2025

Juez suspende temporalmente la restricción a la ciudadanía firmada por Trump

Página 12 Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente este jueves la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.  «Esta es una orden flagrantemente inconstitucional», dijo el juez John Coughenour, de acuerdo con el diario Seattle Times, durante una audiencia en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados. Tras regresar a la Casa Blanca, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a remodelar el sistema migratorio de Estados Unidos, entre ellas una destinada a poner trabas al derecho de suelo contemplado en la Constitución. De aplicarse, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense. En consecuencia, 22 estados de tendencia demócrata presentaron dos demandas ante la justicia para bloquear la acción, al igual que una coalición de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes que también entró con una tercera querella en otro estado. El juez Coughenour escuchó a ambas partes en una audiencia este jueves para atender la demanda suscrita por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. «Llevo en el banquillo más de cuatro décadas y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en éste», dijo Coughenour.  «Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que es una orden constitucional», dijo el juez al abogado de la administración Trump, según otros medios locales.

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Sheinbaum anuncia la creación de 35.000 empleos para mexicanos que deporte Trump de Estados Unidos

BBC News La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la iniciativa privada tiene disponibles 35.000 plazas de trabajo para los mexicanos que sean devueltos al país, a raíz de la dura política de deportaciones emprendida por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de puestos de trabajo en los sectores de la manufactura, servicios, construcción y minería, según ha comunicado el Consejo Coordinador Empresarial a la presidenta. El anuncio de las vacantes laborales es parte del plan de emergencia del Gobierno de Sheinbaum, para dar cobijo a los mexicanos repatriados y se suma a otras medidas gubernamentales que incluyen la afiliación al seguro social y la incorporación al padrón de beneficiarios de los programas sociales. Aún se desconoce el alcance de la política de deportaciones de Trump, que el miércoles, en su tercer día de mandato, ordenó el reforzamiento de la frontera con un despliegue militar. Tan solo el año pasado, el último de la Administración de Joe Biden, fueron devueltos casi 195.000 mexicanos desde Estados Unidos, según cifras del Gobierno de México. Sheinbaum ha destacado que el Plan México, el programa sexenal de atracción de inversiones, es parte de la estrategia para blindar la economía mexicana frente a los torbellinos externos, teniendo en el horizonte la amenaza arancelaria lanzada por Trump y sus presiones por la renegociación del tratado comercial de América del Norte, el TMEC. “El Plan México es una propuesta integral, que tiene como base el bienestar del pueblo de México. No es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio”, ha indicado la presidenta, en conferencia de prensa este jueves. La mandataria ha agregado que dicho programa —que prevé estímulos fiscales de hasta 30.000 millones de pesos para las empresas que inviertan en México— tiene como objetivo “el desarrollo equitativo y sustentable del país”. Sheinbaum ha precisado que se busca fomentar la producción nacional en sectores en los que México es importador, como en el textil, y en áreas de innovación, con la generación de semiconductores y la fabricación de autos eléctricos mediante un diseño propio. “Es un plan para nuestro país en el largo plazo, sí con el tratado comercial [el TMEC], y con la relación con otras regiones del mundo”, ha señalado. Sheinbaum ha destacado la fortaleza de la moneda —que este jueves ha ganado terreno, al cotizarse en 20,3 unidades por dólar— pese a la incertidumbre en los mercados causada por el regreso de Trump al poder. “El peso, con lo que podía haber variado con la llegada del presidente Trump, se ha mantenido. Eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte”, ha indicado. La mandataria ha agregado que la inflación se ha situado en su nivel más bajo desde 2021, aun con el aumento del 12% al salario mínimo. También ha destacado que hay reservas en el Banco de México y que la recaudación de impuestos ha sido mayor que en enero del año pasado.

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A 28 años del asesinato de periodista argentino José Cabezas, sus asesinos están libres

Página 12 A días de que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, un sobrino del fotógrafo tuvo un incómodo encuentro con Horacio Braga, uno de los homicidas, quien le dijo en una charla casual, sin saber que era familiar del trabajador de prensa: «Yo estuve detenido, yo fui uno de los que maté a Cabezas». Según contó Gladys, hermana de Cabezas, el episodio ocurrió hace más de dos semanas, cuando su hijo, sobrino del fotógrafo, fue a un recital en Baradero y quiso comprar un choripán en un puesto del lugar. “Hace 15 o 20 días mi hijo del medio fue a un recital en Baradero. Estaba por comprar un choripán y lo atiende un señor», relató Gladys a Radio La Red. Luego de intercambiar opiniones sobre el recital, siguió la hermana de Cabezas, «el tipo le cuenta que tiene esa parrilla de choripanes en toda la provincia de Buenos Aires y que estuvo detenido”. Cuando, siguiendo con la conversación, el joven le pregunta sobre los motivos de su paso por la cárcel, Braga responde, sin saber con quién estaba hablando: «Yo fui uno de los que mató a Cabezas». En ese momento, relató Gladys, el sobrino del fotógrafo apenas atinó a decirle «jodeme, era mi tío», a lo que Braga respondió: «Uh, loco, qué se yo». “Él quedó perplejo y se fue al recital, pero al final no pudo disfrutar porque pensó en que ese tipo fue el que mató a su tío, el que cagó a su familia”, contó la mujer.  “Cuando termina el recital él se vuelve, lo empieza a filmar y ahí ese tipo le dice: ‘Bueno, yo te lo dije y no me dijiste nada y ahora me venís a filmar, ¿qué te pasa?’ Una impunidad“, lamentó Gladys. «Es increíble. Ese Braga es el que, cuando estuvo borracho, contó que habían matado a Cabezas y por eso lo agarraron», recordó la mujer sobre uno de los asesinos de su hermano, que fue el último de Los Horneros en recuperar la libertad, en 2005. Impactada por el desafortunado encuentro que debió atravesar su hijo, Gladys volvió a protestar por la condena que recibieron los homicidas. “Cuando una persona mata a otra, debe tener una condena ejemplar. La verdad que ninguno de los que asesinó a mi hermano tuvieron condenas ejemplares, de hecho, se jactan de haber matado a Cabezas”, planteó. Y cerró: «Vos te enterás de estas cosas y decís, no pueden ser tan hijos de puta. Los jueces no pueden ser tan hijos de puta». Crimen de Cabezas Cabezas, quien se desempeñaba como fotorreportero en la editorial Perfil y murió a manos de una banda que tenía vínculos con el empresario postal Alfredo Yabrán, había logrado la foto imposible el verano de 1996: la imagen del empresario en traje de baño caminando por la arena ilustró la tapa de la revista Noticias. Si bien su nombre era conocido y tenía un vínculo cercano al entonces presidente, Carlos Menem, su rostro era un misterio. «Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía», era la frase atribuida por esos años a Yabrán. El 25 de enero de 1997 el fotoperiodista fue hallado muerto dentro de un auto incendiado en la ciudad de Pinamar. Tenía las manos atadas y dos balazos en la cabeza. El primer juicio por el asesinato tuvo lugar en enero de 2000 en los tribunales de Dolores y como resultado se dictaron las condenas a prisión perpetua del policía Gustavo Prellezo, del custodio de Yabrán, Gustavo Ríos, de los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y de los integrantes de la banda «Los Horneros» Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González, Miguel Retana y José Luis Auge. Sin embargo, en septiembre de 2003, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires redujo las penas impuestas tras implementar la denominada ley del «2×1», vigente por entonces, que computaba por dos cada año de prisión previo a la sentencia y así podía reducir a la mitad la duración de las condenas. De esta manera, la banda de «Los Horneros», con excepción de Retana que murió en la cárcel, fue beneficiada con reducciones de penas.  En 2007, Braga y Auge volvieron a ser detenidos por orden de la Justicia tras violar la prisión domiciliaria, aunque tiempo después, fueron nuevamente excarcelados. En un segundo juicio por el caso que fue realizado en 2002, el comisario de Pinamar Alberto «La Liebre» Gómez fue condenado a reclusión perpetua como responsable de haber liberado la zona en la que tuvo lugar el crimen del reportero gráfico.

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Magistrados autoprorrogados intentan eludir juicio de responsabilidades del Legislativo

La Paz, 24 de enero (El Nuevo Cambio).- Los magistrados auto prorrogados intentan eludir la fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ASP) a sus funciones y evitan presentarse a una audiencia aduciendo justificativos poco responsables y creíbles, como que el BOA tiene muchos retrasos y tienen mucho trabajo. Los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Brígida Vargas Baradaño se excusaron ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara Baja, por la demanda y un posible juicio de responsabilidades. De acuerdo a la declaración de la diputada María René Álvarez los magistrados tenían que presentarse este jueves y viernes ante los miembros del comité, pero ante su justificación plantearon que la audiencia sea virtual. Los magistrados ilegales están denunciados, por los delitos de prevaricato y usurpación de funciones, nombramientos ilegales, en una demanda que fue planteada por los ciudadanos María Elizabeth Oporto Balboa, René Félix Navarro Miranda y Wilson Santamaría. La diputada Álvarez consideró que el justificativo de los autoprorrogados es una irresponsabilidad porque tratan de evitar responder ante el país por los serios delitos que cometieron al alargar su mandato de manera inconstitucional y emitir sentencias sin valor jurídico. La parlamentaria explicó que los magistrados ilegales se prorrogaron a sí mismos en su mandato, a través de una resolución inconstitucional, porque sus funciones debían durar seis años, por lo tanto, concluyeron el pasado 31 de diciembre de 2023.

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Con manipulación de datos, Gobierno intenta engañar a Unión Europea

Lauka Eñe, 23 de enero (El Nuevo Cambio).- El gobierno intenta engañar a la Unión Europea con datos falsos y con una manipulación de información, sobre la reducción de cultivos de coca en el trópico de Cochabamba, según una denuncia realizada por la Federación de Centrales Unidas del Chapare. La publicación periodística realizada en Radio Kausachun Coca, con sede en la localidad de Lauka Eñe, Sinahota, en el trópico del departamento de Cochabamba, advierte además que el gobierno, a través de Udestro, pretende amedrentar y asumir acciones contra los dirigentes de las Seis Federaciones de Productores de Coca. “Gobierno del Lucho Arce instruye a través del viceministro de Coca y nombrados “arcistas” de Udestro emitir denuncia contra ejecutivos de las Seis Federaciones del Trópico, para justificar su incapacidad y fracaso en la erradicación de cultivos de la hoja de coca”, señala. Asimismo, denuncia que el gobierno, a través de estas instancias, realiza una manipulación de datos del hectareaje, con el único fin de engañar a la Unión Europea precisamente para que no se conozca la realidad sobre la labor que cumplen los organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

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La CELAG acusa al gobierno de Luis Arce de hacer trampa en encuesta

La Paz, 23 de enero (El Nuevo Cambio).- El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)lamentó que el gobierno de Luis Arce Catacora haya hecho trampa en una consulta ciudadana que pretendía tener datos sobre lo que piensan los bolivianos acerca de los temas  político, ideológico y electoral. En una publicación de ese organismo internacional con sede en Buenos Aires Argentina se establece que lamentablemente el resultado es el peor entre todos los posibles, debido a que el gobierno boliviano hizo trampa, con el propósito de que aparezcan datos que les favoreciera. “El Gobierno boliviano actuó intencionadamente para imposibilitar este ejercicio académico. Su propósito fue evitar que saliera un resultado público en su contra. Esta práctica es sumamente peligrosa en términos democráticos”, señala La nota dice que “en CELAG DATA pretendíamos llevar a cabo una consulta a aquellas personas que votaron por el MAS en las pasadas elecciones generales en Bolivia del año 2020. El objetivo era tener un termómetro actual de cómo piensa este 55% de la población, tanto en lo político e ideológico como en lo electoral, de cara a la próxima contienda presidencial (agosto 2025). Queríamos disponer de una radiografía de este votante después de este tiempo convulso, en el que el proceso político boliviano ha vivido innumerables situaciones complejas. Aclaramos que una consulta de este tipo no es comparable con una encuesta a nivel nacional, sino que por su objetivo se enfoca en un segmento particular de la sociedad, en este caso los votantes del MAS en 2020, y por eso mismo sus resultados no son representativos de las opiniones del conjunto del país, como sí sucede con otro tipo de estudios cuantitativos que hemos realizado en otras ocasiones. Como CELAG, esta no es la primera vez que llevamos a cabo consultas a segmentos específicos de la población en América Latina en los últimos años. Por ejemplo, hemos realizado investigaciones similares en Argentina, Colombia y México, obteniendo conclusiones sumamente interesantes. Gracias a este tipo de investigación hemos logrado caracterizar el núcleo común ideológico de un determinado espacio político, así como todas sus heterogeneidades. Y, por supuesto, también nos permite calibrar la fuerza positiva de cada liderazgo. Sin embargo, en Bolivia no hemos podido culminar esta investigación. La Consulta se elaboró, pero los resultados son plenamente inválidos. ¿Por qué? Sencillamente, porque el actual Poder Ejecutivo lo ha impedido. ¿Cómo? Usando sus estructuras para responder la Consulta a favor de una única facción, la encabezada por el propio presidente, Luis Arce. Esto ha sido fácilmente comprobado por la cantidad masiva de respuestas concentradas en unas pocas direcciones de internet (IP), todas idénticas a favor del actual mandatario y en contra de Evo Morales. Por ejemplo, ha habido 67 respuestas desde una misma IP; hemos detectado otras 12 IP con más de 20 respuestas cada una; también hay un altísimo número de IP con más de 5 respuestas. Todas ellas ubicadas en la ciudad de La Paz y que han seguido el mismo patrón de respuesta en todas las preguntas, totalmente diferentes del resto de respuestas que sí mostraban un mínimo grado de varianza y diversidad. Esto es lo que ha ocurrido en la mayoría de la Consulta. Casi el 70% de las 4.948 observaciones ha sido sometido a este tipo de práctica sesgada y condicionada. Y, por tanto, no tiene sentido hacer una lectura cuantitativa de este trabajo. Pero, en cambio, sí debemos hacer una doble interpretación cualitativa. Una: el actual Gobierno, presidido por Luis Arce, quiso ‘hacer trampas al solitario’, es decir, mediante una praxis forzada, pretendió mostrar un apoyo que no tiene, ni por afuera ni por adentro del MAS, como así indican la totalidad de las encuestas publicadas en estos últimos meses. Dos: el Gobierno boliviano actuó intencionadamente para imposibilitar este ejercicio académico. Su propósito fue evitar que saliera un resultado público en su contra. Esta práctica es sumamente peligrosa en términos democráticos. Por cierto, no es casual que Latinobarómetro, una encuesta que se realiza periódicamente en distintos países de la región, muestre que el índice de satisfacción con la democracia en Bolivia tenga actualmente el valor más bajo de las últimas tres décadas”.

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En el banquillo de acusados dos jesuitas en Bolivia por encubrir a cura pederasta

El País Por Julio Nuñez La Fiscalía acusa a los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix de proteger al sacerdote Alfonso Pedrajas, ya fallecido, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores con el amparo de sus superiores La justicia sienta en el banquillo a los españoles y ex altos cargos de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por proteger al sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores entre 1972 y comienzos de los años 2000 en varios colegios de la orden con el amparo de sus superiores. Tanto Recolons (ahora con 81 años) como Alaix (de 83) aparecen citados por Pedrajas en su diario como dos de los siete superiores que le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. La Compañía de Jesús es la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco. El diario del jesuita estuvo oculto hasta abril de 2023, cuando salió a la luz en EL PAÍS. Tras la publicación, la Fiscalía boliviana reaccionó y abrió una investigación: entró en la sede de los jesuitas para recabar documentos, recibió denuncias de víctimas y tomó declaración a los responsables de la orden.  El pasado marzo acabó imputando a estos dos jesuitas por encubrimiento. Cabe destacar que, mientras que en España solo los jueces tienen la potestad para imputar a una o varias personas de un delito, el ministerio fiscal boliviano puede hacerlo siempre “que existan suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, debiendo emitir un requerimiento debidamente fundamentado de acuerdo”. Los acusados se sentarán en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Número 4 de Cochabamba. Los dos imputados ocuparon el puesto de provincial (máximo cargo de la Compañía de Jesús dentro de un país y cuyo mandato suele alargarse varios años) durante los periodos en los que más denuncias contra Pedrajas llegaron a la orden. Recolons desde 1993 hasta 1999, y Alix entre 1999 y 2007. El primero, además, llegó a ser el número dos de la orden en Roma, en la curia general, entre 2004 y 2012. Como aparece en el diario y así lo atestiguan víctimas y testigos, los jesuitas españoles conocieron los delitos de boca de Pedrajas y de varias de sus víctimas, pero no lo denunciaron ante las autoridades civiles. En algunos casos taparon denuncias y silenciaron a los afectados. Así concluye el ministerio público boliviano: “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas, más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”. El legajo de acusación, de 855 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incorpora múltiples pruebas contra los acusados. Destacan las denuncias de 18 víctimas y sus respectivos informes psicológicos, que apoyan la veracidad de los hechos narrados. Su lectura es demoledora. “Sentí que me estaban manoseando y empiezo a sentir mis labios mojados. Era el Pica [mote con el que se conocía a Pedrajas] que estaba besándome. Me desperté y le empujé. Él me dijo: ‘Pero ¿qué pasa? Solamente estamos jugando. Yo te amo’. Yo no entendía nada», es uno de los testimonios recopilados. La mayoría de estas víctimas, según determinan sus dosieres psicológicos, padecen graves secuelas y requieren asistencia profesional. El documento también enumera otras 21 evidencias materiales (como CDs y sobres con documentos internos de la orden) y 52 pruebas testificales (víctimas, denunciantes, investigadores e investigados). La fiscalía da veracidad a las acusaciones de encubrimiento: “Se ha evidenciado que algunas víctimas de las agresiones sufridas lograron comunicar a los provinciales sobre la conducta desplegada por Alfonso Pedrajas quienes, no obstante, de tener la obligación de indagar al respecto, ya que se trataba de víctimas menores de edad, no adoptaron ningún tipo de acción de protección”. El infierno en 383 páginas En su diario personal, de más de 383 páginas y al que bautizó como Historia, Pedrajas confesó que, durante años, abusó de decenas de niños mientras era profesor en el internado Juan XXIII de Cochabamba. “Hice daño a demasiados”, es una de sus notas. También relata que al menos siete de sus superiores y otra decena de clérigos en Bolivia y España conocían sus delitos y le protegieron. La publicación del reportaje provocó un terremoto mediático. Además de la Fiscalía, el Ministerio de Educación y el procurador general de Bolivia se personaron como acusación ante los tribunales. La Compañía de Jesús también denunció el caso y apartó a ocho exprovinciales, entre los que figuraban Recolons y Alaix. Nuevas víctimas salieron a la luz, muchas de ellas señalaron a otros clérigos. EL PAÍS destapó hasta ocho casos de jesuitas acusados de abusos en Bolivia: los españoles Francesc Peris (el único que aún vive, en España, donde también se le acusa de abusar hasta 2005 de decenas de niños y niñas), Jorge Vila, Francisco Pifarré, Luis Tó, el arzobispo Alejandro Mestre, Antonio Gausset, Carlos Villamil (boliviano) y Lucho Roma. De este último, este periódico publicó el año pasado otro diario, Los Manuscritos de Charagua, donde el jesuita detallaba cómo abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió y las grabó en vídeo. En esta ocasión, la Compañía de Jesús realizó una investigación interna en 2019 que confirmó los crímenes y su encubrimiento, pero tras la muerte de Lucho Roma en ese mismo año, escondieron los hallazgos en un cajón. Estos nuevos casos desembocaron en otras causas judiciales y en la imputación de otros tres responsables de la congregación: el actual líder de los jesuitas en Bolivia, el provincial Bernardo Mercado y los exprovinciales Osvaldo Chirveches y el octogenario español Ignacio Suñol. Aún no hay fecha para este juicio.

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Migración de EE.UU. detiene a más de 460 migrantes, entre ellos bolivianos

Telesur El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) llevó a cabo más de 460 detenciones de inmigrantes ilícitos en las primeras horas del segundo mandato presidencial de Donald Trump. “La información obtenida por Fox News Digital muestra que en un período de 33 horas entre la medianoche del 21 de enero y las 9 a.m. del 22 de enero, [la división de] Operaciones de Deportación y Control de Inmigración (ERO, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 460 extranjeros, incluidos aquellos que tienen antecedentes penales de agresión sexual, robo, allanamiento, asalto agravado, delitos relacionados con drogas y armas, resistencia al arresto y violencia doméstica”, comunicó este medio el miércoles. Dentro de los detenidos, existen ciudadanos de Afganistán, Angola, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Senegal y Venezuela. En su periodo de campaña, Trump atacó a la administración demócrata por haber «orquestado una invasión de Estados Unidos» y mermado de manera drástica el control sobre las fronteras. Asimismo, en múltiples ocasiones sugirió sancionar con pena capital a los inmigrantes que asesinan a ciudadanos estadounidenses o representantes de la ley. Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.) indicó al Pentágono a desplegar 1.500 militares adicionales el miércoles para resguardar la frontera sur frente a los cruces ilícitos de migrantes. El Washington Post, basándose en un material informativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, adelantó que el contingente extra en la frontera entre México y EE. UU. podría incrementarse a 10.000 militares ante aproximadamente 2.500 militares comprometidos con la gestión del exmandatario Joe Biden.

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