2025

Telesur El ingreso del portaviones USS Gerald R. Ford al mar Caribe marca otra escalada en las amenazas imperialistas de los Estados Unidos contra naciones de la región, especialmente Venezuela. El arribo del buque —el más avanzado, costoso y tecnológicamente sofisticado de la flota estadounidense— fue anunciado por el Departamento de Guerra como parte de una supuesta operación contra el narcotráfico, mientras numerosas organizaciones han señalado que se trata de una estrategia para invadir a la República Bolivariana. Según Washington, el grupo de ataque del Ford, integrado por destructores de misiles guiados, fragatas de apoyo y escuadrones de aeronaves de quinta generación, tiene la misión de “proteger la prosperidad de Estados Unidos frente al narcoterrorismo”. Pero los hechos muestran una lectura distinta: la Casa Blanca ha venido escalando un discurso beligerante contra el Gobierno venezolano, y el despliegue coincide con declaraciones recientes del presidente Donald Trump insinuando “acciones ya decididas” frente a Caracas. Su magnitud, su ubicación y el clima político regional aumentan las alertas sobre un posible escenario de provocación militar. Su arribo se enmarca en la operación Lanza del Sur, que acumula ya cerca de 12 mil efectivos y casi una docena de buques, convirtiéndose en el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas. Desde septiembre, Washington justifica sus maniobras bajo la narrativa de combatir el tráfico de drogas en el hemisferio occidental, al que ha calificado como «su vecindad». Al calificar a la región como la «vecindad» de EE.UU., la Administración Trump revive los principios de la Doctrina Monroe, una política que históricamente ha servido de justificación para las intervenciones políticas y militares de Washington en los asuntos internos de las naciones soberanas de América Latina y el Caribe. En los hechos, los recientes ataques de EE.UU. a embarcaciones no identificadas en aguas del Mar Caribe han dejado más de 80 personas muertas y se han desarrollado fundamentalmente en áreas sensibles para la seguridad venezolana, lo cual revela la verdadera motivación del despliegue. Por demás, la ONU ha calificado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional. Mientras, sectores republicanos celebran abiertamente la posibilidad de una intervención, el Senado —controlado por ese mismo partido— se negó hace pocas semanas a limitar la capacidad del presidente Trump para lanzar ataques sin aprobación del Congreso, lo cual prueba el desinterés de ambos partidos por hacer cumplir su propia Carta Magna. El Gobierno de Venezuela ha denunciado los intereses beligerantes y colonialistas destrás de estos despliegues que incluyen al Comando Sur, que históricamente ha sido brazo ejecutor de ataques ordenados por la CIA para desestabilizar la paz en la región. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó que “la paz en el Caribe está siendo amenazada” por una narrativa construida en Washington para justificar una agresión. Por su parte, el canciller Yván Gil ha señalado que los despliegues son “un intento de invasión y sometimiento” que viola el derecho internacional y pone en riesgo a toda la región. El pueblo de Venezuela está presto a defenderse de toda amenaza Mientras estos despliegues se mueven, el pueblo venezolano se ha lanzado a prepararse y capacitarse para defender a su patria de cualquier ataque, y proteger la integridad de su territorio. Hace solo unos días iniciaron la fase superior del Plan Independencia 200, bajo el cual se ha organizado de forma integral la preparación del pueblo para la lucha armada y no armada de defensa de la Nación. Asimismo, desde Caracas hasta San Cristóbal, millones de venezolanos han salido a las calles para rechazar lo que consideran una amenaza directa de intervención extranjera, en un escenario inédito desde los intentos golpistas de 2019. Las movilizaciones no solo expresan apoyo al Gobierno, sino también un sentido histórico profundamente arraigado en el pueblo venezolano. Diversas organizaciones han subrayado que el país ha enfrentado durante más de dos décadas bloqueos, sanciones unilaterales, desestabilización económica y campañas mediáticas, y que el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford confirma que la presión militar continúa siendo un instrumento central de la política estadounidense. En ese marco, la unidad cívico-militar se ha convertido en un eje estratégico. La cohesión entre FANB y el poder popular organizado constituye la principal garantía de disuasión ante cualquier intento de agresión, recordando la resistencia que el país sostuvo durante el golpe de Estado de 2002 y episodios posteriores de injerencia que no lograron derribar a la Revolución Bolivariana. Las filas de la Milicia Bolivariana han crecido en las últimas semanas, con la incorporación de milicias de campesinos, pescadores, estudiantes, poblaciones originarias, todos decididos a enfrentar cualquier provocación militar que afecte sus vidas. Frente al clima de tensión militar, el pueblo venezolano opone el espíritu de preparación integral. A la par, colectivos culturales, estudiantiles y sindicales han desarrollado jornadas de debate, foros, conciertos y marchas simbólicas, remarcando que la defensa de la soberanía no es solo un asunto militar, sino un proyecto nacional que involucra a todas las capas de la sociedad. Aunque las operaciones estadounidenses en el Caribe se presentan como parte de una campaña antidrogas, el ambiente en Venezuela refleja la percepción mayoritaria de que el verdadero objetivo es generar condiciones para una intervención o desestabilización interna. De ahí que las expresiones populares adquieran un carácter no solo reactivo sino también estratégico: mostrar capacidad de organización, cohesión interna y respaldo a las instituciones democráticas que han garantizado la paz en la nación y el desarrollo de su economía, pese a las criminales sanciones.

Prensa Latina Washington, 16 noviembre (Prensa Latina).- El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, afirmó hoy que las Fuerzas Armadas estadounidenses “estarían listas, si se les pide” cualquier acción militar contra Venezuela. Así respondió Driscoll en una entrevista concedida a un programa de la CBS cuando la presentadora comentó que, según las noticias, el presidente Donald Trump dijo que ya había tomado una decisión sobre Venezuela y preguntó alrededor de este tema. “Creo que el presidente y el secretario de Guerra (Pete Hegseth) han dedicado mucho tiempo a pensar en qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense, y puedo hablar desde la perspectiva del Ejército: tenemos mucha experiencia en entrenamiento en esa región”, subrayó. Estamos reactivando nuestra escuela de operaciones en la selva de Panamá -añadió Driscoll en el espacio Face the Nation- y estaríamos listos para actuar en lo que el presidente y el secretario de Guerra necesiten. Militares del Pentágono han entrenado junto a fuerzas de seguridad panameñas en lo que se conoce formalmente como el “Curso combinado de orientación en la selva”. El Comando Sur de Estados Unidos alega que ello se centra “en la supervivencia, las tácticas y las operaciones de patrullaje” en tales condiciones. El miércoles Trump fue informado por su equipo sobre una serie de opciones, incluidos ataques aéreos contra instalaciones militares o gubernamentales de Venezuela y presuntas rutas de narcotráfico, e incluso un intento más directo por tratar de derrocar al presidente de ese país, Nicolás Maduro. Dos días después, el viernes, Trump afirmó desde el Air Force One que “más o menos” ya tomó una decisión sobre el camino a seguir, pero se negó a dar detalles al respecto. Justo un comunicado del Ejército dio a conocer el ingreso la mañana de este domingo en las aguas del mar Caribe de portaaviones más avanzado de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford, para la campaña del Gobierno de Trump contra el narcotráfico, lo cual genera muchas interrogantes y alertas sobre el peligro que se cierne sobre la nación de América del Sur. En el área del Caribe, el Pentágono acumuló importantes recursos en los últimos dos meses como unos 12 mil a 15 mil efectivos; más de una docena de buques de guerra; y 10 aviones de combate F-35. OTRA EMBARCACIÓN DESTRUIDA Estados Unidos anunció que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, una embestida que provocó la muerte de las tres personas que viajaban a bordo a los que calificó de “narcoterroristas”, sin detallar su nacionalidad. La acción ocurrió el sábado y se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la administración Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, próximo a Venezuela y Colombia. “El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista”, notificó en redes sociales el Comando Sur de Estados Unidos. Este es el ataque número 21 y ya suman más de 80 los fallecidos en esta cacería en aguas internacionales bajo el pretexto de la lucha antidrogas. Con el traslado de este gran buque de guerra se completa el mayor despliegue de poderío militar de Estados Unidos en esa zona en décadas. Mientras, la tensión con Venezuela escala tras los informes de los ejercicios militares de Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Pese a las críticas que ha generado este escenario de amenazas, los senadores republicanos -que controlan la Cámara Alta- votaron hace poco en contra de un proyecto de ley que habría limitado la capacidad de Trump para lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Rusia Today EE.UU. perpetró un nuevo «ataque cinético letal» contra una embarcación en el Pacífico, que, según indican, transportaba droga. Como consecuencia del ataque, tres hombres que iban a bordo murieron. El Comando Sur informó este domingo que el ataque se realizó el 15 de noviembre por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth. «La Inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», reza el comunicado. «La embarcación traficaba drogas en el Pacífico oriental y fue impactada en aguas internacionales», agregó el texto oficial. Ataques constantes Previamente, esta semana, Washington informó sobre varios ataques contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que se suman a la serie de agresiones realizadas por EE.UU. en los últimos meses como parte de una supuesta campaña contra el narcotráfico. Los más recientes ataques fueron perpetrados el 9 y el 10 de noviembre. Estas operaciones han sido calificadas como «ejecuciones extrajudiciales» por diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, al realizarse sin juicios, sin supervisión judicial y fuera de cualquier mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Además, desde que se iniciaron los operativos, con el anuncio del primer ataque en el Caribe el pasado 2 de septiembre, las autoridades estadounidenses solo se han limitado a difundir las grabaciones de los bombardeos, sin mostrar la carga que supuestamente transportaban, ya que las lanchas quedaron destruidas. Sin embargo, en el segundo ataque, Trump le dijo a la prensa que tenía «pruebas» de que en la embarcación llevaban drogas a EE.UU. Falsos pretextos para apropiarse de riqueza petrolera venezolana Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana. Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces». El mandatario venezolano ha explicado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela buscan «cambiar el régimen» en el país y apropiarse de su «inmensa riqueza petrolera». 

RT Alrededor de 15,7 millones de ciudadanos chilenos están convocados a participar este domingo en las elecciones generales en las que se definirá la presidencia, así como la renovación de 155 diputaciones y 23 senadurías. Todas las miradas están puestas en el cargo presidencial que se disputan seis candidatos y dos candidatas, que a lo largo de la campaña se enfrentaron en seis debates. Si ninguno de ellos obtiene al final de esta jornada más del 50 % de los votos, los dos que lideren la contienda se enfrentarán en una segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre. Quien finalmente obtenga la mayoría de votos sucederá en La Moneda a Gabriel Boric, el mandatario que comenzó a gobernar en 2022 y que deberá entregar la banda presidencial a su sucesor o sucesora el próximo 11 de marzo. Las 3.379 mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 hora local. La presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, le anticipó al portal Cooperativa que los resultados oficiales preliminares podrían darse a conocer solo un par de horas después del cierre de casillas, lo que recortaría el periodo de incertidumbre sobre si habrá o no segunda vuelta. La recta final de las campañas estuvo marcada por el creciente reclamo ciudadano en torno a la seguridad, a pesar de que Chile es uno de los países más seguros de la región. Otro tema recurrente, impulsado por los cuatro candidatos conservadores, fue el rechazo a las personas migrantes. Por la presidencia Una de las protagonistas de esta elección es Jeannette Jara, una abogada de 51 años, militante del Partido Comunista, que representa al oficialismo, ya que se postuló al amparo de la coalición Unidad por Chile que integraron las principales fuerzas de izquierda del país sudamericano. Otro personaje central de estos comicios es José Antonio Kast, un abogado de 59 años, fundador del ultraderechista Partido Republicano, quien se postula por tercera vez a la presidencia, lo que ya hizo en 2017 (quedó en cuarto lugar) y 2021 (pasó a la segunda vuelta y perdió contra Boric).  La lista de candidatos conservadores la completan Johannes Kaiser, un diputado del Partido Nacional Libertario (PNL); Evelyn Matthei, la exministra de Trabajo durante el Gobierno de Sebastián Piñera, que fue postulada por la coalición Chile Grande y Unido; y Franco Parisi, quien al igual que Kast encabeza su tercera campaña presidencial en nombre del Partido de la Gente. Por último, tres dirigentes se inscribieron sin sellos partidarios como candidatos independientes. Se trata del centrista Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Federación de Futbol de Chile; el progresista Marco Enríquez Ominami, quien encabeza su tercera candidatura presidencial; y el izquierdista Eduardo Artés.

Página 12 Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para votar en un referéndum de cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con Estados Unidos como principal interesado. La votación se dará con el país sumido en la peor crisis de violencia de su historia, ubicado a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios, al proyectar que cerrará 2025 con unos 9.000, equivalentes a unos cincuenta homicidios por cada 100.000 habitantes, en medio del conflicto interno armado lanzado por Noboa contra las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. El mandatario, que fue reelegido en abril de este año hasta 2029, optó por jugarse la carta de abrir el proceso para una nueva Constitución al considerar que la actual carta magna no permite enfrentar al crimen organizado de la forma que le gustaría, ni tampoco facilita la llegada de inversiones ni la creación de empleo. En la práctica, será un plebiscito sobre la continuidad o no de la Constitución establecida en 2008 promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), con la que sentó las bases de su proyecto político, pero criticada por Noboa al encontrar en ella límites a sus reformas. El gobernante lanzó su apuesta al ver que la Corte Constitucional anuló leyes emblema de su nuevo mandato, por contener disposiciones tramitadas de manera rápida y consideradas inconstitucionales por el alto tribunal. En caso de ganar el “Sí”, los ecuatorianos deberán volver a las urnas dos veces más, para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente y luego para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución. Bases militares Por otro lado, el planteamiento para las bases militares extranjeras busca eliminar la prohibición que existe en la actual Constitución a estos emplazamientos y de ganar el “Sí” abriría la puerta a que Estados Unidos vuelva a tener una base en el Pacífico sudamericano. Los estadounidenses ya operaron una base militar en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial para controlar el canal de Panamá y entre 1999 y 2009 estuvieron en la base de Manta para operaciones antidrogas, hasta que se vieron obligados a salir por la prohibición aún en vigencia. Las conversaciones entre ambos países van en la línea de establecer dos bases en la costa ecuatoriana: una militar y otra para asuntos de seguridad como narcotráfico y migración. A esto hay que sumarle que la campaña electoral, que finalizó el jueves, estuvo marcada por la llegada de los primeros presos a la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador con la que Noboa busca replicar en el país el “modelo Bukele”, y por la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para escenificar el interés del presidente Donald Trump en volver a tener en Ecuador una base militar. Tanto la base de Manta como la de Salinas, también en la costa, fueron inspeccionadas por Noem con el propósito de establecer un destacamento militar y una oficina de seguridad para asuntos como narcotráfico y migración, según lo señalado por el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg. Noboa quiso dar un golpe de efecto al inicio de la semana al trasladar los primeros presos a la prisión emblema de su política de seguridad, una de las promesas electorales del mandatario cuando llegó al poder en 2023. Allí llegaron los principales líderes criminales actualmente encarcelados y que encabezan las mafias y bandas a las que Noboa declaró la guerra desde 2024. Con uniformes naranjas, fueron rapados y recluidos en celdas de cemento pese a que la cárcel no está todavía terminada. Entre ellos estaba el exvicepresidente correísta Jorge Glas, sobre el que pesan tres condenas por corrupción, y al que se lo detuvo en 2024 en un asalto a la Embajada de México en Quito ordenado por Noboa después de recibiera asilo por parte del Gobierno mexicano. Fue el primero al que Noboa exhibió en fotos dentro de la cárcel, con un aspecto desaliñado y una expresión desconcertada, lo que enseguida despertó la indignación del correísmo, la principal fuerza de oposición contra el mandatario. El correísmo cerró filas para denunciar la humillación y el uso político de un preso que cuenta con medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar su salud y su vida. Asambleístas y financiación pública Las otras dos preguntas del referéndum plantean las reducción de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos. No hay predicciones claras del resultado ni la repercusión que pueden tener las recientes protestas lideradas por el movimiento indígena contra Noboa y su decisión de eliminar el subsidio al diésel, que se prolongaron durante un mes y que concluyeron sin que el presidente diera su brazo a torcer y con dos manifestantes fallecidos en enfrentamientos con militares. Tanto el correísmo como el movimiento indígena han llamado a votar por el “No” como una forma de protesta contra Noboa. El viernes 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75 por ciento, incluidas en el programa “Voto en casa”, ya participaron del proceso. El ‘Voto en casa’ es la expresión clara de una democracia que cuida, que acompaña y que no deja a nadie fuera ni atrás», sostuvo la presidenta de (CNE), Diana Atamaint, durante la inauguración de la jornada. El jueves, solo 1.032 presos sin sentencia firme se presentaron a votar de forma anticipada, de un total de más de 8.000 personas privadas de libertad habilitadas.

Página 12 Las autoridades del Parque Industrial de Ezeiza y del Parque Industrial de Spegazzini afirmaron que la explosión ocurrida en la noche del viernes no se produjo en ninguno de los dos predios. En un comunicado, aseguran que “el incidente tuvo lugar en una zona abierta denominada Polígono Industrial, un área industrial externa a ambos parques”. Además, confirmaron que “no se registraron pérdidas de vidas humanas y que ”las personas que fueron trasladadas para atención médica ya han sido dadas de alta, según informaron las autoridades sanitarias». También destacaron que “los destacamentos de bomberos de nuestros parques fueron los primeros en llegar al lugar”. En tal sentido, “tres autobombas se presentaron rápidamente y aportaron información clave para la coordinación del operativo junto a los equipos municipales y de Defensa Civil”. En otro pasaje del texto, expresaron los protocolos de emergencia fueron activados y que “todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas” y que los bomberos pudieron cargar agua en ambos parques. Finalmente, manifestaron que “se pusieron a disposición ambulancias y recursos adicionales para asistir a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales” y que “ambos parques industriales permanecen operativos y fuera de peligro”. Se rehabilitó el tránsito por la Autopista Ezeiza-Cañuelas Por otro lado, Vialidad Nacional informó que se rehabilitó en su totalidad el tránsito en la Autopista Ezeiza-Cañuelas, que permanecía cerrada tras la explosión e incendio. A pesar de la reapertura, las autoridades solicitaron a los conductores circular con especial cuidado en la zona afectada. El organismo precisó que en el kilómetro 44, a la altura del parque industrial de Ezeiza, “sigue (la) señalización en zona y personal de seguridad trabajando”, motivo por el que se ruega “circular con precaución y respetar las indicaciones”.

Telesur La Generación Z de Perú, articulada con sindicatos de trabajadores, protagonizó una nueva y significativa jornada de movilización en las calles de Lima.  La protesta tuvo como doble eje la exigencia de justicia por el asesinato de Eduardo Ruiz, el joven abatido por un policía encubierto durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre, y la denuncia enérgica contra lo que consideran una alarmante impunidad institucional frente a las demandas sociales y una ola de criminalidad que azota al país. Decenas de estudiantes universitarios, activistas civiles y gremios laborales se concentraron en varios puntos estratégicos de la capital para converger en una marcha hacia el centro histórico, en un contexto de fuerte presencia policial.  La movilización se desarrolló a pesar del estado de emergencia vigente en Lima, una medida implementada supuestamente para combatir el crimen organizado, pero que en la práctica suspende temporalmente derechos fundamentales como la libertad de reunión, lo que añade una capa de tensión a la protesta. A la cabeza de la manifestación en Lima marchó una delegación representativa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país. La pancarta principal de la CGTP encapsulaba el sentir colectivo, reclamando la defensa del trabajo, la seguridad y la vida, en una respuesta directa a la creciente ola de crímenes perpetrados por bandas de sicarios y extorsionadores que aterrorizan a transportistas, comerciantes y obreros de construcción civil. Una de las consignas centrales de la movilización fue la derogación inmediata de las llamadas ‘leyes pro-crimen’. Este conjunto de normas, aprobadas recientemente por el Congreso generaron una amplia controversia, ya que diversos sectores de la sociedad peruana consideran que su efecto real es diametralmente opuesto al propósito declarado, terminando por facilitar y proteger la actividad delictiva en lugar de combatirla, profundizando la crisis de inseguridad. La jornada de protesta se extendió más allá de la capital, con movilizaciones simultáneas en ciudades estratégicas del surandino, como Cusco y Puno, donde obreros de la Federación de Trabajadores del Cusco y del gremio de Construcción Civil se unieron a la causa. No obstante, la represión no se hizo esperar: al inicio de la marcha en Lima, el frente de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunció el cerco policial del campus y la detención de un compañero, aunque la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó su posterior liberación tras la presión ejercida en redes. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contribuyó al clima de restricción al declarar la intangibilidad de la céntrica Plaza San Martín, tradicional punto de encuentro para manifestaciones, buscando evitar aglomeraciones de carácter político. Sumado a esto, las primeras horas del día vieron un paro parcial de transportistas en las zonas norte y sur de Lima, llevando a que colegios públicos y algunas universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) otro foco de la Generación Z, dictaran clases en modalidad remota para garantizar la seguridad de los estudiantes.

RT El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes de la liberación de la localidad de Yáblokovo, en la provincia de Zaporozhie, por parte del grupo de tropas Vostok (Este). El comunicado señala que el éxito se logró gracias a acciones coordinadas del grupo militar, que liberó nueve puntos poblados en un mes. «En los combates por la localidad, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron numerosas bajas y perdieron más de una decena de vehículos», informa Defensa. Yáblokovo se encuentra cerca de Nóvoye, que había sido liberada anteriormente esta semana.