2025

RT La estadounidense Virginia Giuffre, una de las víctimas más destacadas de los abusos sexuales del financiero Jeffrey Epstein y quien años atrás acusó de violación al príncipe británico Andrés, sufrió abusos sexuales por parte de su padre y un amigo de la familia, según sus memorias póstumas, que se publicarán este martes, informa The Telegraph. «Sé de monstruos. De niña sufrí casi todo tipo de abusos: incesto, negligencia parental, castigos corporales severos, abusos sexuales, violación», escribió en el libro ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’ (Una chica de nadie: memorias de una superación del abuso y la lucha por la justicia). Giuffre, quien se quitó la vida el pasado mes de abril a los 41 años, relató que cuando era pequeña su padre, Sky Roberts, un día la hizo ponerse de pie en la bañera para poder «lavar» sus partes íntimas. «Esa noche, en mi habitación, papá me tocó de una manera que nadie antes lo había hecho», contó, detallando que le dijo que era su niña favorita y que esa era su forma de darle «amor extra». En ese orden, dijo que desarrolló una serie de infecciones del tracto urinario, desconcertando a las enfermeras y a un médico, quien le dijo a su madre que tenía el himen roto. «Oh, monta a caballo», habría respondido la progenitora a la sazón. «Cuando comencé a trabajar con un colaborador en este libro, nunca había dicho públicamente que mi padre abusó de mí y luego me entregó a otro hombre para que abusara de mí«, continuó Giuffre, que identifica a ese agresor como Forrest, quien la violó. Tras ello, dijo, su progenitor hizo lo mismo. No obstante, Roberts ha negado haber abusado de su hija y afirma que los hombres que se aprovechan de niños pequeños deberían ser «castrados». «Para aclarar esto: nunca abusé de mi hija y tampoco sabía que Forrest lo hiciera. Si lo hubiera sabido, me habría enfadado mucho y habría solucionado la situación. Le di a mi hija todo lo que quiso y nunca la toqué sexualmente», declaró.

Página 12 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que Israel lanzó «153 toneladas de bombas» sobre la Franja de Gaza en represalia por supuestos ataques de Hamas, que según el ejército israelí habrían violado el alto el fuego. La tregua fue restaurada después de los bombardeos del domingo, que dejaron al menos 45 palestinos muertos y más de 150 heridos de acuerdo con el ministerio de Salud gazatí. «Hamas sintió ayer nuestro poder», dijo Netanyahu ante la Knesset, el Parlamento israelí, en la apertura de una nueva sesión legislativa. Según el premier, los ataques se produjeron después de que dos soldados israelíes murieran en un enfrentamiento en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino. El ejército israelí aseguró haber atacado «decenas de objetivos» del movimiento en toda la Franja y eliminado a «altos mandos terroristas» en represalia por la muerte de los soldados, tras un día de «suspensión» de la tregua. Hamas negó cualquier implicación en los incidentes en Rafah, y acusó a Israel de haber incumplido el alto el fuego en más de 80 ocasiones desde su entrada en vigor diez días atrás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, principal impulsor del plan de paz, confirmó que el alto el fuego «sigue vigente», aunque advirtió a Hamas que sería «erradicado» si vuelve a atacar. «Les daremos una pequeña oportunidad para que se comporten, pero si no lo hacen, vamos a erradicarlos. Israel intervendría en dos minutos si se lo pidiera», declaró Trump desde la Casa Blanca y, aunque descartó una intervención directa de sus tropas, aseguró que «decenas de países» están dispuestos a integrar una fuerza internacional de estabilización en Gaza. Reuniones y mediaciones Netanyahu recibió este lunes en Jerusalén al enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, para analizar «las novedades en la región». Según la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, la reunión abordó la situación en Gaza y la implementación del alto el fuego. En los próximos días se espera la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, para «supervisar el cumplimiento del acuerdo» impulsado por el magnate. En paralelo, una delegación de Hamas se reunió en El Cairo con altos funcionarios de Egipto y Qatar, los principales mediadores del conflicto para discutir la situación en el terreno y los pasos siguientes del plan de paz, que prevé el desarme del grupo islamista, la amnistía o el exilio de sus combatientes y la creación de un comité de expertos encargado de la gestión civil de Gaza tras la guerra. Egipto, mediador central del acuerdo firmado en Sharm el Sheij, instó este lunes a las dos partes a respetar sus compromisos.  Se reactiva el ingreso de ayuda El gobierno israelí confirmó este lunes haber recibido a través de la Cruz Roja el cuerpo de un rehén entregado por Hamas, uno de los restos pendientes de entrega como parte del acuerdo, uno de los reclamos centrales de las autoridades israelíes. «El cuerpo fue recibido en Gaza por nuestras fuerzas y trasladado a Israel para su identificación», indicó la oficina del primer ministro. Con este suman 13 los cadáveres devueltos de los 28 que el grupo se comprometió a entregar, además de los 20 rehenes vivos liberados casi inmediatamente después del acuerdo. Hamas explicó que enfrenta «grandes dificultades» para recuperar los restos de los cautivos debido a la destrucción causada por los bombardeos y a la falta de maquinaria pesada para remover los escombros. Tras un día de bloqueo durante la ofensiva aérea, Israel reabrió el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sudeste de Gaza, para permitir el ingreso de ayuda humanitaria.  El COGAT, organismo militar israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, informó que la reapertura se produjo «en cumplimiento del acuerdo», aunque aclaró que el cruce de Rafah, que une Gaza y Egipto, «seguirá cerrado hasta nuevo aviso». El plan de paz de Trump estipulaba la apertura inmediata de todos los pasos para permitir la entrada de ayuda al devastado enclave. Según datos de Naciones Unidas, la ayuda que ingresa a la Franja por los pasos habilitados sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de los gazatíes, tras meses de bloqueo y destrucción de infraestructura básica. A su vez, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) denunció que cuatro personas murieron el domingo en un ataque israelí contra una de sus escuelas utilizadas como refugio en el campamento de Nuseirat. 

Página 12 Hace un mes el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de incluir a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu y otras personas mapuche que fueron criminalizadas junto a ellos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento. Esto trajo como consecuencia que les cerraran y cancelaran cuentas bancarias, billeteras virtuales, las Asignaciones Universales de sus hijos y hasta una pensión por discapacidad del hijo de una de ellas. Por eso, la Gremial de Abogados y Abogadas anunció que fue presentada ante la justicia federal una denuncia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que quedó radicada en el juzgado federal 12 que subroga el juez Ariel Lijo. El ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona fue señalado como partícipe necesario. «Esta tremenda persecución se inicia con la inclusión como organización terrorista de la llamada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) por la cual, se encuentra detenido en una unidad penal de máxima seguridad el lonko Facundo Jones Huala, acusado de hechos cuyos autores jamás fueron identificados y en algunos casos inexistentes», expresó La Gremial durante la conferencia de prensa realizada en la sede porteña de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma. Y aclaró que la actual prisión de Jones Huala «se originó sólo en sus palabras en una presentación de un libro de poesía». A criterio de los letrados que representan a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, donde el 25 de noviembre de 2017 fue fusilado por la espalda Rafael «Rafita» Nahuel, la inclusión de este grupo de personas en el listado de organizaciones terroristas es un capítulo más de «una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’». La conferencia de prensa –de la cual participaron los mapuche afectados junto a organizaciones como la APDH, ADUNS y el MEDH– fue convocada por La Gremial para «para poner en conocimiento de una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios y que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático». Y advirtió que la misma es «la antesala de una persecución que se dirigirá a cualquier organización, comunidad o colectivo que pueda ser un obstáculo para la política del saqueo».  En la denuncia que la abogada Laura Taffetani entregó en los tribunales federales de Retiro, reza que «la extralimitación por parte del Ministerio de Seguridad en sus competencias, sin dudas constituye un abuso de autoridad que queda claramente expuesto cuyos perjuicios son de una magnitud que todavía no se pueden dimensionar. Si bien estos actos, al tratarse de actos públicos, gozan de presunción de legitimidad, ello no exime al funcionario actuante de su responsabilidad penal por el abuso de autoridad ejercicio y el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, que deviene de la vulneración de derechos y normas en que ha incurrido para su dictado».  Y afirma que «la confección del Listado de causas Anexas y la consecuente incorporación de algunos miembros de Comunidades Mapuche en el listado de personas terroristas, solo tiene reminiscencias comparables a la última dictadura militar, donde se incluía a militantes políticos y estudiantes a quienes luego se secuestraba, torturaba y desaparecía». De hecho, en ese listado además de Jones Huala y María Nahuel, tía de Rafita, figura Matías Santana, testigo clave del caso Santiago Maldonado. «Estas personas no están en ningún listado internacional, es una medida ilegal tomada en forma arbitraria por los ministerios de Seguridad y de Justicia», dijo Taffetani.

Telesur La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador denunció, a casi un mes del paro nacional, la política criminal del Gobierno de Daniel Noboa y su despliegue militar en el país para reprimir las legítimas protestas. “Denunciamos al país y al mundo la política criminal del Gobierno de Noboa, que por todos los medios ha buscado la solución militar para un asunto que solo se puede resolver políticamente y con un verdadero diálogo social”, refirió la organización. Luego de tres asesinatos enmarcados en la represión de las fuerzas de seguridad contra el paro nacional, la UNE señaló que el presidente de Daniel Noboa nunca buscó el diálogo, mientras que el comunicado del Ministerio de Gobierno de este domingo 19 de octubre confirma su autoritarismo, violencia gubernamental, falta de voluntad e incapacidad. “Responsabilizamos al Gobierno dictador de Daniel Noboa de las consecuencias de su política de guerra frente al pueblo”, remarcaron, al tiempo que alertaron por el despliegue este lunes de un operativo masivo de militares y policías en las vías del norte del país. Por otra parte, refirieron que el Gobierno busca justificar la represión que incluso dejó al comunero Jaime S., del pueblo Kitu Kara, gravemente herido y con riesgo de perder un ojo, lo que se suma, como precisó además la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), al “patrón de represión sistemática” que el Gobierno de Daniel Noboa despliega durante el paro nacional. Asimismo, la UNE alertó que “el Gobierno va a continuar en la utilización de la violencia para sofocar la lucha de los pueblos y que ya fracasó por la resistencia activa de las comunidades, que cuentan con un importante respaldo de la población”. “Hoy más que nunca, desde UNE llamamos a fortalecer la unidad de todos los pueblos del Ecuador, movimiento indígena, trabajadores, estudiantes, mujeres y organizaciones sociales», manifestó el colectivo. La CONAIE también se pronuncia La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador refirió que el Gobierno de Daniel Noboa cierra toda posibilidad de diálogo. Aún así la organización reafirmó su voluntad política de diálogo verdadero y su disposición a un cese a la confrontación, “pero no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión”. “Frente al anuncio del Gobierno difundido la noche del 19 de octubre de 2025, en el que rompe cualquier tipo de diálogo con las organizaciones indígenas y sociales, la CONAIE rechaza esta decisión autoritaria y se pronuncia ante el país. El Gobierno de Daniel Noboa ha cerrado toda posibilidad de diálogo real, mientras cumple las exigencias del Fondo Monetario Internacional a costa del sufrimiento del pueblo y del aumento de la pobreza”, sentenciaron. De igual manera, puntualizaron que no existen condiciones para dialogar mientras continúe la represión. “Aumentan los heridos, los detenidos y las violaciones a los derechos humanos; se cierran medios comunitarios, se bloquean cuentas bancarias de organizaciones, se realizan allanamientos ilegales y se abren investigaciones arbitrarias”, fundamentaron. A esto, agregó la Confederación, “continúan detenidas ilegalmente decenas de personas, entre ellas los 12 de Otavalo, mientras el Gobierno impone una narrativa que falsamente nos tilda de «terroristas». «Estas acciones confirman una política de persecución contra quienes ejercemos nuestro legítimo derecho a la resistencia», argumentó la CONAIE, quien reafirmó que la salida a la crisis requiere un diálogo nacional, público y transparente, con agenda de demandas claras y con representación de toda la estructura organizativa del movimiento indígena, e incluyendo a distintas organizaciones sociales. Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos declaró que del 13 al 19 de octubre (días 22 al 28 del paro nacional), el monitoreo confirma la continuidad de un patrón sistemático de represión estatal: uso ilegítimo de la fuerza, militarización, censura y ausencia de control institucional. En lo que va de paro, la entidad precisó que, con corte al 18 de octubre, se han reportado 377 vulneraciones a los derechos humanos.

Prensa Latina Caracas, 20 octubre (Prensa Latina).- El ALBA-TCP expresó hoy su más firme condena a las recientes agresiones verbales y amenazas emitidas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía de Colombia y su presidente Gustavo Petro. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) declaró, en un comunicado, que el presidente de Estados Unidos lanzó “una serie de mentiras y patrañas dirigidas a vincular al presidente Petro y su gobierno con la producción ilícita de drogas”. Denunció que estas estuvieron acompañadas de amenazas de acciones militares y medidas coercitivas económicas unilaterales, que “constituyen una flagrante violación de la soberanía nacional de Colombia y un ataque directo a la dignidad de su pueblo y su legítimo liderazgo”. El bloque de integración latinoamericano y caribeño indicó que estas acciones se suman a la imposición de aranceles con fines coercitivos y a la intensificación de la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Todo ello como expresión de la “política imperialista y belicista anclada en la Doctrina Monroe que amenaza la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe”, enunció. La Alianza manifestó su “solidaridad inquebrantable con el pueblo y el gobierno de Colombia” y reafirmó el respeto a su soberanía, democracia y el derecho a decidir libremente su futuro. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar toda forma de injerencia, presión o amenaza del uso de la fuerza y a defender el Derecho Internacional y la paz en Nuestra América. Subrayó que frente a estas agresiones los pueblos de Nuestra América “reafirman su unidad, dignidad y compromiso” con la justicia social, la autodeterminación y la integración regional. Los países miembros del ALBA-TCP advirtieron que “no aceptarán imposiciones externas que busquen subyugar a los países”.