En Consejo de Seguridad de ONU, califican como crimen injustificable ataque de EE.UU. a Venezuela
Telesur La agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, provocaron una inmediata y amplia reacción internacional, con condenas firmes expresadas por durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Las intervenciones coincidieron en advertir que el uso unilateral de la fuerza por parte de Washington constituye una violación flagrante de la Carta de la ONU, sienta un precedente extremadamente peligroso para el sistema internacional y amenaza la paz regional y global. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, calificó el asalto militar y el posterior secuestro de los líderes venezolanos a Nueva York como un crimen injustificable que marca un retorno al dominio de la fuerza y a la anarquía global. Al iniciar su intervención, afirmó que “el comienzo de este año ha conmocionado a todos aquellos que aún confiaban en el derecho internacional, la no injerencia y la diplomacia”. Nebenzia denunció que Estados Unidos pretende erigirse como un “juez supremo” con derecho a invadir países y ejecutar castigos, ignorando deliberadamente la jurisdicción internacional. Subrayó que Venezuela es un Estado soberano, y que cualquier controversia debe resolverse exclusivamente por la vía del diálogo, no mediante bombardeos ni secuestros de jefes de Estado. El diplomático ruso exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores, al tiempo que advirtió que la muerte de civiles venezolanos y cooperantes cubanos durante la operación militar confirma las consecuencias de la aplicación selectiva del llamado “orden mundial basado en normas”, que —según expresó— hoy se revela como un nuevo orden sustentado en la fuerza bruta. Por su parte, China denunció ante el Consejo de Seguridad que Estados Unidos “pisoteó deliberadamente la soberanía de Venezuela”, ignorando los principios fundamentales de la Carta de la ONU. El representante permanente adjunto de China, Sun Lei, calificó los hechos del 3 de enero como “incursiones ilícitas flagrantes”, y advirtió que el uso unilateral de la fuerza por parte de un miembro permanente del CSONU socava los cimientos del sistema multilateral. “Ningún país puede ser el policía del mundo, ni ningún Estado puede autoproclamarse juez internacional”, afirmó Sun Lei, al exigir garantías para la seguridad del presidente venezolano y su inmediata liberación. China reiteró su respaldo al Gobierno y al pueblo venezolano, y llamó a preservar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, conforme a lo establecido por la CELAC en 2014. En un enérgico debut como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2026–2027, Colombia también condenó la agresión militar estadounidense. La embajadora Leonor Zalabata calificó los bombardeos y la actividad aérea sobre Caracas como una transgresión directa a la integridad territorial de Venezuela, y recordó que el uso de la fuerza carece de toda base legal y moral. Zalabata alertó sobre el peligro de que un miembro permanente del Consejo utilice su poder militar para imponer control político sobre otra nación, evocando las etapas más oscuras de la injerencia extranjera en América Latina. Asimismo, expresó preocupación por el impacto humanitario del conflicto y el posible aumento de flujos migratorios, subrayando que la población civil siempre paga el costo más alto de las ambiciones geopolíticas externas. En representación de Venezuela, el embajador Samuel Moncada denunció que su país fue objeto de un ataque armado ilegítimo y carente de toda justificación jurídica, que incluyó bombardeos, pérdida de vidas humanas y el secuestro del presidente en ejercicio, violando la inmunidad personal de los jefes de Estado, una garantía esencial para la estabilidad del sistema internacional. Moncada advirtió que si el Consejo de Seguridad no condena estos hechos, su credibilidad y la del derecho internacional quedarán gravemente comprometidas. Recordó que las acciones de Washington encajan en la definición de agresión establecida en la Resolución 3314 de la Asamblea General, y alertó que normalizar estos actos equivale a sustituir el derecho por la fuerza. El diplomático venezolano denunció que el verdadero objetivo de la agresión es la codicia por los recursos energéticos y estratégicos del país, y afirmó que esta lógica remite a las peores prácticas del colonialismo. Informó además que, pese a la agresión, las instituciones venezolanas continúan funcionando con normalidad, y que conforme a la Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada para garantizar la continuidad del Estado. Las intervenciones coincidieron en exigir a Estados Unidos el cese inmediato de la coerción, la liberación del presidente venezolano, y el retorno a la diplomacia y al respeto irrestricto del derecho internacional, ante el riesgo de que esta escalada unilateral desate una crisis global de consecuencias imprevisibles.









