Política

Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, pidió hoy a todos los actores políticos y al Estado dar una «solución» a la permanente suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales. “Debemos evitar el uso perverso de las formas democráticas. (…) Llamamos a la responsabilidad de todos los actores políticos, las autoridades, el Estado en sí mismo, para que den una solución a esta situación”, instó. La Sala Constitucional Primera de Pando concedió, hace días, la tutela a acción popular presentada por la dirigente indígena Yeni Duri, que reclamó una supuesta discriminación en el caso de la postulante inhabilitada Mineya Lucindo. En la parte resolutiva del documento se dispuso dejar sin efecto las elecciones judiciales y que se deba realizar un nuevo proceso de preselección de candidatos. “El mensaje que están dando los actores políticos a la población no es de fortalecimiento del mecanismo democrático, están dando un mensaje inverso que aporta más bien a la deslegitimación del mismo y que puede, eventualmente, provocar salidas también dolorosas para el Estado y la población boliviana”, añadió. Callisaya consideró que la población tiene una “expectativa grande” sobre la realización de esta elección y que, con lo ocurrido, genera un mensaje negativo contra todo un proceso de construcción del sistema democrático.

La Paz, 02 de mayo (El Nuevo Cambio).- Israel Campero, magistrado de la una sala constitucional de La Paz, que hace meses, violando al Constitución, limitó la facultad de la Asamblea Legislativa de interpelar a ministros de Estado, instruyó hoy al Tribunal Supremo Electoral supervisar el congreso que Luis Arce quiere hacer a nombre del MAS – IPSP. Es así que la Sala Constitucional I de La Paz, presidida por Campero, instruyó al Órgano Electoral Plurinacional que proceda a la supervisión del evento, a realizarse desde este viernes en El Alto. La instrucción se dio como una medida cautelar solicitada por dirigente “arcistas” a la Sala Constitucional, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral ya ha determinado rechazar la supervisión al Congreso convocado en El Alto, por incumplimiento de requisitos. “Instruir al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”, dice la resolución. Dicho artículo refiere que el Órgano Electoral Plurinacional supervisará el cumplimiento de la normativa vigente y de los estatutos internos de los partidos políticos y de las agrupaciones ciudadanas en la elección de sus dirigencias y candidaturas. No obstante, la resolución de la Sala Constitucional aclara que esta provisión está sujeta a una “condición extintiva” en caso de que los accionantes no logren cumplir con las exigencias de la Ley.

Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente del Estado, expresó sus duras críticas a los administradores de justicia constitucional y, en particular, a la Sala Constitucional I de La Paz, que instruyó al Órgano Electoral que supervise el congreso que el “arcismo” quiere hacer a nombre del MAS – IPSP. Mediante su cuenta de X, el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia consideró que la Sala Constitucional abusó de la interpretación y el control de la Constitución Política del Estado contra los Órganos de Poder Público. Señaló, además, que en esta última decisión existe una “cínica parcialidad con el gobierno”. “Administradores de ‘justicia constitucional’ en Bolivia perdieron el respeto por la ley, el sentido común y el pueblo”, afirmó Rodríguez Veltzé. La Sala Constitucional I, presidida por el vocal Israel Campero, ya había sido cuestionada en sus decisiones a favor del gobierno, como la de suspender la facultad legislativa de interpelar a los ministros. En su momento, Rodríguez Veltzé también fue crítico con la suspensión de interpelaciones y la consideró un bochorno que pasaría a la historia del abuso de la Justicia Constitucional. 

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, acompañado del vicepresidente, David Choquehuanca, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, ministros y otros dirigentes marchó por el día del trabajo, en medio de gritos de la población de “Lucho traidor, Lucho no hay plata”. La marcha comenzó después de las 8.15 horas, de la Plaza San Sebastián, donde se concentraron de a poco algunos trabajadores y funcionarios públicos con sus cascos, uniformes de sus instituciones y principalmente banderas rojas, del Partido Socialista Uno. Algunos ministros marcharon a la cabeza de sus instituciones, ese fue el caso del ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, que estuvo a la cabeza de la Dirección de Migración, Dirección de Consumo de Drogas y el Segip, entre otros, de la ciudad de Cochabamba. Muchos funcionarios públicos que no quisieron revelar sus nombres por temor a ser despedidos de sus fuentes de trabajo, denunciaron que sus jefes los obligaron a participar de la marcha por el día del trabajador. La mayor cantidad de trabajadores que participaron del acto fueron funcionarios del estado, entre los que estuvieron también los de la Alcaldía Municipal de Cochabamba y de otros municipios, principalmente de la región metropolitana. La marcha fue relativamente corta. Partió de la Plaza San Sebastián, se dirigió a la avenida Ayacucho hasta llegar a la Heroínas y luego a la 25 de mayo y de ahí, por la Bolívar a la Plaza principal 14 de Septiembre. Durante los discursos, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Javier López, dijo que los trabajadores “tenemos muchas demandas y esperamos se nos atiendan, lo más antes posible, debe ser un compromiso”. Le recordó al presidente Arce que debe gobernar obedeciendo al pueblo y atender los grandes y graves problemas que tienen en la actualidad todos los trabajadores, entre ellos, el caso de la seguridad social, los problemas de contrabando, la justicia, entre otros. “Pedimos respetuosamente que conmine a los ministros y viceministros que atiendan nuestras demandas que usted baje a las bases, y no permita que los dirigentes a tipo personal le sigan mintiendo”, afirmó. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, por su parte, sostuvo que quiere hacer conocer una molestia que tiene que ver con politizar la marcha laboral, porque todo tiene su espacio y hoy es el día del trabajador.

Cobija, 30 de abril, (El Nuevo Cambio).- Las elecciones judiciales quedaron sin efecto una vez más, luego de que la Sala Constitucional de Pando otorgará una “acción popular”, con el argumento de la “vulneración del derecho a la igualdad de mujeres y pueblos indígenas”. La determinación de los vocales de esa sala, Celsa Salazar y José Luis Sotelo, generó una serie de protestas no solo de carácter político y legal de senadores y diputados de la oposición, sino de las organizaciones sociales y sindicales del ala “evista”. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, afirmó que la determinación de la sala, es un nuevo atentado a la democracia y a la justicia boliviana. Los vocales Salazar y Sotelo, para emitir su determinación, aprovecharon la demanda de la exdiputada y dirigente indígena del MAS, Yeni Duri, quien denunció que la inhabilitación de la postulante Mineya Lucindo, fue una discriminación. La sala también estableció que se debe iniciar un nuevo proceso de preselección de candidatos. Las elecciones judiciales se estancaron en la etapa de los exámenes orales de 406 postulantes. Rodríguez Veltze Por su parte, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en su cuenta X, luego de conocerse la decisión de la sala de Pando, dijo: El objeto de la “acción popular” protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la “sala” y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La Asamblea Legislativa Plurinacional debe avanzar en el proceso de selección. Diputada Por su parte, la diputada por Cochabamba, Pamela Terrazas, sostuvo que la anulación de las elecciones judiciales, solamente tiene móviles políticos que responden a los intereses del ministro Iván Lima Magne y del Órgano Ejecutivo. “Rechazamos este nuevo golpe a la institucionalidad y la injerencia descarada sobre la Justicia y el Órgano Legislativo” dijo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de una notificación, observó el Congreso “arcista” convocado a nombre del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en la ciudad de Alto, los días 3,4 y 5 de mayo próximo. La nota establece que los dirigentes que firman convocando a ese evento, alentado por el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, no están acreditados por ese órgano electoral y mucho menos por la dirección nacional de ese movimiento político. Dirigentes del MAS-IPSP del ala “evista” explicaron en reiteradas oportunidades que el único que puede convocar a un congreso, de acuerdo a los estatutos aprobados y reconocidos por el TSE, es el presidente de ese movimiento, Evo Morales Ayma. El vocal del Tribunal Tahuichi Tahuichi aclaró a través de las redes sociales, que el Congreso de El Alto no está validado y que su realización es como casarse sin la presencia del oficial de registro civil. Sin embargo, el presidente Luis Arce en dos congresos regionales realizados en Tarija y Sapahaqui, respectivamente, el sábado y domingo, sostuvo que en el evento del 3 de mayo se ratificará la unidad del MAS. Un dirigente de la CSUTCB del sector de Lucio Quispe que convocó a ese congreso, declaró a los medios de comunicación en la sede de Gobierno que ellos no necesitan ni la autorización y el aval de nadie para realizar su congreso. Con la determinación del TSE está claro que en encuentro de El Alto no tendrá ninguna validez legal ni legítima y que la elección de sus dirigentes y sus candidatos tampoco serán reconocidos por el órgano electoral. Las organizaciones políticas tienen plazo hasta el próximo 5 de mayo para la renovación de sus directorios, sin embargo, el TSE a través de uno de sus vocales anunció que están analizando la posibilidad de ampliar la fecha. Solo 4 de 11 partidos de alcance nacional cumplieron esa obligación. De acuerdo a la nota enviada por el TSE al dirigente Lucio Quispe, las observaciones tienen que ver con la representación legítima ante esa instancia y que los dirigentes que suscriben la convocatoria no son los que están registrados en el órgano electoral. También que la solicitud de supervisión no fue presentada en el plazo previsto a la realización del evento y que no incluye otros requisitos importantes en la convocatoria que están especificados en el artículo 7 del TSE. Asimismo, la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del estatuto Orgánico del MAS-IPSP que señala que el congreso se reunirá cada dos años y será convocado públicamente con un plazo de 90 días y un mínimo de 60 días antes de su realización por la Dirección Nacional del MAS-IPSP. Por su parte, el diputado del MAS-IPSP, Renán Cabezas, explicó que las observaciones de la Secretaría de Cámara del TSE al congreso oficialista “arcista”, son insubsanables, porque no firma, ni firmará ningún delegado acreditado por ese movimiento político al órgano electoral.

Luis Arce Catacora admitió este domingo públicamente que su gobierno ya no tiene recursos porque no sabe de dónde sacar plata para atender las demandas y necesidades de la población, esta afirmación se da tras que la semana pasada la gestión en la explotación del litio durante su gobierno que ya va al cuarto año, fue calificada de desastrosa porque se habría convertido en un negocio de la familia del mandatario. La contundente revelación la hizo en la población de Sapahaqui, departamento de La Paz, durante la inauguración del XX congreso ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz «Bartolina Sisa». Dijo que el gobierno sabe de las necesidades del departamento de La Paz, pero “ya no tiene la plata que tenía antes” cuando en el gobierno de Evo Morales fluían los recursos, por las exportaciones de gas, ello, por la medida de la Nacionalización ejecutada por el expresidente. “El gas se ha agotado. Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. Hermanas, hermanos, no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar, la derecha y el ala evista, nos niegan en la Asamblea la aprobación de créditos. Cuando hay demandas por más obras, no hay pues de donde sacar plata”, afirmó en medio de las críticas a su gobierno por haber paralizado y mal utilizado la explotación de litio, de la que Bolivia es la mayor reserva certificada del mundo. Según Arce, la anterior semana la Cámara de Senadores con votos del ala evista y la derecha, han rechazado, luego de que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, el crédito para completar la línea del Teleférico Café en la ciudad de La Paz, no obstante, no dijo de las acusaciones del MAS – IPSP, en sentido de de existe en su proyecto un sobreprecio de más de 22 millones de dólares. “No quieren que hagamos obras, no quieren que avancemos para después decir que la economía está mal. Pero ellos son los culpables, hermanos. Ellos son los que estrangulan, los que ahorcan la economía del pueblo boliviano”, afirmó a tiempo de anunciar que la respuesta de su gobierno será en las urnas. Sin embargo, el gobierno de Arce ha sido acusado por el líder del MAS – IPSP, Evo Morales, de haber convertido a la economía nacional en dependiente de los créditos y de la deuda externa, y de incapacidad de generar recursos propios para garantizar el desarrollo del país, como en el caso del litio, donde se ha acusado al hijo de Arce, Luis Marcelo Arce, de querer negociar por su parte los recursos del pueblo boliviano.

El líder del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) informó que está preparando un proyecto de ley para que los corruptos tengan una sentencia de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. “Es lamentable, la corrupción está destrozando nuestra querida Patria y mientras la gente pobre y las llamadas clases medias sufren la crisis económica, otros se aprovechan ilegalmente de los recursos de las y los bolivianos”, dice. Explicó, en el Programa “Evo Pueblo” que se difunde por la Radio Kausachun Coca (RSC), del trópico de Cochabamba que “hoy más que nunca es necesario asumir acciones para erradicar ese mal que tanto daño provoca al Estado y la sociedad”. “Por eso estamos preparando un proyecto de ley para que los involucrados en casos de corrupción, luego de ser debidamente procesados, sean sancionados con 30 años de cárcel sin derecho a indulto”, afirmó.