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BBC News Mike Wendling y James FitzGerald El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense. Las pruebas contra Trump fueron «suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio», escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente. Trump respondió diciendo que Smith estaba «trastornado» y que sus hallazgos eran «falsos». El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones. Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero. Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado. Smith dice en el informe que «respalda plenamente» los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso. El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso. «Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio». Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota. Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró. • Justifica el caso contra Trump acusándolo de «esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder» mediante «amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores». • Los «esfuerzos criminales» de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega. • El informe detalla los «desafíos importantes» que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia. • Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: «La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula». • Smith reflexiona además en una carta adjunta: «Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante». El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith. La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida. En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal «no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante». Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses. En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden. Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente. Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio. El informe explica: «La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente”. Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: «Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente». La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados. Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos. A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.

Página 12 Se trata de un fallo del juez Ariel Lijo ante una presentación de Victoria Montenegro. En la resolución se establece que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúen con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura. No hay motosierra que importe ni negacionismo que se imponga: los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento. Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo ante una presentación que hizo la legisladora porteña VictoriaMontenegro, quien le advirtió que la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoriade lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado. “Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo Montenegro a Página/12. “Frente a tanta obscenidad del gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales”, añadió. La semana pasada, Montenegro hizo una presentación ante Lijo, que está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en laEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la que señalaba que los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires estaban siendo vaciados por decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. En territorio porteño, son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último, ubicado en el barrio de Monserrat, está en riesgo inminente de cierre porque, según denuncian desde el gremio, se quedó sin trabajadores. Este martes, Lijo firmó dos resoluciones en las que le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que arbitre todas las medidas necesarias para que haya una dotación de “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos al público los cinco sitios de memoria. La alusión al personal capacitado es importante, ya que significa que se debe resguardar a quienes se formaron para trabajar en esos lugares durante años. Lijo, además, dispuso que se hagantareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria –algo que no existe en la gestión de La Libertad Avanza (LLA), ya que muchas veces son los trabajadores que sobrevivieron a los despidos anteriores los que deben llegar a baldear antes de una visita. La resolución del juezfue muy precisa para que la Secretaría de Derechos Humanos no pueda incurrir en incumplimientos. Llegó a decirle a Baños que debe hacer que limpien los techos y las canaletas de los edificios para que no se inunden y se produzcan daños. Además, le requirió que fumiguen los espacios. En otro punto, Lijo sostuvo que deberán preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. En esa misma línea, reclamó que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”. Algunos de los sitios perdieron la mitad de su personal. Otros, como Olimpo, calculan que quedaron reducidos a una tercera parte. Como correlato, se perdió a quienes hacían investigación, coordinaban visitas con las escuelas o trabajaban con el barrio, a quienes se ocupaban de la conservación. La situación de los sitios es crítica, como había señalado Montenegro en su presentación. En su escrito, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura había advertido que el secretario de Derechos Humanos estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado. La resolución de Lijo fue celebrada, además, por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos. No es un dato menor quién le está diciendo al gobierno de Javier Milei que debe ponerle un freno a la destrucción de las políticas de memoria: se trata de uno de sus candidatos a la Corte Suprema, el que más cerca está de llegar al cuarto piso del Palacio de Talcahuano. Lijo ya había tenido algún que otro encontronazo con Baños. La semana pasada, el juez le pidió informes al secretario de Derechos Humanos después de que el abogado querellante Pablo Llonto solicitara que se dicte una medida de no innovar para evitar que el gobierno ponga en riesgo la documentación en poder delArchivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se conserva, entre otros fondos, el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).  Baños le respondió que no había riesgo en el ANM ni el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –al que rebautizó como Registro Único de Víctimas de Terrorismo y Estado (SIC)– más allá de las “interesadas y amañadas versiones periodísticas”.

Prensa Latina Habana 15 ene (Prensa Latina).- El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo pero recordó que el bloqueo económico permanece intacto. Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por EE.UU. de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar y que, junto a otras dos medidas adoptadas, ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas, escribió el mandatario en la red social X. Es una decisión en la dirección correcta, aunque tardíamente y con alcance limitado. Siguen en pie el bloqueo y la mayoría de las medidas extremas que se pusieron en vigor desde 2017 para asfixiar la economía cubana y provocar carencias a nuestro pueblo, sostuvo el jefe de Estado. Así mismo, expresó que la isla seguirá enfrentando y denunciando la guerra económica y las acciones de injerencia, desinformación y descrédito financiadas con fondos federales estadounidenses. «A la vez, no renunciaremos a desarrollar una relación civilizada y respetuosa de nuestra soberanía con EE.UU.», señaló Díaz-Canel. Tras la decisión adoptada hoy por la Casa Blanca, la cancillería cubana calificó la medida como limitada, pero en la dirección correcta y en linea con el reclamo mundial expresado por casi la totalidad de países en diversos foros. Se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas figuras políticas de Estados Unidos y de otros países. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la isla recordó que permanecen vigentes el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas que se pusieron en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y en violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos. En tal sentido ejemplificó que continúa la persecución ilegal y agresiva contra los suministros de combustible que Cuba tiene legítimo derecho a importar. Mencionó asimismo la permanencia de la que califica como «cruel y absurda persecución de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional de Cuba con otros países, amenazando así con privar a millones de personas de servicios de salud y limitando las potencialidades del sistema de salud pública cubano». La isla no desconoce que el gobierno del país norteño «podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones y como muestra de la falta de legitimidad, ética, consistencia y razón en su conducta contra Cuba». Cuba fue calificada por Washington como «Estado patrocinador del terrorismo» en enero de 2021, en una de las últimas acciones de Donald Trump antes de concluir su primer mandato. Antes, estuvo en la lista entre 1982 y 2015. Al respecto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló que EE.UU. sabe que su país no patrocina el terrorismo.

Rusia Today Venezuela anunció que los Gobiernos de Países Bajos, Francia e Italia deberán reducir a tres sus representantes diplomáticos en un plazo de 48 horas.  El canciller venezolano, Yván Gil, dijo en su cuenta de Telegram que esta «decisión soberana» se tomó «en respuesta a la conducta hostil» de las administraciones de esos países «por su apoyo a grupos extremistas» e «intromisión en asuntos internos». Del mismo modo, advirtió que «los diplomáticos deberán contar con autorización escrita» emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, «para desplazarse más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas», que se encuentra en el centro histórico de la capital del país. «Venezuela exige respeto a la soberanía y la autodeterminación, principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente ante aquellos subordinados a las directrices de Washington», dice el escrito. Esta medida se toma días después de la juramentación del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031 debido a que algunos funcionarios de estos países han expresado públicamente su desconocimiento del resultado de las elecciones que otorgaron el triunfo al mandatario venezolano y han expresado su apoyo al excandidato Edmundo González —quien estuvo oculto y en secreto en la Embajada de Países Bajos antes de salir de Venezuela— y a su mentora María Corina Machado. Tras la toma de posesión de Maduro, Caracas anunció la ruptura de relaciones con Paraguay, cuyo mandatario, Santiago Peña, expresó su respaldo a González cuando afirmó que se auto juramentaría como presidente, sin haber obtenido los votos para ocupar ese cargo ni ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Rengo Gomez Vega El País El Congreso de Perú, la institución en la que menos confían los ciudadanos después del Ejecutivo, ha prohibido a sus trabajadoras el uso de minifaldas y pantalones cortos durante el verano. Quienes se rehusen a acatar la medida enfrentarán una sanción. Esta es la inverosímil respuesta del Parlamento para intentar tapar sus escándalos de violación y una presunta red prostitución en el corazón de la soberanía popular peruana. La iniciativa, que incluye la prohibición de llevar jeans a todos sus empleados, entre otras prendas, ha recibido duras críticas de distintos sectores políticos y periodísticos por perpetuar uno de los peores clichés del machismo, que responsabiliza y culpa a la mujer de lo que le suceda por su vestimenta. El caso fue destapado en diciembre tras el asesinato de una exasesora de la Oficina Legal y Constitucional, acribillada por unos sicarios a unas cuadras de su casa. Una investigación periodística reveló que la víctima, Andrea Vidal, una abogada de 28 años, ejercía en realidad otras funciones. Según las pesquisas, captaba a mujeres dedicadas a la prostitución para coordinar encuentros sexuales con altos funcionarios del Congreso. A un mes de su asesinato —que además acabó con la vida de un taxista—, se han producido diversos episodios que ponen en tela de juicio si efectivamente hay un ánimo de investigar los acontecimientos. Los integrantes de la Comisión ad hoc encargados de revisar el caso renunciaron, alegando que la investigación no podía centrarse en un solo reportaje. Hubo un intento de censura hacia el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos. Y todavía no ha podido determinarse quién autorizó la designación de Jorge Torres Saravia, el principal implicado, para liderar la Oficina Legal y Constitucional. La semana pasada, otra denuncia periodística, esta vez del portal EpicentroTV, remeció al Poder Legislativo, que cerró el 2024 con apenas un 8% de aprobación. Una mujer de 31 años denunció haber sido violada por el congresista y miembro de la Comisión Permanente José Jerí, de la agrupación Somos Perú, en su casa de campo. La víctima se encontraba bebiendo licor con Jerí y un empresario ferretero al borde de la piscina. Pero a pesar de que dejó de beber, en algún momento perdió el conocimiento. Luego despertó en una cama, adolorida en sus partes íntimas. El congresista ha negado los hechos y ha sugerido que todo ha sido un malentendido. “A nivel subjetivo, ella pudo haber entendido mis comportamientos y amabilidad con otra cosa […]. La víctima va a poder encontrar su verdad, eso le va a permitir a ella tener la tranquilidad que está buscando; y esa tranquilidad también me va a devolver a mí mi imagen y mi nombre”, sostuvo Jerí. “El tema no es cómo se visten las mujeres” Para diversos actores políticos el cambio del código de vestimenta carece de sentido y remarca el viejo espíritu machista. “Es una prohibición que existía en los años cincuenta. El tema no es cómo se visten las mujeres, el tema es como entre nosotros, entre todos, nos respetamos. Pueden vestirse como deseen, salvo la etiqueta propia de cada institución”, ha subrayado Susel Paredes, legisladora del Bloque Democrático Popular. La periodista Clara Elvira Ospina, directora de EpicentroTV, ironizó sobre la catadura moral de la Cámara, poniendo sobre el tapete otro incidente nefasto: cuando en el 2022 una trabajadora del congresista Freddy Díaz Monago denunció haber sido abusada por él en su propio despacho. “Una empleada del Congreso fue violada por su jefe el congresista dentro de la oficina parlamentaria. Se destapa una red de prostitución en el Congreso. Un parlamentario es denunciado por violación en una casa de recreo. La solución del Congreso: prohibir las minifaldas”. El congresista Edwin Martínez acusó a la mujer que denunció la violación de José Jerí de no haberse sabido comportar. “Los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto y después puedan pasar este tipo de situaciones. Y la señorita también ha debido controlarse un poco, porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas”. Martínez ha sido criticado en las últimas semanas por contratar en su despacho a Isabel Cajo, una de las implicadas en la red de prostitución dirigida por Jorge Torres Saravia. Cajo es una joven de 26 años que, sin culminar sus estudios superiores, ha obtenido cargos en distintas áreas del Parlamento con sueldos altos para su perfil académico. Cajo vendía fotos sexuales explícitas en la plataforma OnlyFans y era bastante solicitada en Glambu, una aplicación de citas usada por hombres adinerados. En su última edición, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló, a través de unos chats, que Isabel Cajo sostuvo un encuentro en abril del 2024 con el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto. Lo hizo con otra identidad e ingresó por una puerta falsa que daba a su oficina. Tres días después fue contratada por el Congreso, con la autorización de la Presidencia de la Cámara. Hace poco, la muchacha denunció que le habían robado su celular mientras paseaba a su perro, en el distrito de Magdalena. Un hecho que pone en riesgo una evidencia imprescindible para obtener claridad en el caso. Casi de inmediato, dicha municipalidad publicó las cámaras de seguridad de las calles donde supuestamente Cajo sufrió el robo y no se observa ninguna anormalidad. La cereza de este Parlamento en crisis de legitimidad son siete congresistas señalados por haber usado fondos públicos para celebrar una fiesta en la ciudad de Trujillo. La Fiscalía acaba de denunciarlos por peculado doloso.