2026

RT Desde que los juicios se reanudaron en 2006, han sido investigadas 3.875 personas, de las cuales 1.252 ya fallecieron; 500 fueron imputadas; 316, procesadas; 247, absueltas; y 102, sobreseídas. A 176 se les dictó falta de mérito y 74 más enfrentaron indagatorias. Entre los acusados que siguen bajo investigación, 1.540 enfrentan el proceso judicial en libertad, en tanto que otros 515 están detenidos. A ellos se les suman 33 prófugos y 1.762 que fallecieron antes de que terminaran los juicios en su contra. Por otra parte, los presos se dividen entre los 434 que cumplen arresto domiciliario; 62 que están en la cárcel militar Campo de Mayo; y 18 que siguen en prisiones comunes adscritas al servicio penitenciario. El rango etario predominante va de 76 a 80 años. Luchar por la justicia La historia de los juicios de lesa humanidad en Argentina ha sido larga y compleja. En 1985, dos años después de terminada la dictadura, se realizó el llamado «Juicio a las Juntas», que permitió que Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, quienes encabezaron los últimos gobiernos militares, fueran condenados a penas de entre cuatro años y seis meses y cadena perpetua. Al año siguiente, sin embargo, miles de represores fueron beneficiados por la Ley de Obediencia Debida, que consideró que los subordinados a los dictadores solo habían cumplido órdenes y, por lo tanto, no serían juzgados; y la Ley de Punto Final, que establecía una caducidad para sus crímenes. Fueron conocidas como las «leyes de impunidad». El único delito que quedó vigente fue el robo y apropiación de bebés nacidos en los centros clandestinos de detención, ya que cientos de mujeres fueron secuestradas y torturadas a pesar de que estaban embarazadas. Después de parir, en su mayoría eran asesinadas y sus hijos, entregados en adopciones ilegales. En 1989, el presidente Carlos Menem benefició con indultos a los pocos represores que habían sido condenados. En un afán de equiparar los crímenes cometidos por el Estado y por «los subversivos», el presidente también indultó al exjefe de Montoneros, la principal guerrilla que había sido combatida por la dictadura, y a varios de sus miembros. El clima de impunidad se expandió, pero los organismos de derechos humanos jamás dejaron de luchar y de exigir justicia. El panorama cambió por completo en 2003, a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. Ese año, el Congreso anuló las «leyes de impunidad» y en 2005, la Corte Suprema tomó la misma decisión. Así, a partir de 2006 pudieron reactivarse cientos de juicios de lesa humanidad que hoy continúan. Escenas repetidas En los juicios, las escenas se repiten: familiares y amigos de las víctimas se sientan en el área destinada para el público; los jueces, en un estrado central y siempre más alto; los fiscales, la querella y los abogados defensores se distribuyen en la sala. Los acusados, en los asientos que les asignan. Y muy cerca de ellos pasan los testigos, muchos de ellos sobrevivientes de torturas que reviven su historia de secuestros, torturas y violaciones ocurridas en las más de 800 cárceles clandestinas que operaron los represores. Para ningún testigo es fácil. Se sienten protagonistas de una especie de representación teatral dramática que, al salir, ellos mismos califican como pesadillesca, irreal, tortuosa, agobiante o inverosímil. El esfuerzo de memoria es agotador porque tienen que recordar hechos, direcciones, fechas, horarios, nombres, colores, descripciones físicas o de lugares, situaciones que vivieron hace décadas y que recién ahora la Justicia está castigando. Las sentencias de estos juicios, que reavivan recuerdos dolorosos, son emotivas. Cada vez que un tribunal declara culpable a un represor, los testigos y sobrevivientes parten de los tribunales con una reparadora sensación de justicia, entre gritos de apoyo y aplausos de militantes de organizaciones de derechos humanos que, después de cinco décadas, siguen firmes, en pie de lucha.

Rusia Today Estados Unidos e Israel han atacado infraestructuras energéticas en las ciudades iraníes de Isfahán y Jorramchar, según informan medios estatales de Irán. Así, se reportan daños al edificio de la administración de gas y la estación reductora de gas, así como a viviendas circundantes, en Isfahán, urbe en la parte central de la República Islámica. Asimismo, se informa de un ataque a la tubería de gas de la central eléctrica de Jorramchar, en el oeste del país. Los ataques tienen lugar luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le diera a Teherán el pasado sábado un plazo de 48 horas para desbloquear el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de destruir las instalaciones energéticas iraníes.

DW Actualidad El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las Fuerzas Armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos, pero insistió en que su país «no tiene disputa» alguna con Washington. Las declaraciones las emitió en una entrevista con el programa «Meet the Press,” de la cadena NBC News. «Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar», expresó el político. «Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos», agregó. El viceministro de Exteriores recalcó que Cuba no ve «ninguna justificación» para que tenga lugar una acción militar, porque el país es «pacífico» y no representa «ninguna amenaza» para Estados Unidos. Fernández reiteró además que Cuba «no tiene ningún conflicto» con EE.UU: «Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar». Nuevo apagón La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban este domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos. En la entrevista, grabada antes del apagón, Fernández aseguró que están trabajando «de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación”, en referencia a los constantes apagones. «Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre». La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una «desconexión total» del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes. Las tensiones entre EE.UU. y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense. «Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado», declaró Rubio en ese momento.

BBC News La escena se ha vuelto algo común en varios de los más grandes aeropuertos de Estados Unidos en las últimas semanas: filas extremadamente largas de pasajeros que intentan cruzar los controles de seguridad para llegar a las puertas de sus vuelos. En los momentos más complicados, algunos pasajeros han reportado haber estado hasta cuatro horas en las zonas de revisión a cargo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), en los aeropuertos de Atlanta, Houston, Nueva York, Denver, Nueva Orleans y la zona del sur de Florida. La situación se ha agudizado desde que la TSA ha visto una reducción significativa del personal disponible debido a la falta de fondos federales para pagar sueldos, producto de la falta de un acuerdo en el Congreso para el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que maneja la TSA. Los legisladores demócratas bloquearon en febrero el presupuesto para el DHS en rechazo a las redadas antiinmigrantes que impulsó el gobierno de Donald Trump en los meses anteriores. Muchos empleados de seguridad de aeropuertos de la TSA han optado por no presentarse a trabajar por la falta de sueldo desde entonces. Ante el agravamiento de la situación, el presidente Trump aseguró este domingo que enviará a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para «ayudar» con la seguridad de las terminales, algo que no está entre sus funciones ni entrenamiento. Pero el sindicato que representa a los agentes de la TSA criticó la medida, afirmando que su personal «merece que se le pague, no que se le sustituya por agentes armados y sin formación». Todo mientras unos 170 millones de pasajeros buscan viajar durante las vacaciones de primavera, o springbreak.

Página 12 El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este domingo, tras los ataques iraníes en Arad y Dimona, que su país atacará “personalmente” a todos los dirigentes de Irán. “Vamos a ir a por el régimen. Vamos a ir a por la Guardia Revolucionaria Islámica, esa banda de criminales” dijo desde Arad, una de las ciudades en el sur de Israel que este sábado sufrió un ataque con misiles iraníes. “Vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos”, insistió Netanyahu en diálogo con la prensa, entre los escombros del lugar donde cayó un misil. Este sábado, los misiles iraníes también alcanzaron a la ciudad de Dimona, situada en el desierto del Néguev, donde se cree que se encuentra el arsenal nuclear no declarado de Israel. En su visita a Dimona, que sufrió daños considerables por el impacto directo de un misil, Netanyahu instó a los residentes a seguir las instrucciones del ejército y a refugiarse siempre que las sirenas adviertan de la llegada de misiles. “Toda la nación es una línea de frente, toda la retaguardia es una línea de frente. Y cuando estamos en la línea de frente, cumplimos esas órdenes”, concluyó.

Telesur Un 56.4% de los hogares de Argentina se ha endeudado en los últimos seis meses para subsistir, utilizando créditos para alimentos, servicios, alquileres y tarjetas, según un informe de la consultora Zentrix. El estudio «Monitor de Opinión Pública» (MOP) revela que casi nueve de cada 10 hogares que tomaron deuda para gastos cotidianos ya enfrentan dificultades para pagarla. La consultora Zentrix destaca que el endeudamiento no está asociado a decisiones de inversión, sino a la cobertura de gastos básicos, en un contexto en el que un 83.9% de la población percibe que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad no llega al día 20 de cada mes. Los préstamos se concentran en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas, transformando la deuda de una herramienta financiera a un mecanismo de subsistencia. El informe describe un proceso de ajuste en cuatro etapas: caída del poder adquisitivo, dificultad para sostener el consumo mensual, recurso al endeudamiento para cubrir la brecha y creciente incapacidad para cumplir con las obligaciones. Además, resalta la desconfianza en las estadísticas oficiales, con un 65.8% de la población considerando que los datos de inflación del Indec (oficiales) no reflejan la realidad de sus gastos diarios. Esta brecha entre el número oficial y la economía vivida en los hogares erosiona la credibilidad de los datos, no solo por lo que miden, sino por lo que dejan de corregir en la práctica cotidiana. Las sospechas de injerencia política en las estadísticas públicas y la percepción de que las canastas o ponderaciones no representan con precisión el consumo real de los hogares, han generado un debate que incluso llevó a la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec a inicios de febrero, por desacuerdos sobre la metodología para medir la inflación.