Comunidades se oponen a que Petrobras ingrese a explotar gas en Tariquia y destruya reserva de flora y fauna
Tarija, 6 de enero (El Nuevo Cambio).- Las comunidades indígenas de Tariquia, en el departamento de Tarija, intentaron evitar el ingreso de la empresa Petrobras a esa región para la explotación del pozo DMO-X3, sin embargo, el gobierno, utilizando la fuerza pública y cumpliendo su decreto 5503, despejó el lugar, sin que se haya reportado detenidos y heridos. De acuerdo a una información de Abya Yala, el contingente policial facilitó el ingreso de la empresa Petrobras que, bajo contrato con YPFB, busca desarrollar el proyecto del pozo DMO-X3, en la región de Tariquía donde se ubica la reserva nacional de flora y fauna del mismo nombre. La presencia de efectivos policiales generó enfrentamientos y tensión directa entre comunarios y policías en los puntos de vigilancia que instalaron las comunidades que temen que los trabajos petroleros afecten el medio ambiente, el agua y sus territorios ancestrales. Los comunarios rechazan la presencia y apoyo policial al ingreso de la empresa petrolera recordando compromisos previos de autoridades para defender Tariquía y exigiendo el respeto a sus derechos y al área protegida. Las comunidades exigen que se respete la integridad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, considerada un “pulmón verde” y fuente vital de agua. “Que se anulen o suspendan los contratos petroleros y no se permita la exploración/explotación dentro de la reserva sin consulta previa, libre e informada”, dijeron. Las comunidades han denunciado presión, hostigamientos y abusos por parte de las empresas y autoridades, incluidos intentos de dividir a los habitantes mediante incentivos y sobornos. Organizaciones sociales y ambientales han convocado a una reunión de emergencia y acciones de apoyo solidario en la ciudad de Tarija bajo consignas como “Tariquía no se toca” y “El agua vale más que el gas”. En 2025, representantes de las comunidades denunciaron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre la criminalización de defensores ambientales y posibles violaciones de derechos. Entre tanto, Petrobras Bolivia expresó en un comunicado su disposición de diálogo con las comunidades indígenas y puntualizó que cuenta con respaldo legal y ambiental, todas las autorizaciones en regla e, incluso, consultas populares desarrolladas en la zona.









