ElNuevoCambio

Por: Gabriel Villalba Pérez* El neo constitucionalismo latinoamericano ha desarrollado nuestras formas de interpretar y aplicar el derecho, alejado de la tradición anglosajona y europeo continental del ius positivismo. Desde la teoría pura del derecho de Kelsen se pensaba que la sociedad debía adecuarse al sistema de códigos y leyes escritas. El neo constitucionalismo plantea otras dimensiones jurídicas de entendimiento e interpretación partiendo de la premisa fundamental de que el derecho al ser un producto de la sociedad debe adecuarse y resolver los problemas estructurales de la misma, el derecho adecuado a las diferentes realidades sociales en lugar de modelos ortodoxos y dogmáticos que intentan aplicarse a rajatabla en cualquier sociedad y contexto. En este sentido la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) ha nutrido esta nueva forma de comprender el derecho desde los propios usos, costumbres, concepciones y cosmovisiones de entendimiento de las comunidades indígenas de su propia realidad y sus propios problemas planteando como resolverlos y repararlos. El año 2002 en Ecuador, en la comunidad de La Cocha, Parroquia de Zumbahua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi; mediante la aplicación de la justicia indígena originaria se resolvió el caso del asesinato del comunero Maly Latacunga. Habitantes y dirigentes de trece sectores aledaños a La Cocha se reunieron el 5 de mayo de ese año para llevar adelante los procedimientos propios de la justicia indígena con un carácter colectivo basada en las siguientes fases: Willachina o conocimiento del caso, Tapuikuna o averiguación de los hechos, Chimbapurana o encontrar la verdad en la palabra de los responsables escuchando y contrastando versiones de todos los implicados incluidos testigos, además de sus familiares, padrinos y profesores de los implicados. Posteriormente, la fase Kishpichirina que es la determinación de sanciones que prevé indemnizaciones económicas para los directamente afectados, en este caso fue para la viuda, dando a conocer a la comunidad todas las determinaciones en cabildo de manera pública y abierta, para dar cumplimiento a la última fase de la justicia indígena denominada Paktachina. El reconocimiento constitucional de los valores, usos y costumbres de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ya es un logro y un salto cualitativo en nuestra normativa con relación a la Constitución de 1967. Pero que sin lugar a dudas aún falta su implementación plena desde el estudio profundo de la cosmovisión de cada nación y pueblo, lo cual no es un trabajo solamente jurídico o de codificación normativa, sino el entendimiento cabal de todo un sistema de valores, creencias, resolución de controversias y de valores que se persiguen en determinada comunidad. El valor occidental de la justicia o de la reparación no será el miso que, de los pueblos andinos, amazónicos o guaranís, por ejemplo. Entonces tenemos una forma tradicional y convencional de ver el derecho que no concibe en su lógica la total implementación de la JIOC.  Los sistemas judiciales en teoría son totalizantes para toda la sociedad en su conjunto, sin embargo, en los hechos son particulares y específicos; por eso mismo la administración de justicia se divide por materias y por áreas, existen litigantes que nunca pisaran en su vida la jurisdicción penal, por ejemplo, pero si la civil, laboral y comercial. Si se entiende la justicia desde esa lógica también podemos dividir su administración por espacios geográficos como se hace por ejemplo en países federales. Por lo tanto, toda administración de justicia es específica, en el caso de la justicia indígena originaria campesina se deben valorar los usos y costumbres en una determinada nación y pueblo indígena que sin lugar a dudas delimita su rango de acción y de jurisdicción, En este entendido la aplicación real y efectiva de la JIOC no solamente resuelve hechos dentro de la comunidad idealmente, sino que también, al atender casos específicos descongestiona el sistema judicial en su jurisdicción ordinaria; para lo cual se precisa todo un sistema de formación, gestión asistencia técnica, proyección y seguimiento de la JIOC; materializando una real descolonización de la justicia que necesariamente pasa por la consolidación de este jurisdicción tan importante y que enriquece la resolución de controversias para lograr la, tan anhelada, paz social que aún puede darse en sectores rurales de nuestro país mas no en las selvas de cemento regidas por principios ortodoxos del ultra positivismo que hay que empezar a deconstruir. *MSc. Abogado y analista político.

Martillando Vitrinas El general de Ejército Juan José Zuñiga Macias, amigo del presidente Luis Arce, delató la existencia de una policía política secreta con un principal objetivo: neutralizar a los oponentes del prorroguismo del régimen; claro, con énfasis de Evo Morales A. El militar fue bautizado por sus padres de origen minero (Uncía, Norte de Potosí) con el nombre de Juan José como el “general del pueblo” Juan José Torrez (Jota-Jotita para los mineros revolucionarios, asesinado en el exilio por orden de H. Banzer). Zuñiga se hizo popular en su pueblo de ahí también lo del “general del pueblo”, pero distorsionado por él mismo. Algo salió mal y él paga los platos rotos. Zuñiga Macias, desde la cárcel, reveló a un periodista extranjero que el presidente Arce contaba con un grupo de civiles, ministros y militares, para planificar procesar información política y ejecutar operaciones de saturación del enemigo político elegido. Resumía: el grupo de Inteligencia militar “Pachajcho” y el grupo civil la “Unidad de Búsqueda de Información” de la Presidencia ejecuto el plan de clausura de la Asamblea Legislativa, mediante un auto golpe simulado -que debía aparecer como un auténtico golpe de Estado- armar milicias sobre la base de las organizaciones sindicales pro arcistas, todo esto el 26 de junio de 2024; y antes de esta fecha fatal, el intento de magnicidio de Morales Ayma. Fracasó. Evo Morales había denunciado desde 2022 estos trajines golpistas y un “plan negro” para atentar contra su partido y su seguridad física dirigidos por civiles y militares, además de los ministros de seguridad (Gobierno y Defensa). Horas antes del auto golpe de junio del 2024, Evo ya estaba en alerta y se lo dijo personalmente a Arce cuando éste lo llamo para hablar del “golpe”. Sin remedio, el gobierno rompió el trato con Zuñiga Mecias y sus hombres comprometidos. Iba ser el chivo expiatorio perfecto, pero este “chivo” se reveló y abrió la boca como prenda de garantía para que no lo maten envenenado como lo dijo el militar experto en tareas de Inteligencia y contra Inteligencia. ¿Policía secreta? Así, tuvo que poner al descubierto la existencia de una policía política secreta que funcionaba en “casas de seguridad” y con planillas de sueldo pagadas por el Ministerio de la Presidencia. Nombró al asesor de seguridad del presidente y ex ministro de Gobierno de Morales, Hugo Moldíz Mercado; al sociólogo Luis Fernando Rodríguez Ureña, a los ministros Eduardo del Castillo, Edmundo Novillo, un par de generales y al ex capitán fugitivo Castro, entre otros. Luis Fernando Rodríguez Ureña -no es tan re-conocido como Hugo Moldíz Mercado- saltó a la fama política por boca del general Zuñiga. Él firma sus artículos en el periódico La Época de Moldíz como “guevarista”, la tendencia ideológica del Che Guevara. Ya no es evista y cuando lo era escribía de Evo: “Definitivamente los intereses neocoloniales lo quieren a Evo, si no muerto al menos dividido en su base de apoyo. Pese a sus errores, Evo Morales sigue siendo un caudillo incómodo para los intereses antinacionales (1 de mayo, 2020)”. “¿Evo caudillo?” …Si, y que. Y no debemos sonrojarnos pues es un resultado de la incapacidad política de la oligarquía que permitió su emergencia salvando a Bolivia de su autodestrucción (22 de noviembre, 2017). Juan José Zuñiga, ex comandante del Ejército, “en una entrevista con Data Urgente, Zúñiga aseguró que “el presidente (Arce) tiene un círculo íntimo de decisión, que está por encima del nivel de los ministros (…) al mando del señor Hugo Moldiz y el señor Fernando Rodríguez”. “Ahí es donde se planifican las acciones más asquerosas en contra de los bolivianos. Una vez me comentó el señor Fernando que ese grupo tenía dos misiones (y una de ellas era) proporcionar información que amenace la estabilidad del gobierno y que ese grupo de inteligencia también estaba en condiciones de realizar operaciones especiales de inteligencia, como ejecuciones, y que en ese grupo había algunos extranjeros (El Deber, 17 de abril, 2025)”, dijo. La relación Moldíz – Rodríguez Moldíz saltó y negó su relación con el general encarcelado. Luis Fernando Rodríguez Ureña permanece en la oscuridad y en silencio. Nadie pregunto a Moldiz su vinculación con Rodríguez, de quienes Zuñiga dijo que eran asesores en seguridad del presidente Arce. La vocera del gobierno, Gabriela Alcón, negó tener información sobre ellos. Moldiz y Rodríguez son antiguos colegas en el semanario La Época, de propiedad del primero. Ambos se identifican como militantes del Movimiento Guevarista (tendencia de Nila Heredia, ex ministra de Evo) y del progubernamental Colectivo Revolucionario Plurinacional Marxista Comunitario (CRPMC) del Héctor Hinojosa ex ministro de Evo, del que Rodríguez Ureña es también articulista y panelista. Amigo civil condecorado por el Ejercito El 213 aniversario del Ejercito, celebrado en noviembre de 2023, el presidente Arce, en su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas, discursó en presencia del comandante del Ejército Juan José Zuñiga Macias, del ministro Novillo y el Alto Mando militar y policial: “(…) el Primer Mandatario encomendó a la entidad castrense y las fuerzas policiales, la construcción de la comunidad de inteligencia nacional, para cumplir el rol constitucional de preservar la soberanía, la dignidad y la integridad del territorio boliviano (…)” (Boletín del Ministerio de Defensa). El mismo día, en el salón del Círculo de Oficiales del Ejército (COE, en La Paz), el general Zuñiga y el “guevarista” Rodríguez Ureña se fundieron en un abrazo; el militar experto en Inteligencia condecoró al civil -entre otros militares y civiles- con la medalla Prócer de la Libertad José Miguel Lanza. Pronunció: “(…) pero también es un motivo de reconocimiento y agradecimiento a nuestros amigos de otras entidades del ámbito civil, apoyándonos de diferente manera, asesorando, apoyando intelectualmente; gracias, son parte de este ejército, soldados como nosotros (ver: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=996830964741670)”. El otro “elemento” militar Otro nexo o elemento militar de esta policía política secreta: el ex capitán de Ejercito Sergio Castro fue incorporado por Zuñiga al grupo 300 o “pachajchos”. Castro, desde Estados Unidos, donde dice que guarda asilo, declaro