2025

Prensa Latina Bogotá, 7 feb (Prensa Latina).- El juicio contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) tuvo una primera audiencia donde el exmandatario se declaró inocente de los cargos que se le imputan de soborno a testigos y fraude procesal.  El proceso penal, el primero de su tipo a un exjefe de Estado en el país sudamericano, continuó su curso después de que el pasado martes el Tribunal Superior de esta capital rechazara la solicitud de la defensa de inadmitir como pruebas las interceptaciones telefónicas realizadas al acusado en 2018 por la Corte Suprema. También ocurre a pocos días de que las víctimas del caso solicitaran al Tribunal Superior que resolviera con urgencia el recurso de apelación interpuesto por los abogados del acusado y al Ministerio Público con el fin de evitar la prescripción del proceso. Uribe, cuya participación fue virtual, declinó declararse culpable en la audiencia e insistió en que su caso tiene motivaciones políticas. “No tiene riesgos de que me vaya a declarar culpable, señora juez”, respondió el expresidente a la magistrada, quien a su vez aseguró que durante esta jornada comenzaría el juicio oral. La génesis del caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el exmandatario denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente dar beneficios a testigos para que lo señalaran a él y a su familia de tener nexos con los paramilitares. Tras examinar el alegato expuesto, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y determinó que era Uribe quien levantaba falso testimonio contra Cepeda. Ante esa situación, se vio obligado en 2020 a renunciar a su escaño de senador para dejar de estar aforado, permitiendo que su caso pasara a la justicia ordinaria. En ese entonces, sin embargo, la Fiscalía decidió que no había pruebas suficientes para procesarlo judicialmente. No obstante, el 16 de enero del pasado año, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, reabrió el caso y afirmó que existían suficientes elementos probatorios para imputarlo. Al tomar en cuenta las evidencias, la Fiscalía acusó al exjefe de Estado y consideró que contó con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, quienes, para apoyarlo, idearon medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos que no correspondían a la realidad.

El País Las autoridades colombianas han detenido este jueves a Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, un presunto integrante del Tren de Aragua involucrado en el secuestro y posterior asesinato en Santiago de Chile del disidente venezolano Ronald Ojeda, en febrero de 2024. El detenido, también venezolano, tenía una circular roja de Interpol y será extraditado. La Fiscalía ha informado que una unidad especial de la Policía colombiana que combate el secuestro y la extorsión, el Gaula, lo ubicó y capturó en el municipio de Chiscas, en el departamento de Boyacá, en el centro-oriente del país. “Las autoridades chilenas requieren a alias Gocho para que responda por cargos relacionados con asociación criminal, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio”, indicó la Fiscalía colombiana al anunciar la captura. Explicó en un comunicado que los elementos de prueba indican que sería uno de los responsables de por lo menos tres retenciones ilícitas, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y venta de estupefacientes, entre otras actividades del Tren de Aragua en la capital chilena. Allí lo señalan de pertenecer al grupo armado que suplantó a las autoridades con una orden judicial falsa para llevarse al exmilitar venezolano Ronald Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro, que estaba en Santiago en calidad de refugiado. Las autoridades surtirán los trámites diplomáticos y administrativos necesarios para extraditarlo a Chile a la brevedad posible. Ojeda fue secuestrado por sujetos disfrazados de policías chilenos el 21 de febrero de 2024 desde su departamento en Independencia, al norte de Santiago. Su cuerpo fue hallado enterrado bajo cemento en una barriada informal en el municipio de Maipú, 10 días después. A finales de enero de este año, el fiscal del caso, Héctor Barros, sostuvo por primera vez que estiman que detrás del hecho está el Gobierno venezolano, y que “fue una contratación del Tren de Aragua”.

Telesur El ministro de Defensa del régimen sionista, Israel Katz, ordenó al Ejército que prepare un plan para iniciar proceso de limpieza étnica en la Franja de Gaza y asegurar que una gran parte de la población palestina se desplace, de manera forzada, hacia otros asentamientos alrededor del mundo, así lo informa un comunicado de la oficina del titular.  De acuerdo con Katz, la propuesta debe incluir variantes para la salida por los cruces fronterizos, así como medidas especiales que aseguren la partida por aire y mar. Las naciones que acusan a Israel por sus actos en la Franja de Gaza, dijo el ministro, están «legalmente obligadas» a recibir a la población palestina.  «La hipocresía de tales países como España, Irlanda, Noruega quedará al descubierto si se niegan a recibir a los palestinos. También hay países como Canadá, con un programa de inmigración regulado, que el año pasado expresó su deseo de aceptar a los habitantes de la Franja de Gaza», refirió. En el mensaje compartido en la plataforma X, Katz calificó de audaz la iniciativa del mandatario estadounidense Donald Trump, que incluye una limpieza étnica para iniciar una supuesta reconstrucción en la Franja de Gaza.  En tanto, el titular de Defensa israelí significó que la estrategia puede crear oportunidades para quienes deseen irse del territorio y ayudarlos a reasentarse en los países de acogida. Luego de conocer la instrucción de Katz, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, felicitó a su par de Defensa al ordenar instrucciones al Ejército para cumplir su papel en el proyecto de desplazamiento en cuestión, con la argumentación de que «no hay otra solución realista que garantice la paz y la seguridad para Israel y el bienestar personal de los residentes de Gaza». El jefe de Estado de EE. UU., Donald Trump, reiteró su intención de asumir el control sobre el enclave palestino, cuando escribió en su red social, Truth Social, que Israel le entregaría la Franja de Gaza al concluir los combates. En consecuencia, la población de la zona será reubicada «en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas», agregó.  «Estados Unidos, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los proyectos más grandes y espectaculares de su tipo en la Tierra. ¡No se necesitarían soldados estadounidenses! ¡La estabilidad reinaría en la región!», aseguró Trump. En conferencia de prensa, junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el actual inquilino de la Casa Blanca declaró la víspera que su país debería adueñarse de la Franja en cuestión para facilitar la reurbanización del territorio devastado por la masacre del régimen sionista.

BBC News Panamá desmintió al gobierno de Donald Trump y negó que los barcos del gobierno de Estados Unidos vayan a atravesar el Canal sin pagar. El gobierno de EE.UU. aseguró en una publicación de X que sus buques no pagarían por transitar el Canal de Panamá, pero la administración de dicha vía interoceánica negó haber implementado algún cambio en sus tarifas. El anuncio lo realizó en primer lugar el Departamento de Estado de EE.UU. la tarde del miércoles y fue desmentido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) horas después. «El gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del gobierno de EE.UU. por transitar el Canal», señaló el Departamento de Estado. La publicación también dice que el acuerdo le ahorraría «millones de dólares» cada año al país. En respuesta, la ACP divulgó un comunicado en el que expresó que está facultada para fijar los peajes y «otros derechos» para transitar el Canal, y que «no ha realizado ningún ajuste a los mismos». Indicó, además, que están abiertos al diálogo. En una rueda de prensa en la mañana del jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló que le había informado al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que ni él ni la ACP tienen la potestad para exonerar a EE.UU. de las tarifas de los peajes en el Canal de Panamá. Por tanto, señaló que le «sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado» y que es «una falsedad intolerable». Además, expresó su rechazo absoluto a «manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades». «Hay muchos más intereses que nos unen que unos peajes por el canal que, además, no llegan ni a 10 millones de dólares al año. Tampoco es que el peaje del canal esté quebrando la economía de EE.UU.», agregó.

Prensa Latina Caracas, 7 feb (Prensa Latina).-  La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó hoy las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el desplazamiento forzado de los palestinos en la Franja de Gaza. Un comunicado del mecanismo de integración latinoamericano y caribeño consideró “absolutamente inaceptables e inhumanas, y violatorias del Derecho Internacional, la pretendida “toma del control” de esos territorios por parte del país norteño. El bloque estimó inadmisible que el gobierno estadounidense contemple como válido el proceso de limpieza étnica ejecutado por Israel contra el pueblo palestino en sus propias tierras históricas, tras más de 15 meses de cruel e ininterrumpida escalada genocida contra el pueblo palestino en ese enclave.  Subrayó que esta propuesta viola flagrantemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos integralmente y está regida por la anunciada doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. La Alianza señaló que esa política de “manera insólita y extemporánea, contempla la consecución de botines económicos, como resultado de cada intervención militar, bajo la máxima de paz a través de la fuerza”. Afirmó que la Franja de Gaza es una parte integral del Estado de Palestina, junto a Cisjordania y Jerusalén Oriental, “territorios ocupados por Israel desde 1967 y les pertenece a los palestinos y palestinas”. El texto reafirmó que sólo ellos tienen pleno derecho a existir, a hacer vida y a desarrollar las potencialidades económicas en su territorio, bajo el principio elemental de autodeterminación de los pueblos y bajo el amparo de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.  En tal sentido el ALBA-TCP se unió al rechazo unánime de la comunidad internacional ante estas irresponsables pretensiones fascistas y expansionistas. Expresó asimismo, una vez más, su plena solidaridad con el pueblo palestino en su lucha de resistencia heroica contra el genocidio, la ocupación ilegal israelí y en su derecho inalienable a su existencia como Estado independiente y pueblo libre.

Rusia Today Un segundo avión perteneciente al Gobierno de Venezuela, que durante meses estuvo estacionado en República Dominicana, fue entregado este jueves a Washington en una operación en la que participó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien se encontraba de visita oficial en la nación antillana. De acuerdo con AFP, el acto tuvo lugar en un hangar militar de Santo Domingo y a él concurrieron, además de Rubio, un fiscal dominicano y un representante judicial estadounidense. Juntos pegaron en el costado de la aeronave con bandera venezolana, un cartel con la palabra «incautado».  «Vamos a ir sin descanso contra el régimen ilegítimo […], contra todo lo que esté sancionado», aseguró el funcionario judicial de EE.UU. ante Rubio y el fiscal local.   Previamente, se reportó que se trata de un Dassault Falcon 200, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela. Desde septiembre del año pasado, la aeronave se encuenta estacionada en un hangar cerrado en el aeropuerto internacional Doctor Joaquín Balaguer de Santo Domingo y vigilada permanentemente por efectivos militares. Primer avión incautado En septiembre de 2024, el Gobierno del expresidente Joe Biden decomisó un avión presidencial venezolano también estacionado en República Dominicana. En aquel entonces, las autoridades estadounidenses adujeron que su adquisición había violado las sanciones impuestas por Washington a Caracas. Venezuela denunció la incautación ante la comunidad internacional, afirmando que se trataba de «una práctica criminal reincidente, que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería». Maduro calificó en aquel momento a su par dominicano, Luis Abinader, de «ladrón» por permitir la requisa del avión. Por su parte, el Gobierno dominicano buscó deslindarse y sostuvo que no había participado en la investigación del Departamento de Justicia estadounidense que derivó en la confiscación de la aeronave.