Telesur
El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que el esquema de seguridad del senador Miguel Ángel Uribe Turbay —víctima de un atentado el pasado sábado— fue reducido «extrañamente» el mismo día del ataque, pasando de siete a tres escoltas.
«Pedí la máxima profundidad en la investigación», afirmó Petro en redes sociales, insinuando que el hecho podría estar ligado a una estrategia para socavar su administración. El senador Uribe Turbay, precandidato presidencial del opositor Centro Democrático (derecha), recibió dos disparos durante un acto público en Bogotá.
El atacante, un adolescente de 15 años, fue capturado en el lugar, pero las motivaciones siguen sin claridad y desde la ultraderecha buscan culpar al Gobierno del ataque.
Por su parte, la familia del senador y precandidato presidencial de Colombia presentó una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, por presunta negligencia respecto a las peticiones para reforzar su seguridad.
«Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año», dijo a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera, desde la puerta principal de la Clínica Fundación Santa Fe, donde Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras ser baleado el sábado en un mitin electoral.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que se manejan tres líneas de investigación: si el ataque apuntaba específicamente a Uribe Turbay por su perfil político, si buscaba afectar a su partido (fundado por el expresidente Álvaro Uribe), o si era parte de un plan para «desestabilizar al gobierno» de Petro.
El presidente, sin embargo, fue más lejos: vinculó el hecho con sectores «oscuros, neonazis y no republicanos», incluso extranjeros, que —según él— han puesto «precio» a su cabeza. «Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción», aseguró, en una referencia al servicio de inteligencia israelí.
Petro criticó que algunos sectores usen el ataque con fines electorales. Uno de los actores que se manifestaron en este sentido fue el expresidente César Gaviria (1994-1998), del Partido Liberal, quien recriminó el hecho de que el Gobierno no abandone el impulso a la consulta popular boicoteada por el Congreso.
A criterio de Gaviria, la obstinación del mandatario produce un escenario de mayor confrontación, sin embargo Petro señaló que el más perjudicado por el atentado es el propio Gobierno y sugirió que el crimen pudo ser obra de «un grupo enemigo del gobierno y de la consulta».
