2025

Prensa Latina Quito, 30 septiembre (Prensa Latina).- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, denunció hoy ante el Legislativo lo que calificó como hechos de represión estatal, abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto de paro nacional. El dirigente compareció este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, donde se proyectaron videos difundidos en redes sociales que evidenciarían las presuntas vulneraciones durante las protestas de la última semana. Vargas solicitó a los legisladores iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las manifestaciones. Junto a la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, pidieron al presidente de, Daniel Noboa, que rinda cuentas por las detenciones arbitrarias y el crimen de Estado contra Efraín Fuerez, quien murió el pasado domingo tras ser baleado en una manifestación. En declaraciones a la prensa al salir de la Comisión, Vargas señaló que “mientras las bases de todos los pueblos y nacionalidades no nos autoricen lo contrario, el paro se mantiene”. Esa afirmación llega luego de que Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, capital de la provincia norteña de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra el alza del diésel, informó sobre un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el Gobierno de Noboa. “Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas», dijo Castillo al canal Teleamazonas. No obstante, Vargas recalcó que el movimiento indígena mantiene su postura firme frente a las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo y advirtió que la resistencia continuará en todo el país. En las afueras del Parlamento, en esta capital, los familiares de 12 detenidos en Otavalo (Imbabura), en el marco de las movilizaciones, realizaron un plantón para exigir su liberación y denunciaron que fueron impedidos de ingresar a la Asamblea. Las manifestaciones, iniciadas el 22 de septiembre, dejan reportes de más de un centenar de violaciones de derechos, según organizaciones de la sociedad civil, mientras la Conaie insiste en que no dará “ni un paso atrás” hasta que derogar el decreto que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón. El Gobierno se niega a retroceder con la medida y acusó a los manifestantes de vínculos con el crimen organizado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur instó a un “diálogo urgente” y advirtió que el despliegue militar en protestas sociales conlleva un “riesgo real de violaciones de derechos humanos”.

Rusia Today En menos de tres meses, la deuda tributaria de la empresa Exportadora Bananera Noboa S.A., vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa, se redujo en más de 90 %. La obligación fiscal de la compañía con el Servicio de Rentas Internas (SRI) pasó de 95,4 millones de dólares a finales de junio, siendo la mayor deudora tributaria del país, a 6,1 millones de dólares en septiembre, recoge Radio Pichincha. Esta vertiginosa reducción de la deuda tributaria se sustentó con la aplicación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, promovida por el Ejecutivo de Noboa, que fue aprobada y entró en vigencia en junio pasado. En la normativa se estableció la remisión del 100 % de intereses, multas, recargos y costas para deudas originadas hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre que se cancele el capital hasta el 31 de diciembre de este año. Ley cancelada Poco después de la última reducción, que dejó en apenas más de 6,1 millones de dólares la deuda a la empresa de la familia Noboa, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la Ley de Integridad Pública y, por tanto, anuló por completo esta normativa. No obstante, la declaratoria no tiene efectos jurídicos retroactivos en materia tributaria, por lo que la condonación millonaria de impuestos se mantiene en firme. «El fallo rige hacia el futuro. Todo lo que se pagó dentro de la vigencia de la norma no puede revertirse», explicó el abogado tributario Andrés Medina, según cita La Hora. Pese a ello, el asambleísta Blasco Luna, de la izquierdista Revolución Ciudadana (RC), manifestó que llamarán al Pleno de la Asamblea a las autoridades del SRI, para pedirle que restaure la deuda de más de 95 millones de dólares a la Exportadora Bananera Noboa. En medio de esa situación se ha generado otra polémica, puesto que el pasado 25 de septiembre Noboa nombró a Alexandra Navarrete como directora general del SRI. De acuerdo con una denuncia del expresidente Rafael Correa, la funcionaria fue gerente tributaria de Exportadora Noboa. «Sí, la que los ayudaba a evadir impuestos. Sí, una empleada privada de los Noboa, de los más grandes evasores del país. Esto es sencillamente escandaloso. Se nos llevan el país en peso», escribió el exmandatario.

Agencias y RT La Franja de Gaza enfrenta un colapso total de sus cadenas de suministro médico, una situación desesperada que obliga a los cirujanos a operar sin anestesia adecuada y a racionar analgésicos esenciales, reporta The Guardian. El sistema sanitario, saturado por más de 167.000 heridos —en su mayoría con quemaduras, fracturas complejas y amputaciones—, según el Ministerio de Salud gazatí, lucha por sobrevivir ante el bloqueo de ayuda. La escasez es tan crítica que las operaciones se realizan sin anestesia y se racionan estrictamente los calmantes, desde opioides hasta paracetamol. «La mayoría de las lesiones son amputaciones o fracturas abiertas», afirma el médico ortopédico Abdelkareem Alsalqawi. «Son muy dolorosas y requieren analgésicos las 24 horas del día. [Pero ahora] les decimos: una inyección al día… úsenla por la noche para poder dormir». Esta crisis se agrava por el sistemático impedimento de la ayuda. Un análisis de la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ, por sus siglas en inglés) revela que más de la mitad de las misiones médicas de la OMS en Gaza desde enero de 2024 —para entregar medicamentos, combustible, personal y realizar evacuaciones— han sido denegadas, retrasadas, obstaculizadas o canceladas. Las fuerzas israelíes han bombardeado instalaciones y bloqueado los convoyes. La Dra. Randa Abu Rabe, de la OMS, corrobora esta realidad: «Está muy claro que, desde marzo, hemos pasado meses sin permitir que entrara nada. No se trata solo de los medicamentos: son los reactivos, los diagnósticos, algunos de los instrumentos o equipos». La situación se ve exacerbada por el colapso de la distribución segura y los saqueos de suministros. En la práctica, el racionamiento se traduce en un suplicio diario para los pacientes. Los opioides se limitan a una única inyección diaria, condenando a las personas a soportar horas de dolor insoportable. En los quirófanos, los viales de morfina se reutilizan entre varios pacientes, una medida desesperada que conlleva un alto riesgo de infección. Ante la falta de alternativas, los médicos recurren a la ketamina, un anestésico que puede provocar fuertes alucinaciones, para las emergencias más críticas.  Un portavoz israelí afirmó que el Ejército del país hebreo «seguirá actuando para facilitar la atención médica y el funcionamiento continuo de las instituciones médicas en la Franja de Gaza, en cooperación con las organizaciones de ayuda internacional». No obstante, las agencias de ayuda reportan un colapso casi total de la cadena de suministro, a pesar de dichas garantías.

DW Actualidad Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de «agresión» de Estados Unidos, que movilizó tropas al Caribe, informó este lunes (29.09.2025) la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos. «El presidente suscribió el decreto de conmoción externa», dijo Delcy Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país, donde exhibió una copia del decreto. El decreto permite a Maduro «actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela» si Estados Unidos «se llega a atrever a agredir a nuestra patria», agregó. Una fuente del gobierno aclaró a la AFP que el mandatario aún no suscribió el documento. «La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento», dijo bajo reserva. El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la «restricción temporal» de derechos constitucionales.  La situación genera inquietud El director de la oenegé Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó que la «suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad» es la «principal preocupación» de su organización. Nicolás Maduro llamó al alistamiento en las reservas militares y ordenó ejercicios en la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia. «Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela», insistió Rodríguez. «Jamás entregaremos la patria». Venezuela ya denunció ante la ONU las maniobras de Estados Unidos en el Caribe. «Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar: se va a afectar todo el país, quizá por décadas, se va a afectar nuestra región, no tengan dudas, se va a afectar a Estados Unidos», indicó Rodríguez. La vicepresidenta señaló además que será juzgada toda persona que «promueva y apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar». El gobierno ya ha señalado, por ejemplo, a la líder opositora María Corina Machado de abogar desde la clandestinidad por una intervención extranjera.

BBC News Un tribunal chino condenó a muerte a 11 miembros de una conocida familia que dirigía casinos y centros de estafas por internet en Myanmar, según informaron medios estatales chinos. Decenas de miembros de la familia Ming fueron declarados culpables de actividades delictivas, y muchos recibieron largas penas de prisión. La familia Ming trabajaba para uno de los cuatro clanes que operaban en la remota ciudad de Laukkai, en Myanmar, cerca de la frontera con China, y que convirtieron en un centro de apuestas, drogas y estafas. Myanmar finalmente tomó medidas drásticas, arrestando a muchos miembros de estas familias en 2023 y entregándolos a las autoridades chinas.   39 sentencias Un total de 39 miembros de la familia Ming fueron sentenciados el lunes en la ciudad oriental de Wenzhou, según un informe de la cadena estatal china CCTV. Además de los 11 miembros condenados a muerte, otros cinco recibieron penas de muerte con dos años de suspensión de la pena; 11 fueron condenados a cadena perpetua; y el resto recibió penas de prisión de entre 5 y 24 años. El tribunal determinó que, desde 2015, la familia Ming y otros grupos criminales habían participado en actividades delictivas, como fraude en las telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas y prostitución. Según el tribunal, sus actividades de juego y estafa habían generado más de US $1.400 millones. Otros habían estimado previamente que los casinos de cada una de las cuatro familias procesaban varios miles de millones de dólares al año. El tribunal también determinó que la familia Ming y otros grupos criminales fueron responsables de la muerte de varios trabajadores de centros de estafas.

Telesur El asesinato del líder kichwa Efraín Fuerez, evidencia la violencia ejercida por el Gobierno de Daniel Noboa contra las movilizaciones populares, denunció este lunes en rueda de prensa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El encuentro inició con un minuto de silencio en memoria del integrante de la comunidad Inguinzala, quien perdió la vida debido a la represión estatal en Cotacachi, provincia de Imbabura. Los dirigentes de comunidades indígenas responsabilizaron directamente al Estado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las jornadas de protesta y exigieron que se investigue la muerte del comunero. En su intervención Alberto Ainaguano, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari), rechazó los intentos de criminalizar al movimiento indígena y repudió las políticas del Ejecutivo. «No somos terroristas, somos pueblos originarios», afirmó el líder de Ecuarunari, quien aseveró que las decisiones de lucha se construyen colectivamente. Resaltó que «jamás en la estructura del movimiento indígena deciden dos, tres, cuatro personas. Para tomar cada decisión se escuchan a los pueblos, a las organizaciones, a las nacionalidades». Por su parte, la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, llamó al presidente Noboa a abandonar su «postura de guerra» y atender las demandas sociales. Instó a la comunidad internacional a observar la situación en el país sudamericano. «En actuales momentos en Ecuador vivimos una dictadura que ha pretendido a un pueblo trabajador posiciones con líneas discursivas vinculadas al terrorismo, al contrabando», denunció. Castañeda criticó la aprobación de normativas sin sustento constitucional y desmintió la narrativa oficial sobre un supuesto subsidio de más de 1.100 millones de dólares al diésel. Aseguró que informes técnicos de Petroecuador demuestran lo contrario, y que el Decreto 126, lejos de eliminar subsidios, lo que hace es incrementar el precio del combustible para favorecer a sectores económicos cercanos al Ejecutivo “a costa del pueblo”. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, se pronunció sobre el asesinato del comunero Efraín Fuerez y advirtió que este hecho «no puede quedar en la impunidad». Asimismo, enfatizó que el movimiento indígena responsabiliza directamente al Gobierno de Daniel Noboa, a los ministros del Interior y de Defensa y al propio Estado ecuatoriano por este crimen. Vargas exigió que organismos internacionales de derechos humanos intervengan de manera inmediata con una investigación independiente que permita esclarecer lo ocurrido y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables políticos del ataque. El dirigente también demandó al Ejecutivo el cese inmediato de la represión y la violencia contra los pueblos indígenas y la ciudadanía en general, señalando que el paro nacional no busca la confrontación, sino respuestas concretas a demandas históricas. En este sentido, recordó que las exigencias del movimiento son claras y legítimas: la derogatoria del Decreto 126 que incrementa el precio del diésel; una solución urgente a la crisis en los sistemas de salud y educación; respeto pleno al derecho a la protesta y a la organización social; el fin de la expansión minera y extractivista que amenaza territorios comunitarios; y la prohibición de nuevas ampliaciones de la frontera petrolera en la Amazonía.