ElNuevoCambio

Telesur Este viernes 19 de junio, en un fallo de trascendencia histórica para la justicia internacional y los derechos humanos, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a 15 años de prisión efectiva a tres antiguos oficiales de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  La sentencia que aplica la justicia chilena a estos funcionarios de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, responde a su responsabilidad directa en el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronnie Karpen Moffitt, perpetrado en Washington D.C. en 1976, y en el que también murió Orlando Letelier del Solar, ex canciller de Chile en Estados Unidos, quien a esa fecha trabajaba en el Instituto de Estudios de Política en Washington, en el Distrito de Columbia, cuyos responsables de su muerte fueron condenados en 1995.  Los oficiales retirados Pedro Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, fueron dictaminados en calidad de autores del delito. De acuerdo con la resolución judicial de la magistrada Plaza, el crimen respondió a una planificación institucionalizada por el aparato de la «DINA exterior».  ​Una operación transnacional controlada desde Chile ​La investigación judicial determinó el itinerario delictivo de la DINA, el cual inició con el envío del capitán Armando Fernández Larios a Paraguay para gestionar pasaportes falsificados.  Posteriormente, se integró al equipo el agente Michael Vernon Townley Welch, encargado de tejer alianzas con la organización contrarrevolucionaria «Movimiento Nacionalista Cubano» con el propósito de efectuar seguimientos y espionaje rutinario contra Orlando Letelier del Solar.  ​Tras completar las labores de vigilancia en el domicilio del exdiplomático, el 18 de septiembre de 1976 el grupo operativo remitió toda la información a Pedro Espinoza Bravo, supervisor de la misión. Siguiendo la cadena de mando, se dio la instrucción definitiva de confeccionar y colocar un artefacto explosivo debajo del chasis del automóvil Chevrolet Chevelle Malibú Classic que utilizaba el político chileno. ​El ataque terrorista en Washington ​Tres días después, el 21 de septiembre de 1976, la bomba fue activada por control remoto mientras Letelier conducía por una de las avenidas principales de la capital estadounidense.  La brutal detonación destrozó el vehículo, provocando la muerte inmediata del exministro y heridas fatales a su secretaria, la joven estadounidense Ronnie Karpen Moffitt, de 25 años, quien estaba en el automóvil junto a su esposo Michael Moffitt y que milagrosamente resultó ileso de la acción terrorista. ​El dictamen judicial de la ministra Paola Plaza, respaldado por documentación oficial y pruebas remitidas por las autoridades del Gobierno de Estados Unidos, cierra un capítulo clave de la impunidad de los crímenes de la dictadura chilena en el exterior, ratificando las penas efectivas de cárcel para la cúpula operativa que ordenó y ejecutó el histórico atentado en el Distrito de Columbia.

Prensa Latina Quito, 19 junio (Prensa Latina).- Organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos rechazaron hoy el Decreto Ejecutivo 424, con el cual el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó la existencia de un conflicto armado interno y permite la presencia de fuerzas extranjeras. En un pronunciamiento difundido este viernes, los firmantes sostienen que la medida profundiza la militarización de la seguridad pública, amplía la participación de actores extranjeros en asuntos internos y crea condiciones que podrían favorecer la impunidad frente a eventuales violaciones de derechos humanos. El decreto, firmado este 18 de junio, establece que Ecuador recibirá cooperación internacional para enfrentar a las estructuras criminales y reconoce inmunidad para personal extranjero que participe en operaciones de seguridad, de acuerdo con los acuerdos internacionales vigentes. También dispone que el presidente podrá conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles involucrados en acciones relacionadas con el conflicto armado interno, mientras exhorta a la Asamblea Nacional a considerar amnistías para quienes actúen en defensa del Estado. Las organizaciones cuestionan especialmente la inclusión de beneficios penales dentro de una normativa que ratifica la existencia de un conflicto armado interno. A su juicio, ello genera una “expectativa institucional de protección o tratamiento excepcional respecto de conductas futuras aún indeterminadas” y podría debilitar las garantías de investigación y sanción de abusos. El documento advierte que el derecho internacional prohíbe utilizar amnistías o indultos para impedir el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura o crímenes de lesa humanidad. Los firmantes también expresan preocupación por la participación de civiles en acciones vinculadas al conflicto armado interno, sin que se defina quiénes podrían intervenir, bajo qué condiciones, ni cuáles serían los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Otro de los cuestionamientos se refiere a la cooperación con Estados extranjeros, lo cual podría dificultar el acceso a la justicia de eventuales víctimas de abusos y debilitar los principios de soberanía y responsabilidad estatal. Las organizaciones sostienen además que el Decreto 424 difiere de anteriores declaratorias de conflicto armado interno porque reconoce de forma autónoma esa condición y regula sus consecuencias sin activar los mecanismos ordinarios de control constitucional asociados a los estados de excepción. Como parte de sus demandas, los colectivos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a comisiones Naciones Unidas que requieran información urgente al Estado ecuatoriano sobre los fundamentos jurídicos y fácticos del decreto, así como sobre los alcances de la participación extranjera y civil en las operaciones.

Rusia Today El presidente de EE.UU., Donald Trump, se manifestó sobre una posible intervención militar en Cuba, horas después de que las autoridades antillanas denunciaran que desde Washington «quieren imponerle» una hoja de ruta. Preguntado por Axios sobre cuánto se parece la hipotética acción militar sobre la isla con la que autorizó a inicios de año en Venezuela, el republicano contestó: «La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no». Una vez que insistieron con la pregunta en ‘The Axios Show’, Trump respondió: «Es posible. Estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (…) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso«. «Cuba quiere hablar desesperadamente», declaró Trump, al tiempo que ratificó que el hombre encargado de las políticas de la Casa Blanca sobre la isla es el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien alabó por su «gran trabajo». Al ser cuestionado si hay un «reloj de cuenta regresiva» sobre Cuba, ahora que alcanzaron un acuerdo con Irán, sostuvo que hay una «línea flexible». El mensaje de Díaz-Canel El jueves, durante el cierre de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, se dirigió al Gobierno de EE.UU.: «No se puede hablar de libertad mientras se empuja, a propósito, a un pueblo entero hacia la desesperación por falta de recursos que hoy resultan vitales para la existencia«. «Al Gobierno de los EE.UU. le decimos, sin odio, pero sin miedo: si de verdad quieren ayudar al pueblo cubano, ¡déjennos vivir! Dejen a Cuba comerciar; dejen a Cuba comprar sus medicinas; dejen a Cuba importar su combustible; dejen a Cuba recibir inversiones, créditos, financiamientos, relacionarse normalmente con sus emigrados y con el mundo. ¡Dejen a Cuba mostrarle al planeta que es capaz de hacer este pueblo cuando no hay obstáculos a sus esfuerzos por levantarse!», dijo en medio de aplausos. En defensa de las recientes transformaciones económicas aprobadas por la Asamblea Nacional, Díaz-Canel criticó «la amenaza de agresión militar» sobre la isla. Washington mantiene el bloqueo económico y comercial contra la isla desde hace más de seis décadas, y esta política de cerco y asfixia total se endureció especialmente desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

Agencias y RT El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a declarar, como ya lo había hecho en enero de 2024, la «existencia de un conflicto armado interno» en el país sudamericano. La medida fue establecida en el Decreto Ejecutivo 424, publicado este jueves, en el que se señala que ese conflicto está configurado por «circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la soberanía nacional, la seguridad Integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población». En el decreto, el presidente señala que el Estado «recibirá cooperación internacional» para hacer frente al conflicto; pero, lo que más llama la atención es que se establece que el personal extranjero «gozará de inmunidad». Asimismo, Noboa promete que concederá «indultos» y rebajará o conmutará penas a militares, policías o civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno; y exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda «amnistías» a favor de ellos. Rechazo previo Noboa emite este decreto, que abre la puerta a la entrada de uniformados extranjeros, pese a que en noviembre de 2025, en un referéndum constitucional, la ciudadanía votó en contra de que se permitieran bases extranjeras en el país o ceder instalaciones locales a fuerzas internacionales. En concreto, en esa oportunidad se consultó a los ecuatorianos: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? La pregunta, de acuerdo con los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) obtuvo 60,82 % de los votos por el ‘No’ y 39,18 % por el ‘Sí’. Este mismo jueves, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) cuestionó la medida adoptada por Noboa. En su cuenta en X escribió que hay quienes «aplauden estas tonterías, como ejemplo de ‘decisión’, cuando tan solo son muestras de incapacidad y entreguismo». Explicó que declarar conflicto armado interno «confiere a vulgares grupos criminales el estatus de beligerantes» y, en consecuencia, quedan «amparados por el marco jurídico de los conflictos armados, como por ejemplo los convenios de Ginebra». Asimismo, critica que se otorgue inmunidad a uniformados y civiles extranjeros. En su consideración, sería como ocurría con la Base de Manta, una antigua estación castrense estadounidense que operó entre 1999 y 2009. «Podrán hasta violar a nuestras niñas y reventar a nuestros pescadores sin que puedan ser juzgados por sus crímenes», alertó. Permitir el intervencionismo El analista político Alexis Ponce denuncia el intento de Noboa de acallar a los opositores, disidentes, defensores de derechos y periodistas del país, hasta reducir a algunos de ellos «a esqueletos humanos en las cárceles ecuatorianas», además de permitir el intervencionismo del llamado Escudo de las Américas, liderado por EE.UU.

DW Actualidad El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010) informó el jueves (18.06.2026) que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las investigaciones que ese organismo lleva a cabo sobre las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, ambas en el departamento de Antioquia (noroeste), perpetradas por paramilitares. «De mis abogados: ‘Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja (sic)», escribió Uribe en X. Uribe agregó que también deberá comparecer para hablar del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en Medellín en 1998, y por algo relacionado con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del exmandatario, sin dar más detalles. En 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró como delitos de lesa humanidad las masacres perpetradas por paramilitares en las localidades de El Aro, San Roque y La Granja, actos que son parte de una investigación contra Uribe, al igual que el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Un Tribunal de Medellín ya había solicitado que se investigara a Uribe por su presunto conocimiento de las masacres cometidas por paramilitares en Antioquia, mientras él era gobernador de esa zona. La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente ocurrió la de El Aro, con 15 víctimas mortales. Por estos hechos fueron condenados los exjefes paramilitares Carlos Castaño (ya muerto), Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Francisco Villalba. Mientras que dos uniformados fueron sancionados por permitir la masacre. Jesús María Valle fue un abogado defensor de los derechos humanos en una de las etapas más duras de violencia en el conflicto armado colombiano y presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Su asesinato ocurrió el 27 de febrero de 1998, perpetrado por sicarios de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las masacres de La Granja y el Aro.