ElNuevoCambio

DW Actualidad Estados Unidos anunció este lunes más sanciones por tráfico de fentanilo contra Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, y aumentó la recompensa por los dos que están fugitivos. El presidente republicano Donald Trump libra una guerra contra los cárteles méxicanos para intentar frenar el tráfico de este opioide sintético, una de las principales causas de la muerte de personas de entre 18 y 49 años en Estados Unidos. Los cuatro hijos del Chapo (Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López) controlan el cártel de Sinaloa, considerado por Washington una organización «terrorista» global, a través de su facción autodenominada «Los Chapitos». Ovidio y Joaquín están detenidos en Estados Unidos, pero Iván y Jesús Alfredo «siguen prófugos en México», afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado. «El liderazgo de Iván en Los Chapitos ha desencadenado una alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas de seguridad y miembros de cárteles rivales», precisó el gobierno estadounidense. Washington acusa a su hermano Alfredo de actuar como «lugarteniente» y de haber «participado en la tortura de rivales» para sacarles información. Por esto, el Departamento de Estado subió este lunes de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a cada uno de los dos «Chapitos» prófugos. Laboratorios clandestinos controlados por Los Chapitos son «responsables de la introducción de fentanilo en pastillas falsificadas fabricadas por el cártel de Sinaloa» gracias a «su capacidad» para adquirir sustancias químicas necesarias para su fabricación, afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado.

BBC News Un joven con cara de niño y el cabello sobre sus hombros, vestido con pantalones de mezclilla y camiseta verde era neutralizado contra el suelo por la policía. Fue el momento en que capturaron al principal sospechoso del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el senador opositor y precandidato presidencial baleado el sábado 7 de junio en un mitin en Bogotá y que se encuentra en estado grave. Horas después, el presidente colombiano Gustavo Petro oficializó las sospechas: el presunto perpetrador es un adolescente de 15 años. Llevaba una pistola Glock 9 milímetros que provenía de EE.UU. Se trata de un arma semiautomática fiable y muy utilizada por fuerzas de seguridad en el mundo. No está al alcance de cualquiera. «El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino», dijo este lunes Petro en X, revelando que el menor había abandonado voluntariamente un programa educativo de paz en el pasado. El diario colombiano El Tiempo informa que cuando el menor fue detenido aseguró que la orden de atentar contra Uribe Turbay la dio «el hombre de la olla», en referencia a un punto de venta de droga de la capital colombiana. Las autoridades buscan ahora a los autores intelectuales de un crimen que se llevó a cabo mediante una práctica extendida en Colombia: el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y criminales para matar. Según la Defensoría del Pueblo colombiana, en 2024 fueron reclutados 409 niñas, niños y adolescentes, un aumento respecto a los 342 casos registrados en 2023. Las autoridades reconocen que las cifras están subestimadas. Con décadas de conflicto armado y crimen organizado, miles de menores han sido víctimas de la violencia en Colombia, siendo reclutados tanto por los carteles de la droga como por las guerrillas izquierdistas, fuerzas paramilitares y nuevos actores armados y criminales. «Hubo incluso utlización de menores en operaciones encubiertas de la fuerza pública. Todos los actores del conflicto lo han hecho», le explica a BBC Mundo Max Yuri, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

Página 12 «Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales», indicó Greta Thunberg en un video divulgado por la Flotilla de la Libertad. El gobierno israelí acusó el lunes a la activista sueca «y a los otros de haber intentado escenificar una provocación mediática con la única intención de hacer publicidad». Israel se enfrenta a una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra en Gaza, donde la población es bombardeada a diario y está al borde de la hambruna debido a las restricciones impuestas por Israel, según la ONU. Una intercepción «ilegal» En la Flotilla de la Libertad viajaban 12 activistas de Francia, Alemania, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos con el objetivo de «romper el bloqueo israelí» en el territorio palestino. Imágenes difundidas por el movimiento muestran a los activistas a bordo de la embarcación con chaleco salvavidas naranja, las manos en alto durante la intercepción. Algunos entregaron sus celulares como se les ordenó, mientras que otros arrojaron sus teléfonos móviles o tablets por la borda. El equipo jurídico de la Flotilla denunció que la intercepción de los 12 activistas que iban a bordo del bote Madleen es ilegal, ya que se produjo en aguas internacionales y después fueron las propias autoridades israelíes las que llevaron a los activistas a su territorio. La abogada Loubna Tuma, que pertenece a la organización israelí en defensa de los derechos humanos Adalah, reprochó a las autoridades que no informaran en ningún momento del paradero o destino de los activistas. Los equipos legales de la Flotilla contactaron hasta en nueve ocasiones tanto con el despacho de la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, como con la Armada para exigir información sobre la situación de los activistas detenidos por el Ejército israelí en la madrugada del lunes, indicó Tuma a la agencia EFE. En una última llamada, sobre las 14:30 horas locales, las autoridades israelíes dijeron a los equipos legales de la Flotilla que emitirían un comunicado al respecto en un plazo de una hora, algo que ocurrió mucho más tarde. Las informaciones sobre el paradero del Madleen fueron contradictorias a lo largo del día, dado que, si bien el gobierno israelí dijo que había sido remolcado al puerto de Asdod, el equipo jurídico de la Flotilla informó después que los 12 pasajeros y activistas a bordo aún no habían sido trasladados a Israel y permanecían en el mar. Según el equipo legal de la Flotilla, la intención de las autoridades israelíes era deportarlos a su llegada y quienes no pudieran ser deportados el lunes, probablemente comparecerían ante el tribunal para una audiencia este martes.

Telesur El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que el esquema de seguridad del senador Miguel Ángel Uribe Turbay —víctima de un atentado el pasado sábado— fue reducido «extrañamente» el mismo día del ataque, pasando de siete a tres escoltas. «Pedí la máxima profundidad en la investigación», afirmó Petro en redes sociales, insinuando que el hecho podría estar ligado a una estrategia para socavar su administración. El senador Uribe Turbay, precandidato presidencial del opositor Centro Democrático (derecha), recibió dos disparos durante un acto público en Bogotá.  El atacante, un adolescente de 15 años, fue capturado en el lugar, pero las motivaciones siguen sin claridad y desde la ultraderecha buscan culpar al Gobierno del ataque. Por su parte, la familia del senador y precandidato presidencial de Colombia presentó una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, por presunta negligencia respecto a las peticiones para reforzar su seguridad. «Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año», dijo a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera, desde la puerta principal de la Clínica Fundación Santa Fe, donde Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras ser baleado el sábado en un mitin electoral. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que se manejan tres líneas de investigación: si el ataque apuntaba específicamente a Uribe Turbay por su perfil político, si buscaba afectar a su partido (fundado por el expresidente Álvaro Uribe), o si era parte de un plan para «desestabilizar al gobierno» de Petro. El presidente, sin embargo, fue más lejos: vinculó el hecho con sectores «oscuros, neonazis y no republicanos», incluso extranjeros, que —según él— han puesto «precio» a su cabeza. «Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción», aseguró, en una referencia al servicio de inteligencia israelí. Petro criticó que algunos sectores usen el ataque con fines electorales. Uno de los actores que se manifestaron en este sentido fue el expresidente César Gaviria (1994-1998), del Partido Liberal, quien recriminó el hecho de que el Gobierno no abandone el impulso a la consulta popular boicoteada por el Congreso. A criterio de Gaviria, la obstinación del mandatario produce un escenario de mayor confrontación, sin embargo Petro señaló que el más perjudicado por el atentado es el propio Gobierno y sugirió que el crimen pudo ser obra de «un grupo enemigo del gobierno y de la consulta».

Prensa Latina Tokio, 10 junio (Prensa Latina).- El Ministerio de Defensa de Japón reportó hoy una explosión en una base aérea estadounidense ubicada en el archipiélago de Okinawa, al sur del país, con un saldo de al menos cuatro heridos. El estallido se produjo, en horas de la madrugada, dentro de en un almacén temporal de municiones sin detonar, instalación militar estadounidense en la base de Kadena, que también se comparte con las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas. Las autoridades japonesas informaron que los servicios de emergencia acudieron con rapidez al lugar para atender a los afectados y controlar la situación, aunque hasta el momento no se han precisado las causas exactas del incidente, ni la gravedad de los heridos. La base se localiza en los pueblos de Kadena y Chatan, en la prefectura de Okinawa, donde -según el propio sitio web de la instalación- representa un punto clave de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en el Pacífico y de las unidades japonesas asociadas, al posibilitar la constitución del “Equipo Kadena”. Este suceso revive la controversia sobre la seguridad de las bases militares norteamericanas en Japón, donde Estados Unidos tiene unos 54 mil soldados. La mayoría de los militares se encuentran en la sureña isla subtropical de Okinawa, que alberga dos tercios de las tropas estadounidenses desplegadas en esta nación asiática. Además, la población local ha manifestado en reiteradas ocasiones su inquietud por los riesgos asociados a la presencia militar, así como por el impacto ambiental y social que generan estas bases.

Rusia Today Donald Trump apoyó este lunes la amenaza de Tom Homan (el llamado ‘zar de la frontera’ y encargado de llevar a cabo las deportaciones masivas ordenadas por el presidente estadounidense) a arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, si pone alguna interferencia a los agentes de la Guardia Nacional en medio de las protestas violentas en Los Ángeles. «Yo lo haría si fuera Tom«, aseveró Trump, respondiendo a las preguntas de periodistas de si apoya a Homan en sus amenazas a Newsom. «Me gusta Gavin Newsom […] es un buen tipo, pero es tremendamente incompetente«, agregó. Por su parte, el gobernador respondió a las afirmaciones del presidente calificándolas de «un paso inequívoco hacia el autoritarismo». «El presidente de EE.UU. acaba de pedir el arresto de un gobernador en ejercicio. Este es un día que esperaba no ver nunca en EE.UU. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo«, manifestó Newsom en una publicación en su cuenta de X. Previamente en una entrevista para MSNBC, Newsom desafió a Homan a detenerlo. «Es un tipo rudo, ¿por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme […]. ¡Arréstenme! Acabemos con esto, chico rudo. Me importa un bledo, pero me importa esta comunidad […]. Siento ser tan claro, pero esa clase de palabrería es agotadora. Así que, Tom, arrésteme, ¡vamos!», insistió. Protestas violentas  Las protestas empezaron el pasado viernes en las ciudades de Paramount y Compton, en el condado de Los Ángeles, después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaran redadas migratorias y detenciones por acusaciones de violar las leyes de inmigración. Las protestas, que duran ya varios días, están marcadas por incendios, ataques contra los uniformados y el uso de la fuerza contra los manifestantes. En las imágenes desde el lugar se observa cómo los participantes en los disturbios incendiaron numerosos vehículos, mientras también se reportan casos de saqueos.