Política

Cochabamba, 29 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El XXI Congreso Ordinario de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, celebrado en la localidad de Vacas, determinó la expulsión, entre otros, del ministro Edmundo Novillo, Grover García y Sabina Orellana, por actos de traición. Una información difundida por Radio Kausachun Coca afirma que la decisión fue adoptada por la comisión política del congreso, que rechazó categóricamente la deslealtad de estas personas hacia la causa campesina. Entre los expulsados destacan además de Edmundo Novillo, Grover García, Sabina Orellana, de Leonardo Dávalos, Martin Mamani, Olivia Guachalla, Fernando Ortega, Ramiro Lazarte, Reynaldo Sánchez, Felicidad Solís, Wilson López, Simón Choquevillca y Sinforiano Mamani, entre otros. Todos ellos fueron declarados enemigos de la organización campesina. Además, el congreso extendió esta declaración al actual ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, calificándolo como enemigo del movimiento campesino del departamento de Cochabamba. Con estas resoluciones, el Congreso busca reafirmar su compromiso con la defensa de los intereses y principios del movimiento campesino, enfatizando la necesidad de lealtad y compromiso dentro de sus filas.

Santa Cruz, 27 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Miles de ciudadanos concentrados en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz exigieron el adelanto de las elecciones nacionales, ante la falta de solución a los graves problemas económicos del país, la escasez de diésel, gasolina, dólares, entre otros. La concentración, donde estaban incluso algunas autoridades departamentales y regionales, tuvo el denominativo “por una nueva Bolivia” demandó el cambio inmediato de las políticas públicas, tomando en cuenta que la política económica de Arce Catacora generó estancamiento, desigualdad y dependencia económica. Los concentrados demandaron la eliminación del monopolio de YPFB, apertura del sector hidrocarburos a la inversión privada, promoviendo un mercado competitivo y sostenible que garantice el abastecimiento de combustibles en el país. También pidieron reformas económicas, ante la falta de dólares, la crisis de combustibles y el déficit fiscal de una administración estatal deficiente. En lo político, demandaron el adelanto de elecciones nacionales, unidad de la oposición, una agenda común para reconstruir el país y anulación del Decreto Supremo 5271 por carecer de seguridad jurídica y confianza para los inversores. Los organizadores de la concentración dijeron que la movilización es un llamado a la esperanza y no un acto de resignación. “Hoy comienza la construcción de una nueva Bolivia, una Bolivia que priorice al pueblo y a su futuro”.

La Paz, 27 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde enero de este año, con los magistrados que se auto prorrogaron son nulas de pleno derecho, afirmó el expresidente del Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé. El exmandatario explicó que los magistrados del TCP ejercen sus funciones de manera ilegal tras la expiración de su mandato el 31 de diciembre de 2023 y por lo tanto, sus acciones carecen de validez jurídica. Rodríguez Veltzé aclaró que el mandato de estos magistrados era improrrogable, sus funciones concluían una vez cumplidos los seis años de gestión. La afirmación la hizo en una entrevista realizada en el programa Piedra, Papel y Tinta, del periódico La Razón. Los magistrados prorrogados fueron electos en diciembre 2017. Iniciaron su gestión el 3 de enero de 2018. La Constitución establece seis años de mandato. Entre sus resoluciones ilegales se encuentran la Sentencia Constitucional 0770/2024 que declara desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Es decir, el fallo rompe con el principio de preclusión y la “unicidad” del proceso, como denunció la Sala Plena del TSE. También emitió la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que también prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017. Posteriormente, el jueves 14 de noviembre, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que, valida el X Congreso del MAS, de la facción arcista, y también la elección del dirigente Grover García como jefe de ese partido. Rodríguez Veltzé lamentó la falta de acciones por parte de las entidades de control gubernamental para detener esta situación y afirmó que el TCP actúa como un ente que, en lugar de garantizar la estabilidad institucional, ha contribuido a la “consolidación de un estado de cosas inconstitucionales”. “Los magistrados, al prorrogarse de manera unilateral, actuaron como juez y parte, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución”, sostuvo. “El TCP fue diseñado para interpretar la Constitución y garantizar derechos fundamentales, no para legislar o sustituir al constituyente, que es el pueblo boliviano”, explicó.

La Paz, 25 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Una encuesta difundida por los diarios Clarín de Argentina y La Razón de Bolivia sobre la imagen de los presidentes sudamericanos, establece que Luis Arce Catacora está como uno de los peores mandatarios, apenas por encima de Dina Boluarte del Perú y Nicolas Maduro de Venezuela. La encuesta fue realizada por la consultora CB Opinión Pública y primero fue publicada por el diario argentino. Arce Catacora se encuentra en el octavo lugar de 10 presidentes con un 36.8 por ciento de aprobación y más de un 60 por ciento de desaprobación. La lista está liderada por el presidente uruguayo Luis Calle Pou, seguido de Javier Milei de Argentina y Luis Ignacio de Silva de Brasil. Después de los tres están Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile. En el último lugar se encuentra Dina Boluarte del Perú y Nicolás Maduro de Venezuela, con porcentajes de rechazo que superan el 70 por ciento. Las encuestas para establecer la percepción sobre los presidentes se realizaron entre el 15 y 19 de noviembre, con un margen de error del 2 por ciento y un “relevamiento de 1.019 y 1.617 casos en cada país”. La encuesta no solo proporciona una «foto actual», sino que también evalúa tendencias respecto al mes anterior. En el caso de Arce, su valoración sufrió un deterioro en comparación con octubre, aparentemente por los graves problemas económicos, falta de diésel, gasolina, dólares, inflación acumulada de más del 7 por ciento, entre otros. El gobierno de Arce intentó justificar los problemas económicos con los bloqueos de carreteras realizados entre octubre y noviembre, sin embargo, después de más de 20 días que se suspendieron las medidas de presión, continúan los problemas, incluso mucho peor que antes.

Lauka Eñe, 24 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los detenidos políticos de los bloqueos de carreteras en el país, sufren las peores violaciones a sus derechos humanos, discriminación, torturas psicológicas y riesgo de ser agredidos por otros reclusos que fueron sentenciados por delitos de asesinatos, feminicidios, narcotráfico, entre otros. La denuncia la hizo la dirigente de la Federación de Centrales Unidas y miembro del equipo legal que defiende a los más de 120 apresados por el gobierno de Luis Arce, María Javier, en una entrevista realizada en el programa “Evo es pueblo, líder de los humildes”, que se difunde los domingos por Radio Kausachun Coca, desde el trópico de Cochabamba. Denunció que los detenidos políticos no solo deben pagar más de 8.000 bolivianos para tener un lugar para dormir y descansar, sino que el gobierno dispuso que utilicen un uniforme diferente, un chaleco anaranjado, para que los demás reclusos los identifiquen como los “bloqueadores”, poniendo en riesgo incluso sus vidas. Dijo que los detenidos se encuentran en las cárceles de manera ilegal, no se respetan sus derechos constitucionales y no tienen ninguna garantía a su seguridad, están discriminados, extorsionados y no cuentan con atención a su salud. “A nuestros hermanos detenidos les pusieron una identificación y uniforme diferente, con chalecos anaranjados, para que sean señalados como los bloqueadores del Chapare, poniendo en riesgo incluso sus vidas”, reiteró. Denunció que los detenidos políticos deben pagar el “derecho de piso”, hasta en 8 mil bolivianos, “e incluso hay una hermana detenida que está embarazada, esperando familia, además de ser extorsionada y torturada psicológicamente, tratada en una situación inhumana”. Javier sostuvo que todas estas violaciones son de conocimiento del defensor del Pueblo y se espera que no solo denuncie estos excesos del gobierno de Luis Arce, sino gestione y exija la libertad de todos los detenidos ilegal e injustamente. La dirigente dijo que los detenidos no han cometido ningún delito, no han robado o matado, “como lo hacen las autoridades de gobierno, que fueron denunciados no sólo por los asambleístas y dirigentes, sino incluso algunos medios de comunicación”.

Lauka Eñe, 22 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció hoy que el gobierno de Luis Arce Catacora, ejecuta un estado de sitio defacto en Bolivia, persiguiendo, deteniendo y encarcelando ilegalmente a dirigentes sociales y políticos. La denuncia la hizo durante la inauguración de la reunión nacional, al que convocó de emergencia y que se realizó en el coliseo de la localidad de Lauka Eñe, Sinahota en el trópico de Cochabamba, con la participación de dirigentes de todo el país. El exmandatario dijo que, en la actualidad, muchos dirigentes, autoridades e incluso exautoridades son perseguidos por el gobierno y muchos otros fueron detenidos, trasladados a La Paz y encarcelados sin pruebas y solo por sospecha. Morales afirmó que el actual régimen perpetró el segundo golpe de estado en el país, después del registrado en noviembre de 2019, en alianza con la derecha nacional e internacional, el imperialismo estadounidense y los medios de comunicación social. “Es un golpe contra el indio, contra el movimiento indígena”. “No han podido derrotarnos moralmente, políticamente, legalmente, y físicamente, ahora intentanquitarnos la sigla del MAS-IPSP e inhabilitarnos como candidatos a las elecciones nacionales”, dijo al señalar que las últimas encuestas demuestran que tenemos el respaldo y el apoyo de la mayoría de la población. Reconoció que “estamos en momentos difíciles”, pero dijo que constitucionalmente “seguimos habilitados legal, constitucional y legítimamente como candidatos y como presidente del instrumento político del MAS-IPSP”. El exmandatario explicó que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, donde no se menciona nada sobre la prórroga, los actuales magistrados auto prorrogados son ilegales, terminó su mandato el 2 de enero del 2024 y todos sus actos no tienen ninguna validez. Explicó que el estatuto del MAS-IPSP aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, solo puede convocar a congreso el presidente del instrumento político y el “chuto” congreso de El Alto no fue convocado por mi persona, por tanto, es ilegal. También mencionó que el único que puede llevar cartas, notificaciones, informes al TSE es el delegado oficial del MAS-IPSP y nunca nuestro representante avaló y validó el ilegal congreso convocado por el gobierno, con funcionarios públicos, en la ciudad de El Alto. Anunció que la lucha legal por mantener la sigla del MAS-IPSP con sus legítimos y legales representantes y ratificar la habilitación de nuestro candidato, se mantendrá en todos los niveles, porque tenemos el respaldo de la CPE y las leyes.

Redacción central El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció desde la clandestinidad que el gobierno de Luis Arce Catacora intentará matarlo, como tienen también planeado hacerlo nuevamente con el exmandatario del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, en un plan para perpetrar crímenes políticos. En una entrevista con el sitio Web argentino “Sangrre”, Quintana afirmó que teme por su viday confirmó que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar este hecho a nivel internacional. “Aquí no existe la presunción de inocencia. Mi caso no es el único: a Evo Morales intentaron asesinarlo, y sé que hay una disposición para intentar hacer lo mismo conmigo”, dijo al señalar que por esa razón “estamos llevando el caso a la CIDH para proteger mi vida (…) y agradezco las expresiones de solidaridad que buscan proteger también a mi familia, mi esposa y mis hijos, quienes están siendo asediados”, dijo. Quintana también dijo que el intento de asesinato a Evo Morales es “un punto de quiebre en la política boliviana” porque es “el escalón más alto del plan de construcción de un nuevo orden político por parte del gobierno de Luis Arce”. “No se trata de una disputa personal entre Evo y Arce, es una estrategia deliberada para eliminar una amenaza política para este nuevo orden y consolidar un proyecto”, agregó al señalar que “desaparecer a Evo implica transitar hacia un escenario de abierta complicidad entre el gobierno de Arce y las fuerzas conservadoras de derecha”. “Evo ha sido construido como un ‘enemigo interno’ para legitimar y destruir su reputación y liderazgo. Estamos en la antesala de un potencial escenario de crímenes políticos, de crímenes de Estado, combinados con delitos de odio y racismo”, sostuvo.

Villa Tunari, 21 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, condenó hoy las amenazas del gobierno al presidente del Senado Andrónico Rodríguez y ratificó que la promulgación de las leyes 075 y 079 están en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes. En su cuenta X, el exmandatario afirma que “condenamos con la mayor firmeza las amenazas del ministro de Justicia, César Siles, del gobierno de Luis Arce, en contra de nuestro hermano Andrónico Rodríguez”.  El mensaje del mandatario dice: “La promulgación de las leyes 075 y 079 por parte de nuestro hermano Andrónico, como presidente interino de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y del Senado Nacional, el pasado martes, está en el marco y respeto de nuestra Constitución Política del Estado. Decir que está al margen de las normas legales vigentes en el país, que fue contrario a la CPE y que es usurpación de funciones, solo es una burda maniobra, una amenaza y abuso y está destinada a mantener la desinstitucionalización de los poderes del Estado, solo con el fin de continuar con los intentos del gobierno para imponer los intereses personales de sus gobernantes. Tarde o temprano vamos a recuperar la democracia, con la lucha y unidad del pueblo boliviano, para que se respete la CPE y se devuelva la independencia a nuestras instituciones, sometidas, amenazadas y algunas vendidas al oficialismo”.