Por Dolores Arce
Cuando faltan menos de 100 días para que termine el año, vale la pena hacer un alto y ver más allá de la densa humareda que fue la constante de los últimos meses.
Un panorama desolador de incendios forestales que ya arrasaron más de 7 millones de hectáreas solamente en el departamento de Santa Cruz, hiriendo de muerte a nuestra fauna y flora. Le tomó tres largos meses al Gobierno la declaratoria de “desastre nacional”, tal parece que la alianza con los agroindustriales ya cumplió su meta para la “ampliación de la frontera agrícola”.
Que no nos quepa la menor duda, los primeros interesados y responsables de este desastre son los agronegocios, los grandes soyeros dueños de miles de hectáreas que dicho sea de paso, lograron burlar una vez más la Función Económica Social postergada desde la promulgación de la CPE. Para muestra un botón: Hace poco el país se enteró que luego de una reunión con ganaderos de Beni y Santa Cruz en fecha 18 de junio 2024, la Procuraduría General del Estado decidió suspender el Dictamen Procuradurial Nº 001/2024 de sanción e investigación a propiedades por iniciar incendios en la gestión 2023. El ex procurador y hoy flamante ministro de justicia Cesar Siles, tiene a bien informar que “conforme a lo coordinado y comprometido” queda al presente “suspendida su aplicación (de la Función Económica Social) en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA. Así de fácil la tienen los gamonales.
En áreas cercanas a las ciudades también los negocios inmobiliarios nacen de las cenizas de nuestros bosques (ejemplo el Urubó), y en menor medida, por supuesto que existen también los avasallamientos y la contratación de la mano de obra que ejecuta el crimen ambiental.
La mala calidad del aire es consecuencia lógica del fuego voraz, la humareda como pocas veces, nos obligó a retomar clases virtuales, causando diferentes tipos de afecciones para nuestra salud.
Pero este fenómeno del humo, también es aplicable a la realidad mediática de nuestro país: los carteles de la mentira, ya sea por convicción propia de los dueños de los grandes medios de comunicación comerciales, ya sea chantajeados a cambio de su pauta publicitaria, se prestan a esparcir una densa cortina de humo, en un pacto de silencio para no incomodar con preguntas a ciertas autoridades o sectores aliados. Estos mismos periodistas que se hacen de la vista gorda ante denuncias de corrupción o nepotismo, favorecimiento o enriquecimiento ilícito.
Más al contrario, estos medios coordinan su agenda en consonancia con sus auspiciadores, de ahí que reproducen términos como la “marcha de la muerte”, “reelección indefinida”, “inhabilitación de Evo” más allá de argumentos racionales. Pese a que en Vila Vila se evidenció que se trató de una emboscada de parte de funcionarios públicos disfrazados de cooperativistas y civiles, los medios encubrieron esta noticia con un manto de silencio. Somos víctimas de una intoxicación, un envenenamiento mediático que tiene por objetivo nublarnos la mente, machacando el subconsciente a través de las pantallas y las ondas sonoras o páginas impresas, todo ello viralizado a través de redes sociales para el público de diferentes edades y estratos sociales.
Desde el golpe de Jeanine Añez, en Bolivia ya no existe el Ministerio de Comunicación, que fue convertido en Viceministerio bajo el ala del Ministerio de la Presidencia. En teoría, además del deplorable manejo de los medios estatales, existen dos líneas de trabajo: “Gestión comunicacional” y “Políticas comunicacionales”, que va mucho más allá de la mera asignación de pauta publicitaria. Hay un enorme vacío y estancamiento de lo avanzado en anteriores gestiones, cuando el Ministerio de Comunicación era lugar de construcción de propuestas y los medios comunitarios, alternativos y populares eran bien acogidos.
Basta echarle un vistazo a la página del Viceministerio, donde lo que más resalta es la foto y biografía de la viceministra, mientras que cuesta escudriñar para encontrar un organigrama, muchas de las pestañas están deshabilitadas. Ni qué decir de la transparencia de la información: si antes se podía conocer el listado con nombres y apellidos de quienes conformaban cada ministerio, ahora el formato es un elegante anónimo donde apenas figura una escala salarial genérica por tipo de cargo y número de personas que componen el Ministerio de la Presidencia, del cual forma parte el mencionado viceministerio. Anonimato que por cierto resulta útil a la hora de camuflar contrataciones de exparejas, parejas sentimentales y demás categorías que rayan en el nepotismo o favoritismo.
Pese a toda la cortina de humo y coincidiendo con Raúl Zaffaroni (ex miembro de la CIDH y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Argentina), concluimos que “la versión de que Evo Morales está inhabilitado, es una noticia falsa de proporciones astronómicas”.
