ElNuevoCambio

BBC News Al menos seis personas fallecidas y una veintena de heridos. Este fue el saldo de la segunda jornada de la represalia rusa contra Ucrania por la Operación Telaraña, el inédito ataque con el que las fuerzas de Kyiv destruyeron parte de la flota de bombarderos estratégicos del Kremlin. Además, dos personas murieron en Rusia por ataques del ejército ucraniano. El grueso de los ataques rusos se concentró en contra la ciudad de Járkov, la segunda más poblada de Ucrania, la cual sufrió «el mayor» ataque desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, según su alcalde Igor Terehkov. Durante la madrugada de este sábado nueve misiles y 206 drones fueron lanzados por la aviación y el ejército ruso, de acuerdo con las autoridades militares de Kyiv, las cuales aseguraron haber derribado más del 80% de los vehículos no tripulados. Sin embargo, en horas de la tarde el alcalde informó de un nuevo ataque, en el cual dos bombas teledirigidas cayeron en el centro de la ciudad y dejaron al menos una persona fallecida y otras heridas, reportó el servicio ruso de la BBC. Un bebé de apenas meses de nacido y una niña de 14 años figuran entre los lesionados durante la jornada, informó Terehkov, quien no descartó que el número de víctimas aumente en el transcurso del día, porque los equipos de rescate continúan con sus labores de remoción de los escombros. Salvados casi de milagro La nueva jornada de bombardeos rusos contra Járkov rompió la tranquilidad de la noche y apenas dio tiempo a sus habitantes para refugiarse. «Cuando el zumbido de los drones llegó justo encima de nuestra casa, cogimos a nuestro perro y a nuestros gatos y nos escondimos detrás de la pared del pasillo», declaró a Reuters Aliona Lukianova, propietaria de uno de los apartamentos dañados en la ciudad. «Nos sentamos en el suelo y entonces explotó», narró. «Apenas habían pasado 20 segundos desde que nos escondimos cuando se produjo la explosión», dijo. 18 edificios de apartamentos y unas 13 casas resultaron dañadas de la urbe, la cual está a menos de 50 kilómetros de la frontera rusa y que al inicio de la invasión cayó en manos de las fuerzas de Moscú. Rusia ha sido acusada en reiteradas ocasiones por Ucrania de dirigir sus ataques hacia zonas civiles, algo prohibido por el derecho internacional humanitario y el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra. En la ciudad de Jersón se registró la muerte de un matrimonio. Allí también se presentaron ataques por parte de drones rusos que causaron importantes daños. Pero Rusia no fue la única que lanzó ataques en la noche del viernes y madrugada de este sábado, Ucrania también disparó drones contra el territorio vecino. Decenas de vehículos no tripulados, cargados con explosivos, cayeron en la provincia de Belgorod, fronteriza con la ucraniana Járkov, dejando al menos tres heridos, reportó su gobernador, Vyacheslav Gladkov. Según Gladkov, uno de los aparatos impactó sobre un vehículo en el que viajaba una mujer, informó el servicio ruso de la BBC. Otro de los artefactos cayó cerca del pueblo de Ustinka también sobre un automóvil, en el que viajaban dos hombres, los cuales terminaron en un hospital, dijo el gobernador. Sobre los cielos de las regiones de Bryansk, Kaluga, Smolensk y Moscú también volaron drones ucranianos, los cuales fueron «interceptados» y «destruidos», aseguró el Ministerio ruso de Defensa. La represalia rusa en contra de Ucrania comenzó entre la noche del jueves y la mañana del viernes, cuando Moscú lanzó sobre su vecino 407 drones, 38 misiles de crucero y seis balísticos, dejando tres muertos y 50 heridos. Estos ataques son la respuesta a la audaz operación militar que Kyiv desarrolló el pasado 1 de junio y en la que bombardeó al menos cuatro bases militares rusas, algunas de ellas ubicadas en zonas tan aisladas como las cercanías del Ártico y Siberia y en las que destruyó parte de la flota de aviones que pueden lanzar las armas nucleares del país.

Telesur El Congreso peruano avanzó el viernes hacia la destitución de la presidenta Dina Boluarte al aprobar un informe de una comisión parlamentaria que recomienda evaluar una posible declaratoria de vacancia por incapacidad moral permanente de la mandataria. La presidenta Boluarte está acusada de presunto encubrimiento personal por el caso ‘cofre’, como se conoce al vehículo presidencial, que según las indagatorias, habría sido usado por el prófugo de la Justicia, Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre, para concretar su huida. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso peruano aprobó el informe final con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, que también plantea investigar penalmente a altos funcionarios, entre los que se encuentra el exministro del Interior Juan José Santiváñez, por un presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón. El informe, que deberá ser debatido en el pleno del Congreso, concluyó que existen indicios suficientes para solicitar al Parlamento el otorgamiento de facultades de comisión investigadora porque encontraron “obstáculos durante la indagación que limitaron el acceso a información clave”. De ser aprobado, el escenario político en Perú se tornará altamente volátil. Para declarar la vacancia presidencial se necesitan 87 votos, una mayoría calificada que solo ha sido alcanzada en situaciones de profunda crisis política. Además, el informe podría motivar al Ministerio Público a abrir una investigación formal contra la presidenta por encubrimiento real y uso indebido de bienes del Estado, lo cual comprometería no solo su presidencia, sino también su futuro político y legal.

Prensa Latina Brasilia, 7 junio (Prensa Latina).- La condena del Supremo Tribunal Federal (STF) imputada a otras 31 personas por su participación en los episodios golpistas del 8 de enero de 2023 descolló en Brasil en semana que termina hoy. En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, manifestantes radicales adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y desvalijaron las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial. Con las acciones, los calificados de terroristas intentaban revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 ganadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acuerdo con la decisión del Supremo, 28 de los condenados recibieron una pena de un año de detención, conmutada por restricción de derechos. Mientras que los tres restantes fueron sentenciados a dos años y cinco meses en régimen semiabierto, debido al incumplimiento de medidas cautelares previas. El relator del caso, ministro Alexandre de Moraes, sostuvo en su voto que los acusados formaban parte de un grupo que tenía como objetivo derrocar al Gobierno democráticamente electo, constituyendo un crimen de autoría colectiva. Tal posición fue respaldada de forma unánime por los demás magistrados. La Fiscalía General argumentó que los procesados actuaron de manera coordinada, promoviendo acciones ilegales desde un campamento frente a cuarteles del Ejército. Todo con el fin de alentar a otros a cometer delitos, generar hostilidad entre las Fuerzas Armadas y las instituciones republicanas, y fomentar una narrativa de fraude electoral. Aunque las defensas insistieron en que los implicados participaron de manera pacífica y sin capacidad real para realizar un golpe de Estado, la corte consideró que los hechos y mensajes difundidos en redes sociales evidenciaban la intención de tomar el poder y bloquear el funcionamiento normal de las instituciones. Junto con la pena de detención y la restricción de derechos, todos los sentenciados deberán sufragar una multa por el delito de incitación al crimen, por instigar a los militares a actuar contra el orden constitucional. También fueron condenados al pago solidario de una indemnización de cinco millones de reales (cerca de 900 mil dólares) por daños causados al patrimonio público. De Moraes subrayó que más de 500 personas implicadas en hechos similares firmaron acuerdos de no persecución penal tras confesar su participación. En cambio, los ahora condenados rechazaron el ofrecimiento, lo que llevó a la continuación del proceso penal. Una vez que se agoten las instancias de apelación, los involucrados dejarán de ser considerados como reos primarios (personas sin antecedentes penales), lo cual puede tener repercusiones legales en el futuro.

Rusia Today Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, ha sido blanco de un atentado en Bogotá, informan medios locales. El ataque se produjo al oeste de la capital colombiana mientras Uribe participaba en un acto político en un sector del parque Modelia de la localidad de Fontibón. Conforme a testigos, un hombre se acercó al político por la espalda y le disparó a corta distancia. El atacante disparó tres veces, impactando con dos balas en el político. Uribe, que tenía rastros de sangre en el rostro y la camisa, fue trasladado de urgencia al hospital. Agentes del orden público están trabajando y recogiendo pruebas en la escena del crimen. Los investigadores establecerán si se trata de un ataque organizado por un grupo o realizado por un individuo aislado. Los responsables del Medical Center de Engativá, donde fue hospitalizado el precandidato del Centro Democrático, todavía no han comunicado cuál es la condición del senador. Se espera que en las próximas horas se proporcione un informe médico sobre el estado de salud del político, así como los resultados preliminares de la pesquisa. El partido político al que pertenece el senador de 39 años condenó el atentado. «Rechazamos enérgicamente este ataque que no solo pone en peligro la vida de un líder político, sino que también atenta contra la democracia y la libertad en Colombia», declaró el Centro Democrático en un comunicado. La fuerza expresó su solidaridad con la esposa de Uribe, Claudia, su hijo, su familia y su equipo laboral. Gobierno condena atentado El Gobierno de Colombia condenó este sábado, mediante un comunicado oficial, el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. «Este acto de violencia es un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política de Colombia», reza el texto. «Todo acto que pretenda acallar mediante la intimidación o la violencia a quienes participan en la vida pública es inaceptable y merece el más profundo repudio por parte del Estado y la ciudadanía», asevera el comunicado. El Ejecutivo expresó su solidaridad con el senador y su familia, así como también instó a identificar y castigar a los responsables. En otro llamado se dirige a «todos los sectores del país» con el objetivo de mantener la unidad en torno a las instituciones del Estado y rechazar «cualquier forma de violencia política». El ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, también hizo llegar sus palabras de solidaridad a la familia y el equipo del precandidato. «Nos duele este atentado. Nos moviliza a redoblar esfuerzos por proteger la vida, garantizar la participación política libre y hacer justicia», escribió el titular. La cartera ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos colombianos a quien entregue información útil para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Telesur En un nuevo hecho de gatillo alegre protagonizado por un funcionario policial en Argentina, falleció el viernes un niño de siete años de edad, luego de agonizar por dos días en el Hospital de Niños de San Justo, tras recibir un disparo en la cabeza. El lamentable hecho ocurrió el pasado miércoles cuando el niño Thiago Correa esperaba junto a su papá en autobús en la zona de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, al oeste de la provincia de Buenos Aires. «Quiero informar el fallecimiento de Thiago. Es muy doloroso para todos. Necesito justicia, por favor. Esto se tiene que pagar», expresó Fabián, el padre, en compañía de la madre del niño, visiblemente conmocionados. Thiago Correa había quedado en medio del fuego cruzado entre un grupo de presuntos delincuentes y el agente de la Policía Federal Argentina (PFA), Facundo Daniel Aguilar en el marco de un intento de robo. Ante el reclamo de los padres de Thiago Correa, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, salió en defensa del oficial, Facundo Aguilar, que disparó 11 tiros por la espalda contra un grupo de cuatro presuntos delincuentes, asesinando a uno de ellos. Bullrich sostuvo que la acción del policía en cuestión «fue de legítima defensa» y que los cuatro delincuentes involucrados «son los culpables» de que Thiago recibiera un disparo en la cabeza de parte del oficial. En el mismo sentido, la ministra de Seguridad responsabilizó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dijo que «se tiene que hacer cargo«, en un intento por delegar la responsabilidad en su rival político. Inicialmente, el Ministerio de Seguridad llegó a difundir que el niño Thiago Correa fue alcanzado por «una bala perdida». Según se confirmó, los únicos disparos en la escena partieron del arma del policía que se encontraba fuera de servicio al momento del hecho, mientras que, la pistola secuestrada a los cuatro jóvenes no estaba apta para disparar. El presunto ladrón asesinado fue identificado como Brandon Corpus, de 18 años, mientras que su compañero, Uriel Leiva, fue baleado a la altura del abdomen y su pronóstico es reservado. Además, el delincuente Uriel Montenovo, de 21 años, resultó herido en la pierna derecha. La investigación quedó en manos de la UFI Temática Homicidio Departamental y el fiscal dispuso la aprehensión del efectivo Aguilar por el delito de exceso de legítima defensa. Además de cuestionar el planteo de la ministra, organismos de derechos humanos volvieron a reclamar la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio.

DW Actualidad El jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó este sábado que Rusia está lista para comenzar el canje de prisioneros de guerra menores de 25 años y gravemente enfermos y la entrega de caídos en combate, acordados en Estambul, pero Ucrania pospuso indefinidamente el intercambio. Medinsky afirmó que Rusia había trasladado los cuerpos de 1.212 soldados ucranianos caídos a la «zona de intercambio», los primeros de los 6.000 que se entregarán. Moscú también entregó a Kiev una lista con los nombres de 640 prisioneros de guerra que se intercambiarían en la primera etapa. «Instamos a Kiev a que cumpla estrictamente el calendario y todos los acuerdos alcanzados, y a que comience el intercambio de inmediato», declaró Medinsky. «La parte ucraniana inesperadamente pospuso de modo indefinido la recepción de cadáveres y el canje de prisioneros. El grupo de negociadores ucranianos por alguna razón ni siquiera acudió al lugar del canje. Dan diversas razones, y todas bastante extrañas», escribió en Telegram. Kiev no respondió de inmediato a la acusación, pero lo hizo posteriormente también a través de Telegram. Ucrania rechaza las acusaciones «Ucrania entregó sus listas para el intercambio, elaboradas en base a las categorías claramente definidas durante las negociaciones en Estambul: seriamente heridos, seriamente enfermos, en base a la fórmula de ‘todos por todos’ y soldados jóvenes», explicó en un comunicado el organismo ucraniano que se ocupa de los prisioneros de guerra.  «La parte rusa entregó unas listas que no se corresponden con el enfoque acordado. Ucrania realizó comentarios relevantes y ahora el próximo paso le corresponde a la parte rusa», agregó el organismo en Telegram. Las delegaciones rusa y ucraniana acordaron el lunes intercambiar a todos los soldados heridosy a los menores de 25 años que aún se encontraban como prisioneros de guerra. Este fue el único resultado concreto de las conversaciones, en las que Rusia ha rechazado reiteradamente las peticiones ucranianas de un alto el fuego inmediato. El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había confirmado que el canje se produciría este fin de semana.