectiva de los pueblos es indeleble, y hoy resurge con la fuerza inequívoca de la verdad y la justicia. Apenas a unos 300 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y muy cerca de Kaami (Camiri) el 10 de Septiembre de 1.810 un ejército de aproximadamente 1.300 guaraníes al mando del Cacique Birimbay, acompañados por un grupo de soldados rebeldes, tomaba por asalto el fuerte de Membiray, símbolo del poder del reino español victoria que dio inicio a la guerra de la independencia, que como es sabido culminó con la creación de la República, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. La toma de Membiray, es apenas como una espina clavada, si consideramos lo vasto del dominio de España en América. Pero es como una espina clavada en el corazón del infame invasor. La región de Cordillera, nunca más pudo ser recuperada por la “España grandiosa” que de grande, solo tuvo el territorio y el genocidio. Se les recordó – también – que nunca fue tierra de Ñuflo de Chávez (que una y otra cosa, aun hoy – lamentablemente – siguen incorporadas en el Himno oficial). Las luchas precedentes de los pueblos originarios en la América y en esta parte, las del pueblo guaraní, especialmente las del Cacique Cumbay (1.809), finalmente cubrían de gloria esta tierra. Una gloria invisibilizada por la historia oficial, la historia escrita por los hijos de España en estas tierras. Resulta harto difícil, aún hoy, encontrar documentos que nos ayuden a reconstruir tal saga heroica. Y no es de extrañar. Similar situación se ha dado, a lo largo y ancho de nuestro territorio madre, el continente americano. Es un asunto fundamental y pendiente, aunque ya existen historiadores serios que han dado los primeros pasos en esa noble tarea. El 24 de septiembre, en ningún caso, cubre la gloria de los combatientes guaraníes el 10 de Septiembre en Membiray. Es más, debiera considerarse como asunto de vital importancia, el traslado de la fecha de la efemérides departamental cruceña, en justicia, apego a la historia y fundamentalmente, respeto a quienes, no creyendo en “hado benigno alguno”, optaron por entregar sacrificialmente sus vidas por la libertad. Honor y gloria sean dados, al Cacique Birinday, al Cacique Cumbay y a todos los combatientes mártires, como Warnes, Cañoto, el “colorao” Mercado y otros, cuya sangre y no la fraudulenta evangelización de la cruz y la espada, ha sembrado de “eminencia y límpida frente” como reza parte de su himno, el suelo cruceño. *Profesor universitario.

Al Pereyra En los últimos años, Venezuela se ha convertido en un país satanizado por los principales medios de derecha, de extrema derecha y por parte de gobiernos que han venido a denominarse capitalismo 2.0. La intoxicación informativa de la que es presa el país llanero se intensificó tras las últimas elecciones presidenciales de las cuales el oficialismo y la oposición se declararon ganadores. Constantemente, los medios de comunicación sacan de sus portadas temas como el genocidio israelí sobre los palestinos o minimizan la guerra entre Rusia y Ucrania, pero el tema venezolano abre siempre sus ediciones. Desde hace más de veinte años cada vez que la oposición pierde los comicios acusa de fraude, pero cuando las gana como ocurrió en el referéndum por la reforma de la Constitución en 2007 o en las elecciones legislativas de 2015 reconoce los resultados electorales. En las presidenciales del 28 de julio pasado, los líderes de la oposición prometieron expulsar al presidente Nicolás Maduro, pero han fracasado. Tomando como antecedente el golpe de Estado en Bolivia de 2019 contra el presidente Evo Morales, gritaron a los cuatro vientos “fraude”. Lo que la opinión pública desconoce es que un ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) atrasó los datos al momento de la transmisión de los resultados electorales el día de la elección presidencial. El candidato de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, de la derechista Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cantó fraude junto a su jefa política, luego de que el CNE reconociera a Maduro como candidato ganador con más del 50% de los votos. Maduro acudió el 2 de agosto a la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para dirimir la controversia presentando la documentación electoral en su poder; pero el candidato González Urrutia que tenía cita para el jueves 8 de agosto y citado en dos oportunidades más para entregar sus actas electorales para ser peritadas, no acudió. Ante el requerimiento de la Justicia, el domingo a González Urrutia no lo quedó otra opción que huir de Venezuela y pedir asilo en España. En un comunicado difundido en la red social X, de Elon Musk, González Urrutia afirmó que no reconocía a la sala electoral del TSJ como el órgano para dirimir las diferencias. Era evidente que no era el ámbito institucional y legal donde la PUD pretendía resolver el conflicto electoral, sino en las calles. Tal como aconteció en 2013 y en 2017, grupos pandilleros contratados por el partido político Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, conocidos como “comanditos”, agreden con extrema violencia a aquellos que identifican con el chavismo. Según Machado, hay unos 60.000 “comanditos” en Venezuela y se crearon con la finalidad de garantizar el voto opositor, pero en los hechos operan como fuerzas de choque. Las guerras en curso de cuarta generación incluyen como ingrediente el cibergolpismo. Algunos multimillonarios, obscenos financistas de aventuras para depredar recursos en beneficio propio, lo explican sin mediatintas. Elon Musk, propietario de X, desnudó ese sentimiento impune cuando ocurrió el golpe de Estado contra Evo Morales. “Derrocaremos a quien queramos”, escribió en su cuenta cuando todavía era Twitter, hoy X. Respalda con millones de dólares la candidatura del republicano Donald Trump en Estados Unidos y simpatiza con los neonazis de Alternativa para Alemania. La oposición afirma que no existe la libertad de prensa. Pero recordemos que en ese país existen diarios y semanarios como El Nacional, El Universal, El Mundo, Tribuna Popular, Diario VEA, Diario 2001, Tal Cual, La Razón, Últimas Noticias, Analitica.com, Meridiano, Economía y Negocios. Y estaciones televisivas como Tves, Vale TV, VTV, Venevisión, Globovisión, Televen, Ávila TV, Telesur, Canal I, Fundación Audiovisual Nacional de Televisión, TV Familia, Meridiano Televisión, Catia TVE, la mayoría de ellos opositores al gobierno que no informan del asedio, del bloqueo económico, ni de la injerencia internacional contra el gobierno de Maduro.

María Isabel Caero En los últimos tiempos se han ofrecido las Alianzas Público Privadas para desarrollar proyectos en la ciudad, pero también se ha escuchado lo mismo para programas de gobierno de 2025; estas no son ideas inocentes, son intenciones de retomar el neoliberalismo que quedó trunco cuando se pretendió desarrollar una política económica autónoma y en contra de las imposiciones de la globalización.  En este artículo se escribe sobre las propuestas neoliberales para la ciudad. El neoliberalismo es un modelo económico y político que promueve la idea de que los mercados son los medios más eficientes para asignar recursos y organizar la vida económica; se centran en principios de libre mercado, desregulación, privatización y un rol reducido del Gobierno en este caso del municipal en la planificación urbana.  Se inicio con las Alianzas Público Privadas, que significan un medio para financiar y gestionar proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. La idea es que las empresas privadas aporten capital y “eficiencia” y cobren por el servicio para rescatar el capital invertido y la ganancia, mientras que el gobierno facilita el proceso. Otra propuesta es la Privatización de Servicios y Espacios públicos, se argumenta que las empresas privadas, motivadas por el lucro, operan de manera más eficiente que los organismos públicos. Los Espacios Públicos que eran de uso común, como parques, plazas y calles, ahora pueden ser gestionados o controlados por entidades privadas. (un ejemplo de ello son las canchas Pádel). En el caso de la ampliación de la mancha urbana se aboga por reducir las regulaciones sobre el uso del suelo para permitir un desarrollo más rápido y dinámico. Para atraer inversores, se ofrecen incentivos fiscales, reducciones de impuestos y subsidios. Se incluye la creación de condiciones favorables para grandes desarrollos inmobiliarios, tales como centros comerciales, rascacielos y complejos residenciales de lujo, generando una plusvalía favorable. Las ciudades son gestionadas como si fueran empresas, buscando atraer turistas, empresas y eventos internacionales. La creación de una «marca» de ciudad distintiva es clave, tal como “Ciudad Jardín” para atraer inversión y talento; por ejemplo, la Feria Internacional, la laguna Turquesa, la laguna Alalay, etc.  Se promueven grandes proyectos de infraestructura (como centros de convenciones, parques temáticos, exposiciones internacionales y eventos globales, como el distribuidor de la Perú, la terminal de buses, el nuevo teatro municipal, para posicionar a la ciudad a nivel global. El impacto neoliberal es el escaso gasto público en servicios comunitarios y programas de bienestar, de esta forma se han reducido recursos para los centros de cuidado y para los SLIM y la reducción de pagos a trabajadores de Obras Públicas. La aplicación del neoliberalismo aumenta la desigualdad social y económica en las ciudades. La privatización y la desregulación benefician a las clases altas y a las empresas, mientras que los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad enfrentan barreras para acceder a servicios y oportunidades. Con estas políticas se consigue desigualdad urbana, exclusión social y problemas ambientales y de sostenibilidad. Para construir ciudades más justas y sostenibles es esencial equilibrar las dinámicas del mercado con políticas inclusivas y una planificación urbana orientada al bien común, donde la participación ciudadana y la equidad social sean pilares fundamentales.

Por Canela Crespo* En la colonia, cuando se fundó la ciudad de La Paz, del lado norte del Río Choqueyapu, se instaló la alta alcurnia, el pueblo de españoles desde donde se gobernaba, y que hoy corresponde al centro paceño desde donde todavía se gobierna. Del otro lado del río, al sur, se instalaron los barrios de indios esclavizados y explotados; a esta zona la bautizaron “San Pedro”. Justo allí, en el actual barrio de San Pedro, el lunes 2 de septiembre de 2024, el Gobierno boliviano ordenó, desde la Plaza Murillo, que se reprimiera a ponchos y polleras: a los indios. Las imágenes que nos quedaron del excesivo uso de la fuerza policial muestran rejas, gases, balines y otra vez, la sangre de los mismos de siempre. Ese día llegó a la ciudad una marcha enorme desde las 20 provincias del Departamento de La Paz que pedía que se le devuelva a sus legítimos representantes la sede sindical de la Federación de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” ubicada -por una romántica casualidad- en la calle “Bartolina Sisa”. La sede de la “Túpac” está secuestrada desde hace meses por una dirigencia ilegítima posesionada entre una veintena de personas pero, eso sí, reconocida por el Gobierno. Y es justamente en el rol de éste que hay que insistir; acaso, ¿Luis Arce no se jacta de presidir un Gobierno de las organizaciones sociales? ¿Cómo es que el vicepresidente David Choquehuanca avala que se reprima a sus hermanas y hermanos? De hecho, el dirigente legítimo de esta organización y electo por unanimidad en un magno Congreso, David Mamani Quispe, es exactamente de la misma provincia que el vicepresidente del país. La represión a la marcha de las 20 provincias es un hito que se suma a las ya demasiadas demostraciones de ruptura ideológica del Gobierno boliviano con el proyecto popular. Es una contradicción que en el Estado Plurinacional se volviera normal que las sedes y las instancias orgánicas del movimiento indígena-originario-campesino sean controladas por la policía. Esto no es algo superficial, pues se trata de una afrenta permanente contra el sujeto histórico revolucionario del Proceso de Cambio. Todo esto sucede, por si fuera poco, en un contexto de crisis económica y de profunda desinstitucionalización del Estado. El Órgano Ejecutivo pone sus energías en el obsesivo y burdo control de los Órganos Electoral y Judicial y en el intento de boicot al Órgano Legislativo y, a la par, en el país escasean los dólares y los combustibles y los precios de todo lo que se vende en los mercados se disparan. El descontento social aumenta a la par de los precios de la comida, pero las autoridades gubernamentales, cegadas por su intención de mantener el poder, no se ocupan de la economía del país y en cambio, han optado por elegir como su gran adversario político a Evo Morales Ayma. Todos los días, los ministros y voceros se pasean por los medios de comunicación tradicionales, que claramente también controlan, argumentando de una u otra forma que Evo Morales no puede ser candidato. El propio Luis Arce ha llegado incluso a imitar a Lenin Moreno, el expresidente ecuatoriano, que en 2018 llamó a un referendo y consulta popular para inhabilitar a Rafael Correa para disputar las elecciones. A pesar de que las preguntas que el Gobierno boliviano le propuso a la población fueron desestimadas por su inconstitucionalidad, todavía hay autoridades que dan patadas de ahogado e insisten con llevar a cabo este referendo, aunque sin dudas, es una medida que no tiene el apoyo de ningún sector social. Ante todo esto, el movimiento popular se ha levantado, otra vez. En las últimas semanas se han suscitado movilizaciones de distintos sectores en las principales ciudades del país. Asimismo, el martes 3 de septiembre se llevó a cabo lo que debía ser el Congreso del MAS-IPSP y que, ante la reiterada orden del gobierno para que el Tribunal Supremo Electoral no lo supervise, terminó siendo un Ampliado. La Dirección Nacional del espacio político más importante de Bolivia, a la cabeza de Evo Morales, ha decidido llamar a una marcha de casi 200 km desde la localidad de Caracollo hasta la ciudad de La Paz para el 17 de septiembre. En Bolivia, las grandes transformaciones se construyeron con el movimiento popular, y en específico el movimiento indígena, en las calles y marchando. En los años 80’, la “marcha por la vida” aglutinó a miles de trabajadoras y trabajadores en contra del sistema neoliberal y, más adelante, las marchas indígenas fueron las que pusieron en agenda la necesidad de una Asamblea Constituyente y la fundación del Estado Plurinacional y claro, la marcha en defensa de la Constitución Política del Estado de 2009 aseguró su promulgación. Esta vez, la marcha convocada para el 17 de septiembre condensa varias consignas. Por un lado, se funda en la denuncia al Gobierno por su gestión económica y se posiciona en defensa del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Por otro lado, las demandas políticas pasan por el respeto a las instancias orgánicas del movimiento indígena y del movimiento obrero, por el respeto al derecho a elegir orgánicamente y sin injerencia al candidato para las elecciones de 2025 y se posiciona en contra de la traición de Luis Arce, David Choquehuanca y su gabinete a los principios del Proceso de Cambio que ha fundado el Estado Plurinacional. Si bien se van sumando las voces que piden al presidente Luis Arce su renuncia, él todavía puede decidir terminar su mandato si asume con humildad su derrota política y ordena su gestión económica. Esto pasa por abandonar su travesía para inhabilitar a Evo Morales y proscribir al MAS-IPSP, por abdicar en la constante persecución política a la militancia de este espacio y por ceñirse al modelo que enaltece la soberanía económica, las nacionalizaciones, la redistribución de la riqueza, la productividad eficiente y la industrialización responsable; en resumen, que deje de ser candidato para ser presidente, pues. *Canela Crespo es boliviana, estudió Derecho, es feminista y militante del

Por Dolores Arce En el reino animal podemos encontrar especies que describen a cabalidad el proceder de sus pares humanos.  Pues en especial la clase política parece estar invadida por dudosas conductas, que las denominaremos de TARAJCHIS y LAQATUS, en alusión a un cierto pájaro que tiene por costumbre hacerse del nido ajeno, y otro gusano peculiar que engorda a costa de nuestra cosecha de papa. La falta de trayectoria, de convicción ideológica y ética revolucionaria ha permitido la aparición de esta plaga que tantos estragos nos está ocasionando.  Los ministerios y las entidades públicas o descentralizadas están llenas de ambos especímenes, al igual que parte de quienes accedieron a sus cargos de representación mediante voto, se dejaron contagiar.  Las organizaciones sociales no son la excepción:  abundan los funcionarios públicos y por colmo de males, paralelismo de por medio, militantes de otros partidos pretenden definir la suerte del MAS-IPSP.  Hablamos de Lucio Quispe, militante de UCS y Guillermina Kuno, de TRADEPA, por más que en un acto desesperado y oportunista, hayan intentado anular sus anteriores militancias.   Mientras que los auto prorrogados (igual de tarajchis) los aceptan de interlocutores, en el afán de cumplir con las tareas dictadas desde instancias superiores. Hay personajes que forman parte del entorno presidencial, como varios viceministros(as), directores y demás cargos importantes, que los recordamos en el pasado como supuestamente firmes y leales defensores de Evo Morales, en muchos casos autoridades y/o candidatos frustrados (Gustavo Torrico, Franklin Flores, Alvaro Ruiz por citar ejemplos), no solamente del ámbito político sino también orgánico.   De ahí que tenemos a un ex jefe departamental del MAS (Grover García) como cabeza de la Dirección Nacional paralela trucha, acompañado de un ex ejecutivo de los Interculturales (Fidel Surco). Más pudo la ambición del poder y los beneficios personales, lo que explica que estos individuos hoy le hayan dado la espalda a quien les permitió crecer.  La desfachatez llega al extremo de despotricar contra los “14 años” de los cuales fueron partícipes en mayor o menor grado y en su tiempo hasta férreos defensores, como cierta ministra de turbante o uno que otro ministro envalentonado. Aunque aquí cabe una autocrítica:  Como forma de “crecimiento” en algunos departamentos, ciertos altos representantes del MAS promovieron la “inclusión” de personas, pese a los antecedentes nefastos de éstos.  Hablamos de Isaac Avalos (Santa Cruz), quien fomentó la aceptación de integrantes de la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista para cobijarlos como nuevos militantes “arrepentidos”, generando descontento y desencanto en muchos luchadores que habían sufrido agresiones por parte de estas mismas hordas.  Es más, estos individuos fueron premiados con puestos en la Aduana y otros beneficios.  Es fácil deducir que durante el golpe de Estado de noviembre 2019, los unionistas infiltrados se unieron a los pitas, es decir, volvieron a su redil.  Como tarea pendiente queda el seguimiento a estos elementos que con seguridad se convirtieron en un autogol y una estrategia fallida. Otras prácticas cuestionables se dieron en torno a la selección de candidatos, que no siempre recayó en la decisión de las bases.  Como ejemplo, el año 2020 el concejal por el MAS Joel Flores, con tal de “repetir el plato”, compró su segunda gestión con 35.000 Bs de “aporte”.   Craso error, años antes ya vimos su accionar y falta de principios cantándole en su cumpleaños al alcalde Leyes, ahora se ha convertido en chitaku del alcalde Manfred, presente en todos sus actos como firme aliado de SÚMATE. Cada municipio, provincia y departamento debiera hacer un seguimiento detallado a las autoridades ya sea designadas o electas en los diferentes niveles de gobierno, para juzgar su comportamiento en un futuro próximo.  No vaya a ser que los tarajchis, laqatus, sanguijuelas y cucarachas nos ganen la batalla.

Por Dolores Arce Una de las líneas discursivas del gobierno nacional se refiere a una gestión enfocada en «corregir los errores del pasado”.   Y no se refiere al pasado más reciente, el nefasto periodo de interrupción democrática a la cabeza de Añez y su pandilla, quienes se abocaron de lleno a saquear y paralizar las empresas estratégicas, con su asalto al aparato estatal, represión y masacres de por medio, en un intento desesperado por retornar al modelo neoliberal y sometimiento a las transnacionales en su más cruda expresión. No, el presidente Luis Arce se refiere a la gestión de Evo Morales Ayma, durante la cual se desempeñó nada menos como ministro de Economía y Finanzas Públicas, por lo tanto, cartera clave para el diseño y aplicación de políticas económicas.  Años de estabilidad económica y política que quedan en la memoria del pueblo boliviano, y que indudablemente pesaron en su designación como candidato presidencial.  Recordemos también que el éxito de las políticas económicas fue motivo de varios galardones, reconocimientos internacionales y hasta títulos de “Doctor Honoris Causa” para el ex titular del mencionado ministerio. Recientemente, a tiempo de criticar la falta de inversión en exploración, el presidente anunció el descubrimiento del campo hidrocarburífero Mayaya Centro- XI, en el Norte del Departamento de La Paz.  Afirmación deshonesta, ya que el exmandatario Evo Morales le recordó que la inversión para la exploración de esa área, de más de 70 millones de dólares, data del año 2019. “El problema de diésel, de dólar tiene una misma raíz, que es la equivocada política de hidrocarburos que se ha hecho cuando él, Evo (Morales), estaba de presidente, así no más hay que decirlo, con claridad. Él se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace cinco, siete años no se hizo”, fue la acusación lanzada por el presidente Luis Arce Catacora.   Olvidándose de que en tal caso, debería golpearse el pecho, ya que él ocupó la importante cartera de Estado entre el 2006 y 2017, retomándola el 2019 después de someterse a tratamientos por un tema de salud. Pero si de errores del pasado se trata, hoy no solo repetidos sino amplificados, se me vienen a la mente varios. Empecemos por la excesiva burocratización del aparato estatal, que hoy en día francamente se ha convertido en una agencia de pegas en manos de los allegados, quienes disponen de los cargos y los recursos como si se tratara de su propiedad.  No solamente hablamos de personal excesivo, la eficiencia deja mucho que desear, pues pareciera que el afán es inventarse más candados y obstaculizaciones para postergar pagos o servicios adecuados, lo cual por supuesto repercute en la gestión.  Demasiados negociados que ponen en riesgo la economía son parte de los errores del presente. Hay errores del pasado que se convierten en retos para el futuro, como la excesiva tolerancia con el sector agroindustrial, banquero, empresarial, favoreciéndolos con muchas normas y aplazando sin fecha compromisos como aplicación del máximo de 5000 has. para los latifundios y el estricto control de la Función Económica Social (lo que tenía que ser una pausa de 3 años), ahí tenemos de muestra un latifundista logiero del estilo de Branko Marinkovic, que “recuperó” legalmente más de 33.000 has.   La justicia maleada y prorrogada tiene su cuota parte de culpa en este absurdo y aberrante fallo.  ¿Otro error fue la excesiva confianza – o ingenuidad? – en el alto mando militar y policial, en los organismos internacionales, entre otros. Muchos de los actuales funcionarios e integrantes del gobierno, cargan sus errores del pasado a cuestas, con legados familiares ligados a personajes oscuros de nuestra historia y los más, con una absoluta falta de lealtad al Instrumento político, quien – ahí sí un error del pasado – abrió las puertas con una política de “inclusión” y sin pasar por filtros de comprobada consecuencia ideológica orgánica – incubó una generación de Tarajchis y Laqatus.  Pero de éstos hablaremos en una próxima oportunidad.

Al Pereyra El pasado miércoles, el presidente Luis Arce Catacora, planteó cuatro preguntas de su polémico referendo relacionados con la reelección presidencial, la subvención de hidrocarburos y la distribución de escaños legislativos. Su propuesta ambigua y manipulada deja mucha tela por cortar, especialmente sobre la consulta que tiene que ver con la «reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia». Ante la crisis economía, que ya golpea a millones de bolivianos, la falta de dólares, la escasez de carburantes, el aumento de los precios de la canasta familiar, las constantes advertencias sobre el costo de los pasajes del transporte público y del pan de batalla, el presidente salió con su propuesta fuera de foco. Hoy por hoy, Arce Catacora, fungido como presidente boliviano, por el voto de millones de personas de la Bolivia profunda, hace un pedido netamente electoral, de ambición personal y de angurria de poder. Con su pedido de referendo, el mandatario boliviano denota una profunda fragilidad gubernamental, busca liberarse de la responsabilidad de tomar decisiones como jefe de Estado y traslada la consulta a la población para que sea ésta la que vaya a definir o solucionar problemas que le queman las manos. La propuesta de llevar a referendo la distribución de escaños ya está determinado en la Constitución Política del Estado. Para eso se realizó el Censo de Población y Vivienda donde sus resultados son sagrados y, por lo tanto, el presidente tiene que aceptarlos y no necesita ningún referendo para cumplir con la Constitución. Con relación a la subvención de los hidrocarburos, la propuesta no es válida porque esta es una decisión netamente gerencial y técnica de parte del Estado, que a través de sus técnicos en hidrocarburos deben encontrar medidas que vayan a solucionar este problema. Es cierto que el país pierde millones de dólares por la subvención, pero hay mecanismos para hallar una solución de fondo a esta problemática. En este punto, es ridículo preguntar a la población si está de acuerdo en que se le incrementen el precio de los combustibles de acuerdo a los precios internacionales del barril de crudo de petróleo. Obviamente que ningún ciudadano estará en pagar precios más altos por la gasolina o diésel. Respecto a la propuesta de la reelección presidencial, Arce Catacora demuestra miedo y temor ante una eventual participación del expresidente Evo Morales en la contienda electoral de 2025. Hasta el momento, el gobierno de Arce Catacora ha puesto en marcha un macabro mecanismo como el prebendalismo, la represión, persecución y amenazas a los principales dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) para inhabilitar a Morales de cualquier elección porque sabe que el apoyo que goza Morales en las provincias y en las ciudades es contundente. Antes de la propuesta presidencial de referéndum, el líder del MAS había planteado realizar elecciones primarias, abiertas o cerradas dentro el partido político más grande de Bolivia para elegir a sus candidatos que vayan a participar de la carrera electoral de 2025, pero el presidente no aceptó y por medio de sus operadores políticos inventaron un ardid indicando que no corresponde. El gobierno, y el mismísimo Arce Catacora, sabe y es consciente que no tienen respaldo de parte de la militancia y de la ciudadanía por el mal manejo económico, político y social que llevan a cabo. Ante cualquier convocatoria gubernamental los que acuden a las concentraciones son en su mayoría empleados públicos y gubernamentales de los cuatro puntos cardinales del país quienes van a “apoyar al gobierno”, caso contrario son amenazados con perder sus fuentes de trabajo. Esta práctica es implantada desde la siniestra vicepresidencia encabezada por David Choquehuanca que por medio de prebendas y pagos ha logrado comprar la conciencia de trabajadores y de algunos movimientos sociales, especialmente en altiplano boliviano.