Por Dolores Arce
Vivimos una escalada de violencia generalizada y sin solución a la vista, con afecciones en la economía que padecen muchos sectores a la espera de una tregua humanitaria y cese de la represión desmedida – contratación de barras bravas y elementos violentos presumiblemente de la UJC de por medio, como se pudo evidenciar en varios puntos de desbloqueo esporádico.
Un par de días atrás, concretamente el viernes 25 de octubre en el contexto del “Cabildo de la Cochabambinidad” convocado por el Comité cívico y sus afines en contra del bloqueo nacional, nos sorprendió la reaparición pública de Resistencia Juvenil Cochala, quienes desempolvaron sus motos y precedieron la marcha, augurando una escalada de violencia y trayendo a la memoria los peores recuerdos de un neofascismo a plena luz del día.
No podía faltar entre los reaparecidos Milena Soto, quien goza de medidas sustitutivas, incitando nuevamente a la violencia. La fiscalía ya debiera tomar cartas en el asunto y tipificar este nuevo delito.
Al poco rato se dio el asalto a la Sede del MAS, donde nuevamente estos mismos actores procedieron al saqueo, destrozo y a la quema impune de objetos y documentación extraída. Los medios complacientes hablan de “jóvenes molestos por los bloqueos” que “se trasladaron a la Sede del MAS para “realizar una protesta frente a la sede de la Federación del Trópico en Cochabamba”, minimizando este atentado, que no ha merecido la condena o inicio de acciones por parte de las autoridades que miran de palco la reaparición y rearticulación – peligrosa e impune – de una agrupación que debiera estar disuelta por recomendaciones de la CIDH. El potencial peligro no es objeto de análisis y pasa por debajo del radar de los medios de comunicación y sus sesudos analistas, lo mismo que los claros nexos con el alcalde de la ciudad, quien tiene afinidad y muchas fotos con estos personajes a su retorno de Estados Unidos. Este nuevo ataque al Edificio de la Federación Trópico se da en las narices de la policía y a pocos días de cumplirse 5 años de la quema que sufrió a manos de las hordas parapoliciales y fascistas, aquel nefasto 8 de noviembre 2019, en el contexto de una convulsión social y motín policial.
El mismo día viernes, el ex defensor del Pueblo de Cochabamba y actual abogado de Evo Morales, Nelson Cox, sufre un ataque alevoso en plena vía pública, siendo golpeado y su vehículo destrozado por estas mismas hordas.
El día sábado 26 de octubre, a su regreso de Rusia, el presidente Luis Arce procede al cambio del Alto Mando militar.
En la madrugada del domingo 27 de octubre, el país y el mundo entero es sorprendido por una balacera que tiene por objetivo al expresidente Evo Morales. El único que sale a declarar prontamente es el viceministro Ríos para desmentir un posible operativo policial u orden de captura contra Morales.
Le tomará 30 horas al ministro de gobierno para decir lo contrario y armar una versión para intentar explicar el aparente operativo fallido para detener o asesinar a Evo Morales, como si se tratase de un control antinarcotráfico de rutina. Contrastando el relato de un policía malherido – atropellado, con fractura de peroné – en las imágenes de más de 10 efectivos policiales que abordan un helicóptero para ser evacuados del lugar de los hechos – no se observa ninguna camilla con herido, o por lo menos alguien que esté siendo sostenido y cojeando. Evacuación por demás confusa, y sin imágenes de la supuesta víctima de atropello. En fin, una vez más, gran parte de los medios de comunicación aumentan su jugosa pauta a cambio de crear mayor confusión. Así estamos en nuestra querida Bolivia, con una polarización a flor de piel y reviviendo un ambiente que se asemeja cada vez más al horror vivido hace 5 años atrás.
NO A LA REACTIVACION DEL NEOFASCISMO, NO A LA IMPUNIDAD FRENTE A LA REARTICULACION DE PITAS, MOTOQUEROS DE LA RJC Y DEMAS PANDILLAS CRIMINALES.
