ElNuevoCambio

Rusia Today China detuvo completamente las importaciones de gas natural licuado (GNL) estadounidense hace más de diez semanas, informa Financial Times, citando datos de transporte marítimo que revelan que la guerra comercial entre ambos países se ha extendido a la cooperación energética.  El último envío de EE.UU. al gigante asiático tuvo lugar el 6 de febrero, cuando un buque cisterna cargado de 69.000 toneladas de GNL procedente de Texas llegó a la provincia china de Fujian. Un segundo gasero fue redirigido a Bangladés debido a que no le dio tiempo de llegar a China antes de que Pekín impusiera un arancel del 15 % al GNL estadounidense el 10 de febrero. Desde esa fecha, la tasa arancelaria se disparó hasta el 49 %, convirtiendo el producto estadounidense en una compra poco rentable para las empresas chinas en el futuro previsible.  «Habrá consecuencias a largo plazo», vaticinó Anne-Sophie Corbeau, especialista en gas del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. «No creo que los importadores chinos de GNL contraten nunca ningún nuevo GNL estadounidense», valoró. ¿A quién comprará China el gas?  Al mismo tiempo, las tensiones comerciales entre China y EE.UU. podrían profundizar los lazos energéticos de Pekín con Moscú, señala el artículo, recordando que el embajador de China en Rusia declaró a principios de esta semana que su país probablemente incrementaría las importaciones de GNL ruso. «Sé con certeza que hay muchos compradores. Muchos de ellos están pidiendo a la Embajada que les ayude a establecer contactos con proveedores rusos, así que creo que definitivamente habrá más [importaciones]», afirmó Zhang Hanhui. Por su parte, Gillian Boccara, analista de Kpler, no cree que el comercio entre China y EE.UU. se reestablezca en breve, explicando que el gigante asiático «puede soportar la pérdida» de envíos provenientes del país norteamericano «durante bastante tiempo». Sus palabras fueron apoyadas por Richard Bronze, de la consultora energética Energy Aspects, quien considera que «con el aumento de los aranceles hasta el punto de constituir un embargo efectivo, veremos una reorganización de los flujos comerciales».

BBC News El gobierno de Donald Trump ha revocado visas a cientos de estudiantes internacionales y ha detenido aproximadamente a una docena más en campus universitarios de todo Estados Unidos, a menudo sin previo aviso ni la posibilidad de apelación. Los videos de algunos de los arrestos, que muestran agentes vestidos de civil esposando y arrestando a estudiantes cerca de sus casas se han viralizado y han conmocionado a la comunidad estudiantil internacional. Más de 80 universidades han reportado la revocación de visas, según un informe del medio especializado en educación «Inside Higher Ed», afectando a estudiantes y profesores de todo el país. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó el mes pasado la revocación de al menos 300 visas, y añadió que el gobierno está buscando a quienes participan en actividades que «van en contra» de los intereses nacionales del país. Muchos de los afectados han participado en algún tipo de actividad propalestina. En otros casos, las cancelaciones parecen estar relacionadas con personas con antecedentes penales o infracciones legales, como conducir a exceso de velocidad, según han afirmado abogados de inmigración. Los expertos en temas migratorios afirman que los estudiantes con visa tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución, y que históricamente ha sido poco frecuente que los estudiantes sean deportados por actos de expresión política. Sin embargo, son vulnerables a la deportación debido a la naturaleza temporal de su visa. ¿Por qué se revocan las visas de estudiante? Los abogados de algunos de los estudiantes que han presentado demandas contra el gobierno federal afirman que sus visas fueron revocadas repentinamente, sin previo aviso y sin posibilidad de apelación. Rubio ha afirmado que las visas de estudiante son para estudiar y advirtió que serían revocadas si se considera que los extranjeros participan en actos «desestabilizadores». Al ser consultado por la prensa sobre la revocación de visas, Rubio afirmó que «podrían ser más» de 300. «En realidad, no sé si se trata principalmente de visas de estudiante. Es una combinación de visas», declaró. Un ciudadano turco, estudiante de la Universidad de Minnesota, fue detenido en marzo tras la revocación de su visa por una infracción previa por conducir ebrio, según CBS News, medio estadounidense socio de la BBC. Otros informes indican que a estudiantes se les han revocado las visas tras descubrirse multas por exceso de velocidad. Profesores y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por la capacidad de los estudiantes para expresar sus opiniones sin poner en riesgo su estatus legal. «Ningún presidente debería poder establecer una prueba de fuego ideológica y excluir o expulsar de nuestro país a personas con las que no está de acuerdo», declaró la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en un comunicado. La Casa Blanca ha defendido sus acciones invocando una disposición de una ley de 1952 que otorga al secretario de Estado amplia autoridad para expulsar a extranjeros cuyas acciones se considere que puedan tener «consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior» de EE. UU.

Página 12 La Cámara Nacional Electoral fijó el 17 de agosto como fecha límite para presentar candidatos a legisladores nacionales para las elecciones del 26 de octubre, por lo que, si la Corte Suprema resolviera antes de esa fecha contra los intereses de la expresidenta Cristina Kirchner, peligraría su candidatura. La condena por corrupción contra CFK por la causa Vialidad ingresó al máximo tribunal, que solicitó la opinión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para determinar si corresponde revisar o aumentar la pena de seis años de prisión contra la exmandataria. El pedido de la Corte busca dar lugar al análisis de la queja que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, y en la que solicitó que se incremente la condena contra Fernández de Kirchner a doce años, al sumar el delito de asociación ilícita al de la condena por administración fraudulenta. La Cámara Federal de Casación había rechazado la presentación del fiscal y mantuvo la condena de Cristina solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante ese fallo, Villar presentó un recurso extraordinario para alcanzar la instancia de la Corte, en un texto en el que definió de «arbitraria» la decisión de Casación y sostuvo que la sentencia absolutoria por asociación ilícita de la expresidenta y del condenado empresario Lázaro Báez fue una «decisión inválida». Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti debatirán si dan lugar a la apertura de los recursos de queja directa. De confirmarse la condena, Fernández de Kirchner debería cumplir los seis años de prisión y quedaría imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos. Por su parte, la defensa de la titular del PJ presentó su propia queja para revertir la doble condena en su contra, sancionada por el Tribunal Oral 2 en 2022 y ratificada por la sala IV de la Cámara de Casación. Si el máximo tribunal decide declinar el recurso, la condena quedará firme y la ex presidenta, de 72 años de edad, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, aunque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos quedaría firme, lo que afectaría de manera directa el calendario electoral.

Telesur Tres días después de la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, reapareció para denunciar el hallazgo de nuevas pruebas sobre las irregularidades en el conteo de votos en el último proceso comicial. A través de un video en la red social X, Luisa González advirtió sobre múltiples versiones de actas que fueron modificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez que fueron subidas al sistema, alterando no solo la cadena de custodia, sino también el resultado final. González informó que cuentan con 1.984 actas sin firmas conjuntas de las autoridades de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que violaría el artículo 127 del código de la democracia y deberían ser invalidadas. La candidata González también señaló que existen 1.526 actas, cuya suma no coincide con el número de sufragantes, lo que a consideración de la política también deberían ser anuladas por el CNE. Además, reveló que tienen 1.582 actas cuyo resultado se desvía del promedio de su respectivo recinto electoral, lo cual indicaría de posibles ingresos adicionales de actas en esas JRV. Luisa González comentó que se registró una disminución inusual del voto en blanco, lo que dejaría duda la posible manipulación directa de más de 150 mil papeletas de votación. González afirmó que la mayoría de las Juntas Receptoras de Votos incumplió el protocolo que exige inscribir el número de sufragantes y añadió que se evidenció una disminución artificial del ausentismo, en otras palabras, hubo más votos que votantes. En el video González agradeció a sus votantes, para “un proyecto que se construyó sobre la legítima unión izquierda y derecha”. Sostuvo que la campaña electoral estuvo “plagada de irregularidades” y que comenzó con el hecho de que el presidente Daniel Noboa hizo campaña sin licencia para buscar la reelección. También responsabilizó al presidente ecuatoriano de la “toma de instituciones electorales que permitieron ilegalmente el uso indiscriminado de recursos públicos para una campaña abierta por parte del Gobierno”. La candidata se refirió a la entrega de “bonos millonarios sin análisis técnico como una estrategia populista para comprar votos, lo cual pone hoy en riesgo la dolarización”. Luisa González cuestionó los “cambios de recintos electorales y estados de excepción de último momento”. Por último, la candidata de la Revolución Ciudadana comunicó que los nuevos hallazgos serán objetados e impugnados ante las autoridades competentes y lamentó que las mismas se encuentran bajo el control de quien gobierna.

Prensa Latina Quito, 17 abril (Prensa Latina).- La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Capítulo Ecuador (REDH-EC) denunció una escalada de persecución política y vulneración de derechos humanos en el país tras el balotaje del 13 de abril. El colectivo señaló que el actual contexto de “conflicto armado interno”, sumado al estado de excepción decretado por el mandatario, Daniel Noboa, 24 horas antes de las elecciones presidenciales, ha derivado en acciones autoritarias y amenazas a la institucionalidad democrática. Luego de los comicios se filtró una lista de al menos 100 personas con trabas migratorias, entre ellas la excandidata presidencial Luisa González, su compañero de fórmula Diego Borja, miembros del equipo de campaña del movimiento Revolución Ciudadana, y periodistas. “Nos solidarizamos con todos ellos”, declaró el documento. La Red advirtió que declaraciones del presidente sobre “poner fin al correísmo” no solo constituyen una expresión de autoritarismo, sino que “también una amenaza real sobre la vida y seguridad de adherentes y simpatizantes” de esa organización política que electoralmente representa a “alrededor de la mitad del país”. También la REDH-EC criticó el “acuerdo estratégico” firmado por el mandatario con el “mercenario” estadounidense Erik Prince, lo que consideró una violación a la Constitución y a los principios democráticos. Entre las amenazas documentadas, los artistas e intelectuales una contra la vida del periodista Orlando Pérez, director general de la emisora Radio Pichincha. Para la Red, esto demuestra que “en Ecuador están conculcados los derechos a la libertad de opinión y pensamiento”, además de las libertades periodísticas. “Ecuador merece vivir en democracia y volver a ser un Estado de paz”, concluye el pronunciamiento. El texto exige la suspensión inmediata del Decreto Ejecutivo 599, con el cual el mandatario, Daniel Noboa, estableció estado de excepción en siete provincias y dos municipios, incluida la capital, y llama a los organismos internacionales a vigilar la situación en Ecuador. También reclama el cese del uso de recursos estatales para perseguir opositores, y la devolución de derechos fundamentales como la libre reunión, movilidad y la inviolabilidad de correspondencia

Rusia Today El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia presentó este jueves ante la Embajada de Japón en Moscú «una enérgica protesta» en relación con los planes de Tokio de llevar a cabo ejercicios militares en la «estrecha proximidad» a las fronteras rusas. Desde la Cancillería detallaron que los ejercicios militares se realizarían este junio en la isla nipona de Hokkaido e incluirían los disparos de entrenamiento con el uso de los sistemas antibuque SSM-1 equipados con misiles Type-88 con un alcance de hasta 200 km. «La parte rusa percibe este tipo de actividad militar provocadora cerca de las fronteras del Lejano Oriente de Rusia como una amenaza potencial a la seguridad nacional y la considera categóricamente inaceptable», denunciaron desde el ministerio. «Estas acciones por parte de Tokio llevan a un aumento del nivel de tensión en el Noreste Asiático y en la región Asia-Pacífico en general», se sostiene. En conclusión, el organismo advirtió que Rusia se reserva el derecho de tomar «todas las contramedidas necesarias para mitigar las amenazas a su seguridad en sus fronteras del Lejano Oriente».