2025

Prensa Latina Tegucigalpa, 18 noviembre (Prensa Latina).- El Premio Nobel de la Paz (1980) argentino, Adolfo Pérez Esquivel, expresó hoy su profunda preocupación por la presunta conspiración de la derecha política en Honduras contra las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. En carta remitida al expresidente hondureño y líder del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, el reconocido defensor de los derechos humanos consideró alarmantes las noticias sobre esa tentativa de fraude electoral en esta nación centroamericana. Pérez Esquivel calificó de extremadamente graves “las maniobras que están tejiendo esos dos partidos de la oposición para dar un verdadero golpe de Estado, pero esta vez, electoral”, subrayó. El también titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Argentina aludió a los partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), las dos fuerzas tradicionales de derecha involucradas en un supuesto complot para alterar los resultados de los cercanos comicios y, con ello, afectar un potencial triunfo de Libre. Denunció que “la oligarquía, esa que nunca descansa, quiere, como siempre, pisotear y burlar la voluntad popular del pueblo hondureño”. A su juicio, lo que están haciendo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) -árbitro de los comicios controlado por el PN y el PL- para intentar invalidar las elecciones del cercano día 30 es un acto de desprecio a la democracia. Para el titular del Serpaj, es evidente que las acciones del CNE cuentan con la venia de ciertas organizaciones de observación electoral y, por supuesto, con la complicidad de los grandes medios de comunicación hegemónicos, señaló. “Sabemos que planifican, por su mayoría mecánica en los órganos electorales (también dominan el Tribunal de Justicia Electoral), modificar los resultados que se transmiten en el sistema de resultados preliminares (TREP) en la noche de las elecciones”, advirtió Pérez Esquivel. El Premio Nobel argentino consideró que esa manipulación del TREP buscaría desconocer y ocultar los verdaderos resultados de la contienda que favorecen a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. “Estas jugarretas son un delito gravísimo en cualquier parte del mundo. Son, ni más ni menos, que traición a la patria, y deben ser castigadas con toda la fuerza”, declaró en su misiva a Zelaya. Abogó porque los hondureños tengan unas elecciones transparentes y plenamente democráticas como se merecen, y transmitió una felicitación a la presidenta Xiomara Castro por “el gobierno ejemplar que está haciendo”, concluyó Pérez Esquivel.

Prensa Latina Ciudad de México, 18 noviembre (Prensa Latina).- Venezuela está lista para dialogar y defender la paz, pero también preparada para cualquier contingencia ante la amenaza de Estados Unidos, dijo el presidente Nicolás Maduro en entrevista difundida hoy por el diario mexicano La Jornada. En conversación con el prestigioso intelectual Ignacio Ramonet, el mandatario afirmó que se ha exhortado a todas las fuerzas populares, sociales, políticas, militares y policiales del país a no caer en provocaciones en ningún momento. “Pero si ellos quieren venir a matar a un pueblo cristiano aquí en América del Sur, nosotros llamamos a nuestros ciudadanos a movilizarse con fervor patriótico, lo cual es nuestro derecho legítimo y soberano”, expresó el dignatario. Apuntó que si “ellos llegaran a pasar al acto en un intento de desestabilización contra Venezuela, desde ese mismo instante se decretaría la orden de operaciones de movilización y combate de todo el pueblo, y la clase obrera venezolana iniciaría una huelga general insurreccional”. Maduro subrayó que su país está decidido a ser libre y ninguna potencia extranjera impondrá su voluntad sobre él. Hizo alusión, además, a la narrativa nueva empleada por Washington: la del supuesto narcoterrorismo, “tan mentirosa como las precedentes”. Sobre la agresividad estadounidense, la consideró un intento de reposicionar a esa nación en el marco de un contexto geopolítico muy cambiado desde la afirmación de potencia de China y el surgimiento de los Brics (conformado por naciones como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). A su juicio, la hegemonía global que ejercía Washington se ve cada día más cuestionada por esas potencias emergentes. “En este nuevo contexto –explicó-, la decisión de la Casa Blanca y del Pentágono es de reforzar primero el teatro de seguridad más próximo al territorio estadounidense, o sea, América Latina y el Caribe, su antiguo ‘patio trasero’”. “Se trata de reafirmar su dominio sobre una zona que, desde hace 150 años y la Doctrina Monroe [1823], Washington ha considerado como una suerte de ‘protectorado exclusivo’, con ‘soberanía limitada’ para los países de esa área, entre ellos Venezuela”, apuntó. En su opinión, lo que esta nueva administración quiere, al presionar y amenazar a Venezuela, es enviar un mensaje político de fuerza y dominio a todos los Estados del continente. “Están diciendo: ‘¡Hemos regresado!’, ‘¡El Imperio ha regresado y vamos a reocupar nuestra posición central y dominante en este continente!’”, señaló el presidente al subrayar que “el tiempo ha pasado” y “el contexto geopolítico ya no es el mismo”. Maduro aseveró que la época de la diplomacia de las cañoneras ya pasó y la del golpismo y de las intervenciones militares también. “El nuevo orden internacional es cada vez más multipolar y multicéntrico. Se han multiplicado los polos de poder y ahora hay algo que no existía antes y que se llama el Sur Global. Venezuela forma parte de ese Sur Global y cuenta con numerosos y poderosos aliados”, expuso. Denunció, además, que Washington desea restablecer el mando político y militar exclusivo sobre el continente para recuperar el control sobre los grandes recursos estratégicos de Latinoamérica, como el petróleo, el gas, el cobre, el litio, las tierras raras y el agua, pero no lo conseguirán.

RT La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este martes por 427 a 1 un proyecto que obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos vinculados a Jeffrey Epstein y su co-conspiradora Ghislaine Maxwell. La iniciativa exige que los documentos se hagan públicos dentro de los 30 días posteriores a su promulgación, con excepciones para proteger datos sensibles de sobrevivientes. El avance de la ley se destrabó después de que el presidente Donald Trump retirara su oposición, aunque varios legisladores republicanos calificaron la votación como una maniobra política impulsada por los demócratas. La defensa de Trump El lunes por la noche, el presidente insistió en su postura, asegurando que firmará el proyecto de ley en caso de ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, pidió no hablar mucho sobre el tema, porque no quiere que «desvíe la atención» del «gran trabajo» de su Administración. «Nosotros no tenemos nada que ver con Epstein; los demócratas sí. Todos sus amigos eran demócratas», dijo Trump a la prensa desde el Despacho Oval en la Casa Blanca. «Claro que sí», declaró finalmente, respondiendo a la pregunta sobre la firma del proyecto de ley. «Que lo examine el Senado. Que lo examine cualquiera, pero no hablen mucho del tema […]. En realidad es un problema de los demócratas. Todos los demócratas eran amigos de Epstein, y es un engaño», continuó. Qué sigue Ahora el proyecto de ley requerirá la aprobación del Senado, que tiene mayoría republicana, antes de ser enviado a Trump para su promulgación como ley. La aprobación fue el resultado de una presión sostenida dentro de la cámara baja: cuatro republicanos se sumaron la semana pasada a todos los demócratas para firmar una petición que forzó el tratamiento del proyecto en el recinto, pese a la resistencia inicial del presidente de la Cámara, Mike Johnson, reportó CBS News. Aunque Johnson terminó votando a favor, advirtió que el texto tiene «deficiencias serias» que, según él, deberían corregirse en el Senado. Sin embargo, el líder de la mayoría en la cámara alta, John Thune, adelantó que no prevé cambios y que el proyecto podría ser aprobado «bastante rápido» dada la amplísima mayoría obtenida en Diputados. El caso Epstein

Rusia Today El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que está «abierto» a conversar con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, luego de que este asegurara que también tiene disposición de hacerlo, siempre que Washington se maneje dentro de los límites que impone el derecho internacional.  «Él [Maduro] quiere hablar […]. Estoy abierto a hablar con él. Hablo con todo el mundo», sostuvo Trump desde la Casa Blanca, al ser preguntado sobre el tema por los periodistas. Luego insistió en señalamientos no probados sobre el supuesto maltrato que habría recibido su país por parte de la nación bolivariana, que en su decir, envió «a toda su población carcelaria» y continúa enviando drogas a EE.UU.  «[Maduro] estaba tratando con un mal presidente [Joe Biden] y se salió con la suya. Ahora creo que tenemos las fronteras más seguras del mundo. Nadie entra a menos que lo haga legalmente. Los detendremos», completó. Entre la puerta al diálogo y las amenazas El pasado domingo, Trump deslizó que «podría» sostener «algunas conversaciones» con su par venezolano y afirmó que a Caracas «le gustaría hablar». Al ser interrogado sobre si EE.UU. podría atacar Venezuela tras designar a un supuesto cártel como organización terrorista extranjera, respondió: «Eso nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo». En la víspera, si bien reiteró que había posibilidades de entablar conversaciones con Maduro, no descartó iniciar una operación terrestre en suelo venezolano. «No descarto nada. Solo tenemos que ocuparnos de Venezuela», dijo al respecto.  En defensa de la diplomacia  Entretanto, el dignatario venezolano respondió que desde Caracas están dispuestos al diálogo y defendió la diplomacia como la única vía para encontrar soluciones entre países soberanos. En la misma línea, recalcó que su nación «tiene una posición invariable, de respeto absoluto al derecho internacional», por lo que cuestiona «firmemente el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para imponerlas en las relaciones entre los países». «Yo lo he dicho en inglés y lo repito siempre […]: ‘Dialogue, call? Yes’. ‘Peace? Yes’. ‘War? No. Never, never war’. Así que el que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela […]. Así que, en EE.UU., el que quiera hablar con Venezuela, se hablará ‘face to face’, cara a cara, sin ningún problema. Lo que no se puede permitir es que se bombardee y se masacre a un pueblo», declaró en su programa Con Maduro.  

CNN Español Al menos 98 palestinos han muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023, y es probable que la cifra real de muertes sea aún mayor dado que un gran número de personas detenidas en Gaza están desaparecidas, según un nuevo informe de un grupo israelí de derechos humanos, que cita datos oficiales israelíes y otras fuentes. El informe de Médicos por los Derechos Humanos – Israel (PHRI, por sus siglas en inglés) se basa en registros oficiales israelíes y datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, los cuales fueron cotejados con informes forenses, entrevistas con familiares y abogados, testimonios de palestinos detenidos, información publicada por otros grupos de derechos humanos y otras investigaciones individuales para localizar a personas detenidas específicas. Según PHRI, un grupo israelí de defensa conformado por profesionales médicos y activistas de derechos humanos, los palestinos murieron bajo custodia debido a violencia física, negligencia médica o ambas. PHRI determinó que 46 palestinos murieron bajo custodia del Servicio Penitenciario de Israel desde el inicio de la guerra y que al menos 52 palestinos —todos de Gaza— murieron bajo custodia militar israelí. “El destino de cientos de palestinos de Gaza detenidos por el ejército israelí sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, lo que sugiere que el número real de muertes probablemente sea significativamente mayor que las documentadas aquí”, señala el informe de PHRI. Las autoridades israelíes dejaron de proporcionar información a la Cruz Roja sobre los palestinos bajo custodia en los primeros días de la guerra y prohibieron el acceso a los centros de detención. Los últimos datos disponibles públicamente que las fuerzas israelíes proporcionaron sobre muertes bajo custodia datan de mayo de 2024, y los últimos datos proporcionados por el Servicio Penitenciario de Israel son de septiembre de 2024. Después de eso, PHRI pudo documentar muertes adicionales utilizando información de testimonios directos y respuestas oficiales a solicitudes presentadas por el Gobierno Autónomo Palestino. Al ser consultado sobre las acusaciones del informe, el Servicio Penitenciario de Israel (IPS, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que “opera de acuerdo con la ley” y que “todos los internos son retenidos conforme a procedimientos legales, y sus derechos, incluyendo acceso a atención médica, higiene y condiciones de vida adecuadas, son garantizados por personal profesionalmente capacitado”. Agregó que no comenta sobre cifras o acusaciones presentadas por organizaciones externas. “Las afirmaciones descritas no reflejan la conducta ni los procedimientos del Servicio Penitenciario de Israel, y no tenemos conocimiento de los incidentes tal como se presentan”, dijo el IPS. Número de muertes “sin precedentes” “El número sin precedentes de palestinos que han muerto bajo custodia israelí en los últimos dos años, junto con pruebas claras de muertes causadas por tortura y negligencia médica, apunta a una política deliberada de Israel de matar palestinos mientras están detenidos”, dijo Oneg Ben Dror, coordinador de proyectos del departamento de prisioneros y detenidos de PHRI, en un comunicado. “Estos hallazgos —y la continua falta de acción de las autoridades israelíes para procesar a los responsables— convierten a la propia ley israelí en una mera fachada y una herramienta de encubrimiento”, añadió Ben Dror. El informe proporciona detalles sobre las muertes de palestinos clasificados como “prisioneros de seguridad”, lo que incluye a detenidos sin cargos o sin juicio. Si bien la identidad de algunos de los que murieron bajo custodia israelí sigue siendo desconocida, el informe identificó a 73 de los palestinos fallecidos. Entre los mencionados en el informe se encuentra el Dr. Adnan al-Bursh, de 53 años, quien era jefe de ortopedia del Hospital Al-Shifa en Gaza y murió tras presentar signos de “abuso físico” en prisión, según el testimonio de un compañero detenido que ya fue liberado. El informe también menciona a Walid Khalid Ahmad, de 17 años, quien murió tras una prolongada desnutrición, según un informe de autopsia. PHRI concluyó en el informe que las autoridades israelíes han llevado a cabo un “ataque sin precedentes contra los palestinos detenidos”, argumentando que el ministro de seguridad nacional de ultraderecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, tomó medidas para “empeorar deliberadamente las condiciones de los palestinos en las prisiones israelíes”. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Seguridad Nacional de Israel para obtener una respuesta. Ben-Gvir anteriormente defendió las condiciones mínimas establecidas por la ley y dijo que “las condiciones en prisión agregan disuasión”. También arremetió contra la Corte Suprema de Israel en septiembre después de que esta dictaminara que el Estado no estaba proporcionando suficiente alimento a los prisioneros palestinos y debía mejorar su nutrición. Las muertes ocurrieron en casi todas las instalaciones penitenciarias israelíes, lo que según el informe “subraya aún más la naturaleza sistemática y continua de estas muertes bajo custodia israelí”. Entre los que murieron en instalaciones penitenciarias israelíes, 17 eran de Gaza, 26 de la ocupada Ribera Occidental y tres tenían ciudadanía israelí, según el informe. Los datos muestran que “en promedio, dos palestinos murieron cada mes en instalaciones de detención del IPS, con el número de muertes aumentando de manera constante con el tiempo”. CNN informó previamente sobre abusos, negligencia médica y condiciones horrendas en el hospital de campaña Sde Teiman, en una base militar israelí que ahora también funciona como centro de detención en el desierto del Néguev, en Israel.

DW Actualidad El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes (17.11.2025) a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. Hubo 13 votos a favor del texto, que Washington calificó después de la votación como «histórico y constructivo», con abstenciones de Rusia y China y sin vetos. El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que «la resolución de hoy representa otro paso significativo que permitirá a Gaza prosperar y un ambiente que dejará a Israel vivir en seguridad». El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel, «respalda» el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra. Formación de «Junta de paz» y desarme de irregulares Una gran parte de la Franja de Gaza ha quedado reducida a escombros luego de dos años de enfrentamientos y de bombardeos, desencadenados por el ataque de Hamás a territorio de Israel el 7 de octubre de 2023. El plan de paz autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por su sigla en inglés) que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la Franja de Gaza. La ISF tiene el mandato de trabajar en la «desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales», proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria. También autoriza la formación de una «Junta de Paz», un cuerpo de gobierno transicional para Gaza -presidido en teoría por Trump- con un mandato hasta el fin de 2027. La resolución también menciona un posible futuro Estado Palestino. Hamás: resolución «impone tutela» sobre la Franja El grupo islamista Hamás, considerado terrorista por Israel y otros países, lamentó la adopción de esta resolución pues «no responde a las exigencias y los derechos» de los palestinos. «La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos» de Israel, indicó el movimiento palestino en un comunicado.

Página 12 Los trabajadores argentinos reciben los salarios más bajos de América Latina, y la caída es histórica, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). En septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. En la Casa Rosada admiten que el gobierno de Javier Milei usó el ingreso de los trabajadores como “ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación”. Y los números lo confirman. El Celag reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino es el más bajo de toda la región. Con apenas 225 dólares, se ubica en el fondo de la tabla, por debajo de Bolivia, Paraguay y muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares. Un salario mínimo que retrocedió al 2001 La comparación internacional es el primer golpe. El segundo llega puertas adentro. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA señala que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 34% de su poder adquisitivo. El deterioro fue inmediato. En diciembre de 2023 se registró una caída del 15% y en enero de 2024 se hundió otro 17%. Desde entonces, incluso con algunos ajustes nominales, la tendencia siguió en rojo. En septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de 2001, previo al estallido de la convertibilidad. El Celag advierte un dato que alarma: dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita.

Telesur El Tribunal Internacional de Crímenes (ICT) de Bangladesh emitió este lunes 17 de noviembre, una de las sentencias más resonantes en la historia política del país: la pena de muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina. El fallo leído por el juez Golam Mortuza Mozumder, y retransmitido por la televisión nacional, fue categórico. «Por sus cargos de crímenes de agravar a la humanidad hemos decidido imponerle solo una sentencia, que es la pena de muerte», sentenció el magistrado, desatando una ola de júbilo y vítores entre los asistentes en la sala de Daca, quienes vieron en la decisión un acto de justicia largamente esperado por las víctimas. Antes de esta condena capital, el mismo tribunal ya había impuesto a Hasina una cadena perpetua por hechos conexos, al considerarla responsable directa de incitar a la violencia y ordenar el uso de armas letales contra los manifestantes.  La justicia apuntó específicamente a su omisión deliberada de impedir los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad bajo su mando y por militantes de su propio partido. Este patrón de represión sistemática fue el detonante del colapso de su Gobierno. En el mismo caso, el exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también fue condenado a muerte, mientras que el exinspector general de policía, Chowdhury Abdullah Al-Mamun, recibió una pena reducida de cinco años de prisión tras testificar para el Estado. En marco de la sentencia, el Ministerio de Exteriores de Bangladesh instó al Gobierno de India a extraditar a la ex primera ministra y al exministro del Interior. «Llamamos al Gobierno de India a entregar de inmediato a estas dos personas sentenciadas por las autoridades de Bangladesh», señaló la institución en un comunicado. En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de bangladesí subrayó que dar refugio a personas condenadas por crímenes contra la humanidad sería un acto inamistoso grave y una burla a la justicia por parte de cualquier Estado. En tal sentido, recordó que el Gobierno de Nueva Delhi está obligada a entregar a la ex primera ministra de conformidad con el acuerdo vigente de extradición entre las dos naciones. Sheikh Hasina, la primera ministra que más tiempo ha gobernado Bangladés, abandonó el poder en agosto de 2024 tras una masiva revuelta popular liderada por estudiantes, conocida como la «Revolución de julio». Las manifestaciones, que denunciaban corrupción y represión política, fueron duramente reprimidas, lo que forzó su dimisión y posterior huida a India, donde permanece. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó en febrero de este año que alrededor de 1.500 personas fallecieron durante las protestas. Tras la salida de Hasina, asumió un Gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus.