2025

Telesur Mientras Estados Unidos entrega un plan de paz a las Naciones Unidas (ONU), las fuerzas de Israel continúan asesinando a palestinos en Gaza, donde ya se reportan 238 civiles asesinados y 600 heridos desde el inicio del alto el fuego acordado el pasado 10 de octubre. La Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza denunció que el ejército israelí ha cometido 194 violaciones a la tregua, incluyendo incursiones, bombardeos y el bloqueo de suministros médicos, lo que generó la «profunda preocupación» del secretario general de la ONU, António Guterres. Esta ofensiva se desarrolla en paralelo a una catástrofe humanitaria. «Estamos en una carrera por salvar vidas», sentenció desde El Cairo la portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, Abeer Etefa, al describir la hambruna que se cierne sobre el enclave. Según la ONU, solo se han podido abrir 44 de los 145 puntos de distribución de alimentos planificados. Aunque han atendido a un millón de personas, la ayuda es «lamentablemente insuficiente» debido a las restricciones israelíes. «Necesitamos más acceso: más pasos abiertos y libertad para transitar», denunció Etefa. La situación en los hospitales es aún más crítica. Más de 16.500 pacientes, entre ellos 3.800 niños, esperan una evacuación médica que no llega. El político y médico palestino Mustafa Barghouti denunció que de los 3.203 camiones de ayuda que ingresaron, solo cuatro transportaban suministros médicos. La crisis económica ha disparado los precios a niveles insostenibles. «Una sola manzana cuesta ahora lo mismo que un kilo de manzanas antes de la ofensiva», lamentó Nour Hammad, portavoz del PMA. La agencia solo ha conseguido ingresar la mitad de los alimentos necesarios, con los accesos del norte bloqueados sin explicación. Devastación y Desplazamiento Mientras tanto, dos millones de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó que más de 75.000 de ellos se refugian en un centenar de sus edificios, en medio de una devastación total de las infraestructuras. Las violaciones del alto el fuego por parte de Israel y el bloqueo a la ayuda humanitaria evidencian la crisis de derechos humanos en Gaza, mientras la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump promueve un «Plan de Paz» en el seno de la ONU.  La situación profundiza la catástrofe humanitaria y subraya la necesidad de un cese total de las hostilidades y el levantamiento del bloqueo para salvar la vida de la población civil palestina.

Telesur El juicio por la denominada «Causa Cuadernos» en Argentina inició la mañana de este jueves 6 de noviembre, un proceso que la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y la propia líder peronista califican como un «show judicial» y una estrategia de persecución con un claro «calendario político». El proceso, que se estima durará entre dos y tres años, con un posible fallo no antes de 2028, tiene como objetivo principal a la exmandataria, a pesar de que no figura en ninguna anotación de los cuadernos ni ningún testigo la ha señalado como receptora de dinero. CFK denunció que el arranque de esta «opereta judicial» obedece a un «calendario político» y sirve como «agenda judicial al servicio del ajuste» del Gobierno actual, distrayendo la atención del debate sobre el trabajo y las jubilaciones y el «segundo mega endeudamiento» de Argentina. La base de este juicio ha sido cuestionada desde el inicio. La primera prueba son los cuadernos en sí mismos: aunque el exchofer Oscar Centeno afirmó haberlos quemado en una parrilla, un año y medio después reaparecieron casi intactos. En tanto, las pericias indicaron que la letra corresponde a más de una persona, con partes tachadas y llenas de alteraciones. La segunda prueba son las declaraciones de los «arrepentidos», empresarios y exfuncionarios que, según la defensa de Cristina, fueron extorsionados para involucrar a la expresidenta, bajo amenaza de ser encarcelados. En esta misma línea, el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, citó al actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en su rol de abogado defensor en 2018 advirtió que su cliente «iba a mentir porque si no se tenía que quedar preso», evidenciando la extorsión a los imputados. Además, estas declaraciones no fueron registradas de manera electrónica (audiovisual) como exige la ley. Por otra parte, la defensa denunció una «manipulación suprema» por parte de los jueces del Tribunal Oral número 7 al decidir, 48 horas antes, que lo dicho por los arrepentidos se incorporará por lectura, dando por «verdad lo que dijeron sin control alguno de las defensas», maniobra idéntica a otras condenadas por la Corte Suprema y la Corte Interamericana. Otra irregularidad clave es la previa del tribunal: se removió a la jueza suplente sorteada, Gabriela López Iñiguez, por haber criticado la actuación del fiscal Carlos Stornelli en otra causa. En su lugar, fue designado Néstor Costabel, un juez que la defensa de Cristina, a través de su abogado Carlos Alberto Beraldi, recusó por ser un «peón del macrismo» y por su historial de fallos contra el peronismo. Beraldi señaló que esta movida es «consecuencia de que ellos removieron a la doctora López Iñiguez,» y la definió como una «jugada típica de Comodoro Py» de nombrar magistrados con afinidad política, lo que va en contra de los mínimos parámetros internacionales de justicia. Con casi 90 imputados (empresarios y exfuncionarios), el juicio se desarrollará a distancia y las audiencias serán solo una vez por semana (de 9:30 a 13:30). La primera parte es la lectura de las elevaciones a juicio, de miles de páginas, por lo que se especula que la declaración de testigos comenzará en marzo de 2026. CFK deberá estar conectada durante los meses que dure esta lectura, dado que la señalan como supuesta jefa de una asociación ilícita que involucra todos los delitos. Los empresarios, por su parte, solo deberán conectarse en la parte de la imputación relacionada con ellos. La hipótesis central de la acusación, la del supuesto enriquecimiento ilícito, se debilita con el hecho de que ni a Cristina, Julio De Vido(exministro de Obras Públicas), ni Roberto Baratta (exsecretario del Ministerio de Planificación) se les encontraron cuentas en el exterior o bienes no declarados, a diferencia de lo que se encontró a la familia Macri, cuyo Gobierno impulsó la causa. La defensa de la expresidenta insiste en que el juicio carece de sorpresas y que «la sentencia ya está escrita». Dalbón afirmó que esta causa es parte de un «Plan Cóndor 2 que se hace con togas», cuyo único propósito es la «venganza» y buscarán «clavarle una segunda condena» a CFK, acusándola de ser encabezar una asociación ilícita, a pesar de que la condena en la causa Vialidad descartó ese delito. No obstante, el abogado remarcó que están trabajando en tribunales internacionales para conseguir un dictamen que declare la violación de las garantías constitucionales e intente revertir el proceso. La «Causa Cuadernos» constituye un conjunto de investigaciones judiciales centradas en acusaciones de supuesta corrupción contra funcionarios del Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. La causa también apunta a numerosos empresarios y ejecutivos de grupos locales, especialmente aquellos vinculados al sector de la obra pública. El público conoció la existencia de este caso en agosto de 2018, cuando se reveló el contenido de los documentos. La evidencia central eran las fotocopias de unos cuadernos que presuntamente detallaban las rutas del dinero. Paradójicamente. estas páginas, que el exchofer Oscar Centeno había afirmado haber quemado, «resurgieron de sus cenizas».

Telesur La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, utilizó su intervención en la COP30 de Belém do Pará, Brasil, para denunciar al capitalismo como el «principal verdugo ambiental» y exigir justicia climática global. En este sentido, la mandataria afirmó que, así como la Convención de 1994 firmada en la misma ciudad brasileña consagró el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, «también la tierra tiene derecho a vivir libre de abusos, explotación y violencia». La mandataria, que preside la Coalición de Países con Bosques Tropicales, afirmó que la Cumbre «devuelve al Sur la voz de la esperanza y de la vida». Castro denunció la «desigualdad climática», al señalar que «100 corporaciones generan el 71% de las emisiones contaminantes» y que el Norte Global, con solo el 10% de la población, produce más de la mitad de los gases que destruyen el clima, en paralelo sostuvo que el cambio climático «es una herida abierta que sangra en nuestros pueblos». La jefa de Estado hondureña reiteró las siete medidas urgentes que propuso en la COP28, entre las que destacan: el cese inmediato de las guerras para asegurar la paz con respeto al derecho internacional, condenar el terrorismo en todas sus formas, incluyendo el terrorismo de Estado y declaró que «el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza no puede quedar impune». También mencionó como primordial la conversión de la deuda externa de países acreedores y organismos de crédito para implementar planes de desarrollo ambiental. Asimismo, enfatizó en incluir los delitos ambientales en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para castigar a empresas y gobiernos, además de erradicar el lucro depredador y reducir el consumo irracional de recursos por las potencias industrializadas. Durante su intervención Castro aseveró además que «Refundar Honduras» significó devolver la dignidad, la soberanía y el alma verde al país, revirtiendo el «saqueo, impunidad, corrupción público-privada» y la entrega de recursos naturales de la «narcodictadura» impuesta en el país tres el golpe de Estado de 2009. Informó que su gobierno creó tres batallones ambientales, redujo en más del 90% la deforestación en zonas protegidas y firmará su primer acuerdo internacional para movilizar financiamiento climático soberano. En este sentido, sentenció que «la refundación ambiental también es un acto de soberanía» al no otorgar una sola concesión nueva sobre sus bienes naturales. La intervención de la presidenta Castro en la COP30 posicionó al Sur Global como la reserva vital del planeta, al tiempo que denunció las dinámicas neocoloniales y la explotación capitalista como causas de la desigualdad climática y la violencia. Su participación se alinea con el llamado a la integración regional y la soberanía frente a las potencias contaminantes del Norte.

Prensa Latina Moscú, 6 noviembre (Prensa Latina).- El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia comunicó hoy que un grupo de soldados ucranianos acorralados en la ciudad de Krasnoarmeysk (Pokrovsk para Ucrania), en Donetsk, fueron hechos prisioneros. Según la nota del ente castrense, dada a conocer este jueves en su página oficial de Telegram, “los soldados ucranianos se entregaron a los militares rusos de manera voluntaria porque fueron abandonados por sus comandantes». Uno de los prisioneros ucranianos identificado como Guenadi Chernadchuk contó que los muertos y heridos están regados por todas partes. «No teníamos adónde ir. Estuvimos una semana sin comida. No teníamos agua ni comida, ni tampoco municiones. Nos escondíamos en los sótanos de las casas o las trincheras», narró. De acuerdo con la cartera militar, los prisioneros dijeron que cada día aumenta la cantidad de soldados ucranianos heridos, pero no pueden recibir ayuda por falta de medicamentos. Otro de los prisioneros, Yuri Dovganiuk, enfatizó que sus comandantes no les enviaban comida ni tampoco medicamentos. «O nos entregábamos o nos moríamos de hambre o por la explosión de una mina», dijo. Según fuentes oficiales rusas, unos cinco mil 500 soldados ucranianos estarían rodeados en Pokrovsk, importante centro industrial situado a unos 15 kilómetros de la frontera entre la República Popular de Donetsk y Ucrania. Las fuerzas rusas llamaron a los uniformados ucranianos a rendirse voluntariamente y aseguraron que recibirán un trato de conformidad con las normas del derecho internacional.

Prensa Latina Belém, Brasil, 6 noviembre (Prensa Latina).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó hoy aquí un ambicioso fondo internacional destinado a proteger los bosques tropicales, entre ellos la Amazonia, con una meta inicial de 125 mil millones de dólares. Provenientes de gobiernos e inversores privados y bautizado Tropical Forests Forever Facility (TFFF), el instrumento financiero busca convertir la preservación de la selva en un activo económico. En la práctica, los países en desarrollo recibirían pagos anuales por cada hectárea de bosque conservada, ofreciendo una alternativa viable frente a la tala indiscriminada. Noruega se convirtió en el primer país en comprometer recursos, con tres mil millones de dólares, seguido por Indonesia con mil millones, según anunciaron autoridades de ambos países. «Detener la deforestación es esencial para reducir los efectos del cambio climático», señaló el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en el contexto de la Cumbre de Líderes de la 30 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), que se extenderá hasta el día 21. Tal mecanismo pretende beneficiar principalmente a las naciones tropicales más pobres, donde la presión económica convierte la tala en una actividad más rentable que la conservación. En un escenario óptimo, Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo podrían recibir cientos de millones de dólares anuales si logran frenar la pérdida de sus bosques primarios. No obstante, no todos los países participantes en la creación del TFFF planean financiarlo de inmediato. El gobierno británico indicó que no aportará fondos directos en esta fase y una fuente de la delegación finlandesa advirtió sobre las dificultades de encontrar nuevos recursos en un contexto de limitaciones presupuestarias globales. Lula calificó el fondo de uno de los «principales resultados concretos» que podrían emerger de la COP30, reafirmando el papel de Brasil como actor central en la lucha contra la crisis climática y en la preservación de la biodiversidad tropical mundial. Presentado por el Gobierno brasileño en abril y lanzado oficialmente este jueves, el fondo busca crear una estructura de financiación permanente para los bosques tropicales, considerando su preservación como un activo global y no solo como una responsabilidad de los países que los albergan.

Rusia Today La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este jueves que el país se defendería de una eventual intervención militar y terrestre de EE.UU. «Si llegara a haber una amenaza real, que no tenga que ver con estas filtraciones en medios internacionales, tenemos el himno nacional: un soldado en cada hijo te dio», aseguró la mandataria en conferencia de prensa, luego de ser cuestionada por los insistentes rumores de la intención del presidente de EE.UU., Donald Trump, de mandar al ejército de ese país a México supuestamente para combatir el narcotráfico. La letra completa del himno nacional mexicano dice: «más si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, piensa oh patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio», es decir que hace referencia a una defensa militar ante cualquier agresión extranjera. En las últimas semanas, medios estadounidenses como NBC News y The Washington Post han asegurado que Trump tiene planes de enviar tropas y oficiales de inteligencia a México, lo que ha sido descartado por Sheinbaum. «No va a haber intervención de Estados Unidos porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, porque ningún mexicano o mexicana, más que algunos cuantos, que son la excepción, no quieren», reiteró este jueves. Además, añadió que México dialoga con EE.UU. con base en un marco de entendimiento y de defensa de la soberanía. «México es un país libre, independiente y soberano, y así debe ser. Los principios con los que se negocia con cualquier Gobierno extranjero parten siempre de la no intervención», dijo.