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Lauka Eñe, 20 de octubre (El Nuevo Cambio).- Nueve procesos judiciales instaurados por el gobierno de Luis Arce Catacora, después de la marcha para “Salvar Bolivia”, contra Evo Morales Ayma, intentan inhabilitar al expresidente a las próximas elecciones nacionales y proscribir al Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). La afirmación corresponde a la abogada del equipo de defensa del exmandatario, Cecilia Urquieta, que fue entrevistada hoy por Radio Kausachun Coca, en el Programa “Evo es pueblo, líder de los Humildes”, desde la localidad de Lauka Eñe, en el trópico de Cochabamba. Urquieta manifestó que después de la marcha para salvar Bolivia comenzó una persecución judicial contra los dirigentes Ponciano Santos, Enrique Mamani, hay otros tres dirigentes que están en la actualidad presos y una persona fallecida. Explicó que a Evo Morales le iniciaron 9 procesos penales, uno de ellos que ya estaba prescrito y cerrado desde el año 2020, todos ellos fueron amañados, creados y solo para ejercer una persecución política contra los líderes políticos y sindicales. Dijo que el gobierno tiene sometidos a ciertas personas del orden judicial, a muchos se los amenaza y obliga, también como persecución a los jueces que son amenazados por el mismo ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Urquieta explicó que el caso de un supuesto estupro, trata y tráfico fue cerrado en año 2020, ya en ese año no existía una victima y fue comenzado por el régimen defacto de Jeanine Añez que cerró el caso por falta de pruebas. Explicó que una persona no puede ser procesada por la misma causa dos veces, sin embargo, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, de manera mañosa e ilegal, procedió en tiempo récords, en dos horas, y emitió acción penal, informe policial, resolución de aprehensión, sin ningún control y conocimiento del juez. Aclaró que en este proceso que solo trata de afectar la imagen del expresidente Morales, no existe una víctima y que sus derechos están siendo vulnerados por el gobierno de Luis Arce, porque fue amenazada y perseguida por el Ministerio de Gobierno. Urquieta propuso que debería iniciarse una investigación contra el ministro Eduardo del Castillo que ilegalmente persigue y hostiga a la supuesta víctima, porque comenzó un proceso judicial al margen de todas las normas legales vigentes en el país.

La Paz, 18 de octubre (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público pidió al juez 20 años de cárcel para los involucrados en el golpe de estado de noviembre de 2019 y el tribunal del caso denominado “Golpe de Estado I” determinó apartar del juicio a Jeanine Añez, con el argumento que ya fue procesada por los mismos hechos. “Debemos recordar que el caso denominado falsamente ‘Golpe’ II tenía vinculación con este caso ‘Golpe I’, en ese sentido y en consecuencia se ha declarado probado el incidente en favor de la señora Añez y se ha dispuesto el archivo de obrados”, informó el abogado Eusebio Vera. En el caso “Golpe II” Añez fue sentenciada a 10 años de cárcel por haber asumido la presidencia en 2019, luego de la renuncia de Evo Morales. En el caso “Golpe I”, la expresidenta también estaba acusada por los hechos de la misma gestión, aunque como cómplice de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.      Mientras tanto, el Ministerio Público solicitó 20 años de cárcel para los involucrados en el golpe de estado, por los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros. La solicitud fue presentada este jueves en la audiencia de inicio del juicio oral por el caso Golpe de Estado I, que se desarrolla en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz. Entre tanto, Aldo Michel coordinador del comité impulsor de justicia junto a los sectores sociales dijo que esperaron tres años para que el Tribunal de Sentencia inicie las audiencias correspondientes por delitos de terrorismo de estado, asociación delictiva, daño a la propiedad. También responsabilizó de los hechos del golpe de estado de noviembre de 2019 que derivaron en la muerte de más de 35 personas y decenas de heridos a los dirigentes políticos Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.

La Paz, 16 de octubre (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Luis Arce Catacora no hizo absolutamente nada para demandar a los autores materiales e intelectuales del golpe de estado de noviembre de 2019, afirmó la exministra Teresa Morales, unca de las principales testigos en este caso. Explicó de que a pesar de que Arce se posesionó en noviembre de 2020, el gobierno no hizo nada, “fue la ex diputada Lidia Patty que presentó una denuncia contra Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y otros, por el golpe de estado”. Dijo que en marzo de 2020 “yo fui la primera testigo en ese caso contra el golpismo y fui calificada como la testigo clave contra los golpistas”. “Expliqué cómo los representantes de la derecha boliviana (Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Doria Medina) conspiraron contra Evo Morales y que, junto a Camacho, fueron los autores intelectuales de la ruptura del orden Constitucional (Golpe de Estado) instalando a Jeanine Añez como presidenta de facto”, afirmó.   Teresa Morales sostuvo que, con su declaración, “la causa judicial se amplió a más personas.  Ese mismo caso, “Golpe 1”, produjo la detención de Camacho y Añez. Estos avances se lograron a pesar de que el ex ministro Iván Lima se dio a la tarea de desanimar a todo testigo del caso y usó su influencia de ministro para evitar el avance del juicio”, agregó. Afirmó que como siempre, los radicales del MAS-IPSP, dimos la cara a pesar de la defensa que siempre hizo Iván Lima de Añez y Camacho. “Ante tales acciones yo presenté mi memorial de adhesión a la denuncia de Lidia Patty el 14 de octubre de 2022 para ayudar a impulsar el avance del caso dado que fue casi paralizado por gestiones de Lima”, dijo. La exministra explicó que recién este 14 de octubre de 2024, se intentó iniciar el juicio oral; justo cuando Lima ya no es ministro. La audiencia del juicio fue suspendida hasta este 17 de octubre. Morales reiteró que se presentará a declarar, en el juicio, las veces que sea necesario, contra los golpistas que el 2019 que mancharon el país de sangre y luto con los asesinatos generados en Senkata y Sacaba, principalmente. “En ese tiempo actuaron de manera criminal las mismas personas de grupos paramilitares que hace pocas semanas fueron trasladados por el gobierno de Arce, desde Santa Cruz hacia El Alto en aviones Hércules y flotas, para interceptar la marcha para Salvar la Patria, afirmó.

Lauka Ele, 13 de octubre (El Nuevo Cambio).- Al menos cuatro irregularidades legales buscan forzar una detención del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, con el fin de inhabilitarlo para las elecciones nacionales y proscribir al Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). La afirmación la hizo el Dr. Jorge Pérez, del equipo jurídico que defiende al exmandatario y que estuvo en la entrevista, junto al expresidente, en la Radio Kausachun Coca, desde el trópico de Cochabamba y que se difunde todos los domingos desde las 7.00 de la mañana. El abogado explicó que el caso por estupro ha prescrito, no solo porque la misma Fiscalía en su momento, el año 2020, rechazó la denuncia por falta de pruebas y porque pasaron alrededor de cuatro años y se extinguió la acción penal, de acuerdo a lo que establece el Código Penal en varios de sus artículos. Dijo que se debe respetar el debido proceso, que significa respetar las normas legales vigentes en el país, porque el actual proceso, es arbitrario, ilegal, abusivo, solo con un interés de eliminarlo políticamente. Explicó también que jurisdiccionalmente no corresponde citar al ciudadano al que se le hace el proceso en un lugar donde no habita, es decir, cómo se le puede notificar a una persona que vive en Villa Tunari, Cochabamba, a que vaya a declarar hasta la ciudad de Tarija. Este es un caso que está prescrito y que el gobierno mañosamente lo vuelve a presentar cuatro años después incluso cambiándole el nombre, poniéndole el delito de trata y tráfico, un delito por el que pretenden procesar a Evo Morales, con una supuesta investigación de la policía. “El único interés es destruir la imagen de Evo Morales, intentar detenerlo por un caso inexistente, y hasta sacarlo del país, porque saben que, si se mantiene detenido en territorio nacional, se pueden generar conflictos sociales”, opinó. “Actuaron de mala fe, ilegalmente, con otro proceso penal, por los mismos hechos que fueron investigados el 2020, que ya fueron extinguidos, con las mismas personas, actuaron fraudulentamente, poniéndole otro nombre de manera mañosa, torciendo el procedimiento y la ley”, afirmó.

La Paz, 10 de octubre (EL Nuevo Cambio).- La Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en un pronunciamiento público, anunció que se realizarán vigilias en las  carreteras del país y advirtió que al primer intento de detener al exmandatario Evo Morales Ayma, se iniciará el bloqueo de carreteras a nivel nacional. El documento firmado por los dirigentes de todas las organizaciones sociales y sindicales también denuncia que la intención del gobierno, es procesar a Morales, por cualquier tema para inhabilitarlo para las próximas elecciones nacionales. Sostiene que después de la marcha para “Salvar Bolivia” que se realizó del 17 al 23 de septiembre del año en curso, se iniciaron ocho procesos en su contra, por todo y nada, desde sedición, conspiración, trata y tráfico, estupro, calumnias, difamación, entre otros. Entre tanto, los productores de coca del trópico de Cochabamba, amenazaron también con iniciar un bloqueo de carreteras, si el gobierno detiene a su líder Evo Morales Ayma, por denuncias falsas y mentirosas de trata, tráfico y estupro. En una conferencia de prensa, los dirigentes de las seis federaciones del trópico, denunciaron que la intención del gobierno, con los ilegales procesos contra el expresidente, sólo busca proscribir al MAS-IPSP e inhabilitar a Evo para las próximas elecciones. El expresidente fue citado a declarar en la ciudad de Tarija por un supuesto caso de trata, tráfico y estupro que ya fue investigado en 2020 durante el gobierno defacto de Jeanine Añez, en el que no se encontró ninguna prueba. No se presentó este jueves, según sus abogados, por falta de seguridad.

Villa Tunari, 10 de octubre (El Nuevo Cambio).- Los productores de coca del trópico de Cochabamba, amenazaron hoy con iniciar un bloqueo de carreteras, si el gobierno detiene a su líder Evo Morales Ayma, por denuncias falsas y mentirosas de trata, tráfico y estupro. En una conferencia de prensa, los dirigentes de las seis federaciones del trópico, denunciaron que la intención del gobierno, con los ilegales procesos contra el expresidente, sólo buscan proscribir al MAS-IPSP e inhabilitar a Evo para las próximas elecciones. Dijeron que los más de cinco procesos instaurados en contra del líder del MAS-IPSP comenzaron después de la marcha para “Salvar Bolivia”, porque se demostró no sólo el apoyo que tiene el líder cocalero, sino la unidad del pueblo, en torno al MAS-IPSP. El expresidente fue citado a declarar en la ciudad de Tarija por un supuesto caso de trata, tráfico y estupro que ya fue investigado en 2020 durante el gobierno defacto de Jeanine Añez, en el que no se encontró ninguna prueba. Los dirigentes dijeron que la intención del gobierno es detener a Evo Morales, lo que generará de manera inmediata la reacción del pueblo boliviano con acciones de hecho, comenzando con el bloqueo de las carreteras en el país. El exmandatario, en una conferencia desde Radio Kausachun Coca del trópico, denunció que por instrucciones del gobierno, se trasladaron aproximadamente unos 600 policías a Tarija, con el único interés de detenerlo. El caso por el que acusan a Evo ya fue cerrado en el pasado, porque no encontraron pruebas, sin embargo, el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, reabrieron el proceso, violando las leyes. Morales afirmó que se “inventan” acusaciones, “torciendo las leyes, con la complicidad de autoridades de la justicia que fueron compradas y que están al servicio de los intereses políticos del régimen de Arce.

Lauka Eñe, 6 de octubre (El Nuevo Cambio).- El expresidente de Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, dijo hoy que el gobierno ha pasado, en estos cuatro años de gestión, de la instrumentalización de la justicia a la judicialización de la política y ha llegado incluso a la criminalización y persecución a dirigentes nacionales. La afirmación la hizo durante el programa radial “Evo es pueblo, líder de los humildes” que se transmite todos los domingos, a las 7.00 de la mañana desde la localidad de Lauka Eñe, Sinahota, distante a 185 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. “Su miedo y temor son los resultados de las encuestas que ellos mismos pagaron realizar a varias empresas, entre ellas, por ejemplo, el de Diagnosis y Datacrom, por eso nos instauraron tantos procesos, más de cinco”, afirmó. Explicó que en estas encuestas se establecen que el 82 por ciento consideran que Luis Arce y sus hijos son corruptos, el 88 por ciento dicen que la gestión es mala y solo el 4 por ciento considera que la economía está bien. “Ante estos resultados, la respuesta es solo procesos en nuestra contra, sólo para tapar su mala gestión, por eso la gente considera que sus denuncias, en más del 87 por ciento, son solo una persecución política”, agregó. Por otra parte, lamentó que el único plan del gobierno de Luis Arce Catacora, la derecha y el imperialismo sea solo atacar a Evo, “no se preocupan de los incendios en el oriente boliviano y de la grave crisis económica que afecta a todas las familias”. Añadió que no les interesa lograr la industrialización del litio, como en el golpe de 2019, quieren entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales. “En 4 años no hicieron nada sobre ese tema, solo se dedican a echarme la culpa de todo y nada”. El expresidente Morales y líder del MAS-IPSP, afirmó que el Estado está casi en quiebra, “quieren que vuelvan las transnacionales y las privatizaciones y solo buscan proscribir al MAS-IPSP y de paso a Evo”.