2026

Página 12 Noelia Castillo, la joven con un cuadro de paraplejia de 25 años, recibió este jueves la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, después de una larga batalla judicial. La joven catalana llevaba dos años batallando judicialmente para que se le pudiera aplicar la muerte asistida –a la que se oponía su padre– pero a la que los tribunales le habían reconocido que tenía derecho. Una paraplejia la tenía postrada en una silla de ruedas tras arrojarse al vacío desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022, luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple. El impacto resultó en una lesión medular completa que la mantuvo postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como insoportables. A solo 24 horas de la muerte anunciada, Noelia decía sentirse aliviada: “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, afirmó la joven el miércoles en una entrevista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde aseguraba que no tenía “ganas de nada; ni de comer, ni de salir. Duermo mal, me duelen la espalda y las piernas (…) y quiero dejar de sufrir, irme en paz”. La intensidad del drama En esta entrevista en Antena 3, la joven hablaba públicamente por primera vez y relataba que su vida no había sido para nada fácil. Confesaba que había intentado suicidarse varias veces y que de hecho empezó a autolesionarse desde muy niña. Al separarse de sus padres y tras pasar por centros de acogida, la situación se agravó: “Me junté con malas compañías, consumí drogas y uno de mis primeros novios abusó de mí cuando estaba dormida”, explicaba a la periodista Bea Osa. Esas agresiones sexuales se repitieron con otros hombres, hasta que un día fue víctima de una violación grupal. “Fueron tres chicos, pero nunca denuncié porque al cabo de tres o cuatro días me tiré por la ventana”. La batalla para poder aplicar la eutanasia se dilató por la frontal oposición del padre de Noelia, asesorado por la asociación Abogados Cristianos. El hombre sostenía que su hija no estaba capacitada mentalmente para decidir sobre su futuro. Los intentos para frenar la muerte digna de Noelia fueron tumbados, primero, por un juzgado de Instrucción de Barcelona; después llegaron los fallos a favor de ella del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, del Tribunal Supremo, el Constitucional y, el último revés, el definitivo, fue con el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Noelia murió sola, después de despedirse de su madre, de acuerdo con su pedido personal, en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. “Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?“, había dicho en la entrevista. Para su acto final había previsto ponerse “el vestido más bonito” de su armario y maquillarse de forma “sencilla”: “Siempre he pensado que quiero morirme guapa”. Los médicos determinaron que Noelia sufría “secuelas permanentes e irreversibles” y un “sufrimiento constante”. Sobre su padre, Noelia dijo: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?“ De no haber habido dilaciones legales por la familia y los abogados cristianos, la joven barcelonesa hubiera muerto mucho antes, el 2 de agosto del 2024, el día para el que se había programado inicialmente la eutanasia.

Página 12 Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron al ataque para exigirle al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 que prohíba a la ex presidenta Cristina Kirchner salir al balcón del edificio de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario, para tomar contacto con la militancia. El pedido de los fiscales de la causa Vialidad ocurrió poco después del masivo respaldo que recibió la exmandataria cuando fue a declarar por la causa Cuadernos y que se repitió el pasado 24 de marzo. Luciani y Mola realizaron una presentación que tiene la intención de cerrar las puertas del balcón de San José 1111, pero busca también buscar ir por el fondo de sus cuestionamientos y revocar la prisión domiciliaria de Cristina. “Exhorte a la condenada, Cristina Fernández, para que, en lo sucesivo adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”, sostiene el texto de los fiscales. La presentación de Luciani y Mola cae, casualmente, en un momento perfecto para el oficialismo, acorrolado por la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la investigación por la criptoestafa de Libra que alcanza al presidente Javier Milei y su hermana y secretaria, Karina Milei. En un texto de 9 páginas, los fiscales usan las propias palabras del TOF 2, que en junio del año pasado confirmó la prisión domiciliaria de Cristina, por cuestiones de seguridad, pero condicionó sus salida al balcón para saludar a la militancia exigiéndole “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Aquella resolución de Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu fue particularmente dura con la ex presidenta al exigirle el uso de una tobillera electrónica y el límite a las visitas a su departamento. En aquel momento, Luciani y Mola apelaron la resolución ante Casación sosteniendo que “la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario” y que la situación de la ex presidenta, de 72 años y víctima de un intento de homicidio, era un “trato desigual” en relación a otros condenados. En julio, la sala de Casación coformada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmó la domiciliaria, pero no descartó un cambio de domicilio “a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social”. Luciani y Mola vuelven sobre el punto para insistir con la cárcel común.

Página 12 Al menos 11.000 niños que son ciudadanos de Estados Unidos se han quedado sin sus padres debido a la ola de detenciones migratorias durante los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, que comenzó en enero de 2025, según una investigación de ProPublica. Estas medidas han afectado de manera desproporcionada a familias latinas, con un promedio de más de 50 niños que pierden a uno de sus padres cada día debido a detenciones migratorias, según la indagación de ese prestigioso medio, divulgada esta semana. Asimismo, las madres están siendo deportadas a una tasa cuatro veces mayor que en la administración anterior, la del demócrata Joe Biden (2021-2025) y la mayoría de los detenidos, el 75 por ciento, no tiene antecedentes penales graves, indicó el medio. Según ProPublica, el análisis presenta el recuento más detallado hasta la fecha de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres inmigrantes han sido arrestados, detenidos o deportados. Se basó en registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), obtenidos por la Universidad de Washington, que incluyen datos sobre la ciudadanía y el número de hijos menores de cada detenido. La información cubre desde finales de 2021 hasta mediados de 2025 y solo incluye arrestos del ICE, no de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). “Una vez más, lo que estamos presenciando es un ataque calculado contra las familias latinas trabajadoras”, lamentó en un comunicado Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino. “Apuntar contra las madres. Separar familias. Deportar y encarcelar a niños. Estos son actos de un régimen, no de una presidencia, y exigen rendición de cuentas”, agregó. Juicio contra el ICE Precisamente, el ICE irá a juicio el próximo mayo por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en su sede de Nueva York, que han sido calificadas como inhumanas por activistas. El juicio, que comenzará el 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York, es en respuesta a una demanda presentada el pasado agosto por la ONG Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker, que alegan que los inmigrantes fueron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y que se les negó el acceso a un abogado, de acuerdo con el diario digital The City. Según la demanda, la agencia federal violó la Primera Enmienda de la Constitución al no darles acceso a un abogado, así como la Quinta Enmienda porque fueron sometidos a “condiciones de confinamiento punitivas” sin el debido proceso. Muchos inmigrantes han sido detenidos cuando han acudido a sus citas en la corte de inmigración o a un trámite relacionado con su estatus legal, y posteriormente trasladados a una oficina del ICE en Manhattan. Un video dado a conocer en julio pasado por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a un grupo de personas hacinadas, durmiendo en el suelo, y según las denuncias, compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con acceso limitado a comida y medicinas. ICE negó en varias ocasiones el acceso al edificio a congresistas pese a su derecho a visitar las instalaciones federales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que la oficina fuera un centro de detención. Tras los continuos arrestos, en agosto se presentó la demanda conjunta en nombre de cualquier persona que haya sido o vaya a ser detenida dentro del 26 Federal Plaza. Poco después hubo una orden del juez Kaplan para que ICE mejorara las condiciones de los detenidos. En los meses transcurridos desde la orden del juez, defensores de los inmigrantes y abogados de la Administración del presidente Donald Trump han intercambiado información durante el proceso de recopilación de pruebas, tomando declaración a altos funcionarios del ICE y solicitando registros sobre los inmigrantes detenidos, de acuerdo con The City.

Telesur Estudiantes secundarios y universitarios protagonizaron este jueves una masiva movilización en el centro de la capital chilena contra las políticas del Gobierno de José Antonio Kast, en una jornada que estuvo marcada por la represión policial. Los cuerpos de Carabineros buscaron dispersar la manifestación recurriendo a carros hidrantes y lanzando gases lacrimógenos en el centro de Santiago, la capital chilena. Los manifestantes rechazaron el recorte presupuestario cercano al 3 %, que impacta principalmente en áreas como educación y salud, así como el fuerte incremento en el precio de los combustibles. En particular, denunciaron que el diésel ha registrado un alza histórica cercana al 60 %, lo que —advirtieron— tendrá efectos directos en el costo de vida, encareciendo alimentos, transporte y otros servicios básicos. Entre las críticas al Ejecutivo también figuran medidas como el endurecimiento contra deudores del Crédito con Aval del Estado y la eliminación progresiva de la gratuidad para estudiantes mayores de 30 años. Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) señalaron que estas decisiones forman parte de un avance sistemático contra los derechos estudiantiles y sociales. A la convocatoria se sumaron diversos centros de alumnos de emblemáticos liceos de Santiago, junto con organizaciones universitarias agrupadas en la CONFECH y federaciones estudiantiles como la FEUSACH, además de colectivos de distintas carreras. Se prevé que esta articulación refuerce el resurgimiento del movimiento estudiantil en el país. La organización también cuestionó los cambios a la política de gratuidad, que hasta 2025 beneficiaba a cerca de 600.000 estudiantes. Según denunciaron, restringir este derecho profundiza la desigualdad y consolida un modelo educativo basado en el mercado. Asimismo, la ACES enmarcó estas medidas en una agenda más amplia del gobierno ultraderechista, que incluye políticas migratorias restrictivas, retrocesos en materia ambiental y una ofensiva contra los movimientos sociales. “El movimiento estudiantil hoy tiene el potencial histórico de retomar las calles. Nuestra lucha no es solo por el derecho a una educación gratuita, universal, laica y no sexista, sino también por la defensa irrestricta del medio ambiente, el derecho al aborto legal y seguro, y una salud digna para todas y todos”, señalaron desde la organización. En ese contexto, la ACES hizo un llamado a las federaciones estudiantiles, a las centrales sindicales y al Colegio de Profesores a dejar atrás la inacción y avanzar hacia la construcción de un plan de movilización efectivo frente a lo que consideran un retroceso en derechos sociales. Las protestas se producen tras una serie de anuncios recientes del Gobierno de José Antonio Kast. La semana pasada, el Ejecutivo presentó una agenda con énfasis en políticas extractivas y medidas favorables al gran empresariado, lo que ya había generado manifestaciones por parte de organizaciones ambientalistas. El impacto político de estas decisiones no tardó en evidenciarse. En menos de dos semanas, los niveles de desaprobación del gobierno aumentaron significativamente, pasando del 37 % al 49 %, superando incluso a quienes respaldan la gestión del mandatario.

Prensa Latina Nueva York, 26 marzo (Prensa Latina).- Decenas de personas mostraron hoy su apoyo a Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, durante su segunda comparecencia ante un juez federal del Distrito Sur de Nueva York. La audiencia, a la que también asistió su esposa, Cilia Flores, se celebró bajo fuertes medidas de seguridad y gran atención mediática. Desde ayer representantes de medios de prensa comenzaron a instalarse frente al edificio del tribunal en pleno Manhattan con la intención de lograr un cupo en la sala principal. Mientras, en la calle, se aglomeraban las personas que expresaron su respaldo al líder bolivariano, aunque no faltaron los que llegaron con la expresión reflejada del odio. Dentro del edificio, y en una de las salas habilitadas, Prensa Latina siguió el desarrollo de la vista. El juez federal Alvin Hellerstein no desestimará el caso por los argumentos sobre la incapacidad de pagar la defensa de Maduro. El Gobierno de Estados Unidos le prohibió al de Venezuela utilizar fondos con ese objetivo, por lo que Hellerstein prometió emitir pronto una decisión al respecto. “Espero dar a conocer mi decisión lo antes posible”, subrayó. Tampoco el magistrado, que fue nombrado por el expresidente William Clinton, decidió cuándo será una próxima comparecencia en este complejo proceso. Maduro y Flores fueron llevados a la corte este jueves, casi tres meses después de que el presidente Donald Trump ordenara una agresión a gran escala contra su país. A los dos los extrajeron a la fuerza y los trasladaron secuestrados a Estados Unidos para enfrentar cargos que ambos negaron y de los que se declararon no culpables desde la primera comparecencia, el 5 de enero. Al no haber renunciado a su cargo, Nicolás Maduro continúa, por la constitución, como mandatario de la nación sudamericana. Su reclusión, al igual que la de su esposa, se mantendrá en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. En su primera aparición en el tribunal, Maduro afirmó: «Soy inocente, no soy culpable», «sigo siendo presidente de mi país». Como dijo Trump, la operación, que calificó de “brillante”, la observó en tiempo real desde su residencia de lujo en Mar-a-Lago, como si fuera un programa de televisión. Y así ante el asombro, la conmoción y la indignación de buena parte del mundo, el jefe de Estado de una nación soberana fue raptado en plena madrugada. Las imágenes del ataque y posteriormente de Maduro y Cilia esposados hacen recordar las palabras que hace 20 años expresara el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, quien alertó acerca de los planes de Estados Unidos para criminalizarlo y justificar una intervención en Venezuela. Ese discurso de 2005 en el Palacio de Miraflores -sede del Gobierno de Venezuela- cobró vigencia ante esos sucesos. De forma visionaria, Chávez llamó la atención de que había una operación en marcha y que tratarían incluso de formular acusaciones en su contra por narcotráfico, delito por el que pretenden encausar a Maduro ante la justicia de Estados Unidos.

RT Estados Unidos dejará de atacar centrales energéticas de Irán durante 10 días, según afirmó el presidente Donald Trump, subrayando que la decisión se ha tomado a solicitud del Gobierno iraní. «Pospongo el plazo para la destrucción de las plantas energéticas 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora de la costa este», escribió en Truth Social. El mandatario sostuvo que las negociaciones con Teherán «siguen en curso» y que «están yendo muy bien» pese a las «declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación falsos y otros». Este lunes, Trump ya había anunciado la suspensión de ataques a las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas de Irán por cinco días, medida que vinculó a las expectativas de que los contactos y conversaciones con Teherán sobre la resolución de las hostilidades en Oriente Medio tengan éxito. La noche siguiente, la Organización de Energía Atómica de Irán reportó el impacto de un proyectil en la central nuclear de Bushehr. Se precisó que el incidente no causó daños económicos, técnicos ni humanos, como tampoco afectó a las distintas partes de la central. Afirmaciones contradictorias El mandatario estadounidense ha dicho esta semana que ambos países mantuvieron conversaciones «muy positivas y productivas». Teherán desmintió la existencia de un diálogo y dijo que no tiene intención de negociar, si bien afirmó haber recibido mensajes de parte de Washington a través de intermediarios, que se están estudiando. Medios revelaron que EE.UU. remitió a Irán un plan de paz que consiste en 15 puntos y aborda los programas nuclear y de misiles balísticos del país persa, dos temas clave en los que no existe consenso entre las partes. Un alto funcionario político iraní detalló este miércoles las cinco condiciones bajo las que Irán aceptaría poner fin a la guerra: