2025

Agencias En una jornada legislativa que marca un nuevo revés para el Gobierno nacional, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad.  Con una amplia mayoría de 63 votos afirmativos y sólo siete rechazos, la Cámara alta reactivó la normativa que había sido objetada por el presidente Javier Milei, en lo que constituye el primer veto desactivado por el Congreso en más de dos décadas. El resultado expone una vez más la falta de respaldo parlamentario del oficialismo, incluso en temas donde intenta imponer una línea de contención presupuestaria.  En esta ocasión, un bloque opositor heterogéneo —integrado por legisladores kirchneristas, radicales, macristas y representantes de fuerzas provinciales— se alineó para sostener la ley que, entre otros puntos, mejora las condiciones de acceso a pensiones no contributivas, actualiza aranceles del sector y establece compensaciones económicas para personas con discapacidad. La ley, que vuelve a tener vigencia, estará en efecto hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá prorrogarse por un año más. Su objetivo central es responder a las urgencias de un colectivo históricamente postergado, en un contexto económico de alta inflación y recortes que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables. Un revés institucional con alto voltaje político Más allá del contenido de la ley, el desenlace de la votación tiene un peso político considerable. Se trata de la primera vez en más de 20 años que el Congreso logra desactivar un veto presidencial. En esta ocasión, lo hizo con los dos tercios necesarios, dejando en evidencia la capacidad de articulación de la oposición frente a un Gobierno que ha perdido buena parte de su margen de maniobra legislativa. Por cuestiones protocolares, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidió la sesión —se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei al exterior—, y la conducción del debate quedó en manos del senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, representante de San Luis.

DS Actualidad El ejército israelí indicó este jueves que ya controla 40% de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, después de una jornada con más de 60 muertos en todo el enclave, según la Defensa Civil local. Casi dos años después del inicio del conflicto, desencadenado por el ataque del grupo terrorista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Israel intensificó sus bombardeos y operaciones terrestres en Ciudad de Gaza en las últimas semanas. Israel lanzó la ofensiva en Ciudad de Gaza el 10 de agosto, en lo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu describe como un plan para derrotar a los islamistas de Hamás. La campaña ha suscitado críticas internacionales debido a la crisis humanitaria en la zona y ha generado niveles inusuales de preocupación en Israel, incluyendo reportes de tensión entre algunos comandantes militares y líderes políticos debido a la estrategia. La ONU declaró que en Gaza hay una situación de hambruna, lo que Israel niega. Según el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, de los 64 palestinos muertos este jueves, 30 perecieron en bombardeos contra Ciudad de Gaza. En el hospital Al Shifa de esta urbe, cuerpos envueltos en sudarios blancos yacían en el suelo de la morgue. El ejército israelí controla actualmente alrededor de 75% de la Franja de Gaza, un territorio de 365 kilómetros cuadrados bajo su asedio desde el inicio del conflicto.

Telesur Una lista desclasificada de 1991 de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, que fue hecha pública en 2004, revela el nombre del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) en una lista de 104 personas vinculadas al narcotráfico. En el documento, elaborado a principios de los años 90, Uribe aparece con el número 82, señalado como colaborador cercano al Cartel de Medellín. El listado de la DIA, que también incluye nombres como Pablo Escobar (número 79) y Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye” (número 1), describe a Uribe como un “amigo íntimo” de Escobar. Además, menciona que, como senador, Uribe habría participado en la campaña del narcotraficante para llegar al Congreso y atacado el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. Este documento, ha sido objeto de debate y discusión en Colombia, particularmente a la luz de la carrera política de Uribe, quien llegó a la presidencia de la nación trece años después de la creación del documento. Álvaro Uribe ha enfrentado una serie de denuncias, desde nexos con grupos paramilitares hasta acusaciones de manipulación de testigos. Uno de los procesos más recientes y mediáticos es el que culminó con una condena en primera instancia el pasado 1 de agosto. Un juzgado penal lo sentenció a 12 años de prisión por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. La sentencia, que fue un hito histórico al ser la primera condena penal a un expresidente colombiano, se originó en una investigación de la Corte Suprema de Justicia. Las acusaciones surgieron en 2012, cuando el senador Iván Cepeda lo señaló en el Congreso de tener vínculos con el grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la denuncia contra Cepeda e inició una investigación contra Uribe por las mismas acusaciones. Uribe, en calidad de “determinador”, instigó a terceros para que manipularan a testigos que estaban en prisión, ofreciéndoles beneficios a cambio de declaraciones falsas que lo favorecieran. Las pruebas presentadas incluían más de 1.500 páginas de documentos y más de 27.000 horas de grabaciones telefónicas que demostraban los contactos entre los emisarios de Uribe y los testigos. En febrero, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve declaró que Álvaro Uribe es el creador del grupo paramilitar Bloque Metro. El testimonio de Monsalve, que se volvió pieza central en el proceso contra Uribe, sugiere que la organización se formó en la finca de la familia del exmandatario, conocida como Guacharacas. La familia de Álvaro Uribe compró la hacienda en 1978. La finca, de unas 2.000 hectáreas, se dedicaba principalmente a la ganadería. Los Uribe enfrentaron varios problemas con la propiedad, y el primer gran conflicto fue una huelga de 68 trabajadores que reclamaban el pago de salarios atrasados. Monsalve, hijo del antiguo mayordomo de la finca, detalló en su testimonio que tanto Álvaro Uribe como su hermano Santiago tuvieron un papel fundamental en la formación y el crecimiento de Bloque Metro. Según el exparamilitar, el grupo se fundó en la década de los noventa para defender la finca de los grupos guerrilleros. Sin embargo, con el tiempo, el grupo creció de forma considerable, llegando a tener cerca de 1.500 miembros hacia el año 2000. Monsalve también denunció que fue víctima de una “cacería” en su contra desde que decidió cooperar con la justicia. El exparamilitar, que actualmente cumple una condena por secuestro, presentó pruebas de las presiones que recibió para retractarse de sus declaraciones. Además de las acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal, Uribe ha sido objeto de otras denuncias y señalamientos como el escándalo de “falsos positivos” que se destapó durante su Gobierno, donde ejecuciones extrajudiciales de civiles, en su mayoría jóvenes, fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. También se le acusó de ordenar o permitir seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y opositores políticos, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro. Aunque Uribe fue absuelto de los casos de Hilda Niño Farfán y Harlintong Mosquera, fue condenado por soborno y fraude procesal. No obstante, el pasado martes 19 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá (TSB) revocó la orden de detención inmediata y le permitió a Uribe esperar en libertad mientras se resuelve la apelación, argumentando una  “vulneración de los derechos a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad”. Tras esta decisión, el senador colombiano Iván Cepeda, víctima en el proceso contra Uriba, se pronunció respetando el fallo pero no compartiéndolo. Según Cepeda, esta medida es parte de una estrategia de Uribe para presionar a la justicia y condicionar el resultado final del proceso. El senador afirmó que a pesar de la libertad provisional el caso está sustentado por pruebas concretas y que espera que el tribunal se pronuncie en estricto apego a la ley. Asimismo, aseguró que ahora vendrá la apelación y otras acciones en respuesta a esta decisión.

Prensa Latina Brasilia, 4 septiembre (Prensa Latina).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó a sus simpatizantes a movilizarse contra la propuesta de amnistía para los condenados por intento de golpe de Estado tras las elecciones generales de 2022. Durante una conversación con activistas en la comunidad Aglomerado da Serra, en las afueras de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (sudeste), Lula manifestó su preocupación por el riesgo de que el Congreso Nacional apruebe tal propuesta. «Otra cosa que debemos saber es que, si votamos en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. El Congreso, como saben, no es un Congreso elegido por los sectores populares», señaló Reconoció que el Parlamento ha ayudado a su gobierno y este aprobó casi todo lo que quería, «pero la extrema derecha aún tiene mucho poder. Es una batalla que también debe librar el pueblo», insistió. La oposición en el Congreso Nacional trabaja para votar un proyecto de ley que indulte a los condenados por los atentados antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y beneficie al expresidente Jair Bolsonaro si es condenado por el Supremo Tribunal Federal por planear la trama golpista. También durante su plática con activistas, Lula afirmó que las periferias deben involucrarse en otros asuntos nacionales. «Este es un momento en el que necesitamos politizar nuestras comunidades», refirió. Cuestionó asimismo a quienes abogan por la interferencia estadounidense en Brasil, calificándolos de «falsos patriotas», sin mencionar nombres. Ahora vemos a falsos patriotas en Estados Unidos pidiendo al presidente Donald Trump que intervenga en Brasil, apuntó. «Quienes hicieron campaña envueltos en la bandera nacional, diciendo que eran patriotas, ahora están envueltos en la bandera estadounidense pidiendo a Trump que intervenga en Brasil», subrayó. Recientemente, el fundador del gobernante Partido de los Trabajadores criticó al congresista Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde hace seis meses y aboga por represalias contra los funcionarios brasileños involucrados en el juicio contra su padre (Jair) por intento de golpe. Desde el 6 de agosto, varios productos brasileños están sujetos a un impuesto del 50 por ciento para ingresar a Estados Unidos, una decisión de Trump, quien exige el fin del proceso judicial contra Bolsonaro. En la jornada, la primera dama Rosângela Lula da Silva, popularmente conocida como Janja, solicitó, además, apoyo a activistas con las comunicaciones del Gobierno, pues el trabajo no puede depender únicamente de la publicación de videos institucionales en redes sociales. Lula llegó a Belo Horizonte para su séptima visita a Minas Gerais en 2025. La semana pasada, estuvo presente en la inauguración de la Avenida Newton Cardoso y el anunció una entrega de recursos millonarios para el metro de Contagem, en la Región Metropolitana.

RT El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este jueves que, tras dos jornadas masivas de alistamiento, este 5 de septiembre iniciará el «primer ciclo de activación» de la milicia y los reservistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo objetivo será definir aspectos de organización y de «movilización de fuerzas». «Vamos a activar mañana, por primera vez en la historia militar del país, las unidades comunales de milicia (UCM) en los 5.336 circuitos comunales del país […], que engloban al mapa nacional», detalló el mandatario en una alocución televisada. Explicó asimismo que «cada UCM va a tener un conjunto de bases populares de defensa integral», que suman 15.751, número que coincide con la cantidad de centros electorales existentes en el país suramericano. «Es una forma de organización bien peculiar, bien pertinente y muy efectiva», aseveró. Maduro precisó que en la jornada de este viernes se abordarán asuntos organizativos y se hará «la primera inducción de esta nueva etapa», a la que luego seguirán «niveles más elevados y superiores» dentro del plan de defensa nacional.  «La meta mañana es movilizar a los 8.200.000 venezolanos y venezolanas que están en el sistema defensivo nacional y que, sumado a la base poderosa de 4.500.000 milicianos entrenados durante años, se suman los nuevos alistados y las nuevas alistadas», apuntó. 

Rusia Today El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, rechazó este jueves las críticas al despliegue militar de su país en el Caribe y aseveró que no le importan los informes de Organización de las Naciones Unidas (ONU) que niegan que Venezuela sea fuente de tráfico de drogas. «A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa«, expresó el funcionario estadounidense durante una conferencia de prensa en Quito, Ecuador, tras un encuentro con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Rubio se exaltó ante la consulta de un periodista, que hizo alusión a informes de la ONU que detallan que el país suramericano no es el más problemático en materia de drogas, ya que solo 5 % de los narcóticos transitan por Venezuela, mientras que 87 % del trasiego de drogas hacia el norte se hace por la ruta del Pacífico, desde los puertos de Ecuador y Colombia. La reacción del funcionario fue desacreditar el informe, atacar al periodista, arremeter contra el medio en el que trabajaba y tildar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de «narcotraficante» y «terrorista». «Lo dice un gran jurado en el Estado de Nueva York», agregó, sin presentar evidencias de ese grave señalamiento. Las declaraciones del representante de la Administración Trump se producen días después de que EE.UU. mostrara el video de una supuesta operación en el Caribe sur, que aparentemente dejó un saldo de 11 muertos. Aunque en principio aseguraron que se trataba de un «narcobarco», las imágenes mostraron el bombardeo a una pequeña lancha. Las autoridades venezolanas cuestionaron la veracidad del registro, que consideran que fue hecho con IA, y tildaron el video como una «maniobra» de Rubio para alentar un discurso belicista contra Caracas desde la Casa Blanca. Temor en la región Hasta ahora el Gobierno estadounidense no ha dado detalles de cómo fue la operación, quiénes son las víctimas, qué cantidad de droga transportaba la lancha o cómo se determinó que los tripulantes eran presuntos miembros de una organización delictiva. Sin embargo, en la región se ha despertado la preocupación por el proceder desproporcionado que habría tenido el Ejército de EE.UU. en el supuesto operativo antinarcóticos. Una de las voces más críticas ha sido la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien consideró que, de ser cierto, se habría tratado de un asesinato de civiles. El mandatario de Colombia —país que en 2024 llegó a una cifra récord de incautación de 794,5 toneladas de cocaína— destacó que desde hace décadas se captura a los civiles que transportan drogas «sin matarlos«. «Bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato», ratificó. Este jueves, Rubio dijo que «posiblemente no sea necesario» que EE.UU. ejecute una acción similar en países que son «aliados» de la Casa Blanca, como Ecuador, porque estos «van a cooperar» con Washington.

DW Actualidad Un equipo de arqueólogos encontró en Perú los restos de al menos 12 individuos que fueron enterrados boca abajo, con cuerdas alrededor del cuello, manos atadas y signos de violencia hace unos 2.300 años. «La forma en que fueron colocados en la tumba es extraña», relata al medio científico Live Science Henry Tantaleán, a cargo de las excavaciones y profesor de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Probable ritual con sacrificios humanos El académico cuenta que los esqueletos estaban colocados «con la cara hacia el suelo, un patrón de enterramiento inusual en toda la prehistoria andina«. Asimismo, estas personas presentaban signos de violencia, con rastros de golpes y fracturas en el cráneo. El hecho de que tengan cuerdas alrededor del cuello y las manos atadas a la espalda, indica que los individuos fueron sacrificados, plantea Tantaleán. «No iban acompañados de ninguna ofrenda ni ajuar funerario, lo que también es inusual», agrega el experto. Los individuos podrían no estar relacionados con el templo Los esqueletos fueron hallados cerca del Templo de Puémape, región de La Libertad (norte), en un sitio arqueológico de 3.000 años de antigüedad atribuido a la cultura Salinar. Sin embargo, los cuerpos datan de una época posterior, aproximadamente entre el 400 y el 200 a.C., por lo que existe la posibilidad de que el templo fuera abandonado antes de que se realizaran los sacrificios humanos. Los individuos «habrían sido un sacrificio ofrecido a este antiguo lugar de culto», propone Tantaleán. «Este templo fue reutilizado como huaca sagrada, un espacio de conexión con los ancestros», dijo Tantaleán a la agencia peruana Andina. «Lo cierto es que Puémape fue un lugar de peregrinaje y de enterramientos rituales, como evidencia una gran zona cementerial alrededor del templo», agrega. Origen desconocido de las personas enterradas Los arqueólogos desconocen el lugar de procedencia de estas personas. Posiblemente, apunta el experto, «eran personas que vivían en la misma zona, aunque también tenemos la hipótesis de que podían proceder del valle vecino». Ahora, los arqueólogos están analizando los esqueletos para estudiarlos en mayor detalle, para luego realizar pruebas de ADN con el fin de identificar a estas personas. Asimismo, el equipo trata de buscar algún nexo entre la cerámica, los animales y las plantas halladas en el sitio arqueológico.