Página 12
Al menos 11.000 niños que son ciudadanos de Estados Unidos se han quedado sin sus padres debido a la ola de detenciones migratorias durante los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, que comenzó en enero de 2025, según una investigación de ProPublica.
Estas medidas han afectado de manera desproporcionada a familias latinas, con un promedio de más de 50 niños que pierden a uno de sus padres cada día debido a detenciones migratorias, según la indagación de ese prestigioso medio, divulgada esta semana.
Asimismo, las madres están siendo deportadas a una tasa cuatro veces mayor que en la administración anterior, la del demócrata Joe Biden (2021-2025) y la mayoría de los detenidos, el 75 por ciento, no tiene antecedentes penales graves, indicó el medio.
Según ProPublica, el análisis presenta el recuento más detallado hasta la fecha de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres inmigrantes han sido arrestados, detenidos o deportados. Se basó en registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), obtenidos por la Universidad de Washington, que incluyen datos sobre la ciudadanía y el número de hijos menores de cada detenido.
La información cubre desde finales de 2021 hasta mediados de 2025 y solo incluye arrestos del ICE, no de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). “Una vez más, lo que estamos presenciando es un ataque calculado contra las familias latinas trabajadoras”, lamentó en un comunicado Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino. “Apuntar contra las madres. Separar familias. Deportar y encarcelar a niños. Estos son actos de un régimen, no de una presidencia, y exigen rendición de cuentas”, agregó.
Juicio contra el ICE
Precisamente, el ICE irá a juicio el próximo mayo por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en su sede de Nueva York, que han sido calificadas como inhumanas por activistas.
El juicio, que comenzará el 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York, es en respuesta a una demanda presentada el pasado agosto por la ONG Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker, que alegan que los inmigrantes fueron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y que se les negó el acceso a un abogado, de acuerdo con el diario digital The City.
Según la demanda, la agencia federal violó la Primera Enmienda de la Constitución al no darles acceso a un abogado, así como la Quinta Enmienda porque fueron sometidos a “condiciones de confinamiento punitivas” sin el debido proceso.
Muchos inmigrantes han sido detenidos cuando han acudido a sus citas en la corte de inmigración o a un trámite relacionado con su estatus legal, y posteriormente trasladados a una oficina del ICE en Manhattan.
Un video dado a conocer en julio pasado por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a un grupo de personas hacinadas, durmiendo en el suelo, y según las denuncias, compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con acceso limitado a comida y medicinas. ICE negó en varias ocasiones el acceso al edificio a congresistas pese a su derecho a visitar las instalaciones federales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que la oficina fuera un centro de detención. Tras los continuos arrestos, en agosto se presentó la demanda conjunta en nombre de cualquier persona que haya sido o vaya a ser detenida dentro del 26 Federal Plaza. Poco después hubo una orden del juez Kaplan para que ICE mejorara las condiciones de los detenidos.
En los meses transcurridos desde la orden del juez, defensores de los inmigrantes y abogados de la Administración del presidente Donald Trump han intercambiado información durante el proceso de recopilación de pruebas, tomando declaración a altos funcionarios del ICE y solicitando registros sobre los inmigrantes detenidos, de acuerdo con The City.
