Ivan Canelas

La Fiscalía colombiana destrabó este martes el caso del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y lo llevará a juicio «como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal». El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado luego de que la propia Fiscalía solicitara la preclusión en dos ocasiones, ambas rechazadas por tres jueces, incluido una jueza del Tribunal Superior de Bogotá, en los últimos dos años. Ahora Villarreal argumentó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios se llegó a la conclusión de que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión. La Fiscalía añadió que una vez se cumpla el proceso de reparto judicial, «se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura». Un caso que arrancó en 2012 Este caso se remonta a 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que hoy hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en contra de Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos por el supuesto pago de coimas a varios presos para que hablaran a su favor. Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía, liderada en la época por Francisco Barbosa, amigo de la infancia del entonces presidente uribista Iván Duque (2018-2022), decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá. Las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, fue a sobornar a testigos en la cárcel en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo. Celebración y apoyo La decisión de la Fiscalía de llevar a juicio a Uribe ha generado opiniones divididas en Colombia, donde algunas personas celebran que el exmandatario pueda ser juzgado, mientras que otras califican de «inaceptable» que el expresidente sea investigado e incluso dicen que todo eso hace parte de una persecución. El senador Cepeda calificó como justa la decisión de llamado a juicio contra Uribe y manifestó que el exmandatario «tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia». Agregó que recibe la determinación de la Fiscalía «con mucha tranquilidad pero también con mucha satisfacción porque son 12 años de estar luchando esta decisión» y el caso estaba a punto de prescribir. Por su parte, el expresidente Duque, que fue elegido por el Centro Democrático, dijo que su jefe político «saldrá adelante» de este juicio. «Hoy vemos con tristeza esta acusación que se anuncia en su contra después de varias solicitudes de preclusión. Esta será una batalla más en su vida, pero su honestidad estará por encima de estas circunstancias», afirmó Duque. La senadora Paloma Valencia, que también pertenece al Centro Democrático y es cercana a Uribe, manifestó que confía en la inocencia del expresidente. «Es absolutamente inaceptable que se le abra un juicio a quien simplemente buscó la manera de contener que los adversarios políticos siguieran buscando amañadamente testimonios en su contra, testimonios todos falsos y con el propósito de que los criminales recibieran beneficios a cambio de enlodar a una persona que ha trabajado por Colombia», añadió Valencia. A pesar de la acusación, Uribe podrá responder al proceso en libertad ya que eso es lo habitual en todos los casos y la privación de la libertad constituye una medida excepcional, según la Fiscalía.  Agencias