2026

Telesur Los intensos combates entre el ejército israelí y el movimiento de resistencia Hezbolá al sur del Líbano reportados este sábado, evidencian una vez más la fragilidad de la tregua vigente desde el 17 de abril pasado. Según informes de medios nacionales, los enfrentamientos ocurrieron dentro de la población fronteriza de Bint Jbeil. Mientras el ejército israelí afirmó haber abatido a 6 integrantes de la resistencia, Hezbolá mantiene su postura de responder a cualquier infracción del alto el fuego, de acuerdo con las declaraciones de su secretario general, Sheikh Naim Qassem. Bint Jbeil, con una población estimada en unos 30 mil habitantes, es considerada una zona estratégica por su cercanía a la frontera y su condición de cabecera del distrito homónimo en la gobernación de Nabatieh. Desde la entrada en vigor del acuerdo hasta el mediodía del domingo 20 de abril, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones israelíes. Estas incluyen ataques de artillería, bombardeos e incidentes con ametralladoras. Las fuerzas israelíes intensificaron las demoliciones de infraestructura civil en aldeas fronterizas, aprovechando el cese de hostilidades para establecer una zona militar de hasta 8 kilómetros dentro del territorio libanés. Esta maniobra restringe el movimiento en aproximadamente 500 kilómetros cuadrados e impide el acceso de la población civil a sus hogares, mientras prosiguen las acciones de destrucción por parte de Tel Aviv.  La situación en el sur libanés se mantiene crítica tras la ofensiva iniciada el 2 de marzo, la cual dejó 2 mil 491 muertos, 7 719 heridos y más de 1 millón de desplazados. Pese a la prórroga de tres semanas de la tregua anunciada por Washington, el ejército israelí continúa ejecutando incursiones y ataques. Hezbolá responde a estas acciones para defender la soberanía del país. La persistencia de los enfrentamientos en zonas estratégicas como Bint Jbeil subraya elincumplimiento de los términos de paz por parte de Israel, que mantiene su presencia operativa y agresiva sobre el territorio soberano del Líbano. Actualmente, la ciudad de Bint Jbeil se mantiene como el eje principal de los combates, zona donde el ejército israelí no ha logrado consolidar su control operativo pese a la intensidad de sus ataques. ​A pesar de los esfuerzos diplomáticos en Washington para un posible acuerdo, las incursiones terrestres y los bombardeos contra áreas civiles obligaron al movimiento de la «nación de los cedros» a activar su capacidad defensiva para proteger la soberanía territorial y la vida de la población en el sur del país.

Telesur El Gobierno de México, a través de sus máximas autoridades de Seguridad, informó que los dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fallecidos recientemente carecían de permisos formales. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que estos individuos ingresaron al país bajo estatus migratorios que no autorizaban acciones tácticas. Los registros oficiales indican que uno de los fallecidos entró como visitante sin permiso para actividades remuneradas, mientras el otro portaba un pasaporte diplomático sin funciones acreditadas. Las instituciones mexicanas de inteligencia y relaciones exteriores confirmaron que no tenían conocimiento previo de que fuerzas extranjeras estuvieran participando físicamente en operativos antinarcóticos en el estado de Chihuahua. La legislación mexicana es determinante al prohibir la intervención directa de agentes foráneos en maniobras de seguridad dentro de las fronteras soberanas del país.Las autoridades recalcaron que la colaboración internacional debe limitarse estrictamente al intercambio de información técnica y coordinación institucional, siempre bajo el principio de no subordinación a potencias extranjeras. Tras el accidente ocurrido el pasado 19 de abril, donde también perdieron la vida dos elementos estatales extranjeros, se ha iniciado una investigación exhaustiva en coordinación con la embajada estadounidense. Este suceso pone bajo la lupa la actuación de las agencias de Washington en suelo mexicano y la posible violación de los protocolos de confianza mutua. A pesar de la gravedad del incidente diplomático, el Gabinete de Seguridad expresó sus condolencias a las familias de los cuatro fallecidos durante el despliegue no autorizado. El Ejecutivo mexicano reiteró su disposición de mantener vínculos respetuosos con el país vecino, pero enfatizó que el respeto absoluto a la soberanía nacional es innegociable. El caso generó una fuerte reacción en los círculos políticos del país, exigiendo claridad sobre cuántos agentes operan bajo estas condiciones irregulares actualmente. La resolución de esta investigación definirá los términos futuros de la cooperación binacional en materia de lucha contra el crimen organizado y la protección de la integridad territorial.

Prensa Latina Quito, 25 abril (Prensa Latina).- La excandidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), llegó hoy a Ecuador y denunció amenazas del Gobierno contra organizaciones políticas de oposición. A su arribo al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en esta capital, González reiteró que no ha solicitado asilo en México u otro país y calificó esas versiones como una estrategia de desinformación. “No sé qué es lo que pretendía el gobierno inventando que he pedido asilo. No he ido a México”, afirmó ante medios de comunicación a su retorno de un periplo por varias naciones de América y Europa. La exaspirante presidencial, que ahora es secretaria de Relaciones Internacionales de la RC, sostuvo que las versiones sobre un supuesto asilo fueron “inventadas por el Gobierno” y reiteró que su salida al exterior obedeció a una agenda internacional En su intervención, también denunció presiones del Ejecutivo sobre otros partidos de cara a los comicios locales, adelantados para noviembre de 2026 y en los cuales la RC no podrá participar debido a una suspensión por nueve meses que consideran irregular. Ante esa situación, el movimiento -considerado la principal fuerza de oposición en el país- prevé presentar sus candidatos en alianza con otras organizaciones, pero será en mayo que se conocerán los nombres de esos grupos que ofrecerán espacio a la RC. “Daniel Noboa y su gobierno buscan a las demás organizaciones políticas, las amenazan, que si le dan cabida a la RC las van a eliminar o perseguir con Fiscalía, Servicio de Rentas Internas y demás”, aseguró. González cuestionó también las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, sobre supuestos hallazgos en dispositivos electrónicos dentro de una investigación en su contra, al señalar que no han sido convocados a ningún proceso de revisión. “Ni siquiera nos han llamado a la apertura de dispositivos electrónicos. ¿Qué te da a entender? A más de que controlan la justicia, usan los allanamientos para sembrar pruebas”, manifestó. Las diligencias forman parte del denominado caso Caja Chica, que investiga un presunto financiamiento irregular de campañas electorales y que involucra a González, al expresidente Rafael Correa y a otras figuras del movimiento, hipótesis que ha sido rechazada por esa organización política. Durante su llegada a Quito, González fue recibida por simpatizantes que coreaban consignas de respaldo, mientras reiteró que su partido participará en las elecciones mediante alianzas, cuyos detalles se anunciarán en las próximas semanas.

DW Actualidad La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este viernes (24.04.2026) el decomiso de bienes dispuesto en la causa por administración fraudulenta conocida como ‘Vialidad’, por la que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio. La decisión confirma lo dispuesto en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el decomiso de bienes para cubrir un monto cercano a los 685.000 millones de pesos (unos 480 millones de dólares), considerado por la Justicia como el perjuicio causado al Estado. Según el fallo, la medida alcanza a un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a Fernández, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el caso. En una primera etapa, se avanzará sobre unas 20 propiedades relacionadas con la exgobernante y su entorno familiar, mientras que más de 80 corresponden a Báez y a empresas vinculadas a la operatoria investigada. Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas que buscaban frenar el decomiso y consideraron que los criterios utilizados para identificar los bienes son válidos, en el marco de una causa que ya cuenta con condenas firmes. Asimismo, sostuvieron que el decomiso tiene como objetivo recuperar activos vinculados a los hechos de corrupción y evitar que los beneficios obtenidos a partir del delito permanezcan en manos de los condenados. Bienes heredados también fueron afectados La resolución también ratificó que la medida puede alcanzar bienes transferidos a terceros, incluidos aquellos recibidos por herencia, al entender que su origen ilícito no se ve modificado por esos traspasos. No obstante, el fallo incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien consideró que en algunos casos no se analizaron de forma suficiente los planteamientos de las defensas respecto de bienes heredados por los hijos de la expresidenta. El juey Borinsky «expresó que varios de esos bienes habían sido adquiridos antes del período tomado como referencia para el decomiso (concretamente fueron obtenidos en los años 1978 y 2002). Formuló, además, similares apreciaciones respecto de inmuebles decomisados a las empresas Loscalzo y Del Curto Construcciones y Kank y Costilla (sociedades vinculadas a Lázaro Báez)», detallo. El caso Vialidad La causa ‘Vialidad’ investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa sentencia quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema, lo que habilitó la ejecución de la pena y de las medidas económicas asociadas. La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas. La causa conocida como «Vialidad» abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010. Anuncian otra apelación ante la Corte Suprema Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados. De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia. «Este fallo me genera una preocupación jurídica seria», dijo Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que «la defensa irá a la Corte Suprema» de Justicia con un recurso de apelación. Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas. Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue «la principal destinataria» de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007.

BBC News Un soldado estadounidense que participó en la operación de captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue arrestado por presuntamente embolsarse más de US$400.000 al apostar porque el entonces gobernante venezolano perdería el poder en el portal Polymarket, anunció el Departamento de Justicia este jueves. Según los investigadores, Gannon Ken Van Dyk apostó más de US$33.000 en este portal de predicción tan solo unas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara la captura de Maduro. Según la acusación, el militar estadounidense se embolsó una ganancia neta de más de US$409.000 al pronosticar la caída de Maduro usando la información privilegiada que recibió como integrante del operativo que lo apresó. El momento en el que se hizo la apuesta llamó de inmediato la atención y dio lugar a una investigación de varios meses sobre si se utilizó información privilegiada para realizarla. «El anuncio de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley y que este FBI hara lo que sea necesario para defender el país y salvaguardar los secretos de la nación», dijo el director del FBI, Kash Patel. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, también hizo declaraciones en ese sentido. «A nuestros hombres y mujeres de uniforme se les confía información clasificada para cumplir su misión de la manera más efectiva y segura posible y tienen prohibido usar esa información altamente sensible para obtener un beneficio financiero personal», dijo. Intentó ocultar su rastro Van Dyke ha sido acusado de cargos que incluyen el uso ilegal de información confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas y fraude electrónico. Según los investigadores Van Dyke intentó ocultar las pruebas de las jugosas transacciones que había realizado tratando de eliminar su cuenta de Polymarket y cambiando la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta de intercambio de criptomonedas, adonde había enviado lo que cobró de Polymarket. «En lugar de salvaguardar esa información como era su obligación, Van Dyke decidió utilizar esa información clasificada para realizar transacciones en una plataforma de mercado de predicción para su beneficio personal», señala el escrito de acusación. «Posteriormente, Van Dyke intentó ocultar su uso ilegal de información clasificada del gobierno de EE. UU. tratando de oscurecer el origen de sus ganancias ilícitas y de disfrazar su conexión con las cuentas vinculadas a las transacciones ilegales», añade. Solo horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara que Maduro había sido capturado durante la «Operación Resolución Absoluta», en cuya planificación y ejecución participó, Van Dyke realizó presuntamente una serie de apuestas en Polymarket sobre si Maduro sería destituido de su cargo antes del 31 de enero y si Estados Unidos invadiría Venezuela. Aunque la acusación no entra en detalles sobre la participación del acusado en la incursión que derrocó y apresó a Maduro, los fiscales señalaron que fue fotografiado de uniforme y armado con un fusil en la cubierta del USS Iwo Jima, el barco al que Maduro fue trasladado tras su captura. Según Polymarket, un operador que creó una cuenta en diciembre de 2025 apostó US$33.933 en cuatro predicciones relacionadas con la invasión estadounidense de Venezuela y la captura de Maduro. La mayor, una de US$32,537 a que Maduro dejaría el cargo antes del 31 de enero, le reportó una ganancia del 1,242%, el equivalente a US$404.222. Polymarket afirmó en un comunicado en X que la empresa remitió las apuestas sospechosas al Departamento de Justicia y cooperó con la investigación. «El tráfico de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. El arresto de hoy es la prueba de que el sistema funciona», dijo la compañia en el comunicado. El auge de Polymarket Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero por fuerzas de Estados Unidos, que lo trasladaron a territorio estadounidense para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Ganancias como las de Van Dyke generaron polémica en torno a Polymarket y otros portales de apuestas sobre escenarios futuros que han proliferado últimamente y dudas sobre la legalidad de algunas apuestas sospechosas de haberse basado en información privilegiada. En otro de los casos que han llamado la atención, un usuario ganó US$550.000 en apuestas relacionadas con los ataques de Estados Unidos contra Irán que acabaron con la vida de su líder supremo, Alí Jameneí.

Telesur La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile cuestionó la orientación de la política de derechos humanos del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, al pronunciarse en contra de una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia y DD.HH. El documento ordena al equipo jurídico del Programa de DD.HH. no intervenir en audiencias relacionadas con rebajas de penas o regímenes alternativos de cumplimiento en casos vinculados a crímenes de lesa humanidad. A través de un comunicado, la organización calificó la medida como un cambio sustancial en los criterios de actuación del programa estatal, el cual —según recordó— ha cumplido históricamente funciones legales y sociales en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura. La AFDD advirtió que la disposición podría abrir paso a una “impunidad pasiva”, al facilitar que personas condenadas por violaciones a los DD.HH. cumplan sus penas fuera de los recintos penitenciarios, en contradicción con lo establecido por los tribunales chilenos. Asimismo, recordó que el Programa de DD.HH. tiene como mandato acompañar a las familias de víctimas de desaparición forzada y representar causas judiciales destinadas a garantizar medidas de reparación impulsadas por el Estado. En su declaración, la organización cuestionó la orientación de la política de derechos humanos del Gobierno del presidente ultraderechista José Antonio Kast, al considerar “ésta sólo persigue pavimentar el camino a la impunidad y dejar en libertad a quienes cometieron los delitos más atroces contra el pueblo de Chile”. Los familiares de detenidos desaparecidos, que llevan más de cinco décadas exigiendo verdad y justicia, emplazaron además al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a cumplir los tratados internacionales suscritos por el país, que obligan al Estado a garantizar el acceso pleno a la justicia. En esa línea, solicitaron que la encargada del Programa de DD.HH., Constanza Garrido, continúe brindando defensa jurídica a las víctimas y sus familiares, tal como establece el mandato de dicha institución. Finalmente, la AFDD se declaró en estado de alerta ante la agenda de debilitamiento de las políticas de memoria y justicia, y advirtió que denunciará cualquier acción que afecte la dignidad de las víctimas de desaparición forzada.

Telesur Los Gobiernos de Venezuela y Colombia han acordado pasos este viernes para avanzar en la agenda binacional, que incluyen planes de interconexión eléctrica y gasífera, la potenciación del turismo y el combate a bandas criminales y el delito trasnacional en la frontera compartida, informaron la presidenta (E) Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro tras sostener una reunión en el Palacio de Miraflores. Rodríguez calificó la llegada de Gustavo Petro al Gobierno en 2022 como un hito que permitió la reapertura de la frontera tras siete años de ruptura diplomática. El intercambio comercial, que descendió a mínimos, ascendió a 1.500 millones de dólares el año pasado, pese al bloqueo económico impuesto contra Venezuela. Rodríguez precisó que se ha acordado la sustitución de importaciones de los dos países aprovechando los productos que se generan a ambos lados de la frontera. «Pensar como un suelo pueblo, un solo país que se reconecta para el desarrollo compartido», dijo. «No tiene sentido que Colombia o Venezuela miren a otras latitudes lo que podemos conseguir en nuestros territorios», agregó. La agenda binacional estableció como prioridad la integración energética y alimentaria. Rodríguez informó sobre los planes de interconexión eléctrica hacia el occidente de Venezuela, sector afectado por la desinversión derivada de las medidas coercitivas unilaterales contra el país. El acuerdo incluye la exportación de gas venezolano a Colombia y proyectos conjuntos para el suministro a terceros países. La presidenta encargada, quien agradeció la solidaridad del presidente Petro en momentos complejos para Venezuela a raíz de la agresión del 3 de enero, destacó los «pasos firmes» en el combate a bandas criminales. Destacó como crucial en esta reunión un abordaje muy serio de lo que debe ser el combate a bandas criminales y grupos de delito trasnacional. «Hemos acordado la elaboración de planes militares y el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y desarrollo de inteligencia, que deben entrar en vigencia inmediata», afirmó Rodríguez. El presidente colombiano y la presidenta (E) de Venezuela acordaron, igualmente, planes socioeconómicos en ambos países para la atención de las poblaciones más vulnerables que han sido víctimas del delito en la frontera; la potenciación del turismo, proyectos de multidestino y la reanimación de la conexión aérea en ambos países. Petro enfatizó la necesidad de transitar hacia nuevos modos de energía que promuevan la paz y la democracia global, alejándose de los modelos energéticos tradicionales asociados a conflictos y autoritarismos. Abogó por la reconstitución de la unidad e integración económica, social y política entre ambos países. Reivindicó el proyecto bolivariano de la Patria Grande como un modelo de confederación para el siglo XXI y afirmó que esta unión permitiría a la región ser una de las más fuertes y poderosas internacionalmente, constituyéndose como el «corazón del mundo» desde una perspectiva diversa y plural que respeta las autonomías nacionales. En materia de seguridad, Petro planteó un esfuerzo coordinado para liberar a los pueblos fronterizos de las mafias dedicadas a economías ilegales, mencionando específicamente el tráfico de cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y la extracción de minerales raros. Esta estrategia contempla acciones militares y socioeconómicas, «de tal manera que la frontera solo sea para el pueblo colombiano y venezolano». El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las alianzas de cooperación comercial, energética, política y de seguridad, en el marco del Encuentro Presidencial Colombia-Venezuela. Es la primera visita oficial de un jefe de Estado a la capital venezolana tras el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro. La jornada estuvo precedida por la III Reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, donde se instalaron 11 mesas de trabajo técnica en áreas de soberanía energética, salud, defensa y asuntos ambientales. Los cancilleres Yván Gil y Yolanda Villavicencio suscribieron el acta final de esta comisión para agilizar los mecanismos de cooperación integral en las poblaciones fronterizas.