2025

RT Ecuador se acerca a elecciones presidenciales y legislativas, que tendrán lugar el próximo 9 de febrero, de acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE). A la cita se presentan 16 binomios presidenciales, que ya están en campaña desde el pasado 5 de enero y que el próximo domingo se enfrentarán en un debate organizado por el organismo electoral. Entre esos candidatos está el actual mandatario, Daniel Noboa, quien busca ser electo nuevamente, tras ganar en las elecciones presidenciales extraordinarias que se celebraron en 2023, convocadas luego de que el entonces presidente, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento. El gobernante, que se presenta junto a María José Pinto como su candidata a vicepresidenta, ha estado en el centro de la polémica, al no pedir licencia para hacer campaña. De momento, solo se ha ausentado temporalmente en dos ocasiones –mediante decretos– del cargo para participar en sus actos proselitistas. Mediante el Decreto Ejecutivo 500, se ausentó de la presidencia del 9 al 12 de enero; de igual forma lo hizo con el decreto 505, cuyo permiso es del 16 al 19 del mismo mes. En ambas ocasiones encargó la primera magistratura del país a Cynthia Natalie Gellibert Mora, a quien el pasado 4 de enero designó como vicepresidenta de la nación, pese a que ese cargo lo ostenta Verónica Abad. Denuncias y pleitos Esa decisión de Noboa de no pedir licencia para hacer campaña durante todo el lapso que estableció el CNE, que vence el 6 de febrero, y estas ausencias temporales y por decreto, le ha acarreado una serie de denuncias. En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se han presentado al menos cinco denuncias contra el mandatario-candidato por presuntas infracciones electorales, de las cuales una se archivó y otra fue admitida. Entre otras cuestiones, lo señalan de inducir al voto, siendo servidor público en ejercicio de sus funciones, algo que iría contra la ley; y, además, que siendo candidato estaría participando en actos de inauguración o entrega de obras y estaría usando bienes y recursos públicos con fines electorales. Las quejas han sido presentadas por Luis Felipe Tillería, aspirante presidencial por Avanza; por Jorge Escala, candidato a la presidencia por Unidad Popular, y Giovanni Atarihuana, director nacional de ese movimiento; por el presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano Valladares; por el abogado Adolfo Fernando Espinel; y por la ciudadana Laura Cedillo Wilchis junto con cinco personas más. Además, la situación ha acarreado un encontronazo con la Asamblea Nacional. El secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz, cumpliendo una disposición de la presidenta encargada del Legislativo, Esther Cuesta, devolvió al Ejecutivo el primer decreto mediante el cual encarga la presidencia temporalmente a Gellibert. Tras ello, Noboa denunció a Muñoz, acusándolo de presunta «usurpación y simulación de funciones públicas». Según el documento de la Fiscalía General del Estado (FGE), el mandatario señala que el funcionario no tiene «atribución constitucional o legal» para calificar lo expuesto en el Decreto Ejecutivo 500. Continúa la división con Abad Asimismo, las medidas que ha adoptado Noboa han agravado el pleito que mantiene con la vicepresidenta Abad. Desde el Ejecutivo argumentaron que, entre otras cosas, la designación de Gellibert en su lugar se deben a una «ausencia temporal» de la funcionaria, luego de que tomó vacaciones en lugar de viajar a Turquía como consejera económica, el nuevo cargo que le asignó Noboa y que debía asumir hasta el 27 de diciembre pasado. Recientemente, Abad ganó en la Justicia una de las pugnas que tiene contra el Ejecutivo. El pasado 23 de diciembre, la jueza Nubia Vera aceptó el recurso de acción de protección solicitado por la vicepresidenta y dejó sin efecto la suspensión de 150 días de su cargo, medida que ocurrió tras un sumario abierto por el Ministerio de Trabajo. La sentencia fue notificada a las partes el 10 de enero, pidiendo su reintegro inmediato al cargo, pero la decisión fue apelada por la cartera de Estado. En una reciente entrevista con RT, Abad recordó que la persecución en su contra inicia cuando Noboa la «destierra a Israel», a finales de 2023, apenas días después de asumir el poder. «No lo hace por interés y amor a Ecuador. En realidad, él ya tenía planificado quitarme de un lado», comentó. Señaló que «el orden constitucional en Ecuador se ha roto» y que se vive «un golpe de Estado»; por tanto, consideró que «el proceso político de elecciones» que se celebrará próximamente en Ecuador «está en riesgo». «Los ecuatorianos estamos viviendo uno de los peores momentos de la democracia. Por eso he pedido la activación de la Carta Democrática. Si no nos funcionan las instituciones, no nos funcionan las Fuerzas Armadas y la Policía (…) entonces, ¿qué va a ser de nuestro proceso electoral?», cuestionó, al tiempo que mencionó que, además, la Corte Constitucional «está medio adormecida». ¿Qué dicen las encuestas? Aunque hay 16 candidatos presidenciales, de acuerdo con las encuestas que se han hecho en el país suramericano, de momento y antes del debate presidencial, la pelea está entre Noboa y Luisa González, aspirante por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017). El último sondeo de la firma Comunicaliza, de Álvaro Marchante, uno de los autorizados por el CNE para hacer pronósticos electorales, da ventaja a Noboa.  Según esa encuesta, publicada el 15 de enero, el mandatario-candidato lidera la intención de voto con 36,1 %, seguido de González con 33 %; el resto de los aspirantes juntos suman 7,2 %, superados por 13,9 % de indecisos y 9,9 % de quienes dicen que votarán blanco o nulo. En comparación con el sondeo previo publicado por esta misma consultora el 31 de diciembre, Noboa aumento 3,2 % en intención de voto, mientras que González 3,7 %. Por otro lado, la encuestadora Negocios y Estrategias, según recoge Primicias, ubica a González en primer lugar, con un 40 % de intención de voto directo en la primera vuelta; mientras que Noboa está segundo con un 34 % de preferencias.

Agencias y RT La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó por unanimidad este viernes una ley federal que prohíbe TikTok en el territorio del país a partir del domingo 19 de enero, a menos que los propietarios de esa red social —la empresa matriz china ByteDance— la vendan. La decisión judicial pone en el limbo el destino de la popular plataforma, que cuenta con 170 millones de usuarios en EE.UU. En particular, debido a recientes informaciones de que el presidente saliente, Joe Biden, no planea implementar esa prohibición un día antes de dejar el cargo, al tiempo que el próximo mandatario, Donald Trump, sopesa una orden ejecutiva para «salvar a TikTok». La ley en cuestión, promulgada por el propio Biden, fue aprobada por el Congreso en la primavera del año pasado, y otorgó a ByteDance un plazo de nueve meses —que expiran el 19 de enero— para que se desvinculara de las operaciones estadounidenses de la red social. TikTok respondió el año pasado demandando al Gobierno de EE.UU. por dicha medida, y negó que la plataforma pueda ser utilizada por Pekín o represente una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, según afirmaba Washington. Si bien la aplicación no desaparecerá de los celulares una vez que la ley entre en vigor, sí dejará de estar disponible para la descarga en App Store, Google Play Store y otras tiendas de ‘apps’ que operen en EE.UU. Como los nuevos usuarios no podrán descargarla y ya no estarán disponibles las actualizaciones, la aplicación se hará inviable, indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en documentos judiciales. Además, los servicios de alojamiento web tendrán prohibido alojarla. Éxodo masivo A pocos días de la inminente prohibición de TikTok, sus usuarios estadounidenses han emprendido una ‘migración’ en masa a otras redes sociales chinas. La que ha contado con mayor flujo de nuevos usuarios ha sido RedNote, o Xiaohongshu, que se convirtió en la aplicación más descargada en el país norteamericano. En solo dos días llegó a contar con más de 700.000 nuevos perfiles, según fuentes de Reuters. Algunos de los ‘refugiados de TikTok’ migraron a Lemon8. Esa aplicación se centra más en las fotos y, aunque también permite compartir videos, se percibe más como una mezcla de Instagram* y Pinterest. Como también pertenece a ByteDance, su futuro en territorio estadounidense igual está en riesgo, ya que la ley contra TikTok se aplica en términos generales a cualquier ‘app’ de la compañía. ¿Qué tan probable es la venta de TikTok US? De momento, no hay respuesta a la principal incógnita. ByteDance había declarado en reiteradas ocasiones que no planea vender su plataforma y, al parecer, se mantiene firme en su decisión, prefiriendo su cierre para todos los usuarios locales, incluidos aquellos que tienen la ‘app’ descargada e instalada en sus dispositivos.  Aun en el caso de agotar sin éxito todos los recursos legales para contrarrestar la reciente ley, en la empresa han considerado la opción de la venta como altamente improbable, principalmente por los algoritmos en los que se basa el funcionamiento de esa red social, que son claves para las operaciones de ByteDance en general. Además, TikTok supone solo una pequeña parte de los ingresos totales de la compañía y del número de usuarios activos diarios. De otra parte, la propia legislación china restringe la venta del algoritmo que hizo que la plataforma lograra tanto éxito. No obstante, la empresa ByteBit ha puesto varias propuestas sobre la mesa, por si finalmente cambia de opinión. El multimillonario empresario Frank McCourt declaró que había presentado a la compañía china una oferta, junto con sus socios, para adquirir los activos estadounidenses de TikTok. Después del fallo de la Corte Suprema, McCourt declaró que su grupo está «listo para trabajar con la empresa y con el presidente Trump para completar un acuerdo». También Steven Mnuchin, exsecretario del Tesoro, decidió aprovechar la situación y poco después de la aprobación de la ley en el Congreso comenzó a crear un grupo de inversores para adquirir la red social china. Entre otros nombres de potenciales compradores de TikTok que han salido en la prensa, están Elon Musk, Jimmy Donaldson (MrBeast)y Bobby Kotick, exdirector ejecutivo de Blizzard-Activision. Se desconoce qué tan en serio se toman la posibilidad de comprar la popular ‘app’ y qué tan activos serían en ‘pujar’ con sus respectivas ofertas, de haberlas.

El País A inicios de semana, la presidenta Dina Boluarte declaró por primera vez acerca de la cirugía a la que se sometió a mediados del 2023 en el secretismo más absoluto. La diligencia en el Ministerio Público duró cuatro horas y la mandataria, acusada de abandono del cargo, debió responder un interrogatorio de 45 preguntas. “Esta investigación nace muerta […] Estuvo lúcida, consciente, fue una cirugía menor”, ha subrayado su defensa. Su abogado, Juan Carlos Portugal. sostuvo que en cuanto al post-operatorio “la presidenta de la República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el planeta tierra”. La intervención, asegura Portugal, fue el 28 de junio de 2023 y duró 40 minutos que no la limitaron en cumplir sus funciones. Lo cierto es que existen ejemplos de jefes de Estado que ante una eventualidad cedió su cargo por un breve lapso de tiempo. En noviembre del 2021, el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se sometió a una colonoscopia de rutina y, a sabiendas de sus impedimentos, le transfirió el poder temporalmente a su vicepresidenta Kamala Harris por una hora y 25 minutos. Este jueves la Fiscalía, a través de su área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, le ha solicitado a la presidenta del Perú que remita en un plazo de 24 horas los documentos que certifiquen el estado de salud que la indujeron a realizarse una operación a la nariz. A mediados de diciembre, cercada por las denuncias periodísticas y la confesión de su exjefe del gabinete Alberto Otárola, Boluarte se vio en la obligación de aceptar que sí pasó por el quirófano. “No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria”, dijo tras siete meses de negativas para referirse al tema, alegando que era parte de su “derecho a la intimidad”. Entre los requerimientos de la Fiscalía también figuran las 91 normas en original que la sucesora de Pedro Castillo asegura haber firmado entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en que apenas participó de una reunión de Consejo de ministros de manera virtual —y sin mostrar su rostro—. En las redes sociales de Presidencia se compartieron fotos de Boluarte encabezando eventos públicos pasados haciéndolos pasar por actuales, ha alertado el podcast informativo La Encerrona. Dina Boluarte llega para declarar en una investigación en curso sobre su presunta omisión de deberes cuando se sometió a una cirugía de nariz, en la Fiscalía en Lima, Perú, 13 de enero. El semanario Hildebrandt en sus Trece analizó las firmas de Boluarte con un especialista, y puso en tela de juicio su autenticidad al sostener que presentan notorias diferencias. “¿Alguien firmó por la mandataria, con su consentimiento? O, dicho de otro modo, ¿alguien falsificó la firma de la jefa de Estado debido a que ella estaba ausente y no podía firmar?”, cuestionó la periodista del semanario, Sonia Suyon. Entre las 91 normas se encuentran dos decretos supremos y una resolución. El plazo para que la gobernante entregue su historial médico vence este viernes. En caso no cumpla con la petición, especialistas indican que repercutirá en la valoración que haga el Ministerio Público al concluir la investigación. En base a las pruebas reunidas determinarán si se archiva el caso o se formula la acusación. Aunque es cierto también que para iniciar la fase de investigación preparatoria se requerirá la aprobación del Congreso. “Solo me queda decirle a Dios: ‘Dios, dame tolerancia porque no saben lo que hacen’. Nosotros sí sabemos lo que hacemos, tenemos que responder frente a la necesidad de la población y lo hacemos trabajando las 24 horas del día. Ahí están mis ministros testigos, dos, tres de la mañana”, ha declarado la mandataria hace unos días. Sobre sus investigaciones añadió: “Ya perdí la cuenta. No sé cuántas carpetas fiscales tengo. Pero ninguna, y lo digo con la frente en alto y sin rabo de paja, ningún por actos de corrupción. No soy mentirosa ni ladrona”. Los otros líos que mantienen en jaque a Dina Boluarte es la presunción de que habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, la agrupación que integró junto a Pedro Castillo; y el negarse a promulgar la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia por fines políticos. A mitad de semana, el Poder Judicial anuló la orden de prisión preventiva de 36 meses contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por liderar una presunta organización criminal dedicada a manipular designaciones políticas. El hermanísimo se encuentra en la clandestinidad desde noviembre.

Prensa Latina Bogotá, 18 ene (Prensa Latina).- La tensión continúa hoy en el Catatumbo, donde se estima ascienden a 30 los muertos por los enfrentamientos en esa región del noreste de Colombia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Estructura 33. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, además de los fallecidos, cinco de los cuales son firmantes de paz, hay al menos una decena de heridos, y la situación es caótica con la ocurrencia de secuestros. Lamentó esa entidad que, debido a la situación en esa región, residan en la zona niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, así como desplazamientos forzados y confinamientos. Hizo además un llamamiento a cesar los ataques contra la población civil y pidió respetar el derecho internacional humanitario al ELN, que habría comenzado los combates contra la Estructura 33, un grupo residual de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) actualmente en pláticas de paz con el Gobierno. Un comunicado que circula en redes sociales atribuido a la Dirección del Frente de Guerra Nororiental del ELN, alega que sus combatientes “han aguantado insaciablemente las inmundicias de las disidencias de las FARC-EP” y que “seguirá corriendo la sangre en el Catatumbo hasta que el autodenominado comandante Richard no se entregue”. En tanto, el partido Comunes, integrado por excombatientes de las FARC-EP, solicitó al Gobierno hacer lo que esté a su alcance para detener “el genocidio contra los firmantes y los actos violentos contra las comunidades comprometidas con el Acuerdo de Paz”. También instó al ELN a parar su accionar contra los excombatientes y contra la población civil, y a retornar al camino del diálogo y a la construcción de la paz. Debido a los actos de violencia que tiene por escenario a la zona del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro canceló por segunda ocasión en cuatro meses, las negociaciones entre su Gobierno y el ELN. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, declaró el mandatario en su red social X. Por su parte, el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, consideró que los hechos recientes son parte de una estrategia planificada por el Comando Central del ELN. “Lo que hemos visto no es un incidente aislado, sino una decisión clara y deliberada de apoderarse de una región, sin contemplar ningún respeto por la población civil”, afirmó entrevistado por W Radio. En tanto, diversas organizaciones sociales, campesinas y comunitarias del Catatumbo claman para que se detengan los enfrentamientos y se respeten los derechos civiles.

Rusia Today El Gobierno israelí ha aprobado el acuerdo con Hamás sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes, informan la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. «El Gobierno aprobó las líneas generales para el regreso de los secuestrados. El calendario de liberación de los secuestrados entrará en vigor el domingo 19 de enero de 2025″, reza el mensaje publicado en X. El documento ha sido apoyado por 24 ministros, mientras que ocho votaron en contra de su aplicación, precisan medios locales. La votación tuvo lugar luego de que el Gabinete de seguridad respaldara este viernes el acuerdo. El primer ministro Netanyahu señaló durante la reunión que su país cuenta con las garantías de Estados Unidos de que podrá volver a combatir al movimiento palestino en caso de que viole el acuerdo, informa Walla. El jefe de Gobierno informó que el presidente electo Donald Trump le había asegurado que, tras su investidura, Israel recuperaría los suministros de municiones que han sido detenidos, lo que Netanyahu calificó de importante, al tratarse de una «herramienta adicional» en caso de reanudarse las operaciones militares. Asimismo, el mandatario acusó a Hamás de impedir que se consensuara el acuerdo durante meses y destacó que los éxitos militares y acciones de Israel en la región, incluidas aquellas contra Irán, han obligado a Hamás a aceptar el acuerdo. Los negociadores del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes procedieron oficialmente a firmarlo el jueves en Doha, capital de Catar. Luego, esta información fue confirmada por la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Por su parte, Hamás anunció el viernes que a través de los mediadores había resuelto con la parte israelí todos los desacuerdos en el marco del tratado sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza. 

Rusia Today El movimiento palestino Hamás ha anunciado que la mañana de este viernes resolvió con la parte israelí todos los desacuerdos en el marco del tratado sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza. «Los obstáculos que surgieron debido al incumplimiento por parte de la ocupación de los términos del acuerdo de alto el fuego se resolvieron esta mañana», cita Al Jazeera el comunicado de Hamás. Además, el movimiento agregó que las listas de los prisioneros palestinos que Israel tiene que liberar en el marco de la primera fase del acuerdo se publicarán posteriormente, siguiendo las etapas y procedimientos del intercambio por rehenes israelíes. Al mismo tiempo, Hamás acusó a Israel de realizar «las masacres continuas e intensificadas» después de la firma del acuerdo de alto al fuego y sostuvo que «confirman su enfoque terrorista y su sed de derramamiento de sangre». «La ocupación criminal comete deliberadamente masacres en la Franja de Gaza en un intento de frustrar el acuerdo de alto el fuego. Llamamos a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las partes interesadas a tomar medidas inmediatas para detener el terrorismo sionista», instaron desde el movimiento palestino.