Lauka Eñe, 20 de octubre (El Nuevo Cambio).- Nueve procesos judiciales instaurados por el gobierno de Luis Arce Catacora, después de la marcha para “Salvar Bolivia”, contra Evo Morales Ayma, intentan inhabilitar al expresidente a las próximas elecciones nacionales y proscribir al Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
La afirmación corresponde a la abogada del equipo de defensa del exmandatario, Cecilia Urquieta, que fue entrevistada hoy por Radio Kausachun Coca, en el Programa “Evo es pueblo, líder de los Humildes”, desde la localidad de Lauka Eñe, en el trópico de Cochabamba.
Urquieta manifestó que después de la marcha para salvar Bolivia comenzó una persecución judicial contra los dirigentes Ponciano Santos, Enrique Mamani, hay otros tres dirigentes que están en la actualidad presos y una persona fallecida.
Explicó que a Evo Morales le iniciaron 9 procesos penales, uno de ellos que ya estaba prescrito y cerrado desde el año 2020, todos ellos fueron amañados, creados y solo para ejercer una persecución política contra los líderes políticos y sindicales.
Dijo que el gobierno tiene sometidos a ciertas personas del orden judicial, a muchos se los amenaza y obliga, también como persecución a los jueces que son amenazados por el mismo ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Urquieta explicó que el caso de un supuesto estupro, trata y tráfico fue cerrado en año 2020, ya en ese año no existía una victima y fue comenzado por el régimen defacto de Jeanine Añez que cerró el caso por falta de pruebas.
Explicó que una persona no puede ser procesada por la misma causa dos veces, sin embargo, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, de manera mañosa e ilegal, procedió en tiempo récords, en dos horas, y emitió acción penal, informe policial, resolución de aprehensión, sin ningún control y conocimiento del juez.
Aclaró que en este proceso que solo trata de afectar la imagen del expresidente Morales, no existe una víctima y que sus derechos están siendo vulnerados por el gobierno de Luis Arce, porque fue amenazada y perseguida por el Ministerio de Gobierno.
Urquieta propuso que debería iniciarse una investigación contra el ministro Eduardo del Castillo que ilegalmente persigue y hostiga a la supuesta víctima, porque comenzó un proceso judicial al margen de todas las normas legales vigentes en el país.
