La Paz, 6 de septiembre (El Nuevo Cambio).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la denominada Resistencia Juventud Cochala (RJC) de Cochabamba, es un grupo delincuencial, sin embargo y a pesar de ello, un juez de Oruro dispuso la libertad de su jefe Yassir Molina, quien cumplía sentencia por varios delitos.
Fue el Juzgado de Ejecución Penal de Oruro que le concedió libertad condicional, luego de que cumpliera cuatro años y cuatro meses de la condena de seis años que purgaba en el penal de San Pedro de Oruro.
El abogado de Molina, Juan Carlos Parisaca, explicó que a Molina le resta un año y ocho meses de condena, que deberá cumplir bajo medidas sustitutivas, entre ellas permanecer en Oruro, no cambiar de residencia y contar con empleo formal.
Una información de la agencia del estado ABI sobre el mismo tema afirma que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en su informe, sobre los hechos de 2019, a la RJC como un “grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas”.
En sus conclusiones, la CIDH recomendó la desarticulación de la organización.
Analistas dijeron que la decisión del juez “es el resultado de toda una tramoya elaborada por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido de la mano de su presidente, Romer Saucedo, haciendo favoritismo” en beneficio de personajes como Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
