2025

DW Actualidad El canciller alemán Friedrich Merz instó este jueves al presidente estadounidense Donald Trump a presionar más a Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania. «Usted sabe que apoyamos a Ucrania y que queremos ejercer más presión sobre Rusia», dijo Merz a Trump al inicio de una reunión en la Casa Blanca en la que el republicano calificó de «positivo» que Alemania haya aumentado el gasto en defensa. Un mes después de asumir el cargo, Merz regaló a Trump un ejemplar del certificado de nacimiento de su abuelo Frederick (Friedrich) Trump, que nació en Alemania en 1869. El conservador de 69 años también elogió a Trump como la «persona clave en el mundo» para poner fin a la guerra en Ucrania, y estimó que el presidente estadounidense podría «realmente hacer eso ahora presionando a Rusia«. Trump, que habló con Putin este miércoles, comentó que podría ser mejor dejar que las dos partes se enfrentaran y comparó la guerra, que deja miles de muertos y extensas zonas de Ucrania en ruinas, con una pelea de niños. «A veces es mejor dejarlos pelear un rato», sostuvo. Asimismo, precisó que pidió a Putin que no tome represalias tras el audaz ataque ucraniano con drones a sus bases aéreas, en el que varios bombarderos capaces de portar armas nucleares quedaron destruidos. «Dije ‘no lo hagas’», contó Trump. Pero, según él, Putin señaló que no tiene otra opción más que responder y que «no iba a ser bonito». El líder de la Casa Blanca también elogió a Merz por el aumento del gasto en defensa de Alemania, algo que viene pidiendo a los miembros de la OTAN. «Sé que ahora están gastando más dinero en defensa y bastante más. Eso es algo positivo», le dijo Trump al jefe del gobierno alemán.

Página 12 El Ejército israelí mató al menos a 100 personas e hirió a otras 440 en el último día de ataques sobre la Franja de Gaza, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad palestino citado por el medio catarí Al Jazeera, basado en la llegada de víctimas a los hospitales. Al menos 27 de los muertos habrían fallecido por disparos mientras esperaban acceder a ayuda humanitaria. En paralelo, una organización respaldada por Israel y Estados Unidos, encargada de gestionar la distribución de alimentos en el enclave, suspendió sus operaciones en tres puntos de reparto tras una serie de tiroteos mortales cerca de sus instalaciones. La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), formalmente independiente, pero con apoyo de Washington y Tel Aviv, anunció que sus centros de distribución permanecerán cerrados para “mejorar la eficiencia”. La medida llega luego de múltiples incidentes letales en las inmediaciones de los centros, lo que generó críticas por parte de Naciones Unidas. Tanto Israel como Estados Unidos defienden este sistema de asistencia como un método para evitar que Hamas intercepte la ayuda y la utilice con fines propios. No obstante, las fuerzas israelíes admitieron haber disparado contra personas que se dirigían hacia uno de los centros en Rafah, área que consideran zona militar restringida. Estos ataques se suman a la serie de bombardeos a lo largo del enclave, particularmente sobre las zonas de Ciudad de Gaza y Yan Junis, que las autoridades sanitarias reportan podrían haber causado más de 70 muertes en toda la Franja. «Falta de transparencia» La GHF suspendió sus operaciones en tres de sus centros tras recibir advertencias del Ejército israelí, que calificó las rutas hacia los puntos de distribución como “zonas de combate”. Las fuerzas armadas pidieron a la población evitar circular por estas áreas, que son actualmente las únicas autorizadas para el ingreso de ayuda humanitaria. Desde la apertura de los centros, el pasado 27 de mayo, al menos 80 personas murieron en las inmediaciones, muchas de ellas entre el domingo y el lunes. “Esto no es ayuda humanitaria, es una trampa”, denunció Mohamed Zidan, esposo de Reem al-Akhras, asesinada el martes cuando intentaba conseguir alimentos para su familia. Según su hijo Zain, Reem “solo quería traernos comida”. La ONU criticó duramente este modelo de distribución, cuestionando su “falta de transparencia y responsabilidad”. El portavoz del ente, Stéphane Dujarric, rechazó que una organización con apoyo estadounidense e israelí actúe al margen de los mecanismos oficiales de Naciones Unidas, lo que ha derivado en caos y pánico entre la población que espera asistencia. La GHF afirma haber distribuido seis millones de paquetes de comida desde su creación, pero esa cifra fue puesta en duda por Dujarric, quien remarcó que no existe forma independiente de verificarla. Mientras tanto, el Ejército israelí continúa supervisando las operaciones, situación que ha llevado a la ONU a distanciarse del proyecto por su «falta de imparcialidad».

Telesur Ruth López fue detenida el 18 de mayo de 2025, en un operativo que la organización sin fines de lucro, Cristosal, dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció como irregular, señalando que se realizó sin orden judicial, con engaños de la Policía Nacional Civil, lo que denota un patrón de abuso de poder. La detención se llevó a cabo luego de que la Fiscalía salvadoreña, bajo la evidente influencia del Gobierno de Nayib Bukele, acusara de corrupción a la destacada jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, por su supuesta participación “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” en el momento en que se desempeñaba como asistente del exfuncionario Eugenio Chicas. Desde su detención, Ruth López, con firmeza y convicción, se ha declarado públicamente como una perseguida y «presa política», enfatizando su inocencia frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que reemplazaron el cargo original de peculado.  La acusada ha denunciado que detrás de este proceso judicial fabricado, existe una clara y premeditada intención de silenciar su voz, una voz crítica y valiente que ha expuesto la corrupción y defendido los derechos humanos en un contexto cada vez más restrictivo. Las acciones judiciales contra Ruth López han generado rechazo en sectores de la sociedad civil salvadoreña. Frente a los tribunales, movimientos sociales y trabajadores se congregaron para expresar su solidaridad y rechazo a esta decisión judicial.  Desde Cristosal, se destacó la «fuerza colectiva» presente en el juzgado y en las redes, calificando el respaldo como «concreto, valiente y necesario» en un entorno hostil para quienes defienden la democracia y la justicia. La comunidad internacional también ha alzado su voz ante este atropello. Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han condenado la «criminalización» de Ruth López y exigido su liberación inmediata. En un comunicado, WOLA expresó su profunda preocupación por las «irregularidades» en el caso, incluyendo la negación de un juicio público, lo que constituye una flagrante violación del debido proceso y los derechos fundamentales en un país donde la independencia judicial es cada vez más cuestionada. Este episodio no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de persecución política contra líderes de oposición, activistas y defensores de derechos humanos en El Salvador.  Lourdes Palacios, coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, ha denunciado que desde 2021 se han intensificado las detenciones arbitrarias y la «judicialización de la política», afectando a exfuncionarios y dirigentes comunitarios bajo pretextos cuestionables. La situación se ha exacerbado con la imposición del régimen de excepción, que ha permitido al gobierno de Bukele consolidar un control autoritario a expensas de las libertades individuales. Miles de personas han sido detenidas sin las debidas garantías, y sus familias viven en la incertidumbre sobre su paradero y bienestar.  El caso de Ruth López se convierte así en un símbolo de la creciente represión y el intento de acallar cualquier forma de disenso bajo el manto de una supuesta «seguridad ciudadana».

Agencias y Telesur La cancillería venezolana calificó la medida estadounidense de prohibir el ingreso de sus ciudadanos a ese país como una «campaña de estigmatización y criminalización» sin fundamentos legales, motivada por fines políticos y de amedrentamiento. De acuerdo con el Gobierno de Venezuela, la medida habría sido promovida por el secretario de Estado de ese país norteamericano, Marco Rubio, a quien Caracas acusa de mantener una postura de “odio sistemático” hacia el pueblo venezolano y de estar alineado con la ultraderecha opositora del país suramericano. “Esta operación ha sido impulsada por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, un funcionario marcado por su conocido odio hacia el pueblo venezolano”, afirma el documento. En su declaración, el Gobierno bolivariano reiteró su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de los venezolanos en el exterior, al tiempo que reafirmó la advertencia de “alerta máxima” de viaje a Estados Unidos, bajo el argumento de que ese país no ofrece condiciones de respeto ni trato digno para los ciudadanos venezolanos. La cancillería subraya que esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de una “nueva ola de agresiones” que refleja el “odio visceral” de Washington hacia Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo decreto en que el prohíbe la entrada a su país a ciudadanos de 12 países, y a la vez también restringió de modo parcial la entrada de personas oriundas de otras siete naciones, entre ellas Cuba y Venezuela. La medida se suma a la ofensiva del Gobierno de Trump contra los migrantes, que comenzó a hacerse efectiva desde el momento de la toma de posesión del mandatario el pasado 20 de enero.

Rusia Today La justicia argentina investiga actualmente los delitos de lesa humanidad perpetrados por 401 represores de la última dictadura militar (1976-1983), quienes se encuentran en calidad de procesados y están a la espera de condenas en juicios orales y públicos. De acuerdo con el último reporte del Ministerio Público, desde 2006 se han dictado penas contra 1.197 personas, entre militares, policías y civiles e incluso religiosos, lo que convierte a Argentina en el país que ha juzgado a más represores con tribunales propios. Los delitos juzgados abarcan desde secuestros, torturas y asesinatos, hasta desapariciones, robo y apropiación de bebés y de menores y violaciones, entre otros. Fueron cometidos hace ya casi cinco décadas, pero la lucha de los colectivos de derechos humanos ha impedido que, como ocurrió en muchos países, predominara la impunidad. Uno de los casos que se suele poner como ejemplo es el de Jorge Rafael Videla, uno de los jefes militares que en 1976 encabezó el último golpe de Estado, se proclamó presidente de facto, y murió en 2013, condenado y preso en una cárcel común, a diferencia de muchos dictadores latinoamericanos. En los juicios ya concluidos, han sido absueltos 199 acusados, en tanto que a 158 se les dictó falta de mérito; 118 fueron sobreseídos y 1.222 ya fallecieron. De las 3.824 personas que han sido investigadas por este tipo de crímenes, solo 615 permanecen detenidas, pero la mayoría de ellas, un total de 498, goza de prisión domiciliaria. Además, hay 33 prófugas. Pendientes La subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, por su parte, cuenta con un detallado sitio interactivo que permite analizar en tiempo real el estado de los juicios que avanzan ante la casi total indiferencia mediática, ya que la prensa más influyente no los cubre. Gracias a esta herramienta, que incluye testimonios de sobrevivientes, es posible saber que están en curso 14 juicios que se desarrollan en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, y en donde hay 90 imputados por crímenes cometidos contra 892 personas.  Uno de los más emblemáticos es el que investiga el terrorismo de Estado cometido en un centro clandestino de la provincia de Mendoza y en el que se ha demostrado que hubo, por lo menos 329 víctimas, de las cuales 71 fueron asesinadas o desaparecidas. En particular, el juicio aborda el rol del Departamento de Informaciones de la Policía y sus integrantes en el plan represivo y es la megacausa más grande que sigue pendiente por el número de víctimas y de imputados. Además, se investiga sobre los crímenes estatales cometidos antes del golpe de Estado. Otro aporte de Argentina a las luchas por la memoria y la justicia es que los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el país sudamericano han traspasado fronteras. Cerca de 500 personas migrantes extranjeras están en la lista de víctimas, entre ellas las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon; la socióloga alemana Elisabeth Käsemann; el militante comunista rumano David Coldman; el italiano Antonio Bosich; el sindicalista español José Antonio Apontes y la adolescente sueca-argentina Dagmar Hagelin. Por eso se han realizado 41 juicios en Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Israel, Francia, Italia, EE.UU., Sudáfrica, Alemania y España, vinculados con crímenes ocurridos en Argentina entre 1976 y 1983.

Rusia Today Donald Trump declaró en su cuenta de Truth Social que Elon Musk se volvió «loco» y sugirió recortar contratos gubernamentales de sus empresas. «La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es terminar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!», escribió Trump. «Elon estaba ‘agotado’, le pedí que se fuera, le quité su mandato EV [vehículos eléctricos], que obligaba a todo el mundo a comprar coches eléctricos que nadie quería (¡que él sabía desde hace meses que yo iba a hacer!), ¡y se volvió LOCO!«, añadió el mandatario. Anteriormente, el empresario Elon Musk respondió con críticas a la reciente afirmación del presidente Donald Trump de que el multimillonario tecnológico sabía sobre el proyecto de ley de impuestos y gastos mejor que nadie. «¡Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en la oscuridad de la noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!», denunció Musk en su cuenta de X. «Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara [de Representantes] y los republicanos estarían 51-49 en el Senado», enfatizó Musk. «Tanta ingratitud», añadió el magnate. Anteriormente, Musk, quien hasta la semana pasada ejerció como supervisor del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE) calificó de «abominación repugnante» el proyecto de ley de presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes del Congreso. El proyecto de ley en cuestión incluye, entre otros gastos, partidas para la seguridad fronteriza y el Ejército, cuyas alzas han sido compensadas a partir de recortes en el seguro Medicaid, en cupones de alimentos y en créditos fiscales por concepto de energías renovables. Esto último afecta en particular a los fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, y Musk trató sin éxito de revertirlo tras bambalinas. La colaboración de Trump y Musk culminó oficialmente el 30 de mayo, cuando el presidente elogió el trabajo del jefe del DOGE durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval.