ElNuevoCambio

Página 12 El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves a su homólogo estadounidense Donald Trump, en una conversación telefónica, que Rusia «no renunciará a sus objetivos» en Ucrania, pero se mostró abierto a continuar las negociaciones. La conversación entre los dos mandatarios, la sexta desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, llega un día después de que Washington anunciara el fin de la entrega de algunas armas a Ucrania, más de tres años y medio después del inicio de la ofensiva rusa. Esta decisión pone a Kiev en una posición difícil, a medida que las tropas rusas continúan avanzando en el frente. Zelenski duda En este sentido, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, que viajó a Dinamarca el jueves, expresó sus dudas sobre la continuación del apoyo estadounidense y pidió a los europeos «fortalecer nuestra cooperación y coordinación dentro de la UE y la OTAN», dos organizaciones a las que Ucrania pretende unirse. La conversación entre Putin y Trump el jueves, que duró aproximadamente una hora, fue «franca», dijo el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. Ambos hablaron del conflicto en Ucrania y la situación en Medio Oriente, así como de las relaciones entre Moscú y Washington, agregó. Sobre Ucrania, Putin le dijo a Trump que Rusia «continúa buscando una solución política y negociada al conflicto», según Ushakov. El líder ruso «destacó la voluntad de la parte rusa de continuar con el proceso de negociación» iniciado en Estambul, donde se llevaron a cabo dos sesiones de conversaciones directas ruso-ucranianas con escasos resultados. Objetivos «Nuestro presidente también declaró que Rusia seguirá con sus objetivos, que son la eliminación de las causas profundas bien conocidas que llevaron a la situación actual», declaró Ushakov. «Y Rusia no renunciará a estos objetivos», agregó. Mientras, Trump «planteó de nuevo la cuestión de un pronto cese de las hostilidades», reconoció el asesor presidencial. Rusia exige que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas, además de la península de Crimea, anexada en 2014, y que renuncie a entrar en la OTAN. Todas ellas son condiciones inaceptables para Kiev. Putin y Trump también mencionaron los conflictos en Oriente Medio, incluida la reciente guerra entre Irán e Israel y el presidente ruso abogó por acuerdos «exclusivamente por medios políticos y diplomáticos», según Ushakov. Los dos líderes «confirmaron su interés mutuo en la implementación de una serie de proyectos económicos prometedores, en particular en los campos de la energía y la investigación espacial».

Telesur En el marco de la cumbre del Mercosur celebrada este jueves en la capital argentina, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a los países del bloque a avanzar hacia un sistema de pagos en monedas locales, con el objetivo de facilitar las transacciones digitales, reducir la dependencia del dólar y fortalecer la soberanía financiera regional. “Necesitamos un sistema de pago en monedas locales que facilite nuestras transacciones digitales y refuerce el comercio intrarregional sin ataduras externas”, expresó Lula en su intervención. El mandatario brasileño, quien asumió la presidencia pro tempore del bloque al cierre de la cumbre, remarcó la urgencia de construir una arquitectura financiera autónoma en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, inflación en los países del norte y restricciones en los flujos de capital hacia el sur global. En su discurso, Lula también ratificó que su gobierno está decidido a retomar y concluir las negociaciones del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, las cuales llevan más de 25 años en discusión y se han visto trabadas por demandas ambientales y el proteccionismo agrícola de países como Francia. “Confío plenamente en que antes de fin de año firmaremos el acuerdo con la Unión Europea. Brasil hará su parte para que eso sea posible”, subrayó el jefe de Estado. Lula ha defendido en reiteradas ocasiones que el acuerdo birregional debe garantizar no solo el acceso a mercados, sino también condiciones justas para el desarrollo industrial y tecnológico de América del Sur, así como el respeto a la soberanía ambiental de los países amazónicos. La propuesta del presidente brasileño sobre monedas locales se suma a otras iniciativas en debate dentro del Mercosur, como la creación de una agencia regional de desarrollo y el fortalecimiento de la infraestructura logística y energética común, con miras a consolidar una integración soberana, solidaria y multipolar.

Prensa Latina Buenos Aires, 3 julio (Prensa Latina).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández destacó la visita del dignatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva con quien compartió durante una hora, la cual calificó de “acto político de solidaridad”. En sus redes, la exmandataria compartió que Lula “estuvo en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico”. El mandatario brasileño viajó a Buenos Aires para participar en la Cumbre del Mercosur y luego de la cita aprovechó para abrazar a Cristina en su departamento del barrio porteño de Constitución. En su descarga, Cristina recuerda que “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy su visita fue mucho más que un gesto personal: Fue un acto político de solidaridad”, escribió. “Los ojos del mundo están viendo con atención como Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad”, advirtió. Recordó que el miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo detener a varias compañeras. Todas ellas… mujeres, jóvenes y militantes, a pedido del legislador José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen «cárcel o bala». Eso “lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo”, en referencia a la gigantesca manifestación en su apoyo y de protesta contra la condena avalada por la Corte Suprema de Justicia y cómo la gendarmería detuvo requisó ómnibus, bajo a pasajeros, retrató sus identificaciones entre otras amenazas. “Nos costó demasiado construir la democracia argentina como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice libertario, pero que solo le da libertad a los más ricos”, consideró la expresidenta. Añadió que esa manifestación antidemocrática se puede ver cotidianamente en los ataques y violaciones a la libertad de prensa, y citó que Reporteros Sin Fronteras señaló que Argentina fue el país con la mayor caída en libertad de prensa del mundo, 47 posiciones en los dos años que lleva Milei de presidente. Se refirió también al nuevo plan de inteligencia nacional secreto que autoriza el espionaje interno a todo aquel que “erosiono la confianza” en el relato oficial. Y como si fuera poco, ahora Bullrich quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que gente sube a las redes sociales sin orden judicial, además de hacer detenciones preventivas sin que exista delito alguno, escribió. “Esta es la deriva autoritaria… Este es el Terrorismo de Estado de baja intensidad que vive Argentina”, recalcó en su largo descargo en las redes sociales al analizar la situación política del país.

Rusia Today El personal de seguridad contratado por Estados Unidos para vigilar los puntos de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza está disparando munición real y granadas de aturdimiento contra los civiles palestinos que esperan para conseguir alimentos, informó este jueves AP. Dos contratistas que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia de noticias, denunciaron las «prácticas peligrosas e irresponsables» en el enclave, entre ellas que los guardias a menudo no están cualificados, no son sometidos a un proceso de selección, están fuertemente armados y parecen tener «licencia para hacer lo que quieran», recoge el medio. Asimismo, afirmaron que el personal lanza regularmente granadas aturdidoras y gas pimienta hacia los habitantes. Uno de los contratistas aseguró que se ha abierto fuego en todas las direcciones y, en ocasiones, contra los propios palestinos. «Hay gente inocente herida. Gravemente. Innecesariamente», dijo uno de ellos. También declararon que el personal estadounidense monitorea a las personas que se acercan a buscar comida, documenta a aquellos considerados «sospechosos», y comparte esa información con el Ejército de Israel. Además de sus testimonios, los contratistas proporcionaron a AP videos, informes internos y mensajes de texto. En las imágenes facilitadas se pueden ver a cientos de palestinos apiñados entre vallas metálicas en busca de ayuda entre el ruido de las balas y las granadas. Otras grabaciones incluyen conversaciones en inglés entre un grupo de hombres armados, que discuten como dispersar a la multitud y celebran tras las ráfagas de disparos.

DW El migrante Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador por parte de la Administración de Donald Trump, denunció haber sufrido torturas durante su estancia en la megacárcel para pandilleros del país centroamericano, según consta en documentos judiciales revelados este miércoles en Estados Unidos. Ábrego García sufrió palizas severas, privación del sueño y desnutrición, entre otras formas de tortura de manos de sus carceleros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), detallaron sus abogados. El migrante afirmó que lo patearon y golpearon con tanta frecuencia tras su llegada a la cárcel, que al día siguiente tenía moretones y bultos visibles por todo el cuerpo. Aseguró que él y otras 20 personas fueron obligados a arrodillarse toda la noche y que los guardias golpeaban a cualquiera que se caía. Ábrego García vivía en Maryland cuando fue deportado por error al CECOT, la prisión de máxima seguridad para pandilleros que presume el presidente salvadoreño Nayib Bukele, y se convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria de Trump. Detalles añadidos a la demanda contra gobierno de Trump Los nuevos detalles del encarcelamiento de Ábrego García en El Salvador se añadieron a una demanda contra la administración Trump que su esposa presentó en un tribunal federal de Maryland tras su deportación. El gobierno de Trump ha solicitado a un juez federal en Maryland que desestime la demanda, argumentando que ahora es irrelevante porque el gobierno lo devolvió a Estados Unidos según lo ordenado por el tribunal. Esta es la primera vez que Ábrego García da detalles de su experiencia en el Cecot, donde fue enviado en marzo pasado junto a un grupo de migrantes venezolanos y salvadoreños a pesar de que contaba con una orden de un juez estadounidense que lo protegía de ser deportado. En 2019, un juez de inmigración prohibió la deportación de Ábrego García a su natal El Salvador, ya que probablemente enfrentaba persecución allí por parte de pandillas locales que lo habían aterrorizado a él y a su familia. El gobierno de Trump lo deportó a pesar de la orden del juez de 2019 y posteriormente la describió como un «error administrativo». Trump y otros funcionarios han insistido en las afirmaciones de que Ábrego García pertenecía a la pandilla MS-13. El 15 de marzo, Ábrego García fue deportado a El Salvador y enviado a la megaprisión de El Salvador. En los nuevos documentos judiciales, Ábrego García declaró que los funcionarios de la prisión le dijeron repetidamente que lo trasladarían a celdas con pandilleros que lo destrozarían. Ábrego García afirmó haber visto a otros en celdas cercanas agredirse violentamente y haber escuchado gritos durante toda la noche. Su condición empeoró y perdió más de 13 kilos en sus primeras dos semanas allí, afirmó.

DW Actualidad El equipo de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú amplió a 35 años el pedido de prisión para Keiko Fujimori por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y otros, a partir de la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016. El Ministerio Público informó en un comunicado que la petición fue incluida en la nueva presentación de la acusación penal del llamado ‘caso cócteles’, después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para Fujimori, fuera anulado en abril pasado y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación. Pérez imputó este miércoles a Fujimori y a los exdirigentes fujimoristas Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona y Augusto Bedoya. Incluyó también al exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanella, y a Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como al partido Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces, como personas jurídicas. Sobreseimiento a 19 investigados Además de los 35 años de prisión para la hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), el fiscal solicitó que se le impongan 730 días multa, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. En su petición, Pérez también requirió el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos. El Ministerio Público remarcó que con la presentación de la acusación penal se dio cumplimiento a una resolución emitida en 2023 por el Tribunal Constitucional (TC) por lo que el caso pasará ahora a la etapa de control de acusación. La anulación del anterior juicio oral El pasado 3 de abril, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundada una apelación presentada por Pérez, con lo que ratificó la decisión de anular el juicio contra Fujimori, en respaldo de la decisión del TC. El Constitucional había ordenado que se anule la acusación contra José Chlimper, al que supuestamente no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos que se le imputaban. Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el tribunal también aseguró que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado formalmente el 1 de julio de 2024. Esta medida obligó al Ministerio Público a elaborar nuevamente parte de la investigación y a presentar una nueva acusación, tras lo cual un juez deberá decidir si abre un juicio oral. Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori están la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, pero el partido fujimorista sostiene que los fondos fueron recogidos en una serie de cocteles en los que participaron simpatizantes.

BBC News Las autoridades colombianas informaron este martes que encontraron los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en una fosa común en el departamento del Guaviare, en el sureste del país. Las ocho personas estaban desaparecidas desde hace tres meses, cuando un grupo armado ilegal las convocó para asistir a unas reuniones y no regresaron. Sus familias y las autoridades locales habían pedido insistentemente su liberación y la ayuda del gobierno. De acuerdo con la Fiscalía, el frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC citó a estas personas para interrogarlas sobre la supuesta creación de otro grupo armado en la región.  Posteriormente, fueron asesinadas y enterradas en zona rural del municipio de Calamar. «Los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula de (la guerrilla de) el ELN en la región», se lee en el comunicado de la Fiscalía. Mordisco es el máximo jefe de la estructura criminal conocida como Estado Mayor Central. El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo frente al asesinato de los líderes y agregó que «todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales». Desde hace semanas, el departamento de Guaviare vive asediado por el enfrentamiento armado de dos facciones de las disidencias de las FARC: la dirigida por Iván Mordisco y la dirigida por alias Calarcá. 1. Las víctimas Las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados en la fosa común corresponden a los de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón, los seis hombres y las dos mujeres que desaparecieron en abril. Siete de las ocho personas, según Christian Solidarity Worldwide (CSW), una organización de derechos humanos internacional especializada en libertad religiosa, eran líderes y miembros activos de dos comunidades evangélicas: la Iglesia Cristiana Alianza de Colombia y la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Héctor Pardo, presidente de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, le dijo a BBC Mundo que las víctimas no eran pastores, pero sí miembros muy destacados de la iglesia: Nixon era el tesorero, Maryuri era maestra, y James era líder predicador, por nombrar a algunos. BBC Mundo se comunicó con las dos iglesias, pero no recibió respuesta inmediatamente. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares), que investiga el conflicto armado en Colombia, informó que las víctimas habían llegado a vivir a Guaviare desde el departamento de Arauca después de la pandemia. «La razón por la que (los miembros de las disidencias) habían citado a estos miembros de una comunidad religiosa era saber si en la zona se estaba creando una nueva célula del ELN», señala Pares. El ELN es una vieja guerrilla con presencia en varias regiones del país. En declaraciones ante los medios locales, el alcalde de Calamar, el municipio donde fue encontrada la fosa común, se refirió al efecto que tiene el asesinato de líderes sociales y religiosos en el resto de la comunidad. «Hoy nadie quiere ser presidente de junta en Calamar, Guaviare», dijo. «Ya nadie quiere ni siquiera asistir a un culto, o los cultos los tienen que hacer de forma clandestina por temor». Con eso coincide Pardo, quien es un importante líder evangélico en Colombia. «La gente queda con temor, y a veces dejan de ir a la iglesia por temor de que los van a matar». En 2024, fueron asesinados 173 líderes sociales en Colombia, según cifras de la organización Indepaz. Es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales, según un informe de Front Line Defenders.