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Naciones Unidas | Agencias Una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que anoche se abstuvieran naciones como Brasil, Colombia y México. El rechazo es un duro golpe para la estrategia extremista de la derecha regional, con los gobiernos de Argentina, Uruguay y Perú a la cabeza, quienes denunciaron fraude en los comicios sin presentar ninguna prueba. Durante la jornada se escucharon pedidos similares al sometido a votación el miércoles en la OEA por parte del G7, el gobierno de Estados Unidos e incluso el presidente colombiano Gustavo Petro, pero los países que encabezan la embestida contra Maduro quisieron imponer además el reclamo de una «verificación independiente», considerada una intromisión en los asuntos internos de Venezuela, que impidió que la resolución alcanzara los votos necesarios para ser aprobada, informó el diario argentino Página 12. En la sesión extraordinaria de la OEA celebrada en Washington, el texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, impidiendo alcanzar la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano requerida para la aprobación. El texto instaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que el lunes por la madrugada proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro en unos resultados rechazados por la oposición, que «publique inmediatamente los resultados de la votación» en cada mesa electoral. El documento también exigía que «se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados». Esta fue la frase que rompió el consenso dentro del organismo, ya que países como Brasil y Colombia pedían que fuera suprimida para dar su voto a favor. Según informaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias EFE, Perú y Panamá se negaron a retirarla y «bloquearon la negociación». Votaron a favor de la resolución Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam y Uruguay. Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía. No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, además de Venezuela, ausente desde hace tiempo.

Jerusalén | Agencias Israel está cometiendo crímenes de guerra contra los presos palestinos, incluidos niños, al someterlos a violencia sexual y tratos inhumanos. Así lo ha denunciado este martes Human Rights Watch (HRW), basándose en imágenes tomadas y publicadas por los propios soldados y activistas israelíes. “Durante meses, las autoridades israelíes han hecho la vista gorda cuando miembros de su Ejército publican imágenes y videos deshumanizantes de palestinos bajo su custodia”, deploró en un comunicado Balkees Jarrah, director interino para Medio Oriente de HRW. Muchos detenidos esposados, con los ojos vendados -y a veces heridos- fueron desnudados, incluso completamente, y luego fotografiados o filmados, reseñó la agencia de noticias Efe. Además, las imágenes se publicaron con leyendas degradantes y humillantes escritas por soldados, periodistas o activistas israelíes, según la organización con sede en Nueva York, que analizó 37 de las publicaciones. “La desnudez forzada, seguida de capturar y compartir imágenes sexualizadas en las redes sociales es una forma de violencia sexual y también un crimen de guerra”, recalca, al advertir de que “altos funcionarios y comandantes militares pueden ser considerados penalmente responsables por ordenar estos crímenes o por no prevenirlos o castigarlos, incluso ante la Corte Penal Internacional”. Según la organización, algunos oficiales militares israelíes han denunciado públicamente a algunos de sus miembros por publicar imágenes de los detenidos, pero el Gobierno no ha condenado públicamente el trato a los detenidos y las autoridades judiciales no han anunciado ningún procesamiento. El 15 de julio, HRW escribió a la Oficina de Diplomacia Pública del Ejército israelí pero no recibió respuesta, asegura la ONG. Desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, miles de palestinos principalmente de Gaza, han sido arrestados en el centro de detención Sde Teiman, ubicado en el sureño desierto del Néguev. En esa cárcel, las autoridades israelíes practican torturas, palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad contra palestinos, muchos de ellos presos sin tener cargos formales en su contra, según denuncias de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos de Israel y de Amnistía Internacional, con sede en Londres. Al menos 36 palestinos han muerto mientras estaban presos en Sde Teiman y unos 124 de ellos siguen en ese lugar, según medios israelíes, a pesar de que el fiscal general israelí pidió que los presos fueran trasladados. Los Convenios de Ginebra exigen que toda persona que se encuentre bajo custodia de una parte en conflicto “deberá ser tratada humanamente” y prohíbe los “atentados a la dignidad personal”, por lo que las violaciones a estas normas constituyen “crímenes de guerra”, recordó HRW. La Corte Penal Internacional está considerando emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en territorio palestino durante la guerra, que ha dejado más de 39.000 muertos y unos 90.000 heridos, miles de desaparecidos y 1,9 millones de desplazados en la Franja de Gaza, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. La guerra estalló tras un ataque de Hamás contra Israel que dejó unos 1.200 muertos -más de 800 civiles- y 251 secuestrados.

Saná | Agencias El Ministerio de Salud controlado por los hutíes de Yemen denunció este domingo que al menos seis personas murieron y otras 90 resultaron «severamente heridas» tras el ataque lanzado el sábado por Israel contra la ciudad costera de Al Hodeida, puerto estratégico controlado por los rebeldes, un día después de un mortal ataque con dron en Tel Aviv reivindicado por los insurgentes. «Seis personas fueron martirizadas, tres siguen desaparecidas y otras 90 resultaron heridas», informó el Ministerio de Salud de los hutíes, actualizando las cifras iniciales entregadas por el portavoz del grupo insurgente, Anis al Asbahy, quien había detallado que los heridos sufrían «principalmente quemaduras serias». Según las autoridades hutíes, el que fue el primer ataque de Israel contra Yemen tuvo como objetivo «depósitos de petróleo y la central eléctrica» de Al Hodeida, una ciudad desde donde los insurgentes yemeníes lanzan una gran parte de sus ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo y puntualmente contra territorio israelí. En cambio, fuentes portuarias dijeron que el bombardeo israelí alcanzó «el muelle de descarga de combustible y gas, los tanques de almacenamiento de combustible y las dos únicas grúas para contenedores en funcionamiento». Según expertos, se trata de los primeros ataques anunciados por Israel contra Yemen, un país en guerra controlado parcialmente por los hutíes, apoyados por Irán y aliados del movimiento islamista palestino Hamás. La respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se hizo esperar. «Tengo un mensaje para los enemigos de Israel: Nos defenderemos por todos los medios, en todos los frentes. Cualquiera que nos ataque pagará un precio muy alto», declaró. «La sangre de los ciudadanos israelíes tiene un precio», apuntó el ministro de Defensa, Yoav Gallant. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, pidió este domingo un frente internacional contra la amenaza de Irán, en un mensaje en el que insistió en la importancia de su ataque de este sábado contra posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen en el puerto de la ciudad de Hodeida.

La Haya | Agencias La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ordenó a Israel ponerle fin a la ocupación de los territorios palestinos “lo más rápidamente posible” y reparar plenamente sus “actos internacionalmente ilícitos”. En una decisión histórica, aunque no vinculante, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas exigió desmantelar el muro de separación en Cisjordania y devolver las tierras a sus residentes originales, además de encontrar múltiples violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidas actividades que equivalen a apartheid. En esa línea, el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) e integrado por 15 jueces remarcó que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la ocupación como legal ni «prestar ayuda o asistencia» para mantener la presencia del Estado de Israel en los territorios ocupados. “El tribunal considera que las violaciones por parte de Israel de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza y del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación tienen un impacto directo en la legalidad de la presencia continua de Israel, como potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado», expresó el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, al leer el dictamen del tribunal. “El abuso sostenido por Israel de su posición como potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado», continuó. Poco después de conocerse la noticia, la respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se hizo esperar. «El pueblo judío no es conquistador en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria Ninguna opinión absurda en La Haya puede negar esta verdad histórica o el derecho legal de los israelíes a vivir en sus propias comunidades en nuestro hogar ancestral», escribió Netanyahu en su cuenta de redes sociales.