ElNuevoCambio

Al Pereyra A principios de los años ochenta se estrenó una película de género comedia titulada “Y dónde está el piloto”, en la que el piloto del vuelo de Trans American, al igual que los pasajeros sufre una intoxicación alimentaria, deja de pilotear la aeronave desatando el pánico entre los pasajeros. El título de ese filme muy bien podría asociarse a la actual coyuntura nacional, donde millones de bolivianos se preguntan: “Y dónde está el dólar”. El filme es una comedia; en cambio, la realidad económica boliviana es una tragedia. Después de cuatro años de constantes mentiras, el presidente Luis Arce Catacora admitió que su Gobierno no dispone de los suficientes dólares para importar combustibles que gran falta hace al país. Por más de tres años, la actual Administración política aprovechó cualquier acto para afirmar que la economía nacional era una de las más estables de la región y que la industrialización nacional avanzaba a “paso de parada”. Sin embargo, la realidad era otra, pues la falta de dólares se profundizó, la supuesta industrialización no daba frutos, y la escasez de combustibles se ha convertido en el pan de cada día. La escasez de carburantes es por la iliquidez existente y no por factores externos como quiso hacer creer el Gobierno. Causaba vergüenza escuchar a Arce Catacora cuando se refería, hace unos meses atrás, que una empresa de industrialización de papa instalada en la ciudad de El Alto estaba produciendo y comercializando papas en todos sus derivados. Faltó un poco para que el presidente diga que las papas fritas eran más crujientes y más sabrosas que las famosas Lays. La grave situación económica por la que atraviesa el país se debe a que el gobierno de Arce Catacora no se preocupó en administrar correctamente los casi 14 mil millones de dólares que habían sido captados durante la presidencia del expresidente Evo Morales. El actual Gobierno gastó los recursos económicos en desprestigiar a su antecesor, comprando conciencias políticas, pagando grandes sumas de dinero a dirigentes sindicales, inflando el aparato estatal, aumentando la pauta publicitaria en medios de comunicación y pagando sumas astronómicas a periodistas para que escriban o hablen loas a favor de la Administración Arce Catacora. A esto se suma la galopante corrupción del cual están involucrados diferentes personajes gubernamentales; además, de las constantes denuncias de corrupción que involucran al entorno familiar del presidente. El diputado del ala evista, Héctor Arce, constantemente se refiere a hechos de corrupción en el que estarían involucrados Marcelo Arce Mosqueira y Rafael Arce Mosqueira (hijos del presidente Arce Catacora). Las denuncias contra Marcelo están encaminadas a supuestos negocios relacionados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB) en la compra de gasolina y diésel, mediante una empresa registrada con “palos blancos”. También es señalado en beneficiarse con los contratos de adjudicación a empresas chinas y rusas con la explotación del Litio. Con relación a Rafael, el diputado afirma que éste ha realizado 24 viajes en un año a diferentes países del mundo con un gasto estimado de medio millón de bolivianos en pasajes y estadía; además, pidió al fiscal general de la Nación realizar una investigación de ambos casos por ganancias ilícitas. Recientemente, el portal digital argentino Letra P reveló un presunto esquema de corrupción en la venta de combustibles, que involucraría a la familia del presidente Luis Arce y al grupo empresarial Valdivia. Según el medio, en Bolivia opera un esquema de intermediación de combustible a través de Botrading, una subsidiaria de YPFB instalada en Paraguay. Esta empresa habría comprado combustible a precios inflados, generando presuntas ganancias ilícitas para un círculo de poder ligado a Marcelo Arce Mosqueira y al empresario Eduardo Valdivia, propietario del periódico cochabambino Los Tiempos. En Cochabamba se habla de la conformación de una nueva casta de jóvenes políticos unidos por sus vínculos de amistad que tratarán, en el mediano plazo, de hacerse con el poder: los Arce Mosqueira, los Valdivia y los Reyes Villa (hijos del actual alcalde Manfred Reyes Villa).

Martillando la Vitrina El viceministro de la Presidencia Gustavo Torrico -el “satuco”- dijo que el presidente Luis Arce no era “muñeco” de los cooperativistas que exigían negociar con él y con nadie más que con él. Al final de dos días de bloqueo de la sede gobierno, el asediado cedió. No fue gratis, como no fue gratis, en términos de interés políticos, reemplazar a su antiguo ministro de Minería Marcelino Quispe -apadrinado por el ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, por el lado de los mineros asalariados del Estado- por el mandamás de las cooperativas mineras Alejandro Santos Laura, el poder dual. Los cooperativistas exigían 19 puntos, que se puede clasificar en dos bloques. El 1 por demandas suaves y 2 por algo grande, muy grande: Bloque 1: Bloque 2: Los puntos anotados no es nada en comparación a la exigencia mayor, de gran impacto económico y político, discutido y, aparentemente, aceptado por el presidente Arce y sus ministros que le acompañaron en la negociación -negociación entendida como una toma y daca, mecanismo de negociar una cosa por otra-, es lo siguiente: Los cooperativistas, cuyos dirigentes fueron investigados por el crimen del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes (agosto de 2016), doblegaron al presidente Arce y sus ministros a la firma de un convenio que permanece reservado, oculto a los ojos de los verdaderos dueños de la riqueza nacional: el pueblo boliviano. La COB de Juan Carlos Huarachi ni chista por los despropósitos de los poderosos cooperativistas. La COD de La Paz y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que desconoció y descalifico a su principal dirigente, se oponen entregar las reservas de minerales, el litio y las tierras raras.

Por Gabriel Villalba Pérez Una nueva vertiente de Lawfare contra líderes progresistas latinoamericanos; sufrido en su momento por Rafael Correa, Cristina Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva; intenta aplicarse en Bolivia. Ésta es la proscripción por la vía constitucional combinada con la electoral. Más de catorce procesos penales en contra de Evo Morales Ayma no fueron suficientes para inhabilitarlo por la vía judicial ordinaria; se esperaba, desde las oligarquías tradicionales y el propio gobierno, que alguno de estos procesos pueda llegar a generar una sentencia condenatoria, causal de inegibilidad según el artículo 138 de nuestra Constitución Política del Estado, situación que no pudo darse. Una orden de aprehensión o un proceso en etapa investigativa o etapa de juicio no puede considerarse análoga a una sentencia condenatoria o cosa juzgada, razón por la cual el candidato Morales esta legal y plenamente habilitado. Al no obtener resultados por la vía convencional del Lawfare se trató de generar una nueva narrativa de inhabilitación por la vía constitucional recurriendo a una interpretación caprichosa de la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4, de 28 de diciembre de 2023, tres días antes de que fenezca el mandato constitucional y legal de los magistrados. Sin embargo, ninguna sentencia constitucional puede modificar total o parcialmente, ni si quiera un solo artículo de la Constitución Política del Estado, en este caso el artículo 168. La reforma total o parcial de la Constitución se encuentra prevista en el artículo 411 de la propia CPE. Volviendo al análisis de la SC 1010/2023 ni el accionante ni el accionado era Evo Morales, el objeto de la acción de amparo constitucional nada tenía que ver con reelecciones continuas o discontinuas. Y la propia parte dispositiva de la SC 1010/2023, en términos coloquiales el: POR TANTO: ni menciona a Evo Morales, menos menciona periodos de mandatos continuos o discontinuos. Al no poder imponer desde el gobierno ligado a las oligarquías tradicionales y los intereses de la geopolítica de dominación imperial norteamericana la narrativa de la inhabilitación de Morales mediante la SC 1010/2023 buscaron emitir un Auto Constitucional de complementación 083/2024-ECA de 1 de noviembre de 2024, es decir en plena auto prorroga o usurpación de funciones por parte de algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional; tan antijurídico resulto este auto de complementación que sólo lleva la firma de dos magistrados auto prorrogados: Rene Yvan Espada Navia y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano; mismos que no ostentan ninguna legitimidad menos legalidad para emitir ninguna determinación judicial, menos constitucional. Más allá de ello, estos magistrados tratan de reinventar la CPE reformando de facto el artículo 168 de la CPE, mismo que dispone el instituto jurídico de mandatos continuos, mas no hace referencia a periodos de mandato discontinuos. Por lo cual en cualquier análisis lógico jurídico se establece que no fue voluntad del constituyente crear o regular la discontinuidad de mandatos, aplicando un criterio democrático amplio similar al de la Constitución de 1967 y anteriores por la cual, por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro fungió como presidente de Bolivia en cuatro ocasiones 1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964 y 1985-1989. Por todo lo referido, en el marco de la Ley 026 de Régimen Electoral, queda única y exclusivamente en manos del Tribunal Electoral Plurinacional contrastar los requisitos para acceder al desempeño de las funciones públicas previstos en el artículo 234 de la CPE, así como las caudales de inegibilidad del artículo 238 y resolver la habilitación del candidato Evo Morales (en caso de impugnaciones) conforme los artículos 105, 109 y 210 de la normativa electoral. Sin lugar a dudas en mayo de este año se sabrá si Bolivia cuenta con un Tribunal Electoral Plurinacional a la altura del álgido momento histórico y político que estamos viviendo. Si contamos con un Órgano independiente digno de confianza por toda la población o sólo un apéndice servil a los intereses del Órgano Ejecutivo. La historia juzgará, condenará o absolverá a nuestro Órgano Electoral en función de si se atreve o no a proscribir la voluntad popular.