Lauka Eñe, 24 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los detenidos políticos de los bloqueos de carreteras en el país, sufren las peores violaciones a sus derechos humanos, discriminación, torturas psicológicas y riesgo de ser agredidos por otros reclusos que fueron sentenciados por delitos de asesinatos, feminicidios, narcotráfico, entre otros.
La denuncia la hizo la dirigente de la Federación de Centrales Unidas y miembro del equipo legal que defiende a los más de 120 apresados por el gobierno de Luis Arce, María Javier, en una entrevista realizada en el programa “Evo es pueblo, líder de los humildes”, que se difunde los domingos por Radio Kausachun Coca, desde el trópico de Cochabamba.
Denunció que los detenidos políticos no solo deben pagar más de 8.000 bolivianos para tener un lugar para dormir y descansar, sino que el gobierno dispuso que utilicen un uniforme diferente, un chaleco anaranjado, para que los demás reclusos los identifiquen como los “bloqueadores”, poniendo en riesgo incluso sus vidas.
Dijo que los detenidos se encuentran en las cárceles de manera ilegal, no se respetan sus derechos constitucionales y no tienen ninguna garantía a su seguridad, están discriminados, extorsionados y no cuentan con atención a su salud.
“A nuestros hermanos detenidos les pusieron una identificación y uniforme diferente, con chalecos anaranjados, para que sean señalados como los bloqueadores del Chapare, poniendo en riesgo incluso sus vidas”, reiteró.
Denunció que los detenidos políticos deben pagar el “derecho de piso”, hasta en 8 mil bolivianos, “e incluso hay una hermana detenida que está embarazada, esperando familia, además de ser extorsionada y torturada psicológicamente, tratada en una situación inhumana”.
Javier sostuvo que todas estas violaciones son de conocimiento del defensor del Pueblo y se espera que no solo denuncie estos excesos del gobierno de Luis Arce, sino gestione y exija la libertad de todos los detenidos ilegal e injustamente.
La dirigente dijo que los detenidos no han cometido ningún delito, no han robado o matado, “como lo hacen las autoridades de gobierno, que fueron denunciados no sólo por los asambleístas y dirigentes, sino incluso algunos medios de comunicación”.
