La Paz, 27 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde enero de este año, con los magistrados que se auto prorrogaron son nulas de pleno derecho, afirmó el expresidente del Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.
El exmandatario explicó que los magistrados del TCP ejercen sus funciones de manera ilegal tras la expiración de su mandato el 31 de diciembre de 2023 y por lo tanto, sus acciones carecen de validez jurídica.
Rodríguez Veltzé aclaró que el mandato de estos magistrados era improrrogable, sus funciones concluían una vez cumplidos los seis años de gestión. La afirmación la hizo en una entrevista realizada en el programa Piedra, Papel y Tinta, del periódico La Razón.
Los magistrados prorrogados fueron electos en diciembre 2017. Iniciaron su gestión el 3 de enero de 2018. La Constitución establece seis años de mandato.
Entre sus resoluciones ilegales se encuentran la Sentencia Constitucional 0770/2024 que declara desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Es decir, el fallo rompe con el principio de preclusión y la “unicidad” del proceso, como denunció la Sala Plena del TSE. También emitió la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que también prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.
Posteriormente, el jueves 14 de noviembre, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que, valida el X Congreso del MAS, de la facción arcista, y también la elección del dirigente Grover García como jefe de ese partido.
Rodríguez Veltzé lamentó la falta de acciones por parte de las entidades de control gubernamental para detener esta situación y afirmó que el TCP actúa como un ente que, en lugar de garantizar la estabilidad institucional, ha contribuido a la “consolidación de un estado de cosas inconstitucionales”.
“Los magistrados, al prorrogarse de manera unilateral, actuaron como juez y parte, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución”, sostuvo.
“El TCP fue diseñado para interpretar la Constitución y garantizar derechos fundamentales, no para legislar o sustituir al constituyente, que es el pueblo boliviano”, explicó.
