2025

DW El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes (21.10.2025) que no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest porque no quiere una «reunión desperdiciada», ante la evidente la falta de progresos en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania. «No quiero tener una reunión desperdiciada», declaró el mandatario republicano a periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre la cumbre. «No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa», agregó. El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para la cumbre que Trump había anunciado la semana pasada para realizarse en un par de semanas en la capital húngara. Trump ya invitó a Putin a una cumbre en Alaska en agosto, sin resultados tangibles. La idea de volverse a ver en Budapest surgió tras una larga conversación telefónica de más de dos horas entre ambos mandatarios el pasado jueves, que según Trump había arrojado «grandes progresos». Al día siguiente Trump recibió en la Casa Blanca al líder ucraniano, Volodimir Zelenski. Ambos acudieron a la cita con objetivos muy divergentes: Zelenski quería la luz verde de Trump para recibir los misiles de largo alcance Tomahawk, Trump quería arrancar nuevas concesiones del ucraniano para anunciar el tramo final de las negociaciones. El gobernante estadounidense aceptó ante periodistas en el Despacho Oval que el conflicto ucraniano no tiene visos de solución a corto plazo. «Muchas cosas están sucediendo en ese frente bélico. Les diremos en un par de días lo que vamos a hacer», indicó.

DW Actualidad El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó el martes (21.10.2025) al Ejército israelí los restos mortales de otros dos rehenes, por lo que ya son 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva la identidad de los dos nuevos cuerpos. «Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes muertos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) dentro de la Franja de Gaza«, informó el Ejército esta noche a través de un comunicado. El CICR recibió los dos cuerpos la noche de este martes del grupo islamista palestino Hamás y los entregó posteriormente a las fuerzas armadas israelíes, que son las encargadas de devolverlos al país hebreo. Ahora, los cuerpos serán trasladados a Israel, donde tendrán que ser identificados en el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv. Faltan al menos 13 restos por entregar a Israel Una vez se verifique que los restos se corresponden con alguno de los cuerpos retenidos en Gaza, Hamás habrá entregado hasta el momento 15 de los 28 cadáveres de cautivos; preservados tras más de dos años de ofensiva bélica y una destrucción generalizada del enclave palestino. Antes de estos dos cuerpos, Hamás ya había entregado a Israel 14 cadáveres. Pero uno de ellos fue identificado en Israel no como un cautivo, sino como un residente gazatí de quien Hamás sospechaba que colaboraba con el Ejército israelí. El Ejército avanzó que al finalizar el proceso de identificación «se dará una notificación oficial a sus familiares», por lo que solicitó a la población «respetar la privacidad de las familias y abstenerse de difundir rumores e información que no sea oficial y fundamentada». Israel entregó cadáveres de 165 palestinos Este martes, desde el sur de Israel, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que la entrega de todos los cuerpos «no sucederá de la noche a la mañana», e incluso avisó de que «nadie sabe siquiera donde están» algunos de ellos, algo que ya habían advertido desde el CICR. Las autoridades israelíes, por su parte, han devuelto a Gaza los cadáveres de 165 palestinos, sin identificar, desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre; muchos de ellos con signos de tortura o mutilados, según denunciaron Hamás y fuentes médicas. La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, movimiento considerado terrorista por la Unión Europea y otros países que ese día secuestró a decenas de personas para negociarlas como rehenes. Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

Telesur La Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza informó que, desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre, únicamente 986 camiones de ayuda humanitaria han ingresado a la Franja de Gaza, representando apenas el 15 por ciento de los 6,600 camiones que debían llegar antes del 20 de octubre, según el acuerdo establecido. Este flujo insuficiente de suministros ha profundizado la crisis humanitaria en el enclave, donde cerca de dos millones de personas enfrentan necesidades críticas. El comunicado oficial detalló que, de los camiones recibidos, solo 14 transportaban gas para cocinar y 28 llevaban combustible solar, esenciales para operar panaderías, hospitales y generadores. Las autoridades destacaron que estas cantidades son “críticamente insuficientes” tras meses de bloqueo israelí y la “destrucción sistemática” causada por la campaña genocida del ente sionista. “Estas cantidades limitadas no cubren las necesidades humanitarias y vitales mínimas”, advirtió la oficina, subrayando la urgencia de un flujo constante de 600 camiones diarios con alimentos, suministros médicos, combustible y gas. Desde el inicio de la tregua, el promedio de camiones que ingresan diariamente es de apenas 89, lejos de lo acordado. La Oficina de Medios del Gobierno acusó a Israel de mantener una “política de estrangulamiento, hambruna y chantaje humano”, que obstaculiza la distribución de ayuda y agrava las condiciones de vida en Gaza. A pesar de esto, las autoridades locales afirmaron estar dispuestas a coordinarse con organizaciones internacionales humanitarias para facilitar la entrega y distribución de asistencia en todas las gobernaciones. Por su parte, el movimiento Hamás condenó la decisión de Israel de no abrir el cruce de Rafah “para el viaje de personas enfermas y heridas, y al impedir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza”, afirmando que esto viola el acuerdo de alto el fuego. El Ministerio de Salud palestino reportó que, a pesar del alto el fuego, 90 palestinos han sido asesinados y más de 300 han resultado heridos en ataques israelíes desde principios de octubre, con al menos 100 violaciones de la tregua. Los bombardeos, que incluyeron ataques aéreos en Rafah y el centro de Gaza, mataron a más de 40 personas el pasado domingo, según fuentes locales. Estos ataques han interrumpido los convoyes humanitarios y retrasado las labores de rescate de cuerpos bajo los escombros. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego “sigue en pleno vigor” y que las violaciones serían manejadas “con firmeza, pero adecuadamente”. Sin embargo, las autoridades de Gaza denunciaron que los ataques continúan agravando la crisis humanitaria, dificultando la distribución de ayuda y la recuperación de víctimas.

Prensa Latina Quito, 21 octubre (Prensa Latina).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció hoy ante la Asamblea Nacional (Parlamento) una grave crisis humanitaria y de derechos humanos derivada de la represión estatal durante las protestas antigubernamentales que cumplen ya 30 días. La vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, intervino este martes ante la Comisión de la Niñez y la Adolescencia del Legislativo para exigir justicia y reparación integral a las víctimas de la violencia, así como responsabilidad del Estado frente a los menores de comunidades afectadas. “La violencia no puede quedar en la impunidad: el Estado debe responder por los daños causados y garantizar verdad, justicia y reparación”, señaló Castañeda. Además, denunció que seis niños quedaron en la orfandad tras la muerte de Efraín Fuerez y José Guamán, dos manifestantes que perdieron la vida por el impacto de proyectiles durante protestas en la provincia de Imbabura, en la sierra norte ecuatoriana. Según la dirigente, otros tres menores lograron sobrevivir a los efectos de la asfixia por el uso de gases lacrimógenos durante los operativos de las fuerzas del orden. La vicepresidenta de la Conaie solicitó formalmente que el Gobierno transparente la información sobre los decesos y que se identifique la línea de mando responsable de los operativos. “Las nacionalidades y pueblos somos gente pacífica, pero con mucha dignidad. Cuando existe voluntad, siempre hay caminos para salir adelante; sin embargo, este gobierno no ha mostrado disposición para el diálogo”, agregó. Por otro lado, a esta hora tiene lugar en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 12 indígenas que fueron detenidos en Otavalo durante las protestas y acusados de terrorismo. En un comunicado emitido la víspera, la Conaie reiteró su voluntad política de diálogo “verdadero” y pidió el fin de la represión estatal, aunque advirtió que no aceptará conversaciones “vacías ni condicionadas por la violencia”. El pronunciamiento llegó después de que el Ejecutivo cancelara las mesas de diálogo con las comunidades de Imbabura porque “no existen condiciones para continuar”. Este martes, en entrevista con el medio local Teleamazonas, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó al presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de “utilizar el paro como plataforma política” y ratificó que el diálogo no se reabrirá mientras persistan las movilizaciones y cierres de vías. Mientras tanto, los llamados a la mediación se multiplican ante las pérdidas económicas, fundamentalmente en Imbabura, provincia convertida en epicentro del levantamiento que comenzó el pasado 22 de septiembre tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.

RT El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la victoria judicial del exmandatario colombiano Álvaro Uribe, quien este martes fue absuelto en segunda instancia de los delitos por los que fue condenado en un proceso penal en agosto pasado.  En una publicación en su cuenta de X, Petro sugirió que el Tribunal Superior de Bogotá, que falló a favor del expresidente, se equivoca al contradecir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto porque la CSJ había intervenido las comunicaciones de Uribe, y las grabaciones fueron avaladas por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien en primera instancia dictó la sentencia contra el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, el tribunal bogotano consideró esas interceptaciones irregulares. «El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», criticó Petro. Entonces, el mandatario señaló que «así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia». «Buscará la sanción» Petro, además, incluyó en la ecuación al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien recientemente lo calificó de «líder del narcotráfico ilegal», desatando una nueva crisis entre ambos países. De acuerdo con el mandatario, su par estadounidense, «aliado» con Uribe, buscará una sanción en su contra. «Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció, en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país«, enfatizó. Asimismo, insistió en que desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes buscan «el golpe de Estado» en su contra. «Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo», agregó en su escrito; y, por último, convocó a sus seguidores para este viernes en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, «para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente» que promueve el Ejecutivo colombiano.

Rusia Today El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, luego de que en agosto se convirtiese en el primer expresidente de la República de Colombia en ser condenado en un proceso penal en primera instancia. El Tribunal ha revocado la condena impuesta al expresidente por el delito de soborno en actuación penal dentro del proceso relacionado con el testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez. Según la lectura realizada por el magistrado Manuel Antonio Merchán, las pruebas practicadas en el juicio no demostraron el vínculo doloso necesario para señalar a Uribe como determinador de una conducta punible. «La sentencia incurrió en error», sostuvo el juez, quien también adujo «valoración sesgada de prueba». «El Tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento», señaló, antes de comenzar la lectura sobre la acusación de fraude procesal. Además, en el caso de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, el Tribunal también revocó la condena de soborno en actuación penal contra el exmandatario por falta de sustento probatorio. Asimismo, también revoca la condena por el mismo delito en el caso de Juan Guillermo Monsalve. Luego de solventar un problema técnico en la sesión virtual, Merchán anuló la histórica sentencia contra el exmandatario sobre fraude procesal, de manera que lo dejó libre de toda responsabilidad penal. «La ausencia de prueba directa diferencial sobre la falsedad y artificio idóneo, impide configurar el tipo penal de fraude procesal, por ello, se ha de revocar la sentencia en primera instancia», aseguró. Condenado a 12 años en primera instancia El exmandatario, de 73 años, fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal a 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 3.444 millones de pesos (alrededor de 830.000 dólares) y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 100 meses. Se le encontró culpable de encabezar un entramado de manipulación de testigos entre 2017 y 2018. Los objetivos de esa red eran, según esa sentencia, conseguir la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y desvirtuar lo que éste junto al también exparamilitar Pablo Hernán Sierra habían contado al senador Iván Cepeda sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con la conformación del frente paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá decidió en algo menos de dos meses sobre los recursos de apelación presentados por los abogados de Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, así como el presentado por la Procuraduría General de la Nación. Al borde de la prescripción La apelación contra la sentencia condenatoria contra Uribe llegó en un momento en el que se avisaba de que si no se adoptaba un fallo en segunda instancia antes del 16 de octubre la acción penal prescribiría y el expresidente quedaría totalmente exonerado. A pesar de que el mismo Uribe presentó su renuncia a la prescripción del caso ante el Tribunal, la sala aceleró los tiempos para tomar su decisión y alistó su sentencia en menos de dos meses, anunciándola el 15 de octubre, un día antes de la fecha límite. Uribe llegó a ser retenido en su residencia de Rionegro, en Antioquía, por orden de la jueza que llevó su caso en primera instancia. Sin embargo, recuperó su libertad tan solo unos días después gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En opinión del abogado Carlos Mario Patiño, la sentencia mayoritaria de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá lo que hace es desvirtuar las pruebas que se practicaron, la interceptación, que todo el país escuchó. «Evidentemente, es un fallo que tiene todo el impacto político en la agenda nacional», afirmó.