Seguridad

Cochabamba, 4 de julio (El Nuevo Cambio).- El Juzgado de Sentencia de Violencia y Anticorrupción dispuso una sentencia de 8 años de prisión para Yassir Molina, el principal acusado de dirigir a la denominada “Resistencia Juvenil Cochala” y los motoqueros en la ciudad de Cochabamba, durante el golpe de estado de noviembre de 2019. Le determinación no fue compartida por los abogados de la parte acusadora y del Gobierno que anunciaron una apelación a instancias superiores para lograr mayores sentencias con los acusados de haber cometido una serie de delitos contra la sociedad. Los otros acusados, los hermanos Mario Antonio Bascopé y Favio Alejandro Bascopé tienen una sentencia de 6 años y seis meses de prisión, mientras que Milena Soto y Jaime Maldonado recibieron una condena de 2 años. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció la apelación y dijo que se espera una sentencia mucho más drástica por la serie de delitos que cometió ese grupo delincuencial, comenzando por la organización criminal. Las condenas serán cumplidas en la Cárcel de San Sebastián, de Cochabamba. Los miembros de la RJC enfrentaban acusaciones por la comisión de los delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y porte o portación ilícita de armas, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

Redacción Central La Paz 26 de junio (El Nuevo Cambio).- Un extraño intento de golpe de estado fracasó en Bolivia, luego de dos horas de movilizaciones militares que intentaron primero ocupar el Palacio Quemado, luego pedir al presidente Luis Arce que cambie su gabinete y por último terminara con el cambio del Alto Mando Militar. La denuncia del expresidente Evo Morales Ayma, este martes, en sentido de que la democracia en el país estaba en riesgo, resultó cierta, a pesar de que el gobierno no tomó atención de esa advertencia, por el contrario, como habitualmente lo hace, criticó al líder del MAS-IPSP. La primera señal de la falta de control gubernamental en las Fuerzas Armadas, se presentó con las declaraciones del ahora excomandante del Ejército, general Juan José Zuñiga, quien no se guardó ninguna amenaza contra Evo Morales, de quien no solo dijo que no podía ser candidato a las próximas elecciones nacionales, sino que lo metería preso. El gobierno no dijo nada sobre esas declaraciones del militar en el Programa “No mentiras” que se difunde en el Canal PAT, por el contrario, a pesar de que se trataba de una violación a la Constitución Política del Estado, mantuvo en su cargo a Zuñiga. Los vehículos militares, incluidos algunos tanques, se presentaron en la Plaza Murillo alrededor de las 15.00 horas, sin ningún previo anuncio, pero esa acción alarmó a la ciudadanía y a los pocos medios de comunicación que se encontraban por el lugar. Fue un intento de golpe de Estado bastante extraño, con ministros paseándose por la Plaza Murillo, hasta parecía que apoyaban la asonada golpista, la prensa, que se apresuró a llegar al lugar, realizó cobertura normal, no hubo detenidos, nadie fue perseguido, al contrario, se escucharon algunos petardos y todo el escándalo acabó con la posesión de un nuevo Alto Mando Militar. El expresidente Morales, en su cuenta X, fue el primero en convocar a una resistencia al golpe, pidiendo a los movimientos sociales, una declaratoria de paro indefinido y la organización de un bloqueo de carreteras, para rechazar el golpe de estado. “Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo», manifestó. También señaló que además del cambio del Alto Mando Militar, se debe proceder inmediatamente con un proceso penal y con la baja del Gral. Zúñiga y sus cómplices en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. En la posesión del Alto Mando Militar, el presidente Arce solo denunció el intento de golpe de estado y la movilización de algunas guarniciones militares, sin embargo, no dijo nada de procesos legales contra los “golpistas”. Los hechos Al promediar las 15:00 horas, el general Zúñiga y un grupo de militares fuertemente armados tomaron la Plaza Murillo e impidieron el ingreso de la ciudadanía. En un breve contacto con los medios de comunicación apostados en la Plaza Murillo, Zúñiga dijo que la acción tomada es porque las tres fuerzas armadas de Bolivia están descontentas por la manera en que se maneja el país. “Estamos mostrando nuestra molestia y es deber del soldado, de su ejército y de las Fuerzas Armadas defender la patria”, expresó Zúñiga. Asimismo, dijo que a partir de este momento habrá un nuevo gabinete y que ingresaría a la Casa del Pueblo a hacer este pedido al presidente Luis Arce Catacora. Minutos después, un tanque del Ejército rompió la puerta principal del Palacio Quemado, permitiendo así el ingreso del general Zúñiga. Después de 14 minutos, Zúñiga fuertemente resguardado por efectivos militares salió del Palacio Quemado sin dar declaraciones. Momentos antes, el presidente Luis Arce denunció movimientos irregulares de miembros del Ejército, mientras efectivos militares cerraron la plaza Murillo, en La Paz. En tanto, tanquetas y militares fuertemente armados mantenían cercado los alrededores del kilómetro cero de la sede de gobierno. Luego de la posesión del Alto Mando Militar, los efectivos militares se replegaron a sus unidades y alguna gente ingresó a la Plaza Murillo para gritar consignas en favor del gobierno y de la democracia.

Santa Cruz, 20 de junio (El Nuevo Cambio).- La Fiscalía inició la investigación para establecer las causas y responsabilidades de un dramático hecho que terminó con la vida de un joven de 37 años que murió luego de ser atacado por un jaguar que se escapó de su jaula de un bioparque en Santa Cruz. El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 16.30 horas, en el lugar donde funciona el bioparque, distante aproximadamente a unos 12 kilómetros de la capital cruceña, al norte del departamento. Los informes preliminares establecían que el felino se escapó de su jaula del bioparque que está bajo la responsabilidad de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (POFOMA). En el lugar se encuentran otros dos jaguares más. La fiscal que atiende el caso, Rosmery Barrientos, informó que el joven que falleció, Carlos Castrillo, era uno de los encargados de dar alimentación a los animales. De acuerdo al informe forense, Castrillo falleció por un shock hipovolémico, después de que se desangrara. Aparentemente, el hermano de la víctima observó cuando el jaguar atacó al joven y la fiscal anunció que será citado a declarar.

La Paz, 18 de junio (El Nuevo Cambio).- El “Plan Boquerón” que fue elaborado por el Ejército y el Ministerio de Defensa, está destinado a reprimir al pueblo boliviano y a perseguir y detener a los dirigentes de los movimientos sociales, mujeres y hombres, denunció el senador del MAS-IPSP, Leonardo Loza. El parlamentario, en una conferencia de prensa, y como presidente de la Comisión de Defensa del Senado Nacional, dijo que ese plan se trabajó de manera secreta, ante las medidas de presión que se iban a realizar en el país por distintos sectores sociales. “Sabía el gobierno que se venía grandes movilizaciones sociales, de diferentes sectores, no solo del transporte pesado, sino médicos, trabajadores en salud, gremiales, entre otros, por eso intenta poner en ejecución su Plan Boquerón”, dijo. Loza afirmó que el régimen de Luis Arce y David Choquehuanca no ha solucionado los grandes problemas del país y en lo que se refiere a las políticas económicas, éstas no existen, “solo se dedican a robar”. “Alertamos al pueblo boliviano y a los sectores sociales, dirigentes sindicales, que como en las dictaduras, el gobierno no sólo prepara planes para reprimir, sino para encarcelar al pueblo boliviano, sobre todo a los dirigentes, mujeres y hombres”, afirmó.

Santa Cruz, 8 de junio (El Nuevo Cambio).- El Comité de Caminos de Yapacaní cerró las válvulas de petróleo y advirtió con radicalizar aún mucho más sus medidas de presión, si el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueban el crédito para la construcción de un tramo carretero. Entre sus amenazas está también la ocupación de dos pozos petroleros, en tanto, el gobierno afirmó que la medida de presión no sólo generará pérdidas económicas para el país, sino provocará mayor escasez de combustible y perjudicará la exportación de gas. Según los dirigentes de Yapacani, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar el crédito en una sesión y el presidente promulgar la ley, si tienen la intención de evitar que la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba siga bloqueada con carácter indefinido. Afirmaron que la principal responsabilidad es de la Cámara de Diputados que no sesiona hace semanas, después del Senado Nacional y finalmente del Gobierno que debe garantizar los recursos para la construcción de las carreteras. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en 6 meses convocó apenas a 11 sesiones, suspendió 7 y hay aproximadamente unas 147 leyes retenidas y que debían ser puestas a consideración para su aprobación.

Trinidad, 6 de junio (El Nuevo Cambio).- La caída del puente Rapulo en Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, provocó la muerte de 8 personas, seis heridos y varios desaparecidos, quienes se encontraban debajo de la estructura, confirmó la alcaldesa de ese municipio Rosio Roca. Las personas que murieron, de acuerdo a los primeros informes, estaban descansando debajo del puente, y los heridos se encontraban encima de un camión de alto tonelaje que precisamente pasó por el lugar. El puente está ubicado aproximadamente a 3 kilómetros de la población y el siniestro provocó que el pueblo quede aislado, porque se trata del único paso de ingreso al lugar. La alcaldesa manifestó que se encontraba en Trinidad y que fue informada del lamentable suceso la noche de este miércoles. Señaló que llegó al lugar y pudo observar el siniestro. Agregó que se preparará una resolución declarando zona de desastre a la región, con el fin de posibilitar la ayuda del gobierno central. Roca informó que de inmediato se dispuso el traslado de la maquinaria que no es la suficiente para resolver el problema y ver el rescate de las personas que se encontraban en el lugar. Se presume que todavía debajo de los escombros podría haber otras personas. El puente Rapulo fue inaugurado en marzo de 2010 durante la gestión del alcalde Gustavo Humberto Antelo. La obra fue financiada a través del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, en colaboración con el municipio local.

La caída del puente Rapulo en Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, provocó al menos la muerte de dos personas, quienes se encontraban debajo de la estructura, confirmó la alcaldesa de ese municipio Rosio Roca. El puente estaba ubicado aproximadamente a 3 kilómetros de la población y el siniestro provocó que el pueblo quede aislado, porque se trata del único paso de ingreso al lugar. En una declaración a la Red Unitel, la autoridad dijo que se encontraba en Trinidad y que fue informada del lamentable suceso la noche de este miércoles. Señaló que llegó al lugar y pudo observar el siniestro. Roca informó que de inmediato se dispuso el traslado de la maquinaria necesaria para resolver el problema y ver el rescate de las personas que se encontraban en el lugar. Se presume al menos el fallecimiento de dos personas. El puente Rapulo fue inaugurado en marzo de 2010 durante la gestión del alcalde Gustavo Humberto Antelo. La obra fue financiada a través del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, en colaboración con el municipio local.

Cochabamba, 28 de mayo (El Nuevo Cambio).- El exalcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, fue sentenciado a cinco años de cárcel por la compra irregular del caso denominado “Mochilas I” que derivó en un millonario sobreprecio, de 10 millones de bolivianos, durante el segundo año de su gestión. El proceso duró alrededor de seis años, fue denunciado el 2 de abril de 2018 y el contrato por la adquisición de ese material llegaba aproximadamente a los 12.3 millones de bolivianos, por la compra de alrededor 91 mil mochilas. El abogado Mijail Rocha, en representación del importador Juan de Dios Morales, informó que la sentencia establece que Leyes es el autor y culpable, junto a un exfuncionario municipal, Diego Moreno, también prófugo, del delito de uso indebido de influencias. El exalcalde Leyes se encuentra prófugo, salió escapando del país hace alrededor de un año junto a su familia y se presume que se encuentra en los Estados Unidos recibiendo protección, a pesar del caso de corrupción, uno de los más escandalosos en Cochabamba. La exautoridad está involucrada también en otros casos, uno de ellos es el denominado “Mochilas II”, también por la compra de material escolar para los estudiantes de establecimientos educativos públicos.