2025

Página 12 El Tribunal Oral Federal 6 condenó este miércoles a 10 años de prisión a Fernando Sabag Montiel y a 8 años de prisión a Brenda Uliarte –ex novia de Sabag Montiel–. En tanto, el presunto jefe de ambos, Nicolás Gabriel Carrizo, resultó absuelto.  Las condenas tuvieron lugar en el marco del juicio por el intento de magnicidio del del 1° septiembre de 2022 a la ex presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. Adicionalmente, Sabag Montiel fue condenado a otros 4 años de privación de la libertad por tenencia de material de abuso infantil, lo que totaliza una pena unificada de 14 años. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 9 de diciembre. En la lectura del veredicto, la jueza Sabrina Namer precisó que la decisión del tribunal fue tomada por «unanimidad». Puntualmente, Sabag Motiel fue condenado por los delitos de «intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego»,  «portación de arma de guerra sin la debida autorización legal» y «tenencia de materia de explotación sexual infantil». Por su parte, Uliarte fue considerada «partícipe necesaria» del intento de homicidio.    La querella de la ex presidenta había reclamado condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, mientras que la fiscalía había acusado al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por “violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego”. El juicio comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos. En cuanto a Nicolás Gabriel Carrizo, quien había sido apuntado como el presunto jefe de la banda «Los Copitos», estuvo tres años preso —desde 2022— y finalmente fue liberado en agosto pasado luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales. Por eso será absuelto. Esta mañana, durante la última audiencia del proceso oral y público, los implicados tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras ante los jueces jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg, e Ignacio Fornari, previo a la sentencia. Carrizo aprovechó para criticar que se lo haya detenido durante tres años. «Me parece un poco injusto que vaya gente presa y que tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí le digan ‘te podés ir en libertad’. Creo que yo siento esa impotencia por dentro por haber pasado estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más», espetó. Brenda Uliarte decidió no hablar ante los jueces. Diferente fue el caso de Sabag Montiel, quien usó su tiempo para defender al diputado del PRO Gerardo Milman y afirmar que le habían armado una «causa en su contra», comparándose con el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. «La justicia declaró que Milman era totalmente inocente y que le quieren plantar un muerto, como pasó, y como dijo Patricia Bullrich, que le hicieron un campaña para tirarle un muerto con Santiago Maldonado, y es algo que quieren hacer lo mismo con Milman», apuntó Sabag Montiel. Y siguió: «Echarle la culpa a un perejil como Milman me parece una injusticia». Cabe señalar que los abogados de la expresidenta apelaron ante la Cámara Federal porteña la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de “archivar parcialmente” la investigación sobre la presunta participación entre los autores intelectuales de Milman, que dos días antes del ataque afirmó que cuando la mataran a CFK él iba a «estar de camino a la costa”. En esa línea, Sabag Montiel continuó sosteniendo que la causa «estuvo armada» y consideró que le «plantaron un arma». «Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue Marano el que plantó el arma. Es una estrategia que la viene usando Cristina Kirchner al igual que se repitió con el fiscal Alberto Nisman», remarcó, y se explicó: «Es la misma estrategia que usaron con respecto a Diego Lagomarsino». La jueza lo interrumpió y le recordó que sus comentarios sobre otra causa no eran procedentes. El atentado contra Cristina Kirchner El intento de magnicidio a Cristina Kirchner ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022 cuando la entonces vicepresidenta llegó a su antiguo departamento ubicado sobre Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.  Esa noche una manifestación acudió a la puerta de su domicilio para expresarle su apoyo, como venía ocurriendo en el tramo final del juicio oral por la mal llamada causa Vialidad. La resolución del juicio lleno de vicios e irregularidades fue condenarla a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese momento, la dirigente política se dispuso a firmar libros y sacarse fotos con sus seguidores cuando, entre la multitud agolpada, se le acercó Fernando Sabag Montiel, quien le apuntó a centímetros de la cabeza con una Bersa calibre 22, y gatilló. La bala no salió porque no estaba en la recámara. En ese momento, los militantes detuvieron a Sabag Montiel y lo entregaron a la policía.

Telesur Ecuador enfrenta una nueva ola de agitación social en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que exige la liberación de los detenidos durante las protestas de las últimas semanas y la restitución de los subsidios al diésel, además de rechazar otras medidas de corte neoliberal del Gobierno de Daniel Noboa. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, reafirmó que el movimiento indígena “se mantendrá firme en las calles” hasta que el Gobierno de Noboa deje de criminalizar las movilizaciones y, entre otras acciones, reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA), atienda la crisis en el sistema de salud pública, y aplique políticas sociales que permitan detener los crecientes niveles de violencia, el alto costo de la vida y la precarización del empleo, lo cual implica solucionar las causas estructurales, vinculadas con la pobreza y la exclusión histórica de las mayorías. “Nos han acusado de terroristas y saboteadores, pero nuestra lucha sigue adelante”, declaró Vargas, quien denunció la represión en provincias como Imbabura, Otavalo y Cotacachi, donde se han registrado los principales bloqueos de carreteras. De acuerdo con el sistema ECU 911, en la mañana del 8 de octubre se reportaban ocho vías cerradas en el norte del país, principalmente en los ejes que conectan Imbabura con Pichincha y Carchi, aunque las rutas entre Quito y Machachi, Guayllabamba, Tabacundo o Santo Domingo permanecían habilitadas. Gobierno ignoró las advertencias sobre posibles incidentes en Cañar El conflicto alcanzó un punto crítico este 7 de octubre, cuando una caravana presidencial fue apedreada en la provincia de Cañar, mientras Noboa se dirigía a una comunidad indígena. El Gobierno calificó el hecho como “un intento de asesinato y un acto de terrorismo”. El alcalde de Cañar, Segundo Yugsi, alertó con anticipación a la Gobernación y a la seguridad de la Presidencia sobre posibles incidentes durante la visita del mandatario a la provincia. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas. Pese a su falta de respuesta y coordinación, el Gobierno califica lo ocurrido como un “atentado”, evidenciando una grave negligencia institucional y fallas en la gestión de seguridad presidencial. Por su parte, la Conaie rechazó las acusaciones de magnicidio y aseguró que las cinco personas detenidas en Cañar por supuestos vínculos con el apedreamiento no son manifestantes y serán enjuiciados injustamente. Asimismo, acusó a Noboa de orquestar una provocación ingresando a una zona en que había pobladores en legítima resistencia y cuestionó la falta de previsión del equipo de seguridad presidencial. Siguiendo el patrón de criminalización de la protesta, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el apedreamiento de la caravana “denota un nivel de agresión sin precedentes”. Advirtió que el Ejecutivo “no permitirá que nadie amenace con tomarse Quito”. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció el despliegue de fuerzas especiales para resguardar las carreteras y proteger la capital. Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas por el atentado. El paro, que se extiende por más de dos semanas, se produce en vísperas del feriado nacional del 9 de octubre, fecha histórica para el país, y amenaza con prolongarse si el Gobierno no accede a abrir un diálogo político. Hasta el momento hay 117 personas detenidas, entre ellos 11 menores de edad y 10 mujeres, además de decenas de heridos.

Prensa Latina Quito, 8 octubre (Prensa Latina).- El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, amenazó hoy con encarcelar a quienes siembran el caos, una afirmación que llega luego del el ataque al convoy presidencial en la provincia de Cañar, que para el movimiento indígena fue una provocación. “Los terroristas, los violentos, aquellos que quieran sembrar caos en el país para destruir al Estado y la democracia irán a la cárcel”, afirmó el gobernante este miércoles desde la provincia de Azuay en un acto de entrega de beneficios a pequeños y medianos productores. Sus declaraciones llegan en el día 17 de las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a medidas económicas del Ejecutivo, en particular contra el fin del subsidio al diésel. La víspera, cuando el jefe de Estado y su comitiva se dirigía a una actividad en la provincia sureña de Cañar, un grupo de manifestantes lanzaron piedras y objetos a la caravana oficial como expresión de rechazo a su presencia en ese territorio. Según la versión oficial, esos actos pusieron en riesgo la integridad del presidente y otros funcionarios, por lo que el Gobierno presentó una denuncia por intento de asesinato a Noboa ante la Fiscalía y la Policía detuvo a cinco personas. Durante la jornada de hoy tuvo lugar una audiencia de formulación de cargos contra los aprehendidos por el presunto ataque, sin embargo, sus abogados afirman que son inocentes, detenidos al azar. En declaraciones a la prensa local, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, mencionó que la víspera unas 500 personas lanzaron piedras a la caravana presidencial y añadió que había “signos de balas en el carro del presidente”. No obstante, un informe de la Policía Nacional, que reveló este miércoles el diario El Mercurio, indica que no se hallaron “indicios balísticos”, aunque sí hubo impactos provocados por el lanzamiento de objetos contundentes que dejaron un policía y tres militares heridos. Si bien ese reporte pone en duda la narrativa oficial, varios Gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Argentina, Guatemala, Italia y otros países han expresado su rechazo al ataque, al igual que organizaciones como la ONU y la Comunidad Andina. Las protestas en Ecuador iniciaron el pasado 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel, aunque también existen otros reclamos al Ejecutivo como atención a la salud, educación y seguridad, así como el regreso del Impuesto al Valor Agregado del 15 al 12 por ciento. El mandatario ha intentado desactivar sin éxito las protestas sociales con fuertes despliegues de militares y anuncios económicos. Para la Conaie, las movilizaciones “son legítimas, nacen del abandono estatal y la exclusión estructural”.

Rusia Today El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseveró este miércoles que hay indicios que apuntan a que la última lancha bombardeada por EE.UU. en aguas internacionales del mar Caribe procedía de su país. «Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien», escribió el mandatario en su cuenta de X, como comentario a una publicación del senador estadounidense Adam Shiff, en la que se anuncia que se introducirá una proposición en el Congreso para bloquear el uso de fuerzas militares de ese país contra embarcaciones en el Caribe.  En la misma línea aseveró que «se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe» y, en esa dirección, sostuvo que «no hay una guerra contra el contrabando» sino «una guerra por el petróleo», que «debe ser detenida por el mundo». «La agresión es contra toda América Latina y el Caribe», puntualizó. Petro dijo asimismo que compartía el punto de vista de Shiff y que lo reiterará en una reunión que sostendrá con representantes de gobiernos europeos en Bruselas.  Las críticas de Petro El dignatario colombiano ha cuestionado abiertamente la eficacia de la política antidrogas de Washington en la región, al considerar que criminaliza a los campesinos que siembran cultivos ilícitos y a los traficantes de poca monta, mientras que prescinde de acciones destinadas a frenar la demanda y deja incólume las estructuras de lavado de dinero, así como a los grandes capos del negocio.  Sus comentarios asumieron un tono más beligerante tras el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, presentado como una acción contra los cárteles donde figura como principal señalado Venezuela, pese a que los informes especializados dan cuenta de su papel decididamente marginal en el trasiego de sustancias ilícitas hacia el norte del continente.  Así, Petro se ha sumado a las voces que cuestionan el ‘Cártel de los Soles’, una supuesta entidad narcotraficante de cuya existencia no ha sido probada, pero que EE.UU. asegura que estaría dirigida por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.  «El ‘Cartel de los Soles’ no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la ‘Junta del Narcotráfico’ y sus capos viven en Europa y Oriente Medio», esgrimió en un post de X.  Del mismo modo, ha repudiado abiertamente el bombardeo de pequeñas embarcaciones en aguas caribeñas, al estimar que, según se desprende de la versión de las autoridades estadounidenses, sus tripulantes fueron ejecutados extrajudicialmente, al margen de lo que consagra el derecho internacional y de lo estipulado en los protocolos para la interceptación de presuntas ‘narcolanchas’.