2025

Miguel Jiménez La venganza de Donald Trump está en marcha. El Departamento de Justicia ha anunciado el despido de fiscales y empleados que colaboraron en las dos investigaciones judiciales contra el actual presidente solo una semana después de su regreso a la Casa Blanca. Trump ya había anunciado que despediría al fiscal especial Jack Smith nada más tomar posesión, pero este se le adelantó al presentar su dimisión. Ahora, la purga se extiende a otros miembros del Departamento de Justicia con el argumento de pérdida de confianza. “Hoy, el fiscal general en funciones, James McHenry, despidió a una serie de funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel significativo en el procesamiento del presidente Trump”, dijo un funcionario del DOJ en un comunicado. “A la luz de sus acciones, el fiscal general en funciones no confía en que estos funcionarios ayuden a implementar fielmente la agenda del presidente. Esta acción es consistente con la misión de poner fin a la instrumentalización del gobierno”, añadió. El Departamento de Justicia logró la imputación de Donald Trump por el caso de los papeles de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida) en la que retuvo documentos confidenciales, y por el intento del presidente de subvertir la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Jack Smith, el fiscal especial que dirigió ambas investigaciones, presentó su dimisión el pasado 11 de enero. Smith abandonó ambos casos contra Trump después de que este ganara las elecciones del 5 de noviembre, citando la política del Departamento de Justicia en contra el procesamiento de un presidente. Ninguno de estos casos llegó a juicio, pero el fiscal sostuvo en un duro informe que “las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y sostener una condena en el juicio” por el caso electoral. Su informe sobre el caso de los secretos oficiales no llegó a ver la luz por decisión judicial. Una de las cartas de despido, a la que ha tenido acceso la CNN, deja claro el motivo de la destitución. “Usted desempeñó un papel importante en el procesamiento del presidente Trump. El buen funcionamiento del gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositan en sus subordinados. Dado su papel significativo en el procesamiento del presidente, no creo que el liderazgo del Departamento pueda confiar en usted para ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente”, indica la misiva, firmada por el fiscal general en funciones. Pam Bondi, la elegida por Trump para ser fiscal general, está pendiente de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado para tomar posesión, pero el titular interino del cargo ha empezado ya el trabajo sucio. Bondi, al igual que Trump, se mostró partidaria de investigar a los investigadores. El presidente, de hecho, firmó en su primer día en el cargo una orden ejecutiva en ese sentido. En ella se pedía revisar las actividades del mandato de Joe Biden de todos los departamentos y agencias federales encargados de hacer cumplir la ley, tanto desde el punto de vista civil como penal, citando expresamente al Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa y la Comisión Federal de Comercio. Se alegaba que muchas de sus acciones habían sido una persecución de los rivales políticos. El Departamento de Justicia ha creado ya un grupo para investigar a los fiscales que acusaron a algunos de los participantes en el asalto al Capitolio de obstrucción de un procedimiento oficial. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, determinó que ese tipo legal no era aplicable a ese supuesto, lo que llevó a anular condenas e imputaciones. Ahora, los nuevos responsables del Departamento quieren exigir responsabilidades a quienes impulsaron esas acusaciones. El propio Trump era uno de los imputados por ese delito. La purga de fiscales y empleados del Departamento de Justicia sigue a otras emprendidas por Trump en su primera semana en el cargo. Desmanteló los departamentos de diversidad, igualdad e inclusión de la Administración federal y suspendió de empleo a sus miembros.  Luego, saltándose el procedimiento previsto para ello, destituyó a los inspectores generales―encargados de supervisar al Gobierno para que se cumpla la legalidad― de una docena de departamentos de la Administración.

Rusia Today La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que, desde el pasado 20 de enero, EE.UU. ha deportado a 4.094 personas en situación administrativa irregular, la mayoría de las cuales son de nacionalidad mexicana. «Tenemos un grupo de trabajo sobre los temas de migración y esperamos que este tema se amplíe», afirmó la mandataria en una conferencia de prensa en la que detalló los alcances de las sesiones que en los últimos días han encabezado el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. «Han sido reuniones a distancia y en estas hay acuerdos, conciliaciones», aseguró al recordar que las deportaciones no son algo nuevo para México, ya que los mecanismos entre ambos países existen desde hace mucho tiempo. Cuando Trump advirtió que realizaría deportaciones masivas, señaló, su Gobierno se preparó con la instalación de centros de atención que ya están operando en las principales ciudades de la frontera norte del país para atender a los migrantes, al amparo del programa «México te abraza». En las reuniones para coordinar las repatriaciones, aseguró, México le ha pedido a EE.UU.que se respeten los derechos humanos. Por otra parte, Sheinbaum confirmó que durante el fin de semana arribaron a México cuatro aviones civiles con personas deportadas, pero aclaró que ello ya ha ocurrido en otras ocasiones. «Hasta ahorano ha habido un incremento sustantivo(de deportaciones)», afirmó en medio de la tensión que ha generado Trump con el anuncio de endurecer su política migratoria. Colombia La presidenta celebró que su par de Colombia, Gustavo Petro, y Trump hayan llegado a una resolución, luego de la controversia que provocó la deportación de ciudadanos colombianos que fueron enviados en aviones militares y tratados como delincuentes. «Me parece bien que se haya llegado a un acuerdo (…), deben prevalecer el diálogo y el respeto que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos (…) siempre con los principios de defensa de nuestra soberanía», explicó. Mientras transcurría la crisis entre Colombia y EE.UU., la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará el jueves, para analizar las nuevas políticas migratorias de Trump.

El Gobierno de Colombia ha confirmado este domingo que ha superado «el impase» con Washington y seguirá recibiendo a los colombianos que «retornen en condición de deportados» de Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos», declaró el ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo. Asimismo, indicó que viajará junto con el embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García-Peña, a la ciudad de Washington «en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultados del trabajo conjunto, que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos». El canciller subrayó que «el Gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en las horas de la mañana en vuelos de deportación». Además, confirmó que «se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad» de los ciudadanos colombianos. A su vez, la Casa Blanca también indicó en un comunicado que Colombia acordó «aceptar sin restricciones a todos los extranjeros ilegales colombianos que regresen desde Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras», agregando que «los acontecimientos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado». «El presidente [Donald] Trump seguirá protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos presentes ilegalmente en Estados Unidos».

Telesur La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó este domingo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a una reunión de carácter urgente para abordar la migración y la unidad latinoamericana-caribeña en un contexto de deportaciones masivas de migrantes en EE.UU. y la criminalización de la migración por parte de la Administración Trump. En su condición de presidenta Pro-Témpore de la Celac, la jefa de Estado precisó que la Reunión Extraordinaria de Presidentes y Jefes de Estado se efectuará a las 11H00 (hora local de Honduras) el próximo jueves 30 de enero. “Dicha reunión se ha programado en formato híbrido”, aseguró el comunicado emitido por la Presidenta hondureña en su cuenta de X. Agregó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó su participación de manera presencialen el encuentro en Tegucigalpa. La Reunión Extraordinaria de Presidentes y Jefes de Estado abordará el tema de migración, medioambiente y la unidad de Latinoamérica. El anuncio tiene lugar después de que Petro solicitó a Xiomara Castro que se convoque una asamblea extraordinaria de Presidentes latinoamericanos y caribeños para examinar los problemas de la migración y la nueva configuración del mercado de drogas en la región, entre otros temas. “Si no nos quieren en el Norte, el Sur debe unirse”, afirmó Petro en la publicación en X. Este domingo el Presidente colombiano confirmó su viaje a Tegucigalpa para liderar esfuerzos en la Asamblea Extraordinaria de la Celac y saludó que dicha convocatoria permita abordar la migración, la protección a los derechos humanos y el fortalecimiento de relaciones entre las naciones del área, entre otras cuestiones estratégicas. Crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso este domingo aranceles del 25 por ciento a todos los productos colombianos luego de que el presidente Petro desautorizó el aterrizaje de dos vuelos con ciudadanos deportados desde EE.UU., al considerar que la nación norteña los trata como delincuentes y no como sujetos de derechos. A juicio de Trump, la decisión soberana de Petro puso en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los EE.UU. La batería de medidas restrictivas anunciadas por Trump incluye el incremento de aranceles a 50 por ciento dentro de una semana. Por su parte, Petro enfatizó: “No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país”. Asimismo, el mandatario colombiano dispuso el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los deportados, ordenó que los ciudadanos estadounidenses en situación irregular en Colombia regularicen su estatus, elevó a 50 por ciento los aranceles a productos estadounidenses en respuesta a la agresión económica de Trump e indicó a su Gabinete fomentar producciones en el país y diversificar los destinos de las exportaciones

El Pais El Vaticano ha confirmado hoy domingo que en 2019 impuso un precepto penal con medidas disciplinarias al cardenal peruano y exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, por una acusación de pederastia, tal como reveló este periódico el sábado. Además, le ha recordado que el castigo “sigue en vigor”. Cipriani, el primer cardenal que tuvo el Opus Dei, fue obligado a retirarse, a exiliarse de Perú y Francisco le prohibió llevar símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas. De este modo, la Santa Sede ha salido al paso de las declaraciones del cardenal, que tras la publicación de la noticia afirmó este sábado que es inocente y criticó al Papa por haberle sancionado “sin haber sido escuchado”. También aseguró que no había podido conocer la denuncia, si bien el Opus Dei de Perú admitió el mismo sábado en un comunicado que la víctima quiso hablar con el vicario regional de la Obra en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, en 2018 para informarle de los abusos y se negó a recibirlo. En la nota, el vicario le pidió perdón por ello. La oficina de prensa de la Santa Sede ha ratificado que “tras las acusaciones contra él, y después de aceptar su renuncia como arzobispo de Lima, al cardenal se le ha impuesto un precepto penal con algunas medidas disciplinarias”. Como reveló este periódico, el Vaticano confirma que se trató de medidas “relativas a su actividad pública, al lugar de residencia y al uso de los símbolos, firmado y aceptado por su eminencia”. Además, la oficina de prensa corrige al cardenal, que el sábado también afirmó que en 2020 se reunió con el Pontífice y le permitió reanudar su actividad pastoral. Por el contrario, el Vaticano ahora le precisa: “Si bien en ocasiones específicas se hayan acordado algunos permisos para acoger peticiones debidas a la edad y a la situación familiar del cardenal, en el estado actual tal precepto sigue estando todavía en vigor”. Condecoración Pese a ello, Cipriani ha viajado a Perú este mes y el pasado 7 de enero recibió en el Ayuntamiento de Lima la medalla al mérito de la institución, su máximo reconocimiento. Se la entregó el alcalde, Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei, que tras la noticia del castigo del Papa salió en defensa de Cipriani. Calificó las acusaciones de pederastia, que el Papa ha considerado creíbles, como una “gravísima difamación”. La municipalidad de Lima ha guardado silencio ante las peticiones para que retire la condecoración al cardenal. También la Conferencia Episcopal Peruana, que ayer clausuró su asamblea general, se mantuvo en silencio sobre el escándalo que afecta a quien fue el clérigo mas poderoso de la Iglesia del país durante dos décadas y uno de los líderes de la ultraderecha latinoamericana. Cipriani también es una figura controvertida por su amistad con el dictador Alberto Fujimori, a quien apoyó durante su régimen, entre 1990 y 2000. El Papa recibió en el verano de 2018 una carta de un hombre que hoy tiene 58 años que acusaba al cardenal Cipriani de haber abusado de él cuando tenía entre 16 y 17 años en 1983 en un centro del Opus Dei en Lima. Afirmaba que durante la confesión le hacía tocamientos en las nalgas por debajo de la ropa, le acariciaba y le daba besos. Esta persona, que ha confirmado sus acusaciones a EL PAÍS, relataba también que lo contó entonces, ya en 1983, a responsables de la Obra, pero no hicieron nada. El vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, admitió en su comunicado de disculpas del sábado que “no hay registro de ningún proceso formal” en esa fecha, pero no descarta que se produjera la denuncia: “En esa época no se tenía la misma conciencia que hoy sobre los procedimientos más adecuados para acompañar a los implicados”. Admite que “hoy sería imposible que una denuncia quede sin registro”. Es decir, según el relato del denunciante, cuando en 2019 el Papa obligó a retirarse a Cipriani, la Obra ya conocía acusaciones de abusos contra él desde hacía al menos 35 años. No obstante, Cipriani luego fue nombrado vicario del Opus Dei en Perú en 1986, máxima autoridad de la entidad en el país; en 1988 fue obispo auxiliar de Ayacucho, y arzobispo en 1995; hasta que en 1999 fue designado arzobispo de Lima. En 2001 Juan Pablo II le hizo cardenal. El Pontífice recibió la carta por mediación de Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano, que ha confirmado a este periódico que realizó la gestión. El Papa actuó de inmediato, envió a un sacerdote de confianza a reunirse con el denunciante y recabar la información. Además, ya había llegado otra acusación contra el cardenal en 2002, que no tuvo recorrido. El Papa dio credibilidad a las acusaciones y forzó el retiro de Cipriani, que en diciembre de ese año cumplía 75 años y, por praxis, estaba obligado a presentar su renuncia a esa edad. Normalmente el Pontífice no la acepta, deja pasar unos años, pero en este caso la acogió en el momento y lo cesó. Luego le castigó con el exilio y medidas disciplinarias. Sin embargo, después de que el escándalo haya salido a la luz, el cardenal Cipriani se ha enfrentado públicamente a las decisiones del Papa. Asegura, por un lado, que las acusaciones son falsas: “No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después”. Por otro, critica la actuación de Francisco: “En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora”. Ha