Opinión

Por Dolores Arce Vivimos una escalada de violencia generalizada y sin solución a la vista, con afecciones en la economía que padecen muchos sectores a la espera de una tregua humanitaria y cese de la represión desmedida – contratación de barras bravas y elementos violentos presumiblemente de la UJC de por medio, como se pudo evidenciar en varios puntos de desbloqueo esporádico. Un par de días atrás, concretamente el viernes 25 de octubre en el contexto del “Cabildo de la Cochabambinidad” convocado por el Comité cívico y sus afines en contra del bloqueo nacional, nos sorprendió la reaparición pública de Resistencia Juvenil Cochala, quienes desempolvaron sus motos y precedieron la marcha, augurando una escalada de violencia y trayendo a la memoria los peores recuerdos de un neofascismo a plena luz del día.  No podía faltar entre los reaparecidos Milena Soto, quien goza de medidas sustitutivas, incitando nuevamente a la violencia.  La fiscalía ya debiera tomar cartas en el asunto y tipificar este nuevo delito. Al poco rato se dio el asalto a la Sede del MAS, donde nuevamente estos mismos actores procedieron al saqueo, destrozo y a la quema impune de objetos y documentación extraída.  Los medios complacientes hablan de “jóvenes molestos por los bloqueos” que “se trasladaron a la Sede del MAS para “realizar una protesta frente a la sede de la Federación del Trópico en Cochabamba”, minimizando este atentado, que no ha merecido la condena o inicio de acciones por parte de las autoridades que miran de palco la reaparición y rearticulación – peligrosa e impune – de una agrupación que debiera estar disuelta por recomendaciones de la CIDH.  El potencial peligro no es objeto de análisis y pasa por debajo del radar de los medios de comunicación y sus sesudos analistas, lo mismo que los claros nexos con el alcalde de la ciudad, quien tiene afinidad y muchas fotos con estos personajes a su retorno de Estados Unidos. Este nuevo ataque al Edificio de la Federación Trópico se da en las narices de la policía y a pocos días de cumplirse 5 años de la quema que sufrió a manos de las hordas parapoliciales y fascistas, aquel nefasto 8 de noviembre 2019, en el contexto de una convulsión social y motín policial. El mismo día viernes, el ex defensor del Pueblo de Cochabamba y actual abogado de Evo Morales, Nelson Cox, sufre un ataque alevoso en plena vía pública, siendo golpeado y su vehículo destrozado por estas mismas hordas. El día sábado 26 de octubre, a su regreso de Rusia, el presidente Luis Arce procede al cambio del Alto Mando militar.  En la madrugada del domingo 27 de octubre, el país y el mundo entero es sorprendido por una balacera que tiene por objetivo al expresidente Evo Morales. El único que sale a declarar prontamente es el viceministro Ríos para desmentir un posible operativo policial u orden de captura contra Morales. Le tomará 30 horas al ministro de gobierno para decir lo contrario y armar una versión para intentar explicar el aparente operativo fallido para detener o asesinar a Evo Morales, como si se tratase de un control antinarcotráfico de rutina. Contrastando el relato de un policía malherido – atropellado, con fractura de peroné – en las imágenes de más de 10 efectivos policiales que abordan un helicóptero para ser evacuados del lugar de los hechos – no se observa ninguna camilla con herido, o por lo menos alguien que esté siendo sostenido y cojeando.   Evacuación por demás confusa, y sin imágenes de la supuesta víctima de atropello. En fin, una vez más, gran parte de los medios de comunicación aumentan su jugosa pauta a cambio de crear mayor confusión. Así estamos en nuestra querida Bolivia, con una polarización a flor de piel y reviviendo un ambiente que se asemeja cada vez más al horror vivido hace 5 años atrás. NO A LA REACTIVACION DEL NEOFASCISMO, NO A LA IMPUNIDAD FRENTE A LA REARTICULACION DE PITAS, MOTOQUEROS DE LA RJC Y DEMAS PANDILLAS CRIMINALES.

Por Ruperto Perca Quispe No es el primer caso en la historia de Bolivia y el mundo. Siempre hubo un traidor de su hermano de origen, de tierra, de clase. Muchos líderes indígenas fueron descuartizados no solo por los invasores españoles sino por sus propios hermanos y compañeros de sangre que se vendieron por espejitos de colores. Judas es uno de los traidores famosos del mundo cristiano. La Malinche, es otra de las traidoras en México. Ella se entregó al conquistador colonial y destruyó a sus hermanos indígenas. En Bolivia hubo indígenas que se convirtieron en pongos de los k’aras, blancos, citadinos, explotadores, patrones, racistas, vendepatria. Basta citar a Víctor Hugo Cárdenas que fue empleado del norteamericano Goni, ese que puteaba por la mixtura y los abrazos de los indios en plena campaña electoral; ese que fugó a EEUU, su verdadera patria, luego de masacrar indios en el altiplano boliviano y cargarse maletas de dólares de las arcas del Estado. No contento con esa traición, Cárdenas, volvió a ser sirviente de la dictadora Jeanine Añez, ejerciendo el cargo de ministro de Educación. No le importó las masacres de Sacaba y Senkata donde el régimen de los pititas, mató indios y robó el dinero de los bolivianos. Fernando Untoja, es otro traidor de sus hermanos indios. Terminó siendo fiel apologista del partido del dictador Hugo Banzer y del norteamericano Tuto. Y la lista puede seguir. Actualmente tenemos muchos indígenas de gobernadores, alcaldes, concejales, ministros y “analistas” que no solo odian a sus hermanos indígenas, sino son eficientes alcahuetes de los racistas; son entusiastas defensores de los represores y traidores. Ya llegará el tiempo para juzgarlos en un tribunal de justicia comunitaria o un tribunal de ética política por su traición a sus compañeros de sangre, a su pueblo, a su origen y a su partido. Un caso tremendamente escandaloso es el del actual vicepresidente del Estado Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, que tras asumir como canciller de Evo Morales, se hizo llamar Jilata, que en aymara significa: hermano o compañero. También le gustaba que le digan: “qamiri” (persona que viven bien, que es perfecto). En todos sus primeros discursos y entrevistas en Bolivia y en el exterior, como jefe de la diplomacia boliviana, habló de los postulados del Vivir Bien, entre ellos: “Llegar a acuerdos en consenso: Vivir Bien es buscar el consenso entre todos, lo que implica que, aunque las personas tengan diferencias, al momento de dialogar se llegue a un punto neutral en el que todas coincidan y no se provoquen conflictos”. Pero el Jilata fue el primero en ejecutar un plan vengativo contra Evo y no lo hizo de frente sino utilizando a gente de su confianza que empezó a tirar las primeras bombas contra el jefe nacional de su propio partido, el MAS-IPSP, bajo el falso discurso de “renovación”. También decía que había que respetar las diferencias: “Vivir Bien es respetar al otro, saber escuchar a todo el que desee hablar, sin discriminación o algún tipo de sometimiento”. Pero el “Qamiri” pronunció discursos de odio contra Evo y los evistas. Postuló que el “Vivir Bien aspira a tener una sociedad con equidad y sin exclusión”. Sin embargo, persiguió y los hizo despedir de sus cargos en la administración pública a compañeros que votaron por él y por Arce. Solo por ser sospechosos de evistas. Gritaba en foros la defensa de la identidad:“Vivir Bien es valorar y recuperar la identidad. Dentro del nuevo modelo, la identidad de los pueblos es mucho más importante que la dignidad, una vida basada en valores que se han resistido por más de 500 años”, pero el Choquehuanca se sometió a los k’aras, a los blancos, a los neoliberales y odiadores de indígenas. Es imperdonable el silencio de Choquehuanca ante la represión de su gobierno a sus jilatas aymaras durante marchas y bloqueos. No salió en defensa de indígenas y campesinos encarcelados por protestar. Traicionó a su identidad y sangre. Fue cómplice de la persecución, juicios rápidos y condenas ilegales e injustas. Defendía como canciller de Evo, la unidad de los pueblos y organizaciones: “No hay unidad en la diversidad. Este planteamiento se traduce en que los seres semejantes o diferentes jamás deben lastimarse”. El Jilata hizo todo lo contrario, junto a burócratas, (“académicos blancos”) de la Casa Grande, dividió a las organizaciones sociales y prebendalizó (compró) dirigentes que, ahora, son fanáticos fieles por Arce-Choquehuanca, a cambio de bolsas de dinero. Dirigentes sin bases pero con muchos medios de comunicación pagados por el Estado para chupar las medias del régimen arcista y difamar a los verdaderos líderes sociales. Planteaba potenciar la agricultura de las comunidades: “Vivir Bien es recuperar las formas de vivencia en comunidad, como el trabajo de la tierra, cultivando productos para cubrir las necesidades básicas para la subsistencia. En este punto se hará la devolución de tierras a las comunidades, de manera que se generen las economías locales”. Pero en su gobierno entregaron tierra a terratenientes como ocurrió con el croata separatista de Santa Cruz, Branko Marinkovic. Y lo peor: pronto Bolivia no tendrá trigo y arroz. La comida elemental deberá importarse. Chau soberanía alimentaria. Choquehuanca daba consejos como saber comunicarse: “Vivir Bien es saber comunicarse, retomar la comunicación que existía en las comunidades ancestrales. Tenemos que comunicarnos como antes nuestros padres lo hacían y resolvían los problemas sin que se presenten conflictos”. Pero no cumplió sus propios consejos. Usando voceros criminalizó y difamó a su hermano Evo y no habla más que con sus asesores k’aras de organismos no gubernamentales y los eternos llunkus con pajas mentales. No dejó de decir que el Vivir Bien “no es vivir mejor como plantea el capitalismo”. Pero su gobierno, se derechizó, traicionó el Proceso de Cambio, se puso al servicio del capitalismo de EEUU, destruyó la economía boliviana y se alió con los ultraneoliberales bolivianos. No se cansó de gritar que “Vivir Bien es basarse en el ama sua, ama llulla y ama qhilla (no robar, no mentir y no ser flojo,

Al Pereyra Por más que el gobierno de Luis Arce Catacora gaste y destine millones de bolivianos en publicidad en diferentes medios de comunicación y sus ministros junto a sus directores de diferentes áreas salgan, con un libreto predeterminado, para negar y jurar que en Bolivia no hay “gasolinazo”, el preocupante desabastecimiento de hidrocarburos, desde hace meses, echan por tierra el ya no creíble discurso gubernamental. La mala administración gubernamental está conllevando a situaciones jamás vista desde los últimos veinte años. La desesperación en la ciudadanía por conseguir gasolina y diésel ha hecho incluso que en las redes sociales se inunden mensajes en busca de los carburantes porque en muchas estaciones de servicio del país se agotan rápidamente sus suministros. A las largas filas en los surtidores, desde hace ya seis meses, de camiones, ómnibuses, buses coaster, tractores, o cisternas de agua que utilizan diésel, en las últimas semanas se han sumado miles de automóviles del transporte privado en busca de gasolina especial. Tras peregrinar por varias estaciones de servicio y tras largas horas de hacer fila, cuando le llega el turno para su respectivo carguío, el personal les comunica que se terminó la gasolina Especial (litro a 3,74 bolivianos) y que solo queda las gasolinas Premium Plus (6,18 bolivianos) y Ultra Premium de 100 octanos (6,82 bolivianos). Ante esta situación, al usuario no le queda otra opción que adquirir las nuevas gasolinas con un precio más elevado. Desde el pasado 7 de agosto, el Gobierno, de manera maquiavélica, ha comenzado a quitar parcialmente subvención de los hidrocarburos. Obliga a la población a comprar los dos combustibles con precios más altos y ha dejado de suministrar paulatinamente el carburante subvencionado. Esta medida no solucionará la crisis económica que vive el país, solo aliviana un poco el gasto que realiza en la compra del hidrocarburo. Recordemos también que meses antes, Arce Catacora había propuesto realizar un referéndum sobre la subvención de la gasolina, propuesta que fue observada y rechazada por el Tribunal Supremo Electoral. Las observaciones fueron aplaudidas por la población y por los partidos de oposición porque consideraron que el presidente Arce “quería lavarse las manos” y dejar a los bolivianos y bolivianas decidan qué hacer con la subvención. A principios de semana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso al mercado interno un nuevo combustible denominado Diésel ULS que es el resultado de la mezcla del diésel oíl con biodiesel y que será comercializado en las plantas de almacenaje de YPFB para grandes consumidores o clientes directos, previa suscripción de un contrato entre la estatal petrolera y el comprador. La falta de combustibles en todo el país, provoca largas filas en las estaciones de servicio. El Gobierno atribuye el problema a los bloqueos evistas y en Arica. Excusas que ya nadie cree porque los bloqueos en las carreteras datan de hace días. En tanto, la escasez de combustibles lleva ya meses. La falta de dólares para la compra de hidrocarburos es una espada de Damocles para el Gobierno. Si bien autorizó al sector privado (especialmente a los agricultores) la importación directa de combustibles la medida no ha servido en nada, porque el sector del agro no es importador de energéticos. La falta de dólares y el tipo de cambio paralelo genera incertidumbre en los financiadores del agro que dejaron de entregar créditos al sector. A la falta de combustibles se suma la falta de dólares y esto ha hecho que de manera alarmante se incrementen los precios de los alimentos en todos los mercados del país. El poder adquisitivo de la población está perdiéndose poco a poco, lo cual repercute negativamente en la economía nacional. La crisis económica boliviana es ya una realidad, pero para el Gobierno, que no reconoce su mala administración, es una crisis producto del contagio de las economías de los países vecinos. Mientras tanto, la población y sectores sociales anunciaron realizar una serie de protestas y cacerolazos contra la incapacidad gubernamental de hallar una solución a la crisis política, económica y social que impera en el país.

Por Juan Cutipa Domínguez Ni Judas se atrevió a tanto. Ningún político en la historia de Bolivia sufrió lo que Evo enfrenta en estos días. Es inédita y cruel la traición del presidente y vicepresidente Luis Arce y David Choquehuanca. Esa traición tiene una gigante carga de odio y venganza. El bombardeo de mentiras y maldad que soporta Evo debe ser estudiado e investigado por expertos en comunicación y derecho. Desde hace años dicen de Evo muchas barbaridades de manera impune. Políticos y periodistas antievistas no solo emiten opiniones sino sentencias condenatorias sin ningún derecho al debido proceso. Muchos de ellos incitan al linchamiento físico. Desde que emergió como líder nacional, Evo fue víctima de racismo, odio, discriminación, difamación, condenas sin procesos, expulsión del Parlamento, detenciones, torturas y acusaciones. Todo ese bombardeo, generalmente, tuvo y tiene origen en la embajada norteamericana y sus empleados locales: políticos derechistas, neoliberales y vendepatrias; periodistas autodenominados “independientes”, cuando en realidad son mercenarios de la palabra. Se nota demasiado el odio brutal que tienen el 99% de los medios de comunicación de Bolivia contra Evo. No es necesario ser experto en comunicación para darse cuenta. Las radios hacen 10 entrevistas en un programa y, muchas veces, esas 10 entrevistas son antievistas. Ni siquiera disimulan con una entrevista favorable a Evo para cumplir el Código de Ética sobre contraparte, equilibrio y no discriminación. Hay canales de televisión en Bolivia que en sus informativos y programas especiales, difunden reportajes contra Evo que duran 30 minutos y, a veces, emiten una sola nota escuchando a Evo, a sus voceros y/o abogados. Pero solo duran segundos. Lo terrible es que en los programas de análisis y debate de las radios y de la televisión, los “analistas” invitados son siempre los mismos, son antievistas rabiosos y muchos de ellos son empleados del Gobierno de Luis Arce, pero son presentados, descaradamente, como opinadores “independientes”. Hubo casos en los que el mismo “analista independiente” hizo un tour mediático por 5 canales televisivos en una misma noche. Se percibe que son programados desde alguna instancia gubernamental a cambio de pauta publicitaria y con el guion escrito `por el equipo de comunicación del régimen y que se distribuye a dirigentes sociales afines al arcismo, a legisladores y comentaristas arcistas para que repitan como loros la “línea” de cada día. Lamentablemente, el MAS-IPSP -leal a Evo y al Proceso de Cambio- no usa hasta ahora, los instrumentos legales que están vigentes en Bolivia para denunciar la violación asquerosa de la ética periodística en los medios privados y en los medios públicos. Los legisladores evistas deben pedir a la Fiscalía de La Paz que investigue la cantidad de dinero público que utiliza el régimen de Arce y Choquehuanca en la partida de Publicidad; solicitar la lista de los medios de comunicación y periodistas con “programas independientes” que reciben dinero con el disfraz de publicidad. Deben convocar a la ministra de la Presidencia, a la viceministra de Comunicación y a los ministros que otorgan publicidad a los medios para qué digan cuántos millones distribuyen a medios privados y públicos; exigir la presentación de los guiones que entregan a periodistas, analistas, legisladores, voceros y otros para que declaren en la prensa o comenten en los programas de radio y televisión. Mediante ese mecanismo, se podrá establecer que el régimen arcista derrocha millones de dólares de los impuestos de la gente para comprar, controlar, manipular y dirigir medios de comunicación; para callar la corrupción, el nepotismo, el abuso de poder y la criminalización de Evo. En paralelo a eso, los dirigentes del MAS y las organizaciones sociales leales al Proceso de Cambio, deben pedir al Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia -que está vigente y que rige el comportamiento de los medios y periodistas de todos los sectores- haga un monitoreo de la forma cómo tratan a Evo y a los evistas; pedir a las carreras de comunicación de universidades públicas y privadas que midan los tiempos, formatos, géneros periodísticos para analizar si hay contraparte, equilibrio, objetividad e independencia. Los medios y periodistas que cada día violan los mandatos elementales del Código de Ética Periodística de Bolivia deben ser denunciados ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística. Ese tribunal ya condenó a varios periodistas y comunicadores sociales famosos que no dieron el derecho a la réplica y contraparte o que con sus comentarios usurparon funciones de jueces y fiscales dictando sentencias condenatorias. Otra opción que tiene el MAS-IPSP y las organizaciones sociales de Bolivia criminalizadas por el régimen autoritario y derechista de Arce-Choquehuanca, es acudir a la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU con el fin de solicitar el envío a nuestro país de observadores internacionales que hagan un monitoreo de los medios de comunicación en tiempos de crisis social y política. Hay suficientes pruebas del linchamiento mediático a Evo, desde hace muchos años. Como casos recientes podemos señalar la forma de cobertura que hizo el 99% de la prensa privada y pública a la reciente Marcha para Salvar Bolivia y la catarata de denuncias judiciales lanzadas por el régimen arcista y sus aliados de la derecha boliviana. Medios y periodistas se convirtieron en jueces y fiscales que dictan sentencias condenatorias sin ningún derecho a que el condenado pronuncie su versión y su defensa. No cumplen ni siquiera el mandato constitucional de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y pisotean el derecho al debido proceso. Evo es fusilado desde los medios privados permanentemente. Lo insultan, lo hacen insultar. Lo difaman y le hacen difamar. El colmo es que desde los medios públicos y desde las radios de pueblos originarios -fortalecidos por las gestiones gubernamentales de Evo- se lanzan misiles de mentira, odio y racismo. Hay centenares de políticos y periodistas que traicionaron a Evo sin ponerse roja su cara. Evo les dio la oportunidad de ser algo. Evo les dio de comer. Evo los ayudó. Pero, hoy, esos que comieron de la mano de Evo son los más rabiosos traidores, odiadores y

Al Pereyra El gobierno del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de cumplir un año de su brutal represión contra el pueblo palestino al que ya puede calificarse como genocidio porque han muerto más de 42.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. El 7 de octubre de 2023 Israel respondió con furia el ataque de Hamás perpetrado en territorio hebreo. Más de 1.000 combatientes de Hamás perpetraron un ataque en 24 puntos del sur de Israel, principalmente contra el kibbutz de Beeri y festival de música Nova. El ataque se saldó con más de 1.200 muertos, de ellas 809 civiles (al menos 280 mujeres y 40 niños, según el informe posterior de la ONU) y 314 militares. Un total aproximado de 14.970 personas resultaron heridas. Al menos 252 personas fueron secuestradas. Sin embargo, esas cifras quedan cortas ante la represión israelí. Datos del ministerio de Sanidad de Gaza indican que la ofensiva israelí se ha cobrado la vida de 42.109 personas -casi 17.000 menores- y ha causado 97.303 heridos, en solo 12 meses de exterminio palestino. El genocidio israelí no solamente se refiere a los muertos y heridos, sino también a miles de prisioneros palestinos que colman los centros de detención israelíes. El Club de Prisioneros y la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros palestinos denuncian las sistemáticas redadas de las fuerzas israelíes en territorios palestinos, que incluyen asaltos a viviendas, destrucción de infraestructura y asesinatos extrajudiciales. Solo en septiembre las Fuerzas Armadas y los colonos israelíes ejecutaron alrededor de 1.334 ataques en la Franja de Gaza en las que incluyeron expropiación de tierras, expansión de las colonias, ejecuciones extrajudiciales, sabotajes, así como demoliciones y confiscación de propiedades. El asedio y ataques israelíes también han colapsado el sistema de salud en Gaza, apenas 15 de los 38 hospitales permanecen parcialmente en funcionamiento. El 65 % de las instituciones de salud están dañadas y con una ocupación del 300 %, especialmente en unidades de cuidados intensivos, lo que hace difícil la atención sanitaria, especialmente la de 50.000 embarazadas y 12.000 pacientes de cáncer. También se ha conocido que en los últimos doce meses al menos 986 miembros del sector sanitario fueron asesinados por las fuerzas armadas israelíes. Además, alrededor de 130 ambulancias quedaron fuera de servicio o están bajo los escombros producto de los constantes bombardeos por parte del Ejército sionista. Debido al genocidio, la Franja de Gaza afronta también una crisis humanitaria sin precedentes. Un informe elaborado por diversas organizaciones como Save the Children, Oxfam o el Consejo Noruego para los Refugiados, que trabajan en la zona de conflicto, denunció que Israel está bloqueado el 83 % de la ayuda alimentaria que necesita la población. Los gazatíes han pasado de tener un promedio de dos comidas al día a solo una cada dos días. Se estima que para finales de año, 50.000 niños de entre 6 y 59 meses necesitarán urgentemente tratamiento por desnutrición. Los últimos diez meses se han caracterizado por la existencia de dos ciclos simultáneos: la destrucción en Gaza y la incapacidad internacional para detenerla. Mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU, ordenaba el 26 de enero a Israel a tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleva meses intentando promulgar sin éxito una resolución para el alto el fuego, debido a los vetos de Estados Unidos, aliado estrecho de Israel, por considerar los términos de la misma un obstáculo a las negociaciones, si bien acabó absteniéndose en una votación el 25 de marzo, facilitando la aprobación de un texto incumplido hasta el momento. Con todos estas cifras y antecedentes lo cierto es que el genocidio israelí sobre los palestinos deja varias secuelas para los años siguientes por el número de víctimas, niños y niñas huérfanos, daños a la infraestructura, desplazamientos forzados, hambruna, infinidad de enfermedades y por la polarización extrema de las direcciones políticas tanto en el movimiento islamista Hamás como por el Gobierno sionista de Israel.

Por Dolores Arce Va corriendo el mes de octubre, un mes lleno de fechas que quedaron grabadas en nuestra memoria.  Algunas de ellas son de larga data, como aquel 9 de octubre 1967, cuando por instrucción de la CIA moría acribillado un ser humano extraordinario, quien se había atrevido a soñar con un mundo sin injusticias.  Las balas no pudieron evitar su inmortalidad, aún hoy a 57 años de su partida, el legado del Che sigue inspirando a las nuevas generaciones, y varias de las tareas pendientes que él había planteado, como ser liberar al Estado de la burocracia o la Revolución educativa, siguen inconclusas hasta nuestros días para una vida plena de una nueva sociedad. Quince años más tarde, un 10 de octubre del año 1982, celebramos el Día de la Democracia, después de un largo periodo de gobiernos de facto y golpes de Estado que dejó miles de víctimas de tortura, exilio, presos políticos y personas desaparecidas y masacres contra mineros, obreros y campesinos. Pasarán otros veintiún años, en el auge del Neoliberalismo y sometimiento a los intereses transnacionales, llega “Octubre negro” que hasta ahora nos oprime el corazón con las escenas desgarradoras del pueblo alteño baleado a mansalva, en defensa de nuestros recursos naturales. Un día 17 de octubre de 2003 se dio la huida del asesino Goni acompañado de varios de su sanguinaria pandilla, quienes fueron bien acogidos en el país del Norte para seguir conspirando desde allá. Pero el mes de octubre también nos tiene preparadas otras celebraciones: El 11 de octubre nos recuerda el natalicio de la escritora, poeta y luchadora por los derechos de las mujeres en una época de total opresión y desigualdad para el género femenino, aún de las clases medias y acomodadas.  Adela Zamudio en virtud a su aporte a la educación laica y la reivindicación de igualdad de derechos de hombres y mujeres nos lo recuerda traducido en el Día de la Mujer boliviana, mediante Decreto Supremo promulgado por la primera mujer presidenta de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada. Ya en plena Revolución democrática y cultural,  el primer presidente indígena de nuestro país Evo Morales Ayma, convierte una fecha fatídica de rendir tributos al invasor (Día de la Raza) en un día de recuperación de la memoria y dignidad:  a partir el año 2011 a través del Decreto Supremo No. 1005,  el 12 de octubre se celebra el Día de la Descolonización, en un justo reconocimiento de la resistencia y lucha de los pueblos indígenas y originarios contra el yugo español y posteriormente las injusticias de criollos en plena República. Finalmente, el último día del mes, el 31 de octubre, recordamos el Día de la Nacionalización de las Minas. En el plano internacional, tenemos que lamentar ya un año de genocidio israelí contra Palestina, con el asesinato de más de 42.000 personas desde octubre pasado.  En pleno siglo XXI ante los ojos de todo el mundo se da esta barbarie con el claro plan de exterminio del pueblo palestino, de ahí que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, los blancos preferidos de los sionistas son hospitales y escuelas en ataques deliberados y alevosos.  Los bombardeos son combinados con sistemáticas redadas que incluyen asaltos a viviendas y asesinatos extrajudiciales.  La ONU hace un tibio reclamo, pero Israel no es sometido a vetos ni bloqueos o sanciones económicos.  Claro porque la mano detrás una vez más son los Estados Unidos, cuando no, donde hay guerras y posibilidades de hacer negocios con la muerte, están ellos. En la memoria fresca está octubre del año 2019, cuando ratas y cucarachas salieron de sus agujeros para recuperar los privilegios perdidos, intentando revertir un proceso de cambio que costó sangre.  En lo que va el actual mes de octubre, el linchamiento mediático y judicial contra Evo Morales Ayma llega a límites insospechados. Ojalá que nunca más tengamos que añadir más fechas fatídicas al mes de octubre.

Por Juan Cutipa Domínguez La historia de la humanidad está llena de casos similares a los narrados en la Biblia sobre Judas y Caín. La traición y la envidia, siempre caminaron juntas. Muchos libros se pueden escribir en torno a la traición de Lucho a Evo, al MAS-IPSP y al Proceso de Cambio y los planes para acabar políticamente con Evo porque le tienen miedo en las urnas y le tienen envidia porque el pueblo le es fiel, agradecido y cariñoso. El gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca está en el ocaso. No solo porque le queda menos de un año sino porque es un desastre. No es necesario pedir acortamiento de mandato ni adelantamiento de elecciones porque el arcismo está acabado. La ineficiencia, la corrupción familiar, el nepotismo, la soberbia y la maldad para perseguir y destruir a sus propios electores, se encargaron de liquidarlo. El gobierno de Arce-Choquehuanca fue parido en las urnas, pero se convirtió en un régimen autoritario, vengativo y lleno de odio. Evo puso como candidato a Lucho para salvar la economía destruida por la dictadura de Añez y la banda de asaltantes de la derecha boliviana (pititas), que tuvo la “bendición” de obispos fascistas, diplomáticos entrometidos y medios de comunicación carentes de ética e independencia. Todos los militantes masistas hicieron campaña con sus propios recursos y votaron por Lucho y David. Pero tras el triunfo del MAS-IPSP, en octubre del 2020, estalló el primer signo de traición. Ni Lucho ni David, fueron a recibir a Evo a la frontera La Quiaca-Villazón por donde regresaba el presidente y líder del partido que ganó las elecciones. David parece haber sido el primero -desde las sombras- en ejecutar el plan destinado a terminar con Evo. El llamado “Jilata” nunca dio la cara y usó palos blancos, testaferros y emisarios para liquidar al jefe de partido más grande de la historia boliviana. En nombre de “renovación”, un viceministro, mano derecha de Choquehuanca, empezó a tirar las primeras piedras a Evo. Con el silencio cómplice de Lucho, el ataque de funcionarios del gobierno que ganó con la sigla MAS-IPSP, fue creciendo. Ministros -que nunca hicieron vida orgánica en el partido- ahora atacan peor que los ultraderechistas bolivianos a Evo y sus compañeros leales. Con el plan de ser reelegido, Lucho y su entorno, primero, se apoderaron del gobierno ganado por el MAS y lo convirtieron en un régimen antievista y antimasista; no tuvieron vergüenza de aliarse con la derecha boliviana (Mesa-Camacho-Tuto-Reyes Villa) y se pusieron al servicio de la embajada norteamericana. Usando métodos de las dictaduras militares y de gobiernos neoliberales, persiguen a compañeros que hicieron campaña y votaron para que el MAS-IPSP recupere el gobierno que estaba en manos de la dictadora Añez. Tras destituirlos de la administración pública sin derecho al debido proceso y solo con la presunción de ser evistas y “radicales”, les abren procesos judiciales. Dieron cargos y trabajo a gente que nunca hizo algo por el MAS-IPSP, llegando a la vergüenza de contratar pititas y empleados militantes de los viejos y derrotados partidos neoliberales. Luego, dividieron, asaltaron y se compraron organizaciones sociales. Usando las fuerzas policiales y pagando mucho dinero (con el disfraz de publicidad, por ejemplo) crearon sindicatos paralelos y otras organizaciones serviles y prebendales. Para destruir a Evo y a los leales al MAS-IPSP, montaron un poderoso aparato judicial y mediático. Golpearon al Legislativo, con sentencias de jueces al servicio del régimen como los auto prorrogados del Tribunal Constitucional, impidiendo a diputados y senadores ejercer el derecho a la petición de informes, interpelación y censura a los ministros arcistas. Desde el Ministerio de la Presidencia y Viceministerio de Comunicación, llenaron de millones, como pauta publicitaria, a medios privados y derechistas-pititas para callar las barbaridades del régimen arcista y atacar a Evo y los evistas. Programaron en medios privados y estatales, a supuestos “analistas” y “expertos” en todos los temas para ensalzar a la ineficiente administración gubernamental y culpar de todo a Evo. Fue tan descarado que los mismos “analistas” hacían un paseo por todos los medios y en una misma mañana o una misma noche por todos los programas que tienen publicidad del gobierno de turno. De esa forma nacieron los mercenarios de la lengua y “analistas” a sueldo, pagados con los impuestos de los ciudadanos. Usando la chequera de las arcas del Estado, el gobierno traidor de Lucho y David, compró alcaldes y gobernadores, no solo para tenerlos de aliados, sino para que hablen mal de Evo. En unos casos, alcaldes y gobernadores que comieron de la mano de Evo, vendieron su alma y se volvieron en voceros del odio, la mentira y la envidia contra el líder del MAS-IPSP. Lucho, David, ministros (sobre todo aquellos a los que Evo les dio la oportunidad de ser algo), los analistas a sueldo, muchos periodistas y presentadores de medios privados y estatales, legisladores y jefes políticos de la derecha, no se cansan de decir que Evo es un cadáver político. Sin embargo, todo el tiempo hablan de Evo, lo insultan, lo acusan sin pruebas y le vomitan odio, racismo, discriminación y envidia. La única verdad es que se ocupan de Evo en todos los lugares y en todos los tiempos, porque le tienen miedo. Saben que Evo en las urnas los derrotará. No quieren que ingrese a la cancha. Tratan por todos los medios de inhabilitarlo, anularlo, proscribirlo, detenerlo, encarcelarlo y matarlo. El odio y la envidia a Evo, une, apasionadamente, al arcismo-choquehuanquismo, con la derecha racista y golpista de Bolivia. Carecen de argumentos jurídicos. Pero les sobra la difamación, el odio, la envidia y el miedo. Ya es hora de que Lucho, David, sus ministros y empleados fanáticos, empiecen a pensar en su futuro. Está claro que no volverán al gobierno. No podrán ganar una elección con ninguna sigla ni candidato. Quedarán en la calle sin el poder de jueces, fiscales, policías, militares y medios de comunicación. Caminarán desnudos. Serán perseguidos no por los evistas, sino por su conciencia y

Al Pereyra La marcha pacífica convocada por el expresidente Evo Morales y los movimientos sociales denominada Salvar a Bolivia ha demostrado una vez más la unidad inquebrantable que existe entre los sectores más desprotegidos de la Bolivia profunda. Campesinos, mineros, obreros, juntas vecinales, sectores de profesionales, entre otros, salieron para que se halle soluciones de fondo a los actuales problemas que vive el país como son la escasez de dólares, combustibles, encarecimiento de algunos productos básicos de la canasta familiar y contra la corrupción en esferas del gobierno central que dirige Luis Arce Catacora. Además, de exigir que se respeten las resoluciones del congreso del Movimiento al Socialismo (MAS-IPS) realizado en la localidad de Lauca Ñ, que no fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, en que se definió por mayoría absoluta la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales del próximo año. Desde el primer día que la multitudinaria marcha pacífica se dirigía a La Paz en un afán, por demás descarado de desprestigiar el movimiento de miles de bolivianos, el Gobierno nacional comenzó a propagar como un reguero de pólvora la idea que la marcha era un “intento de golpe de Estado”, denominándola como “la marcha de la muerte”. Calificativos llenos de desprecio hacía miles de campesinos, obreros, mineros, hombres, mujeres de todos los estratos sociales, que su único error es creer que otra Bolivia puede ser posible. Tuve la posibilidad de asistir a la primera jornada de la marcha de 30 kilómetros entre Caracollo y Vila Vila y tuve el privilegio de observar que la marcha para Salvar Bolivia era toda una fiesta popular, donde sus integrantes compuestos por miles de personas de diferentes movimientos sociales, en medio de cánticos, irradiaban alegría y esperanza por días mejores para el país. Categóricamente puedo desmentir que los integrantes de la marcha hayan tenido objetivos violentos como el que propaga el Gobierno. Fui testigo de cómo la agresión nació de parte los afectos a la Administración de Arce Catacora, en su mayoría empleados públicos de los ministerios de Estado, policías de civil y mineros, quienes se habían parapetado en la localidad de Vila Vila y en los cerros que la circundan a la espera de los marchistas. Cerca al mediodía del martes 17, las huestes gubernamentales agredieron físicamente a los ocupantes de una movilidad quienes se dirigían a la marcha con banderas del MAS. Lo paradójico de esta agresión fue que se cometió frente a un equipo de prensa de la televisión estatal que no tuvo la más mínima intención de filmar la tremenda golpiza. Por demás está indicar que la “prensa libre” solo informa lo que les conviene. Por ejemplo, el hecho de que Morales tuvo que dejar la marcha por algunas horas en un automóvil de alta gama fue cobertura de todos los medios de comunicación.  Teniendo en cuenta la campaña gubernamental y de algunos medios de comunicación contra la marcha pacífica, no le quedó otra opción a Morales denunciar que el gobierno de Arce Catacora formó “grupos de choque” para desbaratar a los movilizados. Además, en un acto para precautelar la integridad física de los marchistas, y su posible detención, solicitó la intervención de la ONU en la movilización. El Gobierno puede jurar y volver a jurar que respeta cualquier movilización o demanda social, pero el grueso de la población ya no le cree. Ya no cree a un Gobierno que constantemente ha mentido indicando que la economía gozaba de buena salud, que los dólares iban a volver a circular, que la distribución del diésel mejoraría, que los precios de la canasta familiar se estancarían, que la industrialización de Bolivia avanzaba a paso firme, que desbarató un intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, por citar algunas mentiras de la actual Administración política. El pueblo sabe muy bien que el objetivo principal del gobierno de Arce Catacora es la eliminación política de Morales y del MAS-IPSP, y para lograr ese objetivo tiene que “mentir, mentir que algo quedará”, al mejor estilo del nazi Joseph Goebbels.

Por Dolores Arce Cuando faltan menos de 100 días para que termine el año, vale la pena hacer un alto y ver más allá de la densa humareda que fue la constante de los últimos meses. Un panorama desolador de incendios forestales que ya arrasaron más de 7 millones de hectáreas solamente en el departamento de Santa Cruz, hiriendo de muerte a nuestra fauna y flora.  Le tomó tres largos meses al Gobierno la declaratoria de “desastre nacional”, tal parece que la alianza con los agroindustriales ya cumplió su meta para la “ampliación de la frontera agrícola”.  Que no nos quepa la menor duda, los primeros interesados y responsables de este desastre son los agronegocios, los grandes soyeros dueños de miles de hectáreas que dicho sea de paso, lograron burlar una vez más la Función Económica Social postergada desde la promulgación de la CPE. Para muestra un botón:  Hace poco el país se enteró que luego de una reunión con ganaderos de Beni y Santa Cruz en fecha 18 de junio 2024, la Procuraduría General del Estado decidió suspender el Dictamen Procuradurial Nº 001/2024 de sanción e investigación a propiedades por iniciar incendios en la gestión 2023. El ex procurador y hoy flamante ministro de justicia Cesar Siles, tiene a bien informar que “conforme a lo coordinado y comprometido” queda al presente “suspendida su aplicación (de la Función Económica Social) en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA.  Así de fácil la tienen los gamonales. En áreas cercanas a las ciudades también los negocios inmobiliarios nacen de las cenizas de nuestros bosques (ejemplo el Urubó), y en menor medida, por supuesto que existen también los avasallamientos y la contratación de la mano de obra que ejecuta el crimen ambiental. La mala calidad del aire es consecuencia lógica del fuego voraz, la humareda como pocas veces, nos obligó a retomar clases virtuales, causando diferentes tipos de afecciones para nuestra salud. Pero este fenómeno del humo, también es aplicable a la realidad mediática de nuestro país:  los carteles de la mentira, ya sea por convicción propia de los dueños de los grandes medios de comunicación comerciales, ya sea chantajeados a cambio de su pauta publicitaria, se prestan a esparcir una densa cortina de humo, en un pacto de silencio para no incomodar con preguntas a ciertas autoridades o sectores aliados.  Estos mismos periodistas que se hacen de la vista gorda ante denuncias de corrupción o nepotismo, favorecimiento o enriquecimiento ilícito. Más al contrario, estos medios coordinan su agenda en consonancia con sus auspiciadores, de ahí que reproducen términos como la “marcha de la muerte”, “reelección indefinida”, “inhabilitación de Evo” más allá de argumentos racionales. Pese a que en Vila Vila se evidenció que se trató de una emboscada de parte de funcionarios públicos disfrazados de cooperativistas y civiles, los medios encubrieron esta noticia con un manto de silencio.  Somos víctimas de una intoxicación, un envenenamiento mediático que tiene por objetivo nublarnos la mente, machacando el subconsciente a través de las pantallas y las ondas sonoras o páginas impresas, todo ello viralizado a través de redes sociales para el público de diferentes edades y estratos sociales.  Desde el golpe de Jeanine Añez, en Bolivia ya no existe el Ministerio de Comunicación, que fue convertido en Viceministerio bajo el ala del Ministerio de la Presidencia.  En teoría, además del deplorable manejo de los medios estatales, existen dos líneas de trabajo: “Gestión comunicacional” y “Políticas comunicacionales”, que va mucho más allá de la mera asignación de pauta publicitaria.  Hay un enorme vacío y estancamiento de lo avanzado en anteriores gestiones, cuando el Ministerio de Comunicación era lugar de construcción de propuestas y los medios comunitarios, alternativos y populares eran bien acogidos. Basta echarle un vistazo a la página del Viceministerio, donde lo que más resalta es la foto y biografía de la viceministra, mientras que cuesta escudriñar para encontrar un organigrama, muchas de las pestañas están deshabilitadas.  Ni qué decir de la transparencia de la información:  si antes se podía conocer el listado con nombres y apellidos de quienes conformaban cada ministerio, ahora el formato es un elegante anónimo donde apenas figura una escala salarial genérica por tipo de cargo y número de personas que componen el Ministerio de la Presidencia, del cual forma parte el mencionado viceministerio.   Anonimato que por cierto resulta útil a la hora de camuflar contrataciones de exparejas, parejas sentimentales y demás categorías que rayan en el nepotismo o favoritismo. Pese a toda la cortina de humo y coincidiendo con Raúl Zaffaroni (ex miembro de la CIDH y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Argentina), concluimos que “la versión de que Evo Morales está inhabilitado, es una noticia falsa de proporciones astronómicas”.

Por: Carlos Tony Sánchez* Ana se levantó de su cama cuando todos ya estaban dormidos. Habían pasado 9 años desde que su marido le trajo – bajo su conminatoria “o me la traes o se acabó” – la cabeza del Cnel. rioplatense Ignacio Warnes, comandante del ejército libertador de la región cruceña, expuesta en una pica en la misma plaza de armas de la capital, por órdenes del Cmdte. Español quien luego de la batalla de El Pari, mandó a decapitar al insigne patriota. Ella, luego del robo ejecutado por su marido y otros, la recibió en su casa, la envolvió en un lienzo y enterró bajo su cama. Por nueve años. Ana, tanto como su esposo fueron parte del ejército libertador; ella como miembro del Cuerpo de Sanidad. Sus ojos claros (por eso el apodo de “Zarca”) ardían en fuego por ver la Patria liberada. Ana Barba recordó entonces la promesa póstuma que le hizo a Warnes: “descansa aquí mi querido padrino, mientras la patria se libere”. Y así lo hizo hasta que ese glorioso 1825, cuando se fundaba la República de Bolivia, reveló y entregó la cabeza de Ignacio Warnes a las autoridades. El mismo Libertador Mcal. Antonio José de Sucre, reconoció de forma oficial, el gesto heroico de Ana. Y posteriormente – mucho después – Ana Barba fue, por Ley N.º 1106, del 4 de octubre del año 2018, durante el gobierno de Evo Morales Ayma, el Estado Plurinacional de Bolivia la reconoció como «heroína nacional» y le otorgó el grado de coronela de sanidad y declarada como heroína de Bolivia”. Este 24 de septiembre, como todos los años anteriores… se juntarán las autoridades civiles y militares, alrededor del monumento a Ignacio Warnes, allí donde el ejército español clavó vilmente, la cabeza del patriota en una pica, para que se pudriese. Temprano y con una banda militar, entonarán sus loas y alabanzas a un bandolero invasor (Ñuflo de Chávez) y a un Imperio genocida (la “España grandiosa”) que dizque vino con un hado benigno, a hacer lo que hizo. Ana, su padrino y los patriotas observan desde los cielos – impotentes – la burla y menosprecio a su extremo sacrificio para liberar esta sagrada tierra. * Profesor universitario.