Lauka Eñe, 22 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El Estado Mayor del Pueblo, el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales definieron hoy mantener una lucha legal para evitar que el gobierno, a través de una cuestionada justicia, pretenda arrebatar la sigla del MAS-IPSP e inhabilitar a Evo Morales para las elecciones 2025.
Asimismo, acordó organizar una gran movilización nacional en la ciudad de La Paz, para exigir la libertad de 121 detenidos injustamente y solicitar a los organismos internacionales su presencia ´para garantizar los derechos humanos en Bolivia y una investigación para esclarecer el intento de asesinato al expresidente Morales, el pasado 27 de octubre en el trópico de Cochabamba.
Las decisiones fueron adoptadas en una reunión nacional que se realizó en el coliseo de Lauka Eñe, Sinahota, con la participación de dirigentes y representantes de movimientos sociales, direcciones departamentales y regionales del MAS-IPSP de todo el país, de 9.30 a 17.30 horas.
El documento de conclusiones aprobado de consenso es el siguiente: “En la reunión nacional de emergencia celebrado este 22 de noviembre de 2024, en la localidad de Lauca Ñ, Shinahota del trópico de Cochabamba, con la participación de representantes de los movimientos sociales, del Estado Mayor del Pueblo, Pacto de Unidad, y otros sectores, ante la grave crisis económica que agobia a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida Bolivia y debido a que el gobierno asumió de facto un estado de sitio, persiguiendo y deteniendo a nuestras hermanas y hermanos en todo el país, acordamos lo siguiente:
1.- En estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el estatuto del MAS-IPSP, la Ley de Organizaciones Políticas 1096 y la normativa del Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales Ayma, continúa siendo legal, legítima y constitucionalmente, el presidente del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.
2.- La Constitución Política del Estado y la opinión consultiva 28/21 avala, ampara y respalda que Evo Morales Ayma está habilitado legalmente como candidato a las elecciones generales 2025 por el MAS-IPSP.
3.- Las organizaciones sociales aglutinadas en el Estado Mayor del Pueblo y el Pacto de Unidad ratifican el liderazgo de nuestro hermano Evo Morales Ayma como líder del MAS-IPSP, porque garantiza la unidad de todos los sectores del país.
4.– Vivimos un período oscuro, por la desinstitucionalización de los órganos del Estado y la violación sistemática de la Constitución Política del Estado, ante ello, hacemos un llamado urgente al pueblo boliviano, a los abogados para reencaminar y recuperar la institucionalidad y el retorno a la democracia.
5.- Pedimos a los organismos internacionales que verifiquen la violación de los derechos humanos del gobierno de Luis Arce Catacora y la persecución judicial para que garanticen el debido proceso y las libertades de más de 121 hermanos y hermanas detenidos injustamente. Asimismo, exigimos garantías para todos los dirigentes nacionales, departamentales y regionales en la libre expresión, locomoción y el derecho a disentir, al igual que el derecho a la protesta, consagrada en la normativa legal vigente.
6.– Rechazamos los decretos supremos de importación de alimentos y combustibles, porque atentan la economía popular y es un retorno a la privatización y neoliberalismo.
7.- La Constitución Política del Estado en ninguno de sus artículos se refiere a la prórroga, menos lo permite, por tanto, la permanencia de los magistrados auto prorrogados en sus cargos no solo es ilegal e inconstitucional, sino un atentado a la institucionalidad de los órganos del estado.
8.- Exigimos el respeto, promulgación y aplicación de las leyes 075 y 079 por parte de nuestro hermano Andrónico Rodríguez que cesa a los magistrados de sus funciones y aprueba el crédito para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital, Bombeo-Colomi, están enmarcadas en las leyes nacionales y de la Constitución Política del Estado.
9.- Rechazamos las amenazas del gobierno, a través del Ministerio de Justicia, de iniciar procesos legales amañados al hermano Andrónico Rodríguez, solo porque cumplió con su deber y responsabilidad de promulgar las leyes 075 y 079.
10.- Reivindicamos la defensa de la vida y la democracia y solicitamos a los organismos internacionales una investigación para esclarecer el atentado contra la vida de nuestro hermano y primer presidente indígena Evo Morales y sus acompañantes.
11.- Más de un millón y medio de prestatarios no pueden pagar sus deudas a la banca, por diversas razones, entre ellas, la pandemia y son perseguidos. Por ello, exigimos que el gobierno asuma medidas de protección y garantías que permitan a estos hermanos cancelar sus préstamos con mayores facilidades y considerar la condonación de intereses por la grave situación económica actual de los prestatarios.
12.- Exigimos el inicio de procesos penales contra los ex magistrados autoprorrogados por usurpar y prolongar sus funciones ilegalmente y por daño económico al estado, por atentar contra la democracia y el estado de derecho.
13.- Denunciamos la injerencia política del gobierno en las instancias judiciales y exigimos el cese inmediato del hostigamiento por parte del órgano judicial contra el Tribunal Supremo Electoral y exigimos respeto y cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes.
14.- Denunciamos la injerencia política del gobierno a través de la Sala Constitucional Primera de la ciudad de La Paz que hoy pretende imponer al Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento de una sentencia constitucional ilegal y nula de pleno derecho, considerando que el congreso de El Alto no fue convocado por el presidente del MAS-IPSP, no fue solicitado por nuestro delegado político acreditado y ese congreso no fue presidido por el presidente del MAS-IPSP y el presídium tampoco fue posesionado por el presidente del MAS-IPSP. En consecuencia, estos actos son insubsanables y no pueden ser convalidados por acciones de amparo constitucional y menos obedecidos por el TSE.
15.- Denunciamos que el diálogo convocado por la Defensoría del Pueblo fue roto unilateralmente por el gobierno el 8 del mes en curso, sin embargo, reafirmamos nuestra permanente predisposición a resolver todos los problemas del país, a través de la concertación y el diálogo.
16.- Determinamos la organización de una gran movilización nacional en la ciudad de La Paz, para exigir la libertad de nuestros hermanos y hermanas detenidos injustamente por el régimen de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.
