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Prensa Latina Adriana Robreño El país es un hervidero en medio de la campaña, las pugnas de poderes, las denuncias y litigios legales, las presuntas infracciones, la inseguridad, el desempleo y 13,7 millones de ciudadanos convocados a elegir cómo quieren superar todos esos problemas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que el cronograma avanza según lo planificado, con la impresión de las papeletas y la distribución de los materiales para el día de la votación. En total son más de dos mil candidatos a los diferentes cargos en disputa, y 16 de ellos buscan llegar al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. Actualmente, todos están en campaña para ganar respaldo con acciones proselitistas en todo el país. PRESIDENCIABLES 16, FAVORITOS DOS A menos de dos semanas de los sufragios, la mayoría de candidatos se encuentran con mediciones por debajo del cinco por ciento en las encuestas. Solamente dos aspirantes parecen tener alguna opción de victoria: el actual mandatario, Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC). El gobernante, que llegó al poder para completar el mandato de Guillermo Lasso, ahora busca un período completo de cuatro años y, a pesar de los problemas no resueltos y profundizados durante su gestión, mantiene apoyo entre los ciudadanos.  La representante de la RC, que se enfrentó a Noboa en el balotaje de 2023, propone nuevamente un cambio para el país, basado en el progreso y la justicia social. A ellos le siguen otros contendientes con aparentes menos posibilidades de llegar a un segundo turno, entre ellos Leonidas Iza, líder del movimiento indígena y representante de Pachakutik. También está Andrea González, postulante por el Partido Sociedad Patriótica, que subió su popularidad luego del debate presidencial, donde no hizo prácticamente ninguna propuesta, sino que se dedicó a atacar a Luisa González y al movimiento correísta. En la papeleta están también Carlos Rabascall, quien en 2021 fue candidato a vicepresidente junto a Andrés Arauz y ahora va en representación de Izquierda Democrática, y el profesor Jorge Escala (Unidad Popular). Pedro Granja, abogado que participa en la contienda con apoyo del Partido Socialista Ecuatoriano, afirma que su candidatura es de izquierda y pone énfasis en la justicia social y los derechos fundamentales, aunque ha recibido cuestionamientos de sectores progresistas. El conocido comunicador y exprefecto de la provincia de Guayas, Jimmy Jairala, compite por el Centro Democrático, mientras que Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, se presenta como la carta principal de esa organización de la derecha ecuatoriana tradicional.  Henry Cucalón (Construye), exministro de Guillermo Lasso y exasambleísta; Francesco Tabachi (Creando Oportunidades), también exgobernador de Guayas; y Víctor Araus (Pueblo, Igualdad y Democracia), exgeneral de la Policía Nacional; estos son otros de los presidenciables. A la lista se suman Luis Felipe Tillería (Avanza), Juan Iván Cueva (Amigo), el expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela (Democracia Sí) y Enrique Gómez (Suma), que sustituyó a Jan Topic luego de ser inhabilitado. DENUNCIAS Y LITIGIOS LEGALES La campaña se desarrolla en medio de litigios legales y denuncias, sobre todo contra Noboa por las polémicas decisiones adoptadas en el contexto electoral. De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, aquellos funcionarios que buscan la reelección deben pedir licencia para hacer campaña y el actual jefe de Estado lo ha hecho por periodos cortos en el último mes. La controversia en este caso surge por dejar en su lugar a Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete, y no a la vicepresidenta titular, Verónica Abad, quien ha impugnado ese tipo de decisiones. La vicemandataria, reemplazada mediante decreto ejecutivo, compareció ante el Parlamento y pidió a los legisladores que investiguen y sancionen a nueve integrantes de la administración de Noboa, incluidos varios ministros y a Gellibert. Llamó a los asambleístas a poner un alto en lo que está ocurriendo e instó al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional a que sean transparentes, justos y pacíficos con las demandas sobre el tema, ventiladas en esos organismos. La Corte Constitucional dijo que analizará con prioridad las denuncias sobre el reemplazo de Abad, caso sobre el cual existe gran expectativa. Por otro lado, el jefe de Estado acumula denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presuntas infracciones, una de ellas ya fue archivada, dos esperan tratamiento y otras dos se unificaron. La demanda del candidato Jorge Escala y del director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, se unió a la del Partido Social Cristiano (PSC). Según ellos Noboa habría vulnerado los artículos 278 y 279 del Código de la Democracia porque como servidor público en ejercicio de sus funciones indujo el voto, participó en actos de inauguración o entrega de obras y utilizó recursos públicos con fines electorales. Si bien Noboa ha solicitado licencia para hacer campaña durante los fines de semana, el resto de los días laborables se desempeña como mandatario y eso, de acuerdo con analistas, le da ventajas. Así lo considera la experta en comunicación política y docente Caroline Ávila, para quien estar en funciones le permite a Daniel Noboa poner agenda e intervenir con ventaja en la conversación.  “Entre otras, esa es una razón por la cual el Código de la Democracia exige la licencia para candidatos en cargos públicos”, comentó. UN PAÍS EN CRISIS Analistas políticos y encuestadoras coinciden en que la principal preocupación del país es la seguridad, porque a pesar de la militarización como estrategia contra el crimen organizado, los delitos persisten y 2024 cerró como el segundo año más violento de la historia.  En el plano económico, otra de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, resalta cómo la pobreza subió a un 28 por ciento en diciembre de 2024, o sea, hay alrededor de cinco millones de personas en Ecuador que viven con ingresos menores a los 91 dólares mensuales. En tanto, el desempleo alcanzó el 2,7 por ciento ese mes, lo que equivale a 230 mil personas de la población económicamente activa sin

Agencias y RT El presidente de EE.UU., Donald Trump, apenas asumió el poder el pasado 20 de enero comenzó a aplicar una política antiinmigrantes, que había prometido en su campaña, incluyendo el reforzamiento de la frontera sur del país y la deportación de miles de personas. Ante esta situación, varios países de América Latina han dado a conocer sus planes, incluso desde antes de que comenzaran las deportaciones, para recibir a los repatriados. México Un ejemplo de ello es la estrategia nacional puesta en marcha por las autoridades mexicanas, que han denominado ‘México te abraza’. Esta incluye la instalación de 10 centros para la atención de los migrantes, en municipios colindantes a los 11 puntos por los que se lleva a cabo el retorno. Asimismo, con la estrategia se busca ofrecer asesoría técnica, jurídica y legal a connacionales en EE.UU.; otorgar un apoyo económico equivalente a 100 dólares para que los deportados puedan utilizarlos en el regreso a sus lugares de origen en el país; y la afiliación al esquema de seguridad y programas sociales, incluido el de vivienda, así como otorgarles facilidades para que puedan acceder a fuentes de empleo y hacer efectiva su reintegración en su regreso a México. Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la estrategia. «Estamos actuando con dignidad, soberanía y mucha responsabilidad y buscando siempre el diálogo en la defensa de la soberanía y el respeto de mexicanos y mexicanas», afirmó. Guatemala En Guatemala, se anunció el plan ‘Retorno al hogar’, que busca «garantizar que cada persona retornada reciba un trato digno y tenga acceso a oportunidades para reconstruir su vida en el país», detalla el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). El programa incluye la atención de sus necesidades inmediatas, a través de ayuda humanitaria; así como acceso a programas gubernamentales de empleo, educación, salud y capacitación. De acuerdo con informes oficiales, del 1 al 24 de enero de este año han sido retornados 3.297 guatemaltecos; de estos, 2.879 han regresado vía aérea desde EE.UU. y el resto desde México. Honduras La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la puesta en marcha del programa ‘Hermano, vuelve a casa’, que contempla la entrega de dinero y alimentos y en facilidades para el desarrollo laboral de los migrantes retornados. De acuerdo con la mandataria, con este plan cada una de estas personas recibirá «un apoyo de 100 dólares, ración de alimentos y 1.000 dólares de capital semilla para iniciar a través de las cajas rurales y urbanas pequeños y medianos emprendimientos». Además, dijo que habrá «programas asistenciales y empleos en áreas de formación y materia de seguridad, Policía y organismos de protección forestal para incorporarse rápidamente al desarrollo económico nacional». Colombia El Gobierno de Colombia aceptó recibir los vuelos de repatriados impuestos por la administración de Trump, tras una polémica que llevó a amenazas mutuas, que incluían sanciones económicas y una guerra arancelaria. La crisis se dio por zanjada, de momento, luego de intensas negociaciones en las que Bogotá pujó para que se otorgara un trato digno a sus conciudadanos. Este martes se concretaron los primeros retornos. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, detalló que un primer vuelo, procedente de San Diego, California, trasladó a 110 personas; y en el segundo, que partió de El Paso, Texas, llegaron al país suramericano otras 91. Esto da un total de 201 migrantes. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que publicó este martes fotografías de los primeros migrantes retornados, indicó que su administración estructuró un «plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante». Ecuador En Ecuador, la canciller, Gabriela Sommerfeld, dijo el lunes que el país tiene un plan de contingencia para atender a los deportados, que consiste en «paquetes» de ayuda. «Por primera vez en el Ecuador se crea, con ayuda del Programa Mundial de Alimentos, paquetes para recibir a los ecuatorianos que retornan en forma forzosa al Ecuador», comentó la funcionaria en declaraciones a Teleamazonas. Detalló que esos paquetes abarcan las áreas de educación y salud, así como la entrega de dinero para que los retornados puedan llegar a sus lugares de origen, así como ayuda psicológica y hasta un ‘chip’ de teléfono. Brasil El Gobierno de Brasil comunicó el pasado domingo que pediría explicaciones a las autoridades de EE.UU. por el trato «degradante» que recibieron los ciudadanos brasileños que fueron esposados y deportados del país norteamericano. Un día después, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante suramericano convocó al encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Brasilia, Gabriel Escobar, para que diera esas explicaciones. El estadounidense fue recibido por Márcia Loureiro, responsable de Asuntos Consulares del ministerio brasileño. La Embajada de EE.UU. confirmó la reunión, a la que describió como una «reunión técnica», sin revelar los temas abordados.

Telesur El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Matthew Saltmarsh declaró que más de 500.000 personas resultaron desplazadas en los últimos tiempos en la República Democrática del Congo (RDC). En este sentido, Saltmarsh refirió que “según nuestros últimos datos, más de 500.000 personas fueron desplazadas en unos días en el este de la RDC”. De acuerdo a las declaratorias de Sputnik, “el 26 de enero, los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) y militares de Ruanda invadieron suburbios de la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu, del Norte en la RDC, y anunciaron el cierre del espacio aéreo sobre la ciudad. La víspera, los insurgentes anunciaron la toma de la urbe”. Asimismo, el ente declaró que en la RDC actúan numerosos grupos rebeldes y guerrilleros, entre ellos el M23, que lucha por los intereses de la minoría étnica tutsi. Por su parte, la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), refirió que más de 178.000 personas han sido desplazadas por los enfrentamientos entre el 4 y el 20 de enero, mientras que al menos 113 han resultado heridas. Otros medios declaran que el M23 surgió en el año 2012 como una facción rebelde integrada principalmente por antiguos combatientes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), grupo que había firmado un acuerdo de paz con el Gobierno congoleño en 2009. Sin embargo, el M23 acusó al Ejecutivo de incumplir los términos de este acuerdo, como la integración de sus combatientes en el Ejército nacional y la protección de sus comunidades.

Telesur Un ataque aéreo en Nabatiye, al sur del Líbano, se registró este martes y dejó al menos 14 heridos, según el Ministerio de Salud Pública local. Este ataque ha suscitado una preocupación creciente en la región, donde las tensiones han ido en aumento. Las imágenes publicadas por los medios muestran la devastación causada por la explosión, con personas huyendo en medio del caos y llamas consumiendo el área. Este tipo de incidentes resalta las consecuencias trágicas que enfrenta la población civil en medio de la violencia. Al poco tiempo del primer bombardeo, se llevaron a cabo nuevos ataques por parte de las fuerzas israelíes en la misma ciudad. Este hecho pone en duda la estabilidad del alto el fuego y la seguridad de los civiles en el sur del Líbano. A pesar de que el acuerdo de alto el fuego está vigente hasta el 18 de febrero de 2025, este es el primer ataque contra Nabatiye desde su extensión. Esto pone en evidencia que las hostilidades en la región todavía persisten, a pesar de que se hayan establecido acuerdos. Cabe señalar que Israel ha realizado ataques aéreos contra esta área en el pasado, incluso con los acuerdos de paz en marcha. Hace semanas, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, mencionó que su país no acataría el alto al fuego si Hezbolá no se retiraba del sur del Líbano. La continuidad de estas confrontaciones entre Israel y Hezbolá destaca la inestabilidad en la región y la constante amenaza a la vida de los civiles. Las recientes acciones militares cuestionan la efectividad de los esfuerzos diplomáticos para mantener la paz y resolver las tensiones existentes.

Prensa Latina Brasilia, 28 ene (Prensa Latina).- El ministro Alexandre de Moreas, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, mantuvo la prisión preventiva del teniente coronel Rodrigo Bezerra, arrestado bajo sospecha de participar en la tentativa golpista y asesinato de autoridades. Bezerra formaba parte de los llamados Kids negros (Niños negros), grupo de élite del Ejército. En su decisión, el juez también permitió que el militar recibiera solo las visitas de su esposa e hija. De Moraes suspendió en diciembre los contactos familiares después que una hermana del oficial de alto rango intentara llevar equipos electrónicos escondidos en una caja de dulces. Según informó el Ejército al STF, la pariente de Bezerra fue a visitarlo en el Batallón de Policía del Ejército de Brasilia, el 28 de diciembre. Ella tenía una caja de dulce sellada que le iba a entregar a su hermano y en el momento en que pasó por el detector de metales, se activó la alarma.  Cuando los militares abrieron el paquete encontraron dentro un auricular, un cable USB y una tarjeta de memoria. La hermana firmó un acuerdo de aprehensión y se le impidió ver al teniente coronel ese día. Por lo que pasó, De Moraes suspendió las visitas. En noviembre, la Policía Federal (PF) acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por un supuesto intento de golpe de Estado después del resultado de las elecciones presidenciales de 2022.  Figuran entre los imputados, los exministros Augusto Heleno y Walter Braga Netto, y el timonel del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. En diciembre, la PF acusó a otras tres personas más por el mismo caso, entre ellas Bezerra. De acuerdo con la PF, en el momento de los hechos, el militar era mayor de infantería del Ejército y servía en el Comando de Operaciones Especiales. Fue señalado como integrante del núcleo operativo del plan de asesinato de autoridades, entre ellas De Moraes. Actualmente, el informe de la PF sobre el presunto conato golpista está en la Procuraduría General de la República (Fiscalía). Enviado por De Moraes, el documento está siendo analizado por el Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, institución vinculada a la oficina del fiscal general, Paulo Gonet. Bolsonaro y otras 39 personas están acusadas por sospechas de crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.  Por primera vez, un expresidente electo en el período democrático resulta inculpado de ser responsable de conspirar contra la democracia en el gigante sudamericano.