2026

Página 12 La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad. De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que 111 bienes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez vuelvan al Estado. CFK fue condenada a doce años de prisión en diciembre de 2022 y cumple la condena en su domicilio de San José 1111 desde junio de 2025. En abril de este año, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”. En ese momento, los magistrados de la Sala IV de Casación Federal rechazaron el planteo de la expresidenta para suspender la ejecución de su patrimonio. Los magistrados buscan ejecutar 111 bienes de los condenados en la Causa Vialidad, por un total de 685 mil millones de pesos. Casación reafirmó así el alcance amplio del decomiso en el derecho argentino, al afirmar que el recupero de activos provenientes de delitos constituye no solo una facultad sino un deber del Estado. De ese modo validó el criterio del TOF-2 al dictar la sentencia –integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso–, que había diferenciado tres categorías: bienes de personas condenadas que se beneficiaron del delito, bienes afectados con finalidad reparatoria y –más controvertido– bienes en poder de terceros no condenados. Las objeciones interpuestas por las defensas Las defensas cuestionaron lo que interpretan como una indebida extensión de la responsabilidad penal a terceros ajenos al proceso, incluyendo bienes adquiridos antes de los hechos investigados o bien pertenecientes a personas no condenadas. Objetaron también que se incluyeran activos de origen lícito o desvinculados del delito, lo que transformaría al decomiso en una medida confiscatoria. Los jueces Hornos y Barroetaveña, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, rechazaron esos planteos y convalidaron el criterio del TOF 2, reforzando la idea de que el decomiso no debe limitarse a los bienes directamente vinculados al hecho delictivo, sino que puede alcanzar otros activos cuando exista una relación razonable con el provecho ilícito. El decomiso había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. De los 111 bienes, 80 son de Lázaro Báez, uno se halla a título personal de Cristina Kirchner y los restantes 19 están escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner. En el caso de la expresidenta, la medida alcanza el hotel Los Sauces Casa Patagónica, vecino de la residencia de los Kirchner en El Calafate; y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez. Los 19 inmuebles de sus hijos fueron comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

Telesur Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderado por Nydia Velázquez y Gregory Meeks, presentó una Resolución sobre los Poderes de Guerra que busca detener y prohibir cualquier acción militar de la Administración del presidente Donald Trump contra Cuba que no cuente con la autorización explícita del Congreso estadounidense. La medida exige la retirada de las Fuerzas Armadas de cualquier hostilidad dirigida hacia la isla, a menos que sea una declaración de guerra formal. La presentación de este recurso en la Cámara Baja ocurre apenas una semana después de que los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego introdujeran una propuesta similar en el Senado. ”La beligerante política exterior de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo. Mientras nuestro país ya se encuentra inmerso en una nueva guerra con Irán, el Presidente ha puesto ahora su mira en un cambio de régimen en Cuba. El Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional si el Presidente persiste en este camino ilegal”, puntualizó la congresista Velázquez. Agregó que ”esta Administración se precipita hacia otra guerra desastrosa, poniendo en riesgo incontables vidas, tanto estadounidenses como extranjeras”. Los promotores de la resolución, que incluye el copatrocinio de los representantes Jim McGovern (Massachussets) y Joaquin Castro (Texas), afirmaron que la retórica belicista de Estados Unidos hacia Cuba intenta desviar la atención pública de problemas políticos y económicos internos. ”La Administración Trump y los republicanos en el Congreso están empeñados en iniciar otra guerra, esta vez con Cuba, para desviar la atención del fracaso del presidente en Irán, de la debilidad económica y de la deportación masiva de 500.000 cubanos que se encuentran legalmente en los Estados Unidos”, resaltó Meeks. El congresista enfatizó que si Trump y el secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio, hablan en serio sobre establecer una nueva relación con el pueblo cubano, ”deberían revertir 65 años de políticas fallidas de Estados Unidos hacia Cuba, poner fin al bloqueo petrolero, y a la crisis humanitaria que este ha provocado, y trabajar junto al Congreso para modificar las sanciones estadounidenses, draconianas y obsoletas, que perjudican desproporcionadamente al pueblo cubano”. Esta resolución se da en medio de una política de máxima presión contra el pueblo y Gobierno de Cuba. En su más reciente agresión, el Gobierno de EE.UU. imputó al expresidente y líder de la revolución cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, maniobra política que de acuerdo con la postura de la nación antillana busca utilizarse como un pretexto para justificar una agresión armada contra la mayor de las Antillas, lo que —advirtió días atrás el canciller Bruno Rodríguez— provocaría un baño de sangre.

Telesur El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó de manera oficial el despliegue estratégico de más de 12.000 efectivos de la Policía Nacional para resguardar el orden público durante la jornada electoral en Colombia, el próximo domingo. Las autoridades de la capital instaron a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto sin temores. Para robustecer la presencia institucional en las áreas periféricas, la Alcaldía Mayor incorporó a 794 nuevos uniformados encargados de la prevención del delito en los cuadrantes urbanos. Las fuerzas disponibles concentrarán sus operaciones de vigilancia en las localidades de Kennedy, Suba, San Cristóbal, Bosa y Rafael Uribe tras ser priorizadas por sus necesidades críticas de convivencia. Organizaciones políticas y analistas de izquierda alertaron sobre serias vulneraciones a las normativas electorales vigentes que amenazan la transparencia del proceso democrático. Los sectores denunciantes cuestionaron la inacción del Consejo Nacional Electoral frente a la difusión de sondeos irregulares por parte de la firma internacional Atlas Intel, con sede operativa en Brasil. Las denuncias indican que se han articulado redes digitales con la finalidad de alterar los algoritmos informáticos y favorecer de forma artificial la intención de voto hacia el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Los portavoces populares exigieron una fiscalización inmediata por presuntos gastos excesivos de propaganda que superarían los topes financieros permitidos por el Estado. El exmagistrado del organismo electoral Luis Guillermo Pérez denunció un grave sabotaje en el registro de los testigos de votación designados por las fuerzas progresistas. Las listas oficiales revelaron que cientos de ciudadanos inscritos por la coalición del Pacto Histórico fueron trasladados de manera ilegal hacia los padrones de control del partido uribista Centro Democrático. La alteración en las bases de datos institucionales impedirá que los delegados del movimiento de izquierda supervisen el escrutinio de las mesas el día del sufragio. Ante esta situación de indefensión técnica, los comités de base exigieron una auditoría urgente de los sistemas de identificación antes de que expire el plazo legal para el registro definitivo de los inspectores. Las tensiones institucionales aumentan en los consulados colombianos en el extranjero debido a las campañas de propaganda que continúan ejecutando los sectores conservadores en los centros de votación. Las comisiones del Congreso instaron a la Registraduría a emitir dictámenes claros que devuelvan la confianza a la ciudadanía sobre la transparencia de los resultados del preconteo.

Prensa Latina Santiago de Chile, 28 mayo (Prensa Latina).- Los cancilleres y titulares de seguridad de cinco países latinoamericanos firmaron hoy en Santiago de Chile un compromiso de cinco puntos, destinado a enfrentar la amenaza creciente del crimen organizado transnacional. La reunión fue convocada por el titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y contó con la participación de sus homólogos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Al término de la cita, el anfitrión destacó la voluntad de enfrentar unidos la amenaza y combatir la delincuencia que afecta la gobernanza, la seguridad de las personas y la estabilidad institucional de la región. El presidente José Antonio Kast, quien participó en el encuentro, afirmó que resulta indispensable avanzar hacia una mayor cooperación política para enfrentar al crimen organizado, sobre todo por el carácter transfronterizo de este flagelo. Con este propósito, se rubricó el denominado «compromiso regional de Santiago», basado en cinco metas prioritarias, que incluyen el intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías. Además, la coordinación fronteriza para el control del paso de personas y mercancías; así como la trazabilidad de flujos financieros ilícitos para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado. Finalmente, prevén incrementar la cooperación entre organismos técnicos nacionales como policías, aduanas, migraciones y unidades de análisis financiero, y fortalecer los mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes. Pérez Mackena informó que en 180 días los cinco países se volverán a reunir en Argentina para revisar los avances y dificultades en este acuerdo.

Rusia Today Las fuerzas iraníes lanzaron este jueves una andanada de misiles desde el sur del país contra «objetivos específicos», informó la agencia Fars. El medio de comunicación señala que los proyectiles fueron lanzados desde el sur de la República Islámica. Indican que por el momento se desconoce el destino del ataque, pero algunas fuentes reportan la posibilidad de un enfrentamiento en las aguas del golfo Pérsico. Previamente, se informó que Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) abrió fuego contra cuatro barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz, uno de los cuales pertenecía al Ejército estadounidense. Tregua frágil Aunque los casi 40 días de intensas hostilidades cesaron el 7 de abril con una tregua entre Estados Unidos e Irán, las tensiones se mantienen entre ambas partes, debido al fracaso de las negociaciones de paz, el cruce de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo. En la jornada anterior, Irán realizó ataque de represalia contra posiciones de EE.UU. en la región tras una ofensiva de Washington contra una instalación militar iraní en el área de Bandar Abbas Al mismo tiempo, Axios informó que los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero Trump aún no ha dado su aprobación final. Desde Teherán, sin embargo, no se ha confirmado esta información.