2025

Rusia Today El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que detrás del atentado ocurrido el pasado fin de semana en Bogotá contra el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay estaría una «mafia». «Hasta ahora, y solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional», expresó Petro a través de X, donde agregó que como mafia se refiere en este caso a «una junta del narcotráfico» que tiene sede en Dubái, Italia y Colombia. El mandatario indicó que a esa mafia se han asociado organizaciones criminales como el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo y la disidencia de las extintas FARC dirigida por alias ‘Iván Mordisco’. Además, mencionó que el narco uruguayo Sebastián Marset, prófugo y buscado a nivel internacional, también es parte de esa red delictiva. Petro agregó que de esa red ya han sido capturados tres capos de Albania. Además, señaló que tienen conexión con organizaciones del narcotráfico en Ecuador y Venezuela. Esos actos de violencia con fines políticos, indicó, forman parte de una «ofensiva» para tomar el poder del «Estado en buena parte de Latinoamérica», y así lo ejemplifican los múltiples asesinatos cometidos contra candidatos electorales en México y Ecuador. De igual forma, el narco intenta de esa manera «debilitar el Estado y avanzar sobre sus controles de la economía ilícita». En el caso colombiano, dijo, buscan dañar a su Gobierno porque ha «golpeado durísimo al narcotráfico».  Según detalló, Colombia tiene un promedio de «un extraditado por día, de 4,5 laboratorios destruidos por día» y «centenares de toneladas de cocaína» incautadas, cifras que rompen los récords de su administración en 2024. Mayor seguridad «Los asesinos buscan que nos matemos entre nosotros», continuó Petro, quien ya ordenó «el incremento de seguridad para los dirigentes de la oposición, específicamente y de manera inmediata a Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila». Investigación Al brindar detalles del atentado contra Uribe Turbay, Petro dijo que el arma que utilizó el sicario, un adolescente de 14 o 15 años, «fue comprada ilegalmente en EE.UU.». En ese orden, calificó de «absoluta mentira» la información publicada por algunos medios sobre un supuesto chat encontrado en el celular del menor detenido. «El chat tiene que ver con una banda de Medellín que iba a hacer un atraco ese día», comentó. El mandatario informó que el día del atentado, el sicario llegó al lugar de los hechos en moto, estuvo «rondando el parque» durante cuatro horas antes del crimen y «habló con gente en una camioneta». Tras el ataque y su posterior captura, el adolescente confesó que el crimen lo mandó a ejecutar una persona identificada con el alias ‘La Olla’. Debido a la información que maneja el menor, Petro ordenó que al autor material del crimen «se le cuide al máximo», sobre todo porque «fue capturado relativamente bien», pero tras la detención «fue golpeado violentamente por civiles», lo que obligó a ingresarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro de salud. Petro reiteró sus deseos de que el senador Uribe Turbay, que se encuentra en estado crítico, pueda recuperar su salud. «Quiero que viva, se abrace con su familia, y ayudo con eficiencia a saber quiénes son los autores del atentado», agregó el jefe de Estado.

DW Actualidad Estados Unidos anunció este lunes más sanciones por tráfico de fentanilo contra Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, y aumentó la recompensa por los dos que están fugitivos. El presidente republicano Donald Trump libra una guerra contra los cárteles méxicanos para intentar frenar el tráfico de este opioide sintético, una de las principales causas de la muerte de personas de entre 18 y 49 años en Estados Unidos. Los cuatro hijos del Chapo (Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López) controlan el cártel de Sinaloa, considerado por Washington una organización «terrorista» global, a través de su facción autodenominada «Los Chapitos». Ovidio y Joaquín están detenidos en Estados Unidos, pero Iván y Jesús Alfredo «siguen prófugos en México», afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado. «El liderazgo de Iván en Los Chapitos ha desencadenado una alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas de seguridad y miembros de cárteles rivales», precisó el gobierno estadounidense. Washington acusa a su hermano Alfredo de actuar como «lugarteniente» y de haber «participado en la tortura de rivales» para sacarles información. Por esto, el Departamento de Estado subió este lunes de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a cada uno de los dos «Chapitos» prófugos. Laboratorios clandestinos controlados por Los Chapitos son «responsables de la introducción de fentanilo en pastillas falsificadas fabricadas por el cártel de Sinaloa» gracias a «su capacidad» para adquirir sustancias químicas necesarias para su fabricación, afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado.

BBC News Un joven con cara de niño y el cabello sobre sus hombros, vestido con pantalones de mezclilla y camiseta verde era neutralizado contra el suelo por la policía. Fue el momento en que capturaron al principal sospechoso del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el senador opositor y precandidato presidencial baleado el sábado 7 de junio en un mitin en Bogotá y que se encuentra en estado grave. Horas después, el presidente colombiano Gustavo Petro oficializó las sospechas: el presunto perpetrador es un adolescente de 15 años. Llevaba una pistola Glock 9 milímetros que provenía de EE.UU. Se trata de un arma semiautomática fiable y muy utilizada por fuerzas de seguridad en el mundo. No está al alcance de cualquiera. «El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino», dijo este lunes Petro en X, revelando que el menor había abandonado voluntariamente un programa educativo de paz en el pasado. El diario colombiano El Tiempo informa que cuando el menor fue detenido aseguró que la orden de atentar contra Uribe Turbay la dio «el hombre de la olla», en referencia a un punto de venta de droga de la capital colombiana. Las autoridades buscan ahora a los autores intelectuales de un crimen que se llevó a cabo mediante una práctica extendida en Colombia: el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y criminales para matar. Según la Defensoría del Pueblo colombiana, en 2024 fueron reclutados 409 niñas, niños y adolescentes, un aumento respecto a los 342 casos registrados en 2023. Las autoridades reconocen que las cifras están subestimadas. Con décadas de conflicto armado y crimen organizado, miles de menores han sido víctimas de la violencia en Colombia, siendo reclutados tanto por los carteles de la droga como por las guerrillas izquierdistas, fuerzas paramilitares y nuevos actores armados y criminales. «Hubo incluso utlización de menores en operaciones encubiertas de la fuerza pública. Todos los actores del conflicto lo han hecho», le explica a BBC Mundo Max Yuri, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

Página 12 «Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales», indicó Greta Thunberg en un video divulgado por la Flotilla de la Libertad. El gobierno israelí acusó el lunes a la activista sueca «y a los otros de haber intentado escenificar una provocación mediática con la única intención de hacer publicidad». Israel se enfrenta a una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra en Gaza, donde la población es bombardeada a diario y está al borde de la hambruna debido a las restricciones impuestas por Israel, según la ONU. Una intercepción «ilegal» En la Flotilla de la Libertad viajaban 12 activistas de Francia, Alemania, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos con el objetivo de «romper el bloqueo israelí» en el territorio palestino. Imágenes difundidas por el movimiento muestran a los activistas a bordo de la embarcación con chaleco salvavidas naranja, las manos en alto durante la intercepción. Algunos entregaron sus celulares como se les ordenó, mientras que otros arrojaron sus teléfonos móviles o tablets por la borda. El equipo jurídico de la Flotilla denunció que la intercepción de los 12 activistas que iban a bordo del bote Madleen es ilegal, ya que se produjo en aguas internacionales y después fueron las propias autoridades israelíes las que llevaron a los activistas a su territorio. La abogada Loubna Tuma, que pertenece a la organización israelí en defensa de los derechos humanos Adalah, reprochó a las autoridades que no informaran en ningún momento del paradero o destino de los activistas. Los equipos legales de la Flotilla contactaron hasta en nueve ocasiones tanto con el despacho de la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, como con la Armada para exigir información sobre la situación de los activistas detenidos por el Ejército israelí en la madrugada del lunes, indicó Tuma a la agencia EFE. En una última llamada, sobre las 14:30 horas locales, las autoridades israelíes dijeron a los equipos legales de la Flotilla que emitirían un comunicado al respecto en un plazo de una hora, algo que ocurrió mucho más tarde. Las informaciones sobre el paradero del Madleen fueron contradictorias a lo largo del día, dado que, si bien el gobierno israelí dijo que había sido remolcado al puerto de Asdod, el equipo jurídico de la Flotilla informó después que los 12 pasajeros y activistas a bordo aún no habían sido trasladados a Israel y permanecían en el mar. Según el equipo legal de la Flotilla, la intención de las autoridades israelíes era deportarlos a su llegada y quienes no pudieran ser deportados el lunes, probablemente comparecerían ante el tribunal para una audiencia este martes.

Telesur El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que el esquema de seguridad del senador Miguel Ángel Uribe Turbay —víctima de un atentado el pasado sábado— fue reducido «extrañamente» el mismo día del ataque, pasando de siete a tres escoltas. «Pedí la máxima profundidad en la investigación», afirmó Petro en redes sociales, insinuando que el hecho podría estar ligado a una estrategia para socavar su administración. El senador Uribe Turbay, precandidato presidencial del opositor Centro Democrático (derecha), recibió dos disparos durante un acto público en Bogotá.  El atacante, un adolescente de 15 años, fue capturado en el lugar, pero las motivaciones siguen sin claridad y desde la ultraderecha buscan culpar al Gobierno del ataque. Por su parte, la familia del senador y precandidato presidencial de Colombia presentó una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, por presunta negligencia respecto a las peticiones para reforzar su seguridad. «Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año», dijo a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera, desde la puerta principal de la Clínica Fundación Santa Fe, donde Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras ser baleado el sábado en un mitin electoral. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que se manejan tres líneas de investigación: si el ataque apuntaba específicamente a Uribe Turbay por su perfil político, si buscaba afectar a su partido (fundado por el expresidente Álvaro Uribe), o si era parte de un plan para «desestabilizar al gobierno» de Petro. El presidente, sin embargo, fue más lejos: vinculó el hecho con sectores «oscuros, neonazis y no republicanos», incluso extranjeros, que —según él— han puesto «precio» a su cabeza. «Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción», aseguró, en una referencia al servicio de inteligencia israelí. Petro criticó que algunos sectores usen el ataque con fines electorales. Uno de los actores que se manifestaron en este sentido fue el expresidente César Gaviria (1994-1998), del Partido Liberal, quien recriminó el hecho de que el Gobierno no abandone el impulso a la consulta popular boicoteada por el Congreso. A criterio de Gaviria, la obstinación del mandatario produce un escenario de mayor confrontación, sin embargo Petro señaló que el más perjudicado por el atentado es el propio Gobierno y sugirió que el crimen pudo ser obra de «un grupo enemigo del gobierno y de la consulta».

Prensa Latina Tokio, 10 junio (Prensa Latina).- El Ministerio de Defensa de Japón reportó hoy una explosión en una base aérea estadounidense ubicada en el archipiélago de Okinawa, al sur del país, con un saldo de al menos cuatro heridos. El estallido se produjo, en horas de la madrugada, dentro de en un almacén temporal de municiones sin detonar, instalación militar estadounidense en la base de Kadena, que también se comparte con las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas. Las autoridades japonesas informaron que los servicios de emergencia acudieron con rapidez al lugar para atender a los afectados y controlar la situación, aunque hasta el momento no se han precisado las causas exactas del incidente, ni la gravedad de los heridos. La base se localiza en los pueblos de Kadena y Chatan, en la prefectura de Okinawa, donde -según el propio sitio web de la instalación- representa un punto clave de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en el Pacífico y de las unidades japonesas asociadas, al posibilitar la constitución del “Equipo Kadena”. Este suceso revive la controversia sobre la seguridad de las bases militares norteamericanas en Japón, donde Estados Unidos tiene unos 54 mil soldados. La mayoría de los militares se encuentran en la sureña isla subtropical de Okinawa, que alberga dos tercios de las tropas estadounidenses desplegadas en esta nación asiática. Además, la población local ha manifestado en reiteradas ocasiones su inquietud por los riesgos asociados a la presencia militar, así como por el impacto ambiental y social que generan estas bases.