2025

Telesur La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Zajárova, afirmó que el Premio Nobel de la Paz y otras distinciones similares, se han transformado en «herramientas políticas«. Sostuvo que, en lugar de basarse y reconocer «el desempeño pasado, lo cual es comprensible y lógico», premian «ciertas perspectivas futuras«. De acuerdo con la vocera, el criterio de adjudicación se ha desviado de la labor real de una persona u organización a favor de la paz. «Lo que vemos se ha convertido desde hace mucho tiempo en una especie de fragua política, donde presentan a un ‘caballo negro’ y se le adaptan las herraduras«, manifestó Zajárova. Las críticas de la portavoz se suman a la opinión expresada recientemente por el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario opinó el pasado viernes, 10 de octubre, sobre el Premio Nobel de la Paz 2025, asegurando que el prestigio del galardón se ha perdido, y destacó que «ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz«. Las declaraciones de las autoridades rusas llegan en un momento de controversia tras el anuncio de que el Comité Noruego otorgó a la opositora de la ultraderecha venezolana, María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz 2025 por su supuesto «incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos». Diversas investigaciones y denuncias revelan una paradoja en esta distinción, dado que el historial político de Machado está marcado por la promoción de la violencia y planes conspirativos que han comprometido la soberanía de Venezuela. La principal crítica a la política de María Corina Machado se centra en su rol activo en la promoción y defensa de sanciones internacionales contra Venezuela. Se le atribuye la labor de haber abogado consistentemente ante Gobiernos extranjeros por la imposición de estas medidas, las cuales han afectado directamente al pueblo venezolano.

Telesur La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció una represión sistemática por parte del Gobierno de Daniel Noboa en la provincia de Imbabura, luego del ingreso de un presunto “convoy humanitario” que, según las comunidades, actuó como una avanzada militar encubierta, al tiempo que denunció el asesinato de un tercer manifestante, José Guamán, quien recibió un disparo en el pecho, y más de 30 heridos durante las protestas en la localidad de Otavalo. “La vida de los pueblos está siendo vulnerada bajo el disfraz de ayuda humanitaria. Los territorios indígenas han sido militarizados y nuestros hermanos están siendo perseguidos y heridos”, declaró el dirigente Hatari Sarango, quien confirmó la muerte de Rosa Paqui Seraquive, adulta mayor del pueblo Kichwa Saraguro, presuntamente por asfixia debido al uso indiscriminado de gas lacrimógeno. Otra víctima fue José Guamán, comunero de Chachibiro, provincia de Imbabura, baleado directamente al pecho durante la incursión del “convoy humanitario”. Fue reportado vivo tras ser llevado al hospital, pero falleció debido a sus lesiones. Se suman a Efraín Fuerez, asesinado días atrás. En una resolución emitida el 14 de octubre, la CONAIE resolvió exigir justicia y rendición de cuentas ante organismos internacionales, y anunció la creación de un convoy humanitario propio desde los pueblos, con el objetivo de asistir a heridos y desplazados en las comunidades afectadas por la violencia estatal. La organización también convocó una misión médica urgente para atender a las víctimas de la represión y reafirmó su rechazo al modelo económico gubernamental y a la consulta popular impulsada por Noboa, a la que califican como un mecanismo de distracción frente a la crisis social. En Imbabura, organizaciones de derechos humanos reportan más de 30 heridos y múltiples detenciones irregulares, tras el operativo denominado “convoy humanitario”, rebautizado por las comunidades como el “Convoy de la Muerte”, en referencia al ingreso masivo de fuerzas policiales y militares, algunas de ellas vestidas de civil y con el rostro cubierto. Videos difundidos por medios alternativos y observadores internacionales muestran disparos, gases lacrimógenos y allanamientos arbitrarios en barrios y comunidades rurales. Ante la gravedad de los hechos, el Consejo Provincial de Imbabura, integrado por autoridades locales, emitió un comunicado conjunto en el que hacen un llamado urgente al cese de la violencia y a la apertura de un diálogo franco y responsable. Las autoridades insistieron en que “la paz solo se construye respetando la vida y los derechos humanos”, subrayando que rectificar no es debilidad, sino sabiduría política. Sin embargo, la tensión en el norte del país continúa. Pese a la represión, la CONAIE anunció que mantendrá las protestas hasta lograr un diálogo nacional con garantías de no criminalización y la liberación inmediata de los detenidos. “Seguiremos en pie. Si el Estado manda soldados, nosotros mandaremos médicos. Si ellos vienen con gases, nosotros iremos con alimentos y solidaridad”, declaró la organización en su cuenta oficial, al anunciar el despliegue del Convoy Humanitario de los Pueblos, que partirá desde Cotopaxi y Chimborazo hacia Imbabura en los próximos días.

Prensa Latina Lima, 15 octubre (Prensa Latina).- Una jornada de protesta convocada por diversas organizaciones sociales comenzó en las ciudades andinas de Huancavelica y Abancay, en un contexto de intensa campaña mediática adversa. A media mañana, en las citadas ciudades organizaciones sociales marcharon flanqueados por la Policía Nacional y llevaron consigo carteles con lemas contra el nuevo presidente encargado, José Jerí, sin que se hayan reportado incidentes violentos. Los marchistas andinos, de mayor combatividad y capacidad de movilización en Perú, reclamaron la renuncia del presidente José Jerí y la disolución del Parlamento de mayoría conservadora que el 10 de octubre último lo designó, tras destituir a la hasta entonces presidenta Dina Boluarte. En Abancay, capital de la región de Apurímac, los manifestantes quemaron carteles con las imágenes del nuevo mandatario y la exgobernante. La protesta fue convocada inicialmente por la llamada Generación Z, integrada por jóvenes estudiantes a los que se han sumado organizaciones esyudiantiles universitarias, pero se han sumado también otras, como la Confederación General de Trabajadores de Perú. La jornada, precedida por informaciones periodísticas sobre organizaciones de transportistas que pusieron en jaque al gobierno de Boluarte con dos recientes paralizaciones en Lima, desistieron de interrumpir el servicio hoy. La ofensiva mediática incluye comentarios de prensa contra la protesta y mensajes por Internet que intentan desacreditar al movimiento y llaman a los jóvenes a no sumarse, calificando la movilización como subversva y hata terrorista. El flamante primer ministro, Ernesto Álvarez, divulgó mensajes de ese corte tras la designación de Jerí, en uno de los cuales auguró “una violenta marcha subversiva, por una constitución socialista que sepulte la economía de los peruanos”.

Rusia Today El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este miércoles que autorizó a la CIA operar en Venezuela. De acuerdo con el mandatario, la autorización la dio por «dos razones». En primer lugar, porque considera que Venezuela ha «vaciado sus prisiones» hacia EE.UU.». A su juicio, no obstante, los criminales llegaron a su nación porque tenían «una política de frontera abierta». «Muchos, muchos países lo hicieron, pero no como Venezuela», enfatizó el inquilino de la Casa Blanca en conferencia de prensa. Y la segunda razón, agregó: «Tenemos muchas drogas viniendo de Venezuela. Y muchas de las drogas venezolanas vienen a través del mar». Antes de que Trump lo confirmara, The New York Times, citando funcionarios estadounidenses, filtró que el presidente había aprobado secretamente a la CIA a realizar actuar de encubierto en Venezuela, en medio de la retórica dura de Washington contra el presidente de esa nación, Nicolás Maduro. Consultado sobre si la CIA «tiene autoridad para sacar» al líder chavista del poder, el mandatario estadounidense se limitó a responder: «No quiero contestar esa pregunta, es una pregunta ridícula. Sería ridículo que respondiera esa pregunta. Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión, pero pienso que muchos países también están sintiendo la presión». Ataques terrestres Durante su alocución desde la Casa Blanca, Trump, además, ha revelado si considera ordenar ataques terrestres contra Venezuela. «No quiero decirlo exactamente, pero definitivamente tenemos en la mira la parte terrestre ahora mismo«, dijo el mandatario durante la rueda de prensa. «Lo hemos detenido por mar, ahora lo detendremos por tierra», manifestó respecto al narcotráfico. Para justificar su posible medida, mencionó que las fuerzas estadounidenses tienen «un par de días sin encontrar un solo barco». Esto, a pesar de que el martes él mismo informó de un «ataque cinético» contra una presunta ‘narcolancha’, que dejó seis personas fallecidas. Desde septiembre pasado, efectivos militares de EE.UU. han atacado barcos pequeños en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el alegato de que se trataba de ‘narcolanchas’ cuyo destino era el país norteamericano.  Según sus propios datos, con la última operación, ascenderían a 27 las personas ultimadas en alta mar. Caracas denuncia «agresión» En agosto pasado, EE.UU. desplegó un amplio contingente en aguas del Caribe, cercanas al territorio venezolano; y actualmente realiza acciones militares y bombardeos en la zona con el argumento —sin sustento ni pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico. Caracas ha calificado esas acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. El presidente Maduro sostiene que Venezuela es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un Gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

Página 12 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque del Ejército estadounidense contra una supuesta embarcación dedicada al narcotráfico en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Según informó el magnate republicano, el operativo dejó un saldo de seis supuestos «narcoterroristas» muertos. El gobierno venezolano consideró infundadas las acusaciones e implementó un plan de defensa ante lo que considera una amenaza externa. “Esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su red, Truth Social. El ataque fue autorizado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras informes de inteligencia que señalaban que “la embarcación estaba vinculada a redes narcoterroristas” y transitaba por una “ruta conocida de tráfico de drogas”, según detalló el mandatario. Trump acompañó su anuncio con un video en blanco y negro que muestra una pequeña lancha siendo impactada y destruida por un proyectil, aunque no presentó pruebas que sustenten sus afirmaciones. Desde agosto, bajo el argumento de «combatir el narcotráfico» en la región, Estados Unidos desplegó en el Caribe buques militares, aviones y un submarino en el mar Caribe. Este es el quinto ataque de este tipo reportado por Washington desde septiembre, y eleva a 27 el número total de muertos en estas operaciones. El gobierno estadounidense acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red criminal conocida como «Cartel de los Soles». Por su parte, Caracas niega categóricamente estas acusaciones y denuncia que las acciones militares de Washington buscan desestabilizar al país y provocar un cambio de régimen. Un plan de defensa En respuesta a los ataques y al despliegue militar estadounidense, el gobierno venezolano activó un plan de defensa denominado «Independencia 200», que incluye la creación de Zonas de Defensa Integral (ZODI) en varios estados costeros e insulares, entre ellos Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.  El sábado, las autoridades pusieron en marcha este plan en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Estas medidas forman parte de un esquema de preparación militar y civil para enfrentar lo que Caracas califica como una «amenaza externa» de carácter bélico. El propio presidente Maduro ordenó ejercicios militares permanentes y convocó al alistamiento de civiles, instruidos en el manejo de armas de fuego, para defenderse de lo que llamó la «amenaza militar más letal y extravagante de la historia». El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, declaró que el Estado decidió poner las armas «en manos del pueblo» para proteger la soberanía nacional ante una posible incursión estadounidense. «Según nuestra Constitución, el monopolio de las armas lo tiene el Estado, el Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo, para su protección», indicó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

BBC News Faisal Jalifa fue condenado a 25 años de cárcel, cumplió diez y este lunes salió en libertad con el grupo de 250 prisioneros palestinos y unos 1.700 detenidos gazatíes liberados por Israel por el acuerdo de alto el fuego con Hamás. En el canje, los últimos 20 rehenes israelíes vivos en manos del grupo islamista también fueron puestos en libertad. Como otros liberados, Jalifa dijo haber sufrido todo tipo de torturas en la cárcel, que se incrementaron en los últimos días. «Nos esposaron y nos golpearon brutalmente. Nos dejaron bajo el sol durante 12 horas. De vez en cuando, los carceleros venían a humillarnos e insultar a nuestras madres. Nos impedían comer, beber e incluso ir al baño…», contó en Ramala este palestino, originario del campo de refugiados de Nur Shams, al Servicio Árabe de la BBC. «Querían robarnos la alegría de la libertad antes de que siquiera comenzara». Delgado y visiblemente demacrado, Jalifa fue arropado por el cariño de sus seres queridos que fueron a recibirlo a Ramala, adonde llegaron los autobuses de la Cruz Roja Internacional con los prisioneros procedentes de la cárcel de Ofer. Otras familias de presos liberados, sin embargo, no pudieron fundirse en tan anhelado abrazo. «Esperé a que el último preso bajara del autobús, pero no lo vi… Lo busqué entre la gente, y uno de los liberados me dijo que lo había visto, pero que no sabía adónde lo habían llevado», le dijo al Servicio Árabe de la BBC Ibtisam Omran, hermana del preso Mohamed Omran. «Pensé que llegaría aquí, eso me prometió en su última llamada desde dentro de la prisión, pero luego desapareció… No sé dónde lo llevaron», lamentó entre lágrimas la mujer. Solo 88 de los 250 prisioneros incluidos en el acuerdo fueron liberados en Cisjordania, donde los esperaban sus familias. Otros 154 fueron deportados y 8 más regresaron a la Franja, de donde son oriundos. Entre los 1.700 detenidos de Gaza hay médicos, periodistas, menores y ancianos. Fueron capturados en algún momento de los últimos dos años y no fueron sometidos a juicio. La libertad llegó con miedo y ansiedad para muchos de los presos liberados, que evitaron hablar en público, según el corresponsal del Servicio Árabe de la BBC en Ramala, Alaa Daraghme. Entre ellos estaba Sami al Fateela, que cumplió más de 20 años de su cadena perpetua en una cárcel israelí: «Las condiciones dentro de las cárceles eran muy duras, pero no puedo hablar de ellas… El Shin Bet (la agencia de inteligencia interior de Israel) amenazó con volver a arrestarnos si hablábamos» Con la liberación de los presos, muchos de ellos pálidos y demacrados, algunos con dificultades para caminar y teniendo que ser sostenidos o llevados en brazos por sus familiares, han surgido denuncias de malos tratos generalizados en las prisiones israelíes, con acusaciones de torturas, palizas y privaciones de alimentos. La BBC no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones. Sin embargo, el mes pasado, el Tribunal Supremo de Israel declaró que los presos palestinos no estaban recibiendo una alimentación adecuada. En anteriores ocasiones la BBC ha recogido el testimonio de palestinos que afirmaron ser torturados en centros de detención israelíes, con descargas eléctricas, quemaduras o abusos sexuales. La BBC se ha puesto en contacto con el Servicio Penitenciario de Israel (IPS) para recabar sus comentarios. El gobierno israelí ha rechazado anteriormente las acusaciones de malos tratos y torturas generalizados a los detenidos, e insiste en que está «plenamente comprometido con las normas jurídicas internacionales». Algunas de las denuncias de malos tratos señalan que estos se incrementaron en los últimos días antes de la liberación. «Sus derechos fueron violados de la manera más grave», denunció Aya Shreiteh, del Club de Prisioneros Palestinos, al corresponsal de la BBC en Jerusalén Tom Bennett. «La mayoría de los prisioneros durante el último año fueron sometidos a inanición deliberada y expuestos a enfermedades», afirmó. «Sus cuerpos están debilitados por el hambre». El de este lunes es el tercer canje de prisioneros palestinos por rehenes israelíes que se produce desde el inicio de la guerra hace dos años.