Al Pereyra
Por más que el gobierno de Luis Arce Catacora gaste y destine millones de bolivianos en publicidad en diferentes medios de comunicación y sus ministros junto a sus directores de diferentes áreas salgan, con un libreto predeterminado, para negar y jurar que en Bolivia no hay “gasolinazo”, el preocupante desabastecimiento de hidrocarburos, desde hace meses, echan por tierra el ya no creíble discurso gubernamental.
La mala administración gubernamental está conllevando a situaciones jamás vista desde los últimos veinte años. La desesperación en la ciudadanía por conseguir gasolina y diésel ha hecho incluso que en las redes sociales se inunden mensajes en busca de los carburantes porque en muchas estaciones de servicio del país se agotan rápidamente sus suministros.
A las largas filas en los surtidores, desde hace ya seis meses, de camiones, ómnibuses, buses coaster, tractores, o cisternas de agua que utilizan diésel, en las últimas semanas se han sumado miles de automóviles del transporte privado en busca de gasolina especial. Tras peregrinar por varias estaciones de servicio y tras largas horas de hacer fila, cuando le llega el turno para su respectivo carguío, el personal les comunica que se terminó la gasolina Especial (litro a 3,74 bolivianos) y que solo queda las gasolinas Premium Plus (6,18 bolivianos) y Ultra Premium de 100 octanos (6,82 bolivianos). Ante esta situación, al usuario no le queda otra opción que adquirir las nuevas gasolinas con un precio más elevado.
Desde el pasado 7 de agosto, el Gobierno, de manera maquiavélica, ha comenzado a quitar parcialmente subvención de los hidrocarburos. Obliga a la población a comprar los dos combustibles con precios más altos y ha dejado de suministrar paulatinamente el carburante subvencionado. Esta medida no solucionará la crisis económica que vive el país, solo aliviana un poco el gasto que realiza en la compra del hidrocarburo.
Recordemos también que meses antes, Arce Catacora había propuesto realizar un referéndum sobre la subvención de la gasolina, propuesta que fue observada y rechazada por el Tribunal Supremo Electoral. Las observaciones fueron aplaudidas por la población y por los partidos de oposición porque consideraron que el presidente Arce “quería lavarse las manos” y dejar a los bolivianos y bolivianas decidan qué hacer con la subvención.
A principios de semana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso al mercado interno un nuevo combustible denominado Diésel ULS que es el resultado de la mezcla del diésel oíl con biodiesel y que será comercializado en las plantas de almacenaje de YPFB para grandes consumidores o clientes directos, previa suscripción de un contrato entre la estatal petrolera y el comprador.
La falta de combustibles en todo el país, provoca largas filas en las estaciones de servicio. El Gobierno atribuye el problema a los bloqueos evistas y en Arica. Excusas que ya nadie cree porque los bloqueos en las carreteras datan de hace días. En tanto, la escasez de combustibles lleva ya meses.
La falta de dólares para la compra de hidrocarburos es una espada de Damocles para el Gobierno. Si bien autorizó al sector privado (especialmente a los agricultores) la importación directa de combustibles la medida no ha servido en nada, porque el sector del agro no es importador de energéticos. La falta de dólares y el tipo de cambio paralelo genera incertidumbre en los financiadores del agro que dejaron de entregar créditos al sector.
A la falta de combustibles se suma la falta de dólares y esto ha hecho que de manera alarmante se incrementen los precios de los alimentos en todos los mercados del país. El poder adquisitivo de la población está perdiéndose poco a poco, lo cual repercute negativamente en la economía nacional. La crisis económica boliviana es ya una realidad, pero para el Gobierno, que no reconoce su mala administración, es una crisis producto del contagio de las economías de los países vecinos. Mientras tanto, la población y sectores sociales anunciaron realizar una serie de protestas y cacerolazos contra la incapacidad gubernamental de hallar una solución a la crisis política, económica y social que impera en el país.
