Por Canela Crespo* En la colonia, cuando se fundó la ciudad de La Paz, del lado norte del Río Choqueyapu, se instaló la alta alcurnia, el pueblo de españoles desde donde se gobernaba, y que hoy corresponde al centro paceño desde donde todavía se gobierna. Del otro lado del río, al sur, se instalaron los barrios de indios esclavizados y explotados; a esta zona la bautizaron “San Pedro”. Justo allí, en el actual barrio de San Pedro, el lunes 2 de septiembre de 2024, el Gobierno boliviano ordenó, desde la Plaza Murillo, que se reprimiera a ponchos y polleras: a los indios. Las imágenes que nos quedaron del excesivo uso de la fuerza policial muestran rejas, gases, balines y otra vez, la sangre de los mismos de siempre. Ese día llegó a la ciudad una marcha enorme desde las 20 provincias del Departamento de La Paz que pedía que se le devuelva a sus legítimos representantes la sede sindical de la Federación de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” ubicada -por una romántica casualidad- en la calle “Bartolina Sisa”. La sede de la “Túpac” está secuestrada desde hace meses por una dirigencia ilegítima posesionada entre una veintena de personas pero, eso sí, reconocida por el Gobierno. Y es justamente en el rol de éste que hay que insistir; acaso, ¿Luis Arce no se jacta de presidir un Gobierno de las organizaciones sociales? ¿Cómo es que el vicepresidente David Choquehuanca avala que se reprima a sus hermanas y hermanos? De hecho, el dirigente legítimo de esta organización y electo por unanimidad en un magno Congreso, David Mamani Quispe, es exactamente de la misma provincia que el vicepresidente del país. La represión a la marcha de las 20 provincias es un hito que se suma a las ya demasiadas demostraciones de ruptura ideológica del Gobierno boliviano con el proyecto popular. Es una contradicción que en el Estado Plurinacional se volviera normal que las sedes y las instancias orgánicas del movimiento indígena-originario-campesino sean controladas por la policía. Esto no es algo superficial, pues se trata de una afrenta permanente contra el sujeto histórico revolucionario del Proceso de Cambio. Todo esto sucede, por si fuera poco, en un contexto de crisis económica y de profunda desinstitucionalización del Estado. El Órgano Ejecutivo pone sus energías en el obsesivo y burdo control de los Órganos Electoral y Judicial y en el intento de boicot al Órgano Legislativo y, a la par, en el país escasean los dólares y los combustibles y los precios de todo lo que se vende en los mercados se disparan. El descontento social aumenta a la par de los precios de la comida, pero las autoridades gubernamentales, cegadas por su intención de mantener el poder, no se ocupan de la economía del país y en cambio, han optado por elegir como su gran adversario político a Evo Morales Ayma. Todos los días, los ministros y voceros se pasean por los medios de comunicación tradicionales, que claramente también controlan, argumentando de una u otra forma que Evo Morales no puede ser candidato. El propio Luis Arce ha llegado incluso a imitar a Lenin Moreno, el expresidente ecuatoriano, que en 2018 llamó a un referendo y consulta popular para inhabilitar a Rafael Correa para disputar las elecciones. A pesar de que las preguntas que el Gobierno boliviano le propuso a la población fueron desestimadas por su inconstitucionalidad, todavía hay autoridades que dan patadas de ahogado e insisten con llevar a cabo este referendo, aunque sin dudas, es una medida que no tiene el apoyo de ningún sector social. Ante todo esto, el movimiento popular se ha levantado, otra vez. En las últimas semanas se han suscitado movilizaciones de distintos sectores en las principales ciudades del país. Asimismo, el martes 3 de septiembre se llevó a cabo lo que debía ser el Congreso del MAS-IPSP y que, ante la reiterada orden del gobierno para que el Tribunal Supremo Electoral no lo supervise, terminó siendo un Ampliado. La Dirección Nacional del espacio político más importante de Bolivia, a la cabeza de Evo Morales, ha decidido llamar a una marcha de casi 200 km desde la localidad de Caracollo hasta la ciudad de La Paz para el 17 de septiembre. En Bolivia, las grandes transformaciones se construyeron con el movimiento popular, y en específico el movimiento indígena, en las calles y marchando. En los años 80’, la “marcha por la vida” aglutinó a miles de trabajadoras y trabajadores en contra del sistema neoliberal y, más adelante, las marchas indígenas fueron las que pusieron en agenda la necesidad de una Asamblea Constituyente y la fundación del Estado Plurinacional y claro, la marcha en defensa de la Constitución Política del Estado de 2009 aseguró su promulgación. Esta vez, la marcha convocada para el 17 de septiembre condensa varias consignas. Por un lado, se funda en la denuncia al Gobierno por su gestión económica y se posiciona en defensa del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Por otro lado, las demandas políticas pasan por el respeto a las instancias orgánicas del movimiento indígena y del movimiento obrero, por el respeto al derecho a elegir orgánicamente y sin injerencia al candidato para las elecciones de 2025 y se posiciona en contra de la traición de Luis Arce, David Choquehuanca y su gabinete a los principios del Proceso de Cambio que ha fundado el Estado Plurinacional. Si bien se van sumando las voces que piden al presidente Luis Arce su renuncia, él todavía puede decidir terminar su mandato si asume con humildad su derrota política y ordena su gestión económica. Esto pasa por abandonar su travesía para inhabilitar a Evo Morales y proscribir al MAS-IPSP, por abdicar en la constante persecución política a la militancia de este espacio y por ceñirse al modelo que enaltece la soberanía económica, las nacionalizaciones, la redistribución de la riqueza, la productividad eficiente y la industrialización responsable; en resumen, que deje de ser candidato para ser presidente, pues. *Canela Crespo es boliviana, estudió Derecho, es feminista y militante del
