2025

Confirman que 5 senderistas extranjeros fallecieron en Parque Torres del Paine en Chile  

Telesur Autoridades chilenas confirmaron que cinco senderistas extranjeros perdieron la vida en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes, extremo sur de Chile, tras quedar atrapados en un temporal extremo durante la realización del Circuito O. Según información preliminar proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), de los fallecidos, dos son de nacionalidad mexicana; las identidades de los otros tres aún no han sido reveladas de manera oficial. Además, siete personas permanecen desaparecidas, algunos de los cuales serían de nacionalidad británica y coreana. La tragedia ocurrió el lunes pasado, cuando un grupo de senderistas cuya composición exacta aún no se ha precisado se encontraba en el tramo entre el Campamento Los Perros y el Paso John Gardner, una de las zonas más expuestas y de mayor altitud del Circuito O. El grupo fue sorprendido por un frente meteorológico severo que provocó visibilidad cero por nieve arrastrada por vientos intensos, conocido como “viento blanco”, fenómeno que induce desorientación y hipotermia rápida en condiciones de exposición prolongada. El Circuito O es una ruta de senderismo de alta exigencia física y técnica, que recorre aproximadamente 130 kilómetros alrededor del Macizo del Paine, con un desnivel positivo acumulado cercano a los 6.000 metros.  Es una variante más larga y compleja del popular Circuito W, y requiere experiencia previa en terrenos glaciares, conocimiento de andinismo en condiciones adversas y equipamiento adecuado. La ruta atraviesa sectores como Coirón-Grey y el Macizo Paine, zonas que hoy permanecen cerradas temporalmente por las autoridades para facilitar las operaciones de búsqueda y evitar nuevos incidentes. Las labores de rescate involucran a múltiples entidades estatales: personal de CONAF, expertos de Alta Montaña de Carabineros, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, equipos caninos, ocho efectivos del Ejército de Chile y rescatistas del Socorro Andino. Las condiciones climáticas persisten críticas, con vientos fuertes, chubascos de nieve y temperaturas bajo cero, lo que impide el uso de helicópteros y retrasa los avances en la búsqueda. Según las autoridades, el “viento blanco”, fenómeno común en la Patagonia chilena pero extremadamente peligroso para senderistas no preparados, fue el factor determinante en la pérdida de orientación y el colapso fisiológico de los excursionistas. Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, informó que las personas involucradas en el reciente incidente en el parque estaban recorriendo la zona sin guía ni acompañamiento. Cárdenas destacó que, aunque los visitantes suelen llegar preparados, el circuito montañoso presenta gran complejidad y las condiciones climáticas han sido especialmente adversas, con fuertes vientos y nevadas, factores que contribuyeron a la lamentable situación ocurrida. Las autoridades han reiterado que, aunque el Circuito O es legal y no requiere permiso especial para su realización, sí exige un nivel de preparación técnica, física y logística que no todos los excursionistas poseen. La falta de comunicación, el uso inadecuado de equipos de supervivencia y la subestimación de las condiciones climáticas en la Patagonia han sido factores recurrentes en accidentes previos en la zona. El Parque Nacional Torres del Paine está bajo la administración de CONAF, organismo encargado de la gestión del riesgo en áreas protegidas. En años anteriores, se han registrado incidentes similares, pero ninguno con un balance tan elevado de víctimas mortales en una sola jornada. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a instalaciones forenses en Punta Arenas para la identificación formal, proceso que puede tardar varios días debido a las condiciones de conservación y la necesidad de coordinación con embajadas extranjeras. Las familias de los fallecidos y de los desaparecidos han sido notificadas por las autoridades chilenas a través de canales diplomáticos.

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Las lluvias y desborde de ríos dejan miles de damnificados en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba

Agencias y Telesur El desborde de ríos y las intensas lluvias que cayeron en varios departamentos de Bolivia, durante el fin de semana, dejaron más de 4.500 familias damnificadas, y decenas de viviendas y sembradíos totalmente destruidos. Las intensas lluvias originaron una emergencia climática a nivel nacional, su impacto más severo y con el mayor número de damnificados fue en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los municipios afectados demandaron cooperación al gobierno, municipios y gobernaciones ante los desastres que incluyen el colapso de viviendas, la destrucción de cultivos y la interrupción de vías de comunicación, lo que obstaculiza las tareas de socorro y la entrega de asistencia humanitaria. En el municipio de La Asunta, La Paz, más de 50 familias se encuentran damnificadas por la destrucción de caminos. “Estamos muy preocupados como Gobierno municipal. Nos encontramos con este desastre de las fuerzas de la naturaleza, hemos estado pasando momentos muy críticos”, dijo el alcalde Benjamín Chuquimia. Comunidades como Charobamba, también en el departamento de La Paz, sufrieron el colapso de su puente principal y varias viviendas y unidades educativas quedaron cubiertas de lodo, obligando a suspender las clases. En Santa Cruz el desborde del río Piraí ha causado la destrucción de viviendas en el municipio de Samaipata, dejando a 560 familias damnificadas y unas mil personas afectadas. La comunidad de Achiras, en los valles cruceños, es una de las más devastadas, con casas que quedaron bajo el lodo. El desastre también afectó 112 hectáreas de producción agrícola y 30 kilómetros de caminos. Ante esta catástrofe, el Gobierno activó mecanismos de ayuda, informando sobre un fondo inicial para enfrentar la emergencia, mientras se recomienda la aprobación de una declaratoria de desastre. Por su parte, la región del Trópico de Cochabamba enfrenta una situación crítica con aproximadamente 4.000 familias afectadas por desbordes, riadas e inundaciones, según informó el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López. Esta unidad ha sido movilizada para evaluar los daños y coordinar la ayuda necesaria en las zonas afectadas. Ante la situación, donde la maquinaria es insuficiente y el riesgo persiste si continúan las lluvias, las autoridades municipales y departamentales de los tres departamentos insisten en la necesidad de recibir apoyo nacional para garantizar la seguridad de los miles de damnificados.

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Inhumano trato a exvicepresidente del Ecuador Jorge Glas, recluido en cárcel de máxima seguridad

Prensa Latina Quito, 19 noviembre (Prensa Latina).- Legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) denunciaron hoy el deterioro acelerado y las condiciones de reclusión inhumanas aplicadas al exvicepresidente Jorge Glas, llevado a la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador. La asambleísta Damaris Cáceres, de la RC, afirmó que el Estado incumple las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenan garantizar la salud y la integridad del exvicemandatario. “Jorge Glas está en riesgo y el Estado no cumple”, declaró la parlamentaria este miércoles en rueda de prensa. Afirmó que el exfuncionario no ha recibido su tratamiento mensual, carece de acceso adecuado a agua potable y alimentos, y permanece en un centro penitenciario “incompleto”, sin médico de planta ni condiciones básicas de subsistencia. La también asambleísta de la RC Ledy Zúñiga criticó cómo Glas es usado como trofeo político por parte del Ejecutivo y sostuvo que el Estado tiene la obligación directa y sin discrecionalidad de cumplir las órdenes de la Corte. Zúñiga reiteró que la prisión donde está recluido no cumple estándares mínimos y pidió la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y mecanismos internacionales de derechos humanos para evitar “un daño irreversible”. Asimismo, el legislador Ronal González sostuvo que la resistencia de Glas revela la gravedad de su situación al aseverar que su fortaleza “desarma la mentira”. Las denuncias llegan luego de que la abogada del exvicepresidente Sonia Vera aseguró que tras una reunión telemática encontró a Glas “extremadamente debilitado, angustiado y con una resignación que golpea”. Vera describió falta absoluta de agua potable, encierro permanente, ausencia de atención médica y una administración irregular de medicamentos que calificó como “polifarmacia extrema”. El ministro del Interior, John Reimberg, negó esas denuncias y afirmó que Glas ha recibido “más de cuatro visitas médicas” desde su traslado a la cárcel del Encuentro, un centro penitenciario aún en construcción en la provincia costera de Santa Elena. Glas, considerado por sus seguidores como un símbolo del lawfare en Ecuador, obtuvo prelibertad en noviembre de 2022 tras la unificación de penas por los casos Odebrecht y Sobornos, aunque la medida fue posteriormente revertida. Más tarde fue condenado a 13 años por supuestas irregularidades en contratos de la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, permaneció en la embajada de México en Quito hasta que fuerzas policiales ingresaron por la fuerza a la sede diplomática para detenerlo, pese al asilo otorgado por ese país.

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Estados Unidos propuso a Ucrania renunciar a sus reclamos de territorio, según Reuters

RT Según informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos ha señalado al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski que Ucrania debe aceptar un acuerdo marco redactado por Washington para poner fin al conflicto con Rusia. Este plan, cuya sensibilidad ha llevado a las fuentes a solicitar el anonimato, propone que Kiev renuncie a sus reclamos de territorio y a cierto armamento como condiciones para alcanzar un acuerdo de paz, según Reuters. Las mismas fuentes detallaron que, entre otras medidas, las propuestas incluyen una reducción de las fuerzas armadas de Ucrania. Se ha señalado que el objetivo de Washington es que el gobierno ucraniano acepte los puntos principales de este marco, lo que supone un momento crucial en las deliberaciones diplomáticas para resolver el conflicto, marcando una posible dirección para las futuras negociaciones. La Casa Blanca está trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan para poner fin al conflicto ucraniano, informó Axios este martes, citando a sus fuentes. Según un informante del medio, el borrador estadounidense está compuesto de 28 puntos y se inspira en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás promovido por el presidente Donald Trump. Se detalla que las medidas del plan podrían estar divididas en cuatro categorías generales: paz, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de EE.UU. con Rusia y Ucrania. Asimismo, la persona familiarizada con el asunto indicó a Axios que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, está liderando la redacción del plan y lo ha discutido ampliamente con el enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev.  El representante del Kremlin se mostró optimista sobre las posibilidades de éxito del acuerdo porque, a diferencia de iniciativas anteriores, Moscú siente «que realmente se está escuchando la posición rusa». «Seguridad duradera para Europa» Además, Dmítriev expresó a Axios que la idea básica es tomar los principios acordados por Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en agosto durante su histórica cumbre en Alaska. Agregó que el objetivo es elaborar una propuesta «para abordar el conflicto ucraniano, pero también cómo restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia [y] abordar las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad». «En realidad, se trata de un marco mucho más amplio, que básicamente dice: ¿cómo podemos, por fin, llevar una seguridad duradera a Europa, y no solo a Ucrania?«, resaltó.

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Pedirán 30 años para excura uruguayo acusado de abusar más de 30 niños en Bolivia

RT El exsacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna, quien permaneció prófugo durante casi dos décadas a pesar de que su paradero era conocido, podría enfrentar una pena de 30 años si se comprueba que abusó sexualmente de por lo menos 30 niños que vivían en un internado en Bolivia. Así lo confirmó esta semana el diario El País (Uruguay) al revelar los pormenores de un caso judicial que ha provocado una conmoción en ambos países y que sigue en trámite, ya que Bolivia está a la espera de que Uruguay extradite al excura de 54 años que también es conocido como Juan José Santana Trinidad y que ha reconocido que sí cometió los delitos que se le imputan. La historia, que tuvo repercusión internacional, estalló en agosto pasado, cuando el mismo medio recordó que Sant’Anna vivía en la ciudad de Salto, ubicada a 500 kilómetros de Montevideo, y le fue a tocar la puerta para comprobar que se trataba del mismo sacerdote imputado de «abuso deshonesto agravado» en Bolivia. Varios medios bolivianos y uruguayos habían reportado que el exsacerdote se encontraba en Salto y que vivía con sus padres. Algunos incluso fueron a entrevistarlo, pero el procedimiento judicial recién avanzó en septiembre de este año, cuando la Interpol emitió una orden de captura internacional, lo que permitió que fuera detenido y que se iniciara un trámite de extradición en medio de las renovadas denuncias de las víctimas, que hoy son hombres adultos. Los motivos por los cuales Sant’Anna dejó de ser cura no son claros, ya que todavía no se ha confirmado si las autoridades eclesiásticas lo expulsaron debido a sus delitos o si renunció al sacerdocio, como él mismo aseguró en una entrevista. ¿Qué pasó? El imputado llegó a Bolivia en 2005, cuando tenía 34 años, y se ordenó como sacerdote ya que no tenía experiencia religiosa previa en Uruguay. Luego lo designaron al frente del internado Ángel Gelmi, ubicado en el poblado de Tapacarí, uno de los más pobres del país, y en el que vivían cientos de niños y niñas huérfanos o de familias vulnerables que preferían dejarlos ahí para que tuvieran educación y comida. Dos años después, una monja recopiló y envió a las autoridades los testimonios de internos de entre seis y 18 años que contaban las agresiones sexuales del cura, quien solía llevarlos a su habitación para abusar de ellos. A fines de noviembre de 2007, cuando se emitió la primera orden de aprehensión en su contra, huyó a Uruguay. En 2011 se ordenó una segunda orden de captura, aunque las autoridades bolivianas no presionaron para que se cumpliera y las uruguayas tampoco actuaron a pesar de que era público que el excura vivía en Salto.

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La CIDH cuestiona anulación de procesos judiciales en masacres de Huayllani y Senkata

La Paz, 20 de noviembre (El Nuevo Cambio).-  La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la anulación en Bolivia de los procesos judiciales en el caso de las masacres en Huayllani y Senkata de noviembre de 2019 y la liberación de los responsables, principalmente Jeannine Añez y Luis Fernando Camacho. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, dijo que “por la magnitud que estaba en juego, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “es un golpe fuerte para las víctimas, para la sociedad, para el trabajo de la Comisión y para la institucionalidad en Bolivia”. Explicó que “la anulación de los actuados puede ser un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, nada más y nada menos, y supone una revictimización, sin heridas abiertas”.  “Estamos ante un punto de inflexión en toda esta trayectoria de seis años que empezó con el conocimiento puntual, rápido, oportuno de la Comisión Interamericana en estas graves violaciones a derechos humanos”, señaló durante la audiencia sobre ambos casos que se realizó en la CIDH a solicitud de los familiares de las más de 35 personas que fueron asesinadas en esa ocasión. Caballero recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) elaboró un informe con recomendaciones centradas en reparación y justicia, con el seguimiento que demandó tres años de trabajo, cuyo informe fue presentado el 17 de agosto de 2021 y considera que la represión con muertes en Sacaba y Senkata, durante el gobierno de Jeanine Áñez, fue una masacre. Añadió que el nuevo gobierno también debe comprender la magnitud del caso y recordó que las Naciones Unidas, a través de un pronunciamiento, se refirió a los casos de Huayllani y Senkata, afirmando que el gobierno de Bolivia debe tomar en cuenta los llamados internacionales para garantizar justicia sin retrocesos. Afirmó que los hechos de Sacaba y Senkata siguen siendo “heridas abiertas” e insistió en que el asunto debe ser tratado con responsabilidad y diálogo. “No es una cuestión menor, nada menor, el hecho de la anulación de estas causas”, concluyó. Expresidente Morales Sobre este mismo tema, el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, emitió un mensaje a través de su cuenta X en la que critica también la anulación de los procesos judiciales y “premia” con cargos, a los responsables de las masacres. Dice: “A seis años de la Masacre de Senkata, en El Alto, el gobierno, está premiando con cargos a los autores intelectuales y materiales de ese genocidio. Los alteños están siendo ofendidos, humillados y provocados. Liberó a los golpistas Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez; nombró viceministro a Wilson Santamaría, mano derecha del represor Arturo Murillo; reparte actuales cargos a decenas de exempleados de ese régimen; y, ahora, entrega la sede de Derechos Humanos de Bolivia a los “defensores” de derechistas que jamás se solidarizaron con las familias de los masacrados. Pedimos a los tribunales y organismos internacionales frenar la impunidad de los golpistas de noviembre del 2019 y clamamos justicia para las víctimas”.

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Trump insulta y amenaza a corresponsales en la Casa Blanca

DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes (18.11.2025) con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, exasperado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein. La corresponsal de ABC News, Mary Bruce, interrogó en el Despacho Oval a Trump y a su invitado, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, cuya responsabilidad había sido señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi. «¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿Es un conflicto de intereses?», inquirió Bruce, citada por la agencia francesa AFP. El promotor saudita Dar Global anunció el lunes una nueva asociación en Maldivas con la Organización Trump, dirigido desde 2016 por Donald Junior y Eric Trump, pero su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso. Acusa a ABC de «noticias falsas» «Y su alteza real, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre están furiosas de que usted esté aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?», añadió, mientras Trump le preguntaba para quién trabajaba. «ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro», interrumpió el mandatario, cortante, y negó cualquier conflicto de intereses. «No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso», aseguró Trump. «Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas», continuó. El mandatario amenazó con revocar la licencia de la cadena ABC y llamó «cerdita» a la correponsal de la agencia Blooberg, en episodios que generaron crícas del gremio. Llama´»cerdita» a corresponsal de Bloomberg El enfrentamiento tiene lugar después de que el presidente llamara «cerdita» a otra reportera el viernes pasado, cuando ella le preguntó sobre Epstein. El caso se viralizó en redes este martes y provocó el repudio de varios periodistas, según refirió la agencia española EFE. Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, abordaba a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara. «Silencio. Silencio, cerdita», respondió Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen «nada incriminatorio» contra él. Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó la actitud del presidente de «repugnante y completamente inaceptable». La expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, también tachó el comentario de «repugnante y degradante».

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Justicia de EE.UU. presenta cargos contra hombre que mató a trabajadora doméstica guatemalteca

BBC News El hombre que disparó contra la trabajadora doméstica guatemalteca, quien llegó por error a su casa para limpiarla y murió a causa del ataque, fue acusado por las autoridades judiciales. La fiscalía del condado de Boone, en el estado de Indiana, informó que este lunes presentó cargos por homicidio involuntario contra Curt Andersen, el propietario de la vivienda en Whitestown, un suburbio de Indianápolis, donde se registró el suceso. María Florinda Ríos Pérez, de 32 años y madre de cuatro niños, perdió la vida el pasado 5 de noviembre cuando acudió a la dirección equivocada y recibió un disparo mortal en la cabeza al intentar abrir la puerta de la casa. Su esposo, quien la acompañaba en el momento de los hechos, declaró que el sospechoso abrió fuego a través de la puerta en lugar de llamar a la policía. Andersen fue ingresado en la cárcel del condado de Boone sin derecho a fianza, reportaron los medios estadounidenses. Por su parte, los abogados del acusado insisten en que éste actuó en defensa propia. Demora Pese a que los sucesos ocurrieron hace más de diez días, las autoridades atribuyeron la demora en la presentación de cargos a las dudas sobre la ley estatal de «defensa propia». Muchos estados de EE.UU. cuentan con normas jurídicas que permiten a las personas emplear fuerza letal en caso de amenaza, sin necesidad de pedir ayuda a las autoridades. Sin embargo, el fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, afirmó que la ley estatal no autorizaba a Andersen a abrir fuego. «Con base en las pruebas y circunstancias particulares de este caso, hemos determinado que las acciones de Curt Andersen no se encuentran amparadas por la protección legal que ofrece la ley de ‘defensa propia’ de Indiana», declaró el funcionario en una conferencia de prensa el lunes. Eastwood añadió que el sospechoso «no contaba con la información necesaria para determinar si sus acciones eran razonables». Las autoridades respondieron a una llamada sobre un posible allanamiento de morada en Whitestown en la madrugada del 5 de noviembre. Según la policía, Ríos Pérez fue encontrada sin vida en brazos de su esposo en el porche de la casa de Andersen poco antes de las 7:00 hora local. La víctima, originaria de Quetzaltenango, dejó huérfanos a cuatro hijos, entre ellos un bebé que estaba a punto de cumplir un año. Su esposo aseguró que intenta repatriar su cuerpo a Guatemala para darle sepultura. Listos para el juicio El abogado de Andersen criticó la decisión de la fiscalía y aseguró que «esperan demostrar en la corte que sus acciones estaban plenamente justificadas por las disposiciones de la ley de autodefensa de Indiana». «Contrariamente a lo que sostiene la fiscalía -y sin entrar en los detalles del caso- creemos que Andersen tenía sobradas razones para considerar que sus acciones eran absolutamente necesarias y plenamente justificadas en aquel momento», declaró el abogado Guy Relford en un comunicado, según reportó la cadena estadounidense ABC.

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Causa Vialidad: ordenan decomisar los bienes de Cristina Kirchner

Página 12 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires solicitó este martes decomisar los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner junto a los de otros condenados en el marco de la causa Vialidad. Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, y también se incluye un inmueble a nombre de la exmandataria y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Así lo determinó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF), en un fallo que lleva la firma de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835 millones, monto que fue actualizado actualizado a $684.990 millones tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En escritos presentados el martes pasado, la expresidenta cuestionó el decomiso de bienes que le pertenecieron porque ninguno de ellos sirvió para cometer ningún delito ni fue producto de ningún delito, empezando porque la casi totalidad de esos bienes se compró muchísimo antes de que exista la causa Vialidad o las obras con las que se armó ese expediente. El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la expresidenta. “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, había dicho el funcionario judicial.

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